lunes, 30 de septiembre de 2019

Firma Electrónica y Firma Digital en Colombia

Conoce las diferencias entre una firma digital y una firma electrónica, y en qué contexto puedes hacer uso de ellas.


Para empezar, es importante manifestar que el asunto que motiva el presente escrito, ha sido regulado en Colombia desde el siglo pasado, más exactamente en el año 1999 mediante la ley 527, la cual tuvo como propósito esencial, brindarle plena validez y efectos jurídicos al comercio electrónico, la firma digital y la admisibilidad y fuerza probatoria del mensaje de datos.

Esta ley definió el mensaje de datos como: “(…) la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax” ; lo anterior, nos lleva a entender que el denominado “mensaje de datos”, es cualquier información compartida por algún medio tecnológico, siempre y cuando este cumpla con ciertos parámetros y estándares de seguridad, garantizando la autenticidad, integridad y confiabilidad de la información.

La firma digital debe entenderse como un algoritmo matemático que vincula al emisor del mensaje de datos con el texto de dicho mensaje, mediante una clave que solo posee dicho iniciador – certificada por una entidad de certificación avalada en Colombia -, teniendo en cuenta criterios tales como la encriptación y el cifrado del mensaje que está siendo compartido entre el iniciador y el receptor.

Dentro de los atributos de la denominada firma digital, vale la pena rescatar los siguientes: 
Es única la persona que la usa.
Es susceptible de ser verificada.
Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si estos son cambiados, la firma digital es invalidada. Ahora, con respecto a los principios rectores, los cuales contribuyen a una mejor interpretación de la ley 527 de 1999, se aplican de manera armónica e integral los siguientes: 
Equivalencia funcional de los actos electrónicos.
Neutralidad tecnológica.
Buena fe.
Libertad contractual.
No se altera ni se modifica el actual régimen de obligaciones y contratos privados.Los mensajes de datos deben recibir el mismo tratamiento que todo lo que sea susceptible de ser realizado por un medio físico o tradicional, puesto que este instrumento – electrónico – posee el mismo efecto probatorio, ya que para este principio, un documento electrónico hace las mismas veces que un documento físico y/o tradicional, toda vez que ambos tienen las mismas calidades y cualidades que permiten identificar el documento per se, y de esta manera es claro que un documento en papel y uno electrónico no tienen diferencia alguna, tan solo se trata del soporte en el que reposa la información, pues uno será en físico y el otro digital.

De esta manera no hay razón alguna por la que no sea procedente otorgar tales efectos (probatorios) a los mecanismos digitales, claro está, se requiere que el instrumento donde conste tal mensaje de datos tenga cierta seguridad que permita identificar que el texto es auténtico (no ha habido suplantación del iniciador); es integro (no ha sido alterado); y es confiable (método apropiado y seguro, desde el punto de vista técnico y funcional).



Ahora bien, lo que respecta a la denominada firma electrónica, es necesario decir que esta debería ser entendida como el género y la firma digital como la especie; es decir, toda firma digital es considerada como firma electrónica pero no lo contrario, ya que, hay más especies de firmas electrónicas las cuales son consideradas perfectamente válidas en Colombia, siempre y cuando, se cumpla con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 2364 de 2012; a saber: “Artículo 3. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la firma de una persona, ese requisito quedara cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje” (subrayado y cursiva fuera de texto original).

La diferencia entre la denominada firma digital y otros tipos de firma electrónica, radica en lo robusto, engorroso, complejo y costoso del método utilizado en la primera (firma digital) para identificar al iniciador del mensaje de datos, ya que, para este tipo de firma, siempre deberá existir una entidad certificadora que provea el servicio al usuario que la pretenda utilizar, lo cual genera sobrecostos en la operación porque no solo debe pagarse una suscripción inicial si no una renovación periódica de la misma.

Además, el método o mecanismo utilizado en este tipo de firma siempre será un valor numérico que se adhiere al mensaje de datos asociado a una clave única que posee su iniciador, encriptando la información para que no pueda ser vista por persona diferente a su destinatario.

Otros tipos de firma electrónica, permiten un mayor grado de discrecionalidad y libertad por parte del usuario para utilizar un método diferente al mencionado en la firma digital, basándose en el principio de neutralidad tecnológica, el cual no es algo diferente a la libertad de los individuos y las organizaciones de elegir la tecnología más apropiada y adecuada a sus necesidades y requerimientos para el desarrollo, adquisición, utilización o comercialización, sin dependencias o subordinaciones a determinado medio tecnológico, siempre y cuando, el mecanismo utilizado contenga en todo momento elementos esenciales como la autenticidad e integridad del mensaje de datos y la confiabilidad del método utilizado.

Para concluir, es importante mencionar una serie de aspectos que hacen un poco más complejo el uso, la adopción y la implementación de este tipo de mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico: 
Situación desventajosa para otros mecanismos de firma electrónica, debido a la dificultad de probar la confiabilidad de estos métodos, puesto que, para la firma digital, solo basta con la expedición de un certificado digital que avale su confiabilidad, autenticidad e integridad.

Cambio cultural con respecto al uso de la tecnología para firmar documentos que soporten un acuerdo de voluntades.

Desarrollo de herramientas tecnológicas en nuestra justicia (presente: obsolescencia tecnológica).
Romper paradigmas y adoptar nuevas tecnologías, en aras de automatizar los procesos de contratación en Colombia, siendo más eficientes en la formalización de las relaciones comerciales y/o laborales.

Mitigación de impacto ambiental, debido al poco uso de papel al gestionar la formalización de un acuerdo de voluntades de forma electrónica.

Peritos expertos en información cifrada, encriptada, para efectos de determinar la autenticidad e integridad de la información.

Nuestra legislación debe proteger y dar plena eficacia probatoria a los mecanismos de autenticidad que implementen las partes en sus relaciones jurídicas (necesidad: avanzar en la neutralidad tecnológica).

Aspectos esenciales que deben garantizarse a la hora de implementar la firma electrónica de contratos: (i) autenticidad, (ii) integridad, (iii) confiabilidad del mecanismo o método utilizado por el iniciador y el receptor del mensaje de datos. 


https://seguros.comunicaciones.sura.com/boletin_juridico_contratacion_septiembre

Contadores públicos le rendirán cuentas al medio ambiente

El evento tiene como objetivo hacer un aporte desde la profesión contable a favor de la conservación del medio ambiente y la recuperación del Amazonas.

El 1 de octubre de 2019 en la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá se llevará a cabo el 1ª Foro de contadores públicos de Colombia por la protección del ambiente y la recuperación del Amazonas, “es hora que la contabilidad le rinda cuentas a la naturaleza”.

Los panelistas que participarán en el foro de discusión programado serán Pedro Luís Bohórquez, contador general de la nación; Rafael Franco Ruíz, representante académico; Wilmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y José Hernando Zuluaga, representante de proveedores de servicios para contadores públicos.

De igual forma, habrá un ciclo de conferencias a cargo de July Cardona Rojas de la Universidad Cooperativa, Gherson Grajalesa de la Universidad Esparta y Carlos Rincón de la Universidad del Valle, Jorge Eduardo Lemos de la Universidad Libre, entre otros profesionales contables.

Este evento se llevará a cabo en la facultad de contaduría pública de la institución (Carrera 14a No. 41-80, bloque 8, primer piso) se transmitirá vía streaming.

https://actualicese.com/contadores-publicos-le-rendiran-cuentas-al-medio-ambiente/?referer=email&campana=20190919&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=20190919&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

domingo, 29 de septiembre de 2019

¿Interesado en optar por el teletrabajo? Esto es lo que deben conocer el jefe y el empleado


La Ley 1221 de 2008 regula el teletrabajo en Colombia como un instrumento generador de empleo. A los teletrabajadores se les debe pagar seguridad social, prestaciones sociales y demás conceptos derivados de una relación laboral. Existen beneficios para las empresas que apuesten por esta alternativa. 

El 16 de septiembre de 2019 se celebró el Día Internacional del Teletrabajo, motivo por el cual desde el Ministerio del Trabajo se destacó esta tendencia laboral, la cual viene impactando positivamente los diferentes entornos de la vida cotidiana, en las organizaciones que lo aplican y en la economía de los países. 

Hoy en Colombia el teletrabajo reúne a más de 122.000 teletrabajadores. Bogotá concentra el mayor número, con 63.995; segunda está Medellín con 29.751, Cali con 13.379, Bucaramanga con 4.992 y Barranquilla con 4.827. 

Además, entre los años 2012 y 2018 se triplicó el número de empresas que implementaron el teletrabajo en el país, pasando de 4.292 a 12.912. Por su parte, entre 2018 y 2019 se han firmado 519 pactos por el teletrabajo, de los cuales 211 son con entidades públicas. 
Regulación del teletrabajo y derechos de teletrabajadores 

En Colombia, la Ley 1221 de 2008 regula el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo, y lo define como: 

“Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación –TIC– para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo”. 
“Los teletrabajadores tienen derecho, como cualquier otro trabajador, al pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), prestaciones sociales y demás conceptos que se desprendan de una relación laboral”

Los teletrabajadores tienen derecho, como cualquier otro trabajador, al pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), prestaciones sociales y demás conceptos que se desprendan de una relación laboral, como vacaciones, horas extra, recargos, etc. 

De lo anterior se exceptúa el pago del auxilio de transporte, ya que en la mayoría de los casos estos trabajadores no tienen la necesidad de trasladarse a un sitio de trabajo dispuesto por el empleador. Dado el caso en que estas personas necesiten trasladarse, el empleador deberá correr con los respectivos gastos. 

El teletrabajo trae consigo una serie de beneficios a nivel organizacional para las empresas, ya que permite más agilidad en los procesos, así como ahorro en términos de espacio, por lo que no es necesaria la adecuación de un sitio de trabajo para los trabajadores, quienes pueden realizar las labores desde sus hogares. 

Una novedad frente al teletrabajo es que se pueden celebrar contratos a través de firma electrónica. Así lo contempla la Circular 0060 de 2018, medida que favorece a quienes se mueven en este sector, porque facilita la contratación de trabajadores que estén en ciudades distintas e incluso en el exterior. 

La OIT, a través del Manual de buenas prácticas en teletrabajo, indica que puede presentarse la contratación de un trabajador de la forma común, es decir, que deba acudir a la empresa, cumplir un horario de trabajo, etc. Y que en el transcurso de la relación laboral sea trasladado a la modalidad de teletrabajo, sin que con este cambio se vulneren garantías del trabajador. 

Para ampliar lo anterior, Natalia Elena Jaimes Lúquez responde la pregunta: Si una empresa vincula a una persona bajo la figura de teletrabajo, ¿de igual forma se encuentra obligada a pagarle auxilio de transporte y dotación? 


En búsqueda de una política pública del teletrabajo 

En nuestro país, el Departamento Administrativo de la Función Pública y los Ministerios de Trabajo y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vienen desarrollando una serie de reuniones para dar insumos a lo que será la política pública de teletrabajo en el sector público y privado

Se trata de talleres regionales en los cuales las tres entidades interactúan con servidores y empresarios para el diseño de una política que permita ampliar el teletrabajo tanto en el sector púbico como en el privado, con los beneficios y bondades ya comprobadas de esta práctica. 

Hasta el momento se han efectuado los talleres en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, y se tiene previsto realizarlos también en Villavicencio y Popayán. Lo que se busca con esto es desarrollar plataformas en las convocatorias entre el Gobierno nacional, seccionales y locales, empleados, empresarios y sociedad civil en general, con la finalidad de generar un espacio de discusión en torno a los retos del teletrabajo en Colombia, que permita la consolidación colectiva y participativa de la construcción de política pública que impulse esta práctica laboral

https://actualicese.com/interesado-en-optar-por-el-teletrabajo-esto-es-lo-que-deben-conocer-el-jefe-y-el-empleado/?referer=email&campana=20190920&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190920_contribuyente&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

sábado, 28 de septiembre de 2019

Recomendaciones para relacionarse con la UGPP



La UGPP se relaciona con personas naturales y jurídicas.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, conocida comúnmente como la UGPP ha sido una entidad que desde su creación[1] se ha dado a conocer por su naturaleza de vigilancia y control, incidiendo directamente en asuntos económicos de la seguridad social. 


[1]La UGPP fue creada en el año 2007, al año siguiente se le atribuyeron competencias mediante el Decreto 169 de 2008 para inspeccionar, vigilar y sancionar. Sus funciones han continuado siendo definidas desde el año 2012 en especial en normatividad relacionada con reformas tributarias y con la estrategia anticorrupción del país. 


Son precisamente esas características de la UGPP, por las que se propone este texto de manera que podamos conocer la razón de ser de esta entidad, cómo funciona y dar una serie de recomendaciones para las diferentes formas de relacionarse con esta entidad. 


Entonces, ¿qué hace la UGPP? 


La UGPP es una entidad del Estado colombiano creada para ejecutar programas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En particular, los relativos a la gestión pensional y de contribuciones parafiscales, como por ejemplo, los recursos de las cajas de compensación familiar, contribuciones a riesgos laborales, al sistema de salud y al sistema de pensiones. 


Su naturaleza le permite tomar sus propias decisiones, ejercer sus funciones con el uso de sus recursos y asumir responsabilidad por sus acciones y omisiones[1]. Su articulación con el Ministerio de Hacienda facilita que intercambie información con otras entidades como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de manera que ambas puedan realizar sus actividades de investigación y control relacionadas con el manejo de recursos públicos, en especial, teniendo en cuenta que la UGPP administra los mecanismos de consolidación de información del Sistema de la Protección Social. 




Gestión de obligaciones pensionales y prestaciones económicas. En este aspecto, las principales funciones que tiene e es reconocer los derechos pensionales a cargo de las Administradoras de Régimen de Prima media del Orden Nacional, asimismo, de las entidades públicas que hayan tenido un reconocimiento en su cargo de pensiones. Para cumplir con estas funciones, la UGPP podrá: 
Requerir o solicitar información
Investigar cualquier incumplimiento que detecte
Pagar 
Efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de liquidación y pago de las contribuciones parafiscales. Las contribuciones parafiscales son los pagos que se deben realizar a salud, pensión y riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Así como la DIAN se ocupa de gestionar los procesos de pagos de impuestos colombianos, la UGPP es la entidad encargada de velar por el pago de la seguridad social en Colombia. Esto permite que la UGPP pueda realizar: 
Invitación persuasiva para lograr el pago correspondiente.
Requerimiento de información o corrección de información.
Liquidación oficial.
Cobro coactivo e impugnación mandamiento ejecutivo.Al investigar con fines sancionatorios, en el ejercicio de sus funciones, la UGPP busca de manera indirecta contribuir con la prosperidad general de los colombianos y garantizar el derecho a la seguridad social de todos, mediante el cumplimiento de las obligaciones que todos los actores del sistema de seguridad social tenemos con la Protección Social. 

¿Quiénes se relacionan con la UGPP?
Según el tipo de función que realice la UGPP se puede relacionar con diferentes tipos de personas naturales o jurídicas, por ejemplo: 

Con servidores públicos cuando: 
Se solicite el reconocimiento de derechos pensionales.
Se solicite el reconocimiento de prestaciones económicas. 
En ambos casos, la UGPP podrá solicitar la información necesaria para analizar el caso y decidir sobre el reconocimiento de derechos. 

Con cualquier persona natural, cuando: 
Se solicita a alguna entidad, en proceso de liquidación, realizar el reconocimiento de derechos y prestaciones económicas.
Administra los derechos y prestaciones económicas que fueron reconocidos por entidades del orden nacional que se encuentran en proceso de liquidación.
No se realiza el pago de las contribuciones correspondientes.
Se declara el pago de la contribución por un valor diferente a la que realmente corresponde. 
Con trabajadores independientes cuando: 
No se realiza el pago de las contribuciones correspondientes.
Se declara el pago de la contribución por un valor diferente a la que realmente corresponde.


Con los empleadores (personas naturales o jurídicas) cuando: 
No se realiza el pago de las contribuciones correspondientes.
Se declara el pago de la contribución por un valor diferente a la que realmente corresponde. 
Con las entidades promotoras de salud (EPS) cuando: 
Se recomiendan estándares a los procesos de determinación y cobro que le corresponden a las administradoras. 

Con las aseguradoras de riesgos laborales (ARL), cuando:
Se recomiendan estándares a los procesos de determinación y cobro que le corresponden a las administradoras. 

Con las demás entidades del Sistema de la Protección Social cuando:
Se recomiendan estándares a los procesos de determinación y cobro que le corresponden. 

En este orden de ideas, se encuentra que de acuerdo con el tipo de funciones que esté realizando y con la persona que se relaciona, puede: 

Investigar: consolidar toda la información disponible y necesaria para la adecuada determinación y cobro de las contribuciones de la Protección Social. Para esto: 
Solicita información
Verifica la exactitud de las auto declaraciones
Cruza información con las autoridades tributarias, las instituciones financieras y otras entidades que administren información.
Cita a los aportantes, afiliados y beneficiarios del Sistema de la Protección Social o a terceros para que rindan informes o testimonios. 
Sancionar: esta unidad tiene facultad sancionadora frente a los incumplimientos que detecte. 

Fiscalizar: monitorea y hace seguimiento al pago de la seguridad social. 

Información: publicidad de normatividad y todo lo relativo a esta unidad. 

Articular: la información del sistema de la protección social cuando detecta evasiones del sistema de protección social y lo informa a las demás entidades que vigilan y sancionan. 

Requerimientos de información de la UGPP
La información que de manera común la UGPP solicita a las administradoras es: 
Balance de prueba.
Auxiliares de cuentas contables relacionadas con la causación y pago de la nómina.
Auxiliares de las cuentas contables de servicios y diversos.
Reporte de pago de nómina, salarios, compensaciones o asociados.
Aprendices del SENA y practicantes universitarios.
Trabajadores vinculados que se encuentran pensionados por vejez.
Trabajadores extranjeros que no estén cotizando a pensiones en Colombia.
Suministro de personal por un tercero.
Relación de planillas PILA, y entre otros documentos de información.¿Cómo responder a los Requerimientos de la UGPP? 
Leer el requerimiento e identificar: 
¿Qué está solicitando?
¿Por qué lo están solicitando?, es decir: 
¿Qué tipo de función está realizando la UGPP?
¿En relación con qué persona?
¿Cuál es la relación que tiene con la persona requerida? 
Si se solicitan o no soportes. 

Se debe dar una respuesta a cada punto solicitado, y en caso de tener dudas de lo requerido, se puede contestar a la UGPP solicitando aclarar o complementar su requerimiento para poder darle una respuesta completa.Sanciones de la UGPP:
Puede sancionar 5 años, desde la fecha del vencimiento del plazo, para declarar o desde que se presentó la última declaración. Las sanciones se imponen en Unidad de Valor Tributario (UVT) que es definido anualmente por la DIAN, pueden ir hasta 15.000 UVT.

No obstante, en todo caso, la imposición de sanciones se da previo pliego de cargos, que le permite a las personas investigadas ejercer su derecho al debido proceso y en particular, el derecho de defensa.

Estas son algunas de las conductas por las que la UGPP puede sancionar: 
Omisión de la afiliación y la falta de pago de los aportes al Sistema de Protección Social. 
Inexactitud en los aportes presentados.

Por omisión de la información.

Incumplimiento de estándares de cobro. 
Con lo puesto, se hace evidente que la UGPP es una entidad de una naturaleza de inspección y control sobre los recursos del sistema de la protección social, por lo que tiene un relacionamiento constante con diferentes tipos de personas y actores involucrados, es por esto, que se debe entender la razón de ser de la entidad y cómo manejar la relación que se llegue a tener con ella.

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4 estrategias para consolidarse como contador público independiente


Para atraer nuevos clientes el contador debe desarrollar un trabajo integral que incluya el fortalecimiento de su imagen profesional y de la forma en que diferencia sus servicios. Profundizamos en estas estrategias para que logres emprender con éxito la meta de convertirte en independiente. 

Si eres un contador público y estas emprendiendo como independiente, te habrás dado cuenta de que darse a conocer en el mercado puede ser todo un reto. Por ello, en esta ocasión queremos compartirte cuatro estrategias que podrás adaptar a tu modelo de negocio para lograr atraer la atención de tus clientes. 
1. Crea tu marca profesional 

En cada oportunidad en la que te relacionas con tus clientes estas creando tu marca personal y profesional. Esto significa que en cada interacción que tienes con tus clientes estos se forman una imagen de ti y de tu forma de trabajar. Por ello debes ocuparte de lograr que tengan una impresión positiva de ti desde el primer momento en que te conozcan, y que conserven o mejoren esa impresión cuando ya sean tus clientes. Esto incluye desde tu presentación personal, la forma en la que te diriges a ellos y hasta la responsabilidad con la que asumes las entregas con las que te comprometes. Ten presente que no es solo atraer nuevos clientes, sino lograr fidelizar a los que ya tienes, ya que ellos se convierten en tus principales referencias. 
2. Busca que tus servicios se diferencien 

Para tener éxito en la tarea de atraer más clientes para tu negocio debes empezar por reconocer que al igual que tú en el mercado existen una gran cantidad de profesionales que tienen la misma aspiración de crecer y de encontrar más usuarios para sus servicios, los cuales además ofrecen servicios similares a los tuyos, de una excelente calidad. Esto no debe ser algo que te desanime, al contrario, es un punto que debería estimularte para mejorar y buscar la forma de que tus clientes prefieran tus servicios frente a los de tus colegas. 

Existen una gran cantidad de servicios contables, como el outsourcing contable, las asesorías contables, tributarias o financieras y la auditoría y la revisoría fiscal, en las que puedes enfocarte (te recomendamos consultar nuestros editoriales ¿Qué oportunidades laborales tienen los contadores en el área contable y financiera? y Roles que puede asumir un contador público). Asimismo, hay varios sectores en los que podrías trabajar, por tanto puedes estar seguro de que si te especializas en uno y ofreces servicios de calidad no tendrás problemas para encontrar un espacio en el mercado. 
“La recomendación es que te preguntes en todo momento cuál es el beneficio que le ofreces a tus clientes y que te enfoques en él”

La recomendación es que te preguntes en todo momento cuál es el beneficio que le ofreces a tus clientes y que te enfoques en él. Por ejemplo, si te dedicas a prestar el servicio de outsourcing contable, podrías ir más allá del registro de las facturas y la elaboración de los estados financieros al final del período contable, y enfocarte en brindarles una asesoría oportuna que les permita tomar las mejores decisiones financieras. 
3. Crea alianzas con tus colegas 

Como lo mencionamos líneas atrás, existen variedad de servicios contables que pueden ofrecer los contadores, por tanto podría ser útil que te asocies con algunos de tus colegas y logres ofrecer un paquete de servicios que sea justo lo que tu cliente necesita. Por ejemplo, puede que tu campo sea el de los Estándares Internacionales, y el de tu colega el de impuestos; entre los dos pueden ofrecer un paquete de asesoría en conciliación fiscal que es un tema que tantos problemas causa en las empresas. 
4. Impulsa tus servicios en internet 

En la actualidad, cuando necesitamos adquirir un producto o un servicio, lo primero que hacemos es ir a internet para informarnos sobre distintas opciones. Pues bien, un contador independiente no puede mantenerse ajeno a esta nueva realidad, más cuando está tratando de incursionar en el mercado. Tener presencia en redes sociales y una página web permite generar confianza entre los posibles clientes. Puedes empezar por crear un blog o abrir cuentas profesionales en redes sociales, en las cuales te dediques a promocionar tus servicios. Para profundizar en el tema consulta nuestro editorial Contador público: 4 consejos para posicionarse en internet


https://actualicese.com/4-estrategias-para-consolidarse-como-contador-publico-independiente/?referer=email&campana=20190920&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190920_contribuyente&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

viernes, 27 de septiembre de 2019

Conoce la información que las aseguradoras deben darle a sus consumidores financieros 

A Lo largo de toda la relación entre el consumidor y la aseguradora, esta última tiene el compromiso de entregar información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable.




El seguro es, por regla general, un contrato de adhesión, lo cual significa que las condiciones son establecidas por las aseguradoras, dejando al consumidor únicamente la potestad de decidir si tomar o no el seguro, pues una vez contratado, este se adhiere a las condiciones del producto. Así, teniendo en cuenta que las entidades financieras son la parte dominante del contrato, existe un régimen jurídico que busca la protección de los consumidores financieros para que la relación contractual se equilibre de cierta manera. 

Las normas que regulan la protección del consumidor financiero se encuentran principalmente en la Ley 1328 de 2009 (Estatuto del Consumidor Financiero) y la Ley 1480 de 2011 (Estatuto General del Consumidor), aunque otras normas como el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, también traen disposiciones relativas a la materia. En todas estas, es posible encontrar deberes a cargo de la aseguradora que propenden por el antes mencionado equilibrio de la relación contractual.

Hablaremos en esta ocasión del deber de información que tienen las aseguradoras con sus consumidores financieros (entiéndase éstos como cliente, usuario o cliente potencial), el cual no solo está presente al momento de la asesoría y venta, sino que se encuentra en otros momentos de la relación contractual.




Las siguientes son algunas de las actividades que deben llevar a cabo las compañías de seguros para cumplir con el deber de información:

Previo a la celebración de cualquier contrato, las entidades vigiladas deberán proveer al potencial cliente una lista detallada, de manera gratuita, de todos los cargos o costos por utilización de los servicios o productos. Adicionalmente, deberán indicar al cliente los canales a través de los cuales puede conocer, y es publicada, cualquier modificación de las tarifas o costos, que se pueda efectuar en desarrollo del contrato. Igualmente, las entidades deberán informar de manera clara, si dentro de sus reglamentos tienen contemplada la obligatoriedad de las decisiones del defensor. La información que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado (Ley 1328 de 2009, artículo 9).
Entregar la póliza dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato con el contenido indicado en el artículo 1047 del Código de Comercio y el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Código de Comercio, artículo 1046).
Consignar la terminación por mora en el pago de la prima en la carátula de la póliza en caracteres destacados (Código de Comercio, artículos 1068 y 1152, y Circular Básica Jurídica artículo 1.2.1 de la Parte 2 Tit. IV Cap. II de la CBJ).
Redactar las coberturas y exclusiones de las pólizas en caracteres destacados y consignarlas a partir de la primera página de la póliza (Circular Básica Jurídica art 1.2.1 de la Parte 2 Tit. IV Cap. II de la CBJ).
Informar al consumidor la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).
Notificar de manera previa sobre las modificaciones que se hagan al producto dentro del marco de lo permitido (Ley 1328 de 2009, artículo 10).
Cuando la aseguradora modifique, en los contratos de seguros, el valor asegurado contractualmente de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al reajuste de la prima dentro de los treinta (30) días siguientes (Ley 1480 de 2011, artículo 23).
En caso de revocación unilateral por parte de la aseguradora, notificar de manera escrita al asegurado, enviando un comunicado a su última dirección conocida al menos 10 días antes de la cancelación de la póliza (Código de Comercio, artículo 1071).
Recibir una adecuada educación respecto a las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, derechos y obligaciones, costos que se generan sobre los mismos y sobre los mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 97, Ley 1328 de 2009 artículo 5 y Ley 1480 de 2011 artículo 23).
Suministrar información al público respecto de los Defensores del Consumidor Financiero (Ley 1328 de 2009, artículo 7).De esta manera, del conocimiento que tengan tanto las entidades vigiladas como los consumidores financieros de las anteriores normas y las demás que buscan la protección de estos, se garantizará cada vez más el equilibrio de la relación contractual.

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5 preguntas frecuentes sobre el régimen simple de tributación


Al cumplirse el último plazo para que los contribuyentes tomaran la decisión de tributar por el año gravable 2019 bajo el nuevo régimen simple, surgieron algunas inquietudes respecto a cómo se deberá cumplir con la obligación de declarar, entre otros aspectos que abordaremos a continuación. 

El nuevo régimen simple de tributación –SIMPLE–, creado a través del artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 y reglamentado mediante el Decreto 1468 de agosto 13 de 2019, es un modelo de tributación anual con anticipos bimestrales pagados a través de recibos electrónicos. Dicho régimen busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, simplificando el pago de tributos tales como el impuesto de industria y comercio, el complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, el impuesto nacional al consumo –INC– para responsables que presten servicios de expendio de bebidas y comidas, y el IVA para tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. 

Sin embargo, surgen algunas inquietudes sobre la forma en que los contribuyentes deberán empezar a cumplir con su obligación tributaria, la responsabilidad con la que deberán figurar en el RUT, el término de firmeza de sus declaraciones, entre otros aspectos que serán tratados en este editorial. Veamos: 
¿Cuál es el código de responsabilidad para el régimen simple de tributación? 
“Los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación –SIMPLE– serán identificados con el código de responsabilidad 47, el cual figurará en la casilla 53 de la primera página del RUT”

Los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación –SIMPLE– serán identificados con el código de responsabilidad 47, el cual figurará en la casilla 53 de la primera página del RUT (ver nuestro editorial Nuevos códigos en el RUT diseñados por la Dian a causa de los cambios de la Ley 1943 de 2018). 

Adicionalmente, en la casilla 89 del RUT deberán reportarse los siguientes códigos: 
100 – SIMPLE grupo 1: correspondiente a tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, los cuales tributarán con la tabla 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario –ET–. 
101 – SIMPLE grupo 2: para actividades que tributan con la tabla 2 del artículo 908 del ET
102 – SIMPLE grupo 3: corresponde a actividades a las cuales les aplican las tarifas contenidas en la tabla 3 del artículo 908 del ET
103 – SIMPLE grupo 4: corresponde a actividades de expendio de comida y bebidas, y actividades de transporte, que tributan con la tabla 4 del artículo 908 del ET
¿Qué sucede si se presenta la declaración del SIMPLE dentro del plazo fijado por el Gobierno, pero se cancela por fuera del término? 

La declaración anual consolidada del SIMPLE debe ser presentada mediante los sistemas informáticos electrónicos de la Dian, y su pago deberá realizarse bien sea electrónicamente o de manera presencial, ante las autoridades autorizadas para recaudar, sin perjuicio del pago de los anticipos bimestrales liquidados durante el período gravable. Sin embargo, si se incumple el pago de la declaración anual, el contribuyente podrá ser excluido de este régimen cuando el retardo sea mayor a un mes calendario, dado que se infringe una de las condiciones para pertenecer al SIMPLE (ver el artículo 913 del ET). 
¿Los saldos a favor en el SIMPLE pueden ser compensados en otras declaraciones? 
“los saldos a favor originados en la declaración anual del SIMPLE pueden ser tomados en la declaración de renta, pero no pueden ser imputados con otros impuestos”

Cuando los contribuyentes del SIMPLE obtengan saldos a favor en la declaración anual y opten nuevamente por pasarse al régimen ordinario podrán disponer de tales saldos, de conformidad con las indicaciones del literal b) del artículo 815 y el artículo 850 del ET. Es decir, los saldos a favor originados en la declaración anual del SIMPLE pueden ser tomados en la declaración de renta, pero no pueden ser imputados con otros impuestos (ver nuestro editorial Arrastre del anticipo de renta hacia la declaración anual del SIMPLE generará grandes saldos a favor). 
¿Cuál es el término de firmeza de la declaración del SIMPLE, teniendo en cuenta que incluye el ICA consolidado? 

El término de firmeza de las declaraciones del SIMPLE continúa siendo el mismo mencionado en el artículo 714 del ET, el cual equivale a tres (3) años siguientes al vencimiento de la fecha de la presentación de la declaración. Lo mismo aplica para el impuesto de industria y comercio de aquellas entidades territoriales en cuyo estatuto se remita a la firmeza mencionada en el artículo 714 del ET. Caso contrario tiene lugar para el ICA consolidado, para el cual regirá el período de firmeza específico determinado por cada municipio o distrito. 
¿Cuál es el formulario para presentar los anticipos bimestrales? 

Por el año gravable 2019, los anticipos bimestrales deberán ser liquidados en el recibo electrónico de pago (lo que sería el formulario 2593; ver nuestro editorial Recibo de pago electrónico del anticipo bimestral del SIMPLE para 2019 sería prescrito por la Dian


https://actualicese.com/5-preguntas-frecuentes-sobre-el-regimen-simple-de-tributacion/?referer=email&campana=20190920&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190920_contribuyente&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

jueves, 26 de septiembre de 2019

La seguridad social ahora se cotizaría también por horas

En la actualidad, nos encontramos frente a un sistema de aportes a la seguridad social que ha cambiado ante la necesidad del Estado colombiano de transformar los mecanismos de protección con los que cuenta.



Recientemente, se ha venido concibiendo la idea en el gobierno de implementar un sistema de cotización a seguridad social por horas, como posible solución a los altos niveles de informalidad en el país, lo que permitiría a los empresarios y empleadores en general, contratar los servicios de una persona por periodos inferiores a un día, sin que el trabajador se vea afectado por la desprotección del sistema de seguridad social.

Esta modalidad de flexibilización se ofrecería como una alternativa para contrarrestar los efectos de la informalidad laboral en Colombia, y atraparía a un gran número de potenciales beneficiarios que en este momento, a pesar de ser sujetos productivos, lideran las listas de desempleo e informalidad en el país, y sin expectativa alguna de cumplir con sus prestaciones sociales.

Antes de pensar en las posibles ventajas o desventajas que una implementación de este tipo traería en el mercado laboral local, debemos advertir los resultados obtenidos en otros lugares, como en el caso de Reino Unido, donde la implementación de la contratación laboral por horas ha traído consecuencias negativas, tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes, fomentando, en gran medida, la inestabilidad de los trabajadores, quienes son llamados por los empleadores únicamente cuando los necesitan y por periodos de tiempo limitados.



Muchos trabajadores pierden la oportunidad de ser contratados en varios empleos de manera simultánea, porque a pesar de estar legalmente prohibido, a la mayoría se les impone la obligación de estar disponibles las 24 horas para atender a las necesidades de su empleador. Vemos entonces, como lo que en un principio se vislumbró como una herramienta novedosa de flexibilización y movilidad laboral en Reino Unido, se ha convertido un mecanismo que fomenta condiciones laborales precarias.

No obstante, este sistema también tiene múltiples ventajas, pues brinda la oportunidad de realizar aportes a seguridad social por medio de un reporte semanal de horas trabajadas que realiza el empleador, algo parecido a lo que ocurre en Alemania con los llamados “minijobs”, que no son más que trabajos de máximo 15 horas a la semana, con un salario ya establecido, donde el empleador realiza aportes del 30 % sobre el total del salario semanal del trabajador, que siempre dependerá de las horas que este haya trabajado.

Teniendo en cuenta este panorama, vale la pena pensar que esta práctica sería de gran alivio para frenar la tasa desmedida de informalidad laboral que viene afectando año tras año al país, y que al día de hoy asciende a un 48.2 %. Esto traería como resultado, una mayor inclusión de colombianos al sistema de seguridad social, siempre apoyados en una adecuada regulación que permita contrarrestar las posibles externalidades derivadas de esa implementación.


https://seguros.comunicaciones.sura.com/boletin_juridico_seguridad_social_septiembre

Ante la amenaza de inconstitucionalidad, Gobierno y gremios defienden la Ley de financiamiento


Todo indica que en octubre de 2019 la Corte Constitucional declarará la inconstitucionalidad de la Ley de financiamiento. Una vez se conoció extraoficialmente la noticia, tanto el Gobierno nacional como los gremios se manifestaron a favor de esta y lanzaron una alerta en caso que se le dé de baja. 

Luego de que el 17 de septiembre de 2019 la W Radio diera a conocer que la Ley de financiamiento sería declarada inconstitucional en octubre del año en curso, la reacciones por parte del Gobierno y los gremios no se hicieron esperar. 

Julio Fernando Álvarez Rodríguez, socio consultor de Cuervo Abogados, abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario había hablado con Actualícese sobre el tema, afirmando que existían serios indicios de que las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de financiamiento prosperarían. 

Extraoficialmente, el medio de comunicación conoció que hasta el momento la votación estaría tumbando la ley. Los magistrados Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas estarían favor de tumbarla, mientras que a favor de mantenerla estarían Carlos Bernal, Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero. 

Iván Duque, presidente de Colombia, el mismo día que se conoció la noticia, manifestó ante los medios que: “La Ley de financiamiento ha sido muy beneficiosa para el país. Es la primera vez que una ley hace una reforma fiscal donde le baja la carga a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Pero, además, recauda más cobrándole a las personas que realmente tienen un ingreso muy por encima al de todos los colombianos”. 

Resaltó que con esta ley se implementan medidas que permiten la modernización y el fortalecimiento de la Dian, lo que le permitirá adelantar una lucha más eficiente contra la evasión. “Además, se fortalece la Dian y le da incentivos al emprendimiento en los sectores de tecnología, en los sectores creativos, en el sector agropecuario; crea el régimen simple”, dijo Duque. 

El presidente aseguró que todos los beneficios que vienen con la Ley de financiamiento se deben mantener, por el bien del país. Desde el punto de vista del Gobierno, esta busca proteger a la población más vulnerable, contar con un sistema tributario más equitativo, y obtener una mayor contribución de quienes tienen ingresos y patrimonios altos. 

Para Duque, se cuenta con un conjunto de medidas que contribuyen a obtener mayores recursos para financiar el gasto social sin ampliar la base del IVA, y mantener el actual régimen de IVA aplicable a los contratos de prestación de servicios y las pensiones de los colombianos. 

De igual manera, se crean las condiciones tributarias para que las empresas relacionadas con la economía naranja se desarrollen, lo que genera valor agregado al crecimiento económico. 
Sería extremadamente grave para la economía 

Por parte de los gremios, la Andi solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la ley ante los efectos negativos que tendría sobre la economía colombiana una caída de la misma. 

“La decisión sobre la Ley de financiamiento que tomará la Corte Constitucional no solo tiene inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas; también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”, dijo Bruce Mac Master, presidente del gremio. 

Para el dirigente gremial, una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía, además de ser un golpe a la certidumbre jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, lo que pondría en graves apuros el financiamiento del Estado. 
“la ley significa un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, porque contribuye a la competitividad que se reclama desde el sector privado”

Desde el punto de vista de la Andi, la ley significa un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, porque contribuye a la competitividad que se reclama desde el sector privado y fortalece el sector empresarial en Colombia. También sería un mensaje negativo para la opinión que las calificadoras de riesgo emiten sobre el país y sus condiciones de inversión. 

“Perder todos estos avances en términos tributarios tendría graves consecuencias sobre múltiples aspectos de la economía”


https://actualicese.com/ante-la-amenaza-de-inconstitucionalidad-gobierno-y-gremios-defienden-la-ley-de-financiamiento/?referer=email&campana=20190920&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190920_contribuyente&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Contratistas cotizarían a seguridad social solo en contratos de mayor cuantía

Fue radicado un proyecto de ley en el Congreso para beneficiar a estos trabajadores.


En el Congreso de la República buscarán modificar la ley que obliga a los trabajadores independientes y contratistas, a cotizar a salud y pensión por todos los contratos de presentación de servicios. 

Según propone una iniciativa que fue presentada por el senador Richard Aguilar, estos trabajadores solo deben aportar a seguridad social por el contrato de mayor valor que tengan con cualquier empresa. 

“Buscamos justicia laboral y que se les pague, siempre y cuando cancelen la prestación social del contrato de mayor valor. Pagando esa prestación social, los demás contratos se les deben pagar sin necesidad de aportar prestaciones sociales”, indicó. 

El congresista de Cambio Radical dijo que cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos que tienen contratos con el Estado, se verían beneficiados con este proyecto de ley. 

“Es un proyecto que va a beneficiar a 300.000 personas, porque esta modalidad de prestación de servicios se ha convertido en la regla y no en la excepción y prácticamente se están golpeando los bolsillos de los independientes y contratistas”, añadió. 

Aguilar dijo que cotizar por todos los contratos que se tienen es ilógico y no beneficia en absolutamente nada a lo ciudadanos. 

“Si eso implicara una doble cotización o un mayor aporte en el número de semanas o un mayor valor en su aporte, se pensaría que es justicia laboral, pero solamente se tiene el valor del contrato más alto cuando se cotiza para pensión”, añadió. 

Esta propuesta comenzará su discusión en los próximos días en el Congreso de la República y promete generar una enorme discusión, ya que no se conoce sí tendría algún impacto fiscal en las finanzas del Estado.


https://www.rcnradio.com/politica/contratistas-cotizarian-seguridad-social-solo-en-contratos-de-mayor-cuantia

Preservación del medio ambiente y los recursos naturales: ¿cómo debe actuar la contaduría pública?


Para Esteban Correa García, contador público y doctor en ciencias ambientales, involucrar materias de tipo ambiental es un gran reto que tienen las universidades. Hablar de costos ambientales es un primer paso para mitigar el daño que generan los proyectos desde una perspectiva ambiental. 

El 1 de octubre de 2019, en la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá, se llevará a cabo el I Foro de contadores públicos de Colombia por la protección del ambiente y la recuperación del Amazonas, “es hora que la contabilidad le rinda cuentas a la naturaleza”, un evento novedoso e importante para los contadores, al cual Actualícese está invitando. 

Esteban Correa García, contador público y doctor en ciencias ambientales, investigador del doctorado de ciencias ambientales de la Universidad del Valle, organizador y moderador del evento compartió su punto de vista sobre la implicación de la contabilidad en el entorno de crisis ambiental que vive el mundo y otras temáticas que se desarrollarán en el foro, en el Informativo Nuestra Gente, junto a José Alberto Tejada y Norberto Tascón. 

García explica que la contaduría pública es muy técnica, lo que hace que no se puedan resolver problemas ambientales únicamente desde nuestra disciplina. “Hay que abrir la mente y aprender de otras disciplinas, como, por ejemplo, de biología, humanidades, ciencias sociales. No solo se trata de matemáticas. La protección del medio ambiente y la recuperación del Amazonas es un problema que se resuelve combinando varios saberes”, dice. 
Costos ambientales 

Al hablar de costos ambientales, se trata de enajenaciones de dinero, erogaciones de un proyecto relacionados con solucionar los problemas ambientales que genera el mismo proyecto. 

“Las actividades en las cuales se interviene el territorio para extraer materia prima generan algo que la economía denomina externalidades negativas. Tratar de internalizar dichas externalidades es lo que se denomina costos ambientales”, explica García. 

Por ejemplo, describe García, en la extracción del petróleo se deben tener en cuenta los posibles derrames de crudo, y tener listos programas de limpieza, y remediación de las aguas, de tal forma que las fuentes hídricas queden lo más limpias posibles. 

La idea de los costos ambientales es poder remediar el daño que generan los proyectos desde una perspectiva ambiental. 


Depredación del medio ambiente y contaduría pública 

Todas las profesiones, no solo la contaduría pública, requieren medios electrónicos para procesar la información, pues continúan imprimiendo y usando el papel. La culpa de esto no es solo del profesional, sino también de los organismos de control. 

“Si llega la hora de una auditoría, por ejemplo, los procesos que hacen la Dian o la Superfinanciera, estos piden los archivos físicos. Es claro entonces que los organismos de control no han evolucionado y no han dado el salto de usar formas ambientales para el manejo de la información, como son los medios electrónicos”, afirma García. 
¿Cómo utilizar los recursos naturales sin afectar el derecho que tenemos de usarlos? 

Hablar de sustentabilidad no solo tiene que ver con garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras. También tiene que ver con garantizar que otras especies puedan coexistir con nosotros a futuro. Este contador público afirma que se debe trascender del antropocentrismo, es decir, de la idea de que nosotros somos el centro del universo. 

García es enfático al afirmar que “los seres humanos no vamos a poder aplicar medidas de sustentabilidad si no comenzamos a respetar todas las formas de vida que existen”. 
“al pensar que se tiene que crecer a nivel económico sin límite alguno, pues no hay fuentes de materia prima que alcancen”

Pero, ¿por qué no se tiene en cuenta dicha sustentabilidad? La razón radica en el modelo económico que se aplica en la mayoría de los países, capitalista y neoliberal, cuya característica básica es aumentar el PIB sin ningún límite. Esto último tiene lugar al pensar que se tiene que crecer a nivel económico sin límite alguno, pues no hay fuentes de materia prima que alcancen. 

“Una idea que se puede desarrollar alrededor de la sustentabilidad es ponerles límites a los modelos de crecimiento económico. Vivimos en un mundo que es finito y nuestras economías no pueden crecer ilimitadamente. Si todos los países crecieran como España, por ejemplo, necesitaríamos doce planetas tierra para tener ese nivel de desarrollo”, dice García. 
Universidades y su envolvimiento con el medio ambiente 

García indica que involucrar materias de tipo ambiental es un gran reto que tienen todas las carreras universitarias, no solo la contaduría pública. En la Universidad San Buenaventura, por ejemplo, se ha implementado el curso de contabilidad ambiental. “Ojalá en todos los programas de contaduría pública del país esta fuera obligatoria”, dice. 

Desde su punto de vista, un contador público debería ser capaz de trascender los estados financieros de propósito general, y poder confeccionar estados financieros mucho más complejos, que den cuenta de una realidad más acertada. 

Los estados financieros de propósito general tienen una visión muy sesgada de la realidad. Solamente la miran desde un enfoque financiero, mientras la realidad económica tiene otras dimensiones. Los estados financieros deben ir más allá de las finanzas y presentar otro tipo de informes como los sociales y ambientales

https://actualicese.com/preservacion-del-medio-ambiente-y-los-recursos-naturales-como-debe-actuar-la-contaduria-publica/?referer=email&campana=20190920&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190920_contribuyente&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a

martes, 24 de septiembre de 2019

Exportaciones desde zonas francas crecen 23,6%

Hasta julio de este año, las ventas de mercancías en estas áreas suma 2.024 millones de dólares y el año pasado estaban en 1.644 millones. 


Las ventas de Colombia al exterior no pasan por un buen momento, en los siete primeros meses del año, disminuyeron 2,5% a 23.574 millones de dólares.

El déficit comercial se duplicó en julio a 1.088,4 millones de dólares y mientras el valor de las importaciones realizadas por Colombia aumentaron un 5% interanual en julio, el de los bienes y servicios que exportó el país se contrajo un 9,9%.

Pero de acuerdo con Édgar Martínez; director ejecutivo de Zonas Francas de la Andi, son las ventas al exterior desde los territorios con beneficios tributarios, las que están destacándose.

De acuerdo con el Dane, en julio del 2019 las exportaciones de mercancías desde las Zonas Francas colombianas registraron un incremento de 25,2%, con 282,7 millones de dólares comparado con los 225,8 millones del 2018.

“Desde las Zonas Francas se está sacando la cara por las ventas al exterior, al ver el comportamiento de las ventas del país y que su desempeño no ha sido el mejor, y que realmente no está mostrando un dinamismo positivo, es importante destacar que acá las cosas si están mejor”, explicó Martínez.

El directivo enfatizó que hasta julio de este año las ventas desde estas zonas han crecido un 23,6% respecto al 2018 y eso demuestra, “que si bien el objetivo de este mecanismo no es exportar, sino generar empleo e inversión, si está teniendo una dinámica exportadora más que interesante”.

En los primeros siete meses desde estas áreas se han vendido 2.024.437 millones de dólares, mientras que en 2018, estaba en 1.644. 914 millones de dólares, lo cuál representa un crecimiento del 23,6%.

Según Martínez, si esta situación no se presentará el déficit comercial del país aumentaría más de lo que ya está.

En el acumulado entre enero y julio, el déficit comercial se disparó un 64,7% a 5.453,8 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del 2018.

“Por los incentivos que se tienen en las Zonas Francas, por la facilidad de reducción de costos y la producción de los bienes y servicios, está también puede ser una alternativa para todas las empresas que están tranzando en el mercado internacional, pues pueden tener un mejor precio de venta y también lo pueden aplicar a las ventas locales”, señaló.

El directivo indicó que de mercancía que ingresa a las Zonas Francas, el 60% proviene del mercado local y eso explica que los insumos locales tienen mucho espacio para crecer y también ser exportados lo que mejora la condición del mercado.


https://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-zonas-francas-crecen-23-6-533813

Retiro anticipado de cesantías: precisiones del Mintrabajo frente a casos concretos


Las cesantías, aunque son una prestación que tiene como fin auxiliar al trabajador en períodos de desempleo, pueden ser retiradas de forma parcial en determinados eventos permitidos por la ley. El Ministerio del Trabajo reguló recientemente disposiciones respecto a dichos eventos. 

Recientemente, el Ministerio del Trabajo, mediante el Decreto 1562 de 2019, reglamentó las disposiciones referentes al retiro anticipado de las cesantías, en el caso de: 
Financiación de vivienda. 
Terminación del contrato de trabajo. 
Sustitución patronal. 
Prestación del servicio militar. 
Estudios de educación superior. 
Compra de acciones propiedad del Estado. 
Traslado de cesantías. 

Estas nuevas disposiciones fueron adicionadas al Decreto 1072 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector trabajo), y tienen como finalidad definir los requisitos que deben surtir los trabajadores o sus familias para el retiro de esta prestación social. 
“ahora los trabajadores podrán destinar un monto de sus cesantías para la adquisición de acciones o bonos que el Estado ponga a la venta”

Una de las novedades que trae consigo el mencionado Decreto 1562 de 2019 consiste en que ahora los trabajadores podrán destinar un monto de sus cesantías para la adquisición de acciones o bonos que el Estado ponga a la venta. 

A continuación, una breve relación de los requisitos para acceder al pago parcial de las cesantías, en cada uno de los casos enlistados. 
Retiro de cesantías para financiación de vivienda 

Frente al retiro de cesantías para la compra, mejora, construcción… de vivienda, este nuevo decreto dispone que los empleados del Estado y aquellos que se encuentren afiliados al Fondo Nacional del Ahorro –FNA– deberán presentar la solicitud de retiro de esta prestación según el procedimiento previsto mediante la Ley 1071 de 2006

Precisiones frente a la solicitud de cesantías para vivienda 

Las siguientes precisiones se formulan con base en el procedimiento dispuesto en la Ley 1071 de 2006, previsto para el retiro de cesantías. A saber: 
Una vez presentada la solicitud por el trabajador o interesado, el fondo de cesantías cuenta con un término de quince (15) días hábiles para responder a la solicitud, mediante resolución. 
El solicitante contará con un término de diez (10) días para presentar los documentos pendientes, en caso de que el fondo de cesantías evidencie que no se cumplen a cabalidad los requisitos exigidos. Una vez sean aportados dichos documentos de forma correcta, comienza a transcurrir el término de quince (15) días mencionado en la viñeta anterior. 
El fondo de cesantías cuenta con un término máximo de 45 días hábiles para proceder con el pago de la prestación. En el evento en que no se realice el pago en dicho término, la entidad deberá cancelarle al solicitante el valor de un (1) día de salario por cada día de retraso. 
Retiro parcial de cesantías por terminación del contrato de trabajo 

En caso de terminación del contrato, el trabajador debe proceder a presentar la solicitud ante el fondo de cesantías, adjuntando una constancia que acredite dicha terminación del vínculo laboral. 

Por su parte, los trabajadores que se encuentren afiliados al FNA deberán proceder con el retiro de esta prestación conforme lo dispuesto en el Decreto 3118 de 1968.
Retiro de cesantías por muerte del trabajador 

En caso de terminación del contrato por muerte del trabajador, sus familiares podrán solicitar el pago de las cesantías ante el fondo en que se encuentren consignadas, para lo cual deberán acreditar el fallecimiento del causante. 

Los familiares podrán solicitarle el pago de esta prestación al empleador en caso de que este último no haya realizado las consignaciones al fondo juiciosamente. 
Retiro parcial de cesantías por sustitución patronal 

En el evento en que se presente la figura de la sustitución patronal (artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–), los trabajadores pueden solicitarle a su antiguo empleador, o al nuevo, la liquidación y pago de las cesantías causadas hasta la fecha de la sustitución. 

Una vez se llegue a un acuerdo con el empleador, el trabajador debe proceder a realizar la solicitud de las cesantías que se encuentren consignadas en el fondo. En la solicitud el trabajador debe anexar el acuerdo suscrito. 
Retiro de cesantías por prestación de servicio militar 

La ley establece que todo trabajador que sea llamado a prestar servicio militar durante la vigencia de su contrato laboral podrá solicitar el pago anticipado de sus cesantías. Este procedimiento deberá surtirse según lo estipulado en el artículo 255 del CST

Retiro parcial de cesantías para estudios de educación superior 

El Decreto 1562 de 2019 dispone que para realizar un retiro parcial de cesantías e invertirlas en estudios de educación superior el trabajador debe aportar a la solicitud los siguientes documentos: 
Copia del recibo de matrícula financiera. 

Copia de la licencia de funcionamiento de la institución educativa superior. 

Documento mediante el cual se evidencie la calidad de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijo o hija del trabajador de quien va a realizar el estudio, como registros civiles, de matrimonio o declaraciones extrajuicio. 

En caso de créditos educativos es necesario aportar el certificado del crédito y el estado de cuenta donde puedan verificarse los datos del solicitante. 

Retiro parcial para ahorro programado o seguro educativo 

La Ley 1809 de 2016 establece que los trabajadores pueden destinar el monto de sus cesantías para la adquisición de seguros educativos en beneficio de sus hijos o de quienes dependan económicamente de ellos. 

Para el retiro parcial de cesantías a través de estas modalidades el solicitante deberá aportar: 
Certificado de existencia y representación legal de la entidad con la que contrató el ahorro. 
Copia del contrato suscrito con dicha entidad. 

Copia de la factura de cuenta o de cobro. 

Registros civiles de los hijos, o declaraciones extrajuicio que acrediten el vínculo de los potenciales beneficiarios con el trabajador. 

Si es el caso, certificado de autoridad competente que explique los factores físicos o psicólogos que originan la dependencia. 

Retiro parcial de cesantías para comprar acciones 

El decreto en mención, 1562 de 2019, dicta que las personas naturales podrán proceder con el retiro de sus cesantías para adquirir acciones del Estado, bajo las condiciones establecidas en la Ley 226 de 1995
Solicitud de traslado de fondo 

Si un trabajador desea trasladarse de fondo de cesantías, deberá presentarle la solicitud al fondo al cual desea ser trasladado. Para ello, además, debe haberle notificado previamente su decisión al fondo en el que se encuentra, y a su empleador. 

No existe un término de permanencia que impida efectuar el traslado inmediato de un trabajador de un fondo privado a otro. No obstante, en el caso de los trabajadores de los sectores público y privado afiliados al FNA, se tiene que deben permanecer en él por un término de tres (3) años, antes de solicitar cambio a un fondo privado. Una vez transcurrido dicho término podrán solicitar el traslado de fondo, siempre que no tengan obligaciones hipotecarias con el FNA, según lo establecen el inciso 4 del artículo 5 y el inciso 3 del artículo 8 de la Ley 432 de 1998.


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