IVA simple, eficiente y menos regresivo: propuesta de Anif para la reforma tributaria

Se extendería la base de bienes y servicios que generen su pago efectivo en tres fases a partir del 2022.

Se pasaría a una reducción de la tasa hasta fijarla en 18 % a partir de 2024.

Solo existirían dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos.

En su comentario económico del 23 de marzo de 2021 titulado Propuesta de ANIF para hacer del IVA un impuesto más simple, eficiente y menos regresivo, el centro de estudios económicos presenta su propuesta para simplificar la estructura del IVA.

«Hoy, debido al afán de subsanar el mal diseño, bajo recaudo y poca eficiencia del sistema, preocupa que los ingresos tributarios del gobierno dependen cada vez más del IVA que es, por definición, un impuesto regresivo», afirma Anif.

Buena parte de los problemas del pago del IVA vienen de su compleja estructura. La existencia de cuatro categorías distintas (tarifa general, tarifa reducida, exención o exclusión) erosiona el recaudo del impuesto y hace que su seguimiento y pago sea complejo.

Los pilares sobre los cuales se desarrolla la propuesta de la nueva estructura del IVA son:

Ampliar gradualmente la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA en etapas que suponen una transición desde 2022 hasta 2024.

Reducir la tarifa plena respecto a la que se tiene hoy en día. Es decir, pasar progresivamente de la tarifa plena actual del 19 % al 18 %.

Una vez termine la transición, se propone que en el 2024 existan únicamente dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos (más el impuesto al consumo específico a algunos bienes). Es decir, desaparecería la categoría de tarifa reducida y la categoría de bienes exentos.

Compensación completa del IVA a los hogares más pobres y vulnerables ampliando el grupo de hogares beneficiarios y el monto total de la devolución.

¿En qué consiste la reforma al IVA planteada?

La propuesta presentada por Anif busca cumplir con tres puntos fundamentales:

Lograr una estructura de tributación más simple, que reduzca los subsidios que reciben los hogares de altos ingresos por los bienes con tratamiento especial, exentos o excluidos.

Fortalecer el programa de devolución del IVA a los hogares de más bajos ingresos y así compensarles por el pago de este impuesto.

Aumentar el recaudo neto recibido por el Gobierno nacional.

“La reforma del IVA consiste en extender la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA, en tres fases a partir del 2022”

La reforma del IVA consiste en extender la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA, en tres fases a partir del 2022. Paralelamente, teniendo en cuenta el impacto que el impuesto tiene en los hogares de menores ingresos, Anif propone fortalecer el esquema de devolución del IVA.

Lo anterior implica ampliar el grupo de hogares beneficiarios (pasar de 1 millón en 2020 a más de 4 millones en 2024), así como el monto total de la devolución.

Adicionalmente, «proponemos simplificar el sistema actual con el paso gradual de cuatro a dos categorías manteniendo los bienes y servicios con impuesto al consumo inalterados».

Finalmente, una vez se consolide la ampliación de la base de bienes y servicios que pagan el impuesto a la tarifa plena, se podrá pasar a una reducción de la misma hasta fijarla en 18 % a partir de 2024.

Anif plantea una serie de etapas a partir de 2022 que permitirán llegar en 2024 a que solo existan dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos.

Recaudo si se llegaran a tener en cuenta las recomendaciones

Desde el punto de vista de la entidad, la propuesta para modificar la estructura del IVA llevaría a un recaudo adicional que comienza con 0,2 % del PIB en 2022 y llega a un nivel entre 0,7 y 1 % en 2024.

Solo con las reformas al pago de renta e IVA el recaudo tributario aumentaría entre 1,5 y 1,8 % del PIB en 2024.

IVA simple, eficiente y menos regresivo: propuesta de Anif para la reforma tributaria (actualicese.com)

Es posible que Latinoamérica crezca menos del 1% en 2021?

Los escenarios más negativos de algunos organismos apuntan a esa opción, pero los expertos ven improbable que ocurra.

Si se llegara a dar un avance de alrededor de 1% este año, ese sería un esce- nario desolador, con enormes impactos sociales.

Cada nuevo informe de perspectivas económicas que se publica siempre va acompañado de la aclaración de que la alta incertidumbre podría modificar el pronóstico. Y en este sentido, para Latinoamérica, algunos han apuntado a la posibilidad de que los riesgos a la baja lleven a un crecimiento incluso inferior al 1% en 2021 para la región.

El último en esta línea fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su Asamblea publicó un reporte económico en el que prevé que, en su escenario más negativo, América Latina podría crecer tan solo 0,8% este año e incluso caer 1,1% durante el 2022.

Eso se suma a las previsiones más pesimistas de otros organismos, que semanas atrás señalaron la posibilidad de que ese crecimiento sea del 0,9% este año; también el caso de la Cepal, que plantea la posibilidad de un avance promedio de 0,3% durante la próxima década, o la visión un poco más optimista del Banco Mundial, que cree que ese avance podría bajar hasta el 1,9%, en su reporte de enero.

Por supuesto, no sobra resaltar que estos escenarios negativos no son los pronósticos base. En el caso del BID, se espera que este año la región crezca 4,4%, y el FMI que lo haga al 4,1% en este ejercicio.

Según explica Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del BID y coautor del estudio, “es muy difícil hacer previsiones dado el alto nivel de incertidumbre. Así, existen riesgos de que el crecimiento sea menor, pero también de que la región crezca más de nuestro escenario base. De hecho, en un escenario positivo, el avance podría ser de 5,2% en el 2021”.

Ante esto, los expertos ciertamente no cierran por completo la puerta a un escenario así. Por ejemplo, Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, apunta que al igual que era imposible prever la pandemia, “no se puede descartar que Latinoamérica presentara un crecimiento muy bajo”, lo cual resalta que si se llegara a dar, sería una tragedia económica y social para la región.

“Esos pronósticos serían desastrosos para la región, que lleva muchos años creciendo por debajo del promedio de los emergentes. Después del golpe de 2020, eso nos dejaría muy lejos de recuperar los niveles pre crisis, y generaría problemas en indicadores sociales como empleo y pobreza”.

No obstante, como indican los analistas, las posibilidades de ello son bajas. Miguel Ricaurte, jefe de análisis económico de Itaú para la región Andina, señala que “aún cuando el alza de contagios y en la tasas de interés globales suponen riesgos, un crecimiento cercano a 1% luce poco probable, pues enfrentamos una base de comparación muy baja y, aunque con vaivenes, se retomará algún grado de normalización”.

Otra de las preguntas que surgen más allá de esto es ¿qué tipo de ‘shocks’ podrían generar un impacto de esa magnitud en América Latina? Ante esto, Powell asegura que “los riesgos provienen de la crisis sanitaria. Si la vacunación se retrasa o si hay nuevas mutaciones más contagiosas y resistentes, esto puede implicar más casos y hospitalizaciones, y la necesidad de políticas de contención”.

Velandia, por su lado, apunta hacia esa misma dirección, aunque cree que no sería suficiente para registrar un crecimiento cercano a 1%. “Sumado a una pandemia sin controlar, cierres permanentes durante 2021 e incluso alguna variante que no se pudiera combatir, para que tuviera lugar tendría que darse un problema conjunto en toda la economía mundial, y que los socios comerciales principales, como Estados Unidos y China, también presentaran ese freno”.

MAYOR PREPARACIÓN

Aún así, la perspectiva actual es que aunque en este año siguieran los problemas sanitarios de la región, la mayor preparación serviría para mitigar el golpe.

Como indica Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, “si bien hay muchos riesgos latentes como la velocidad de vacunación, la evolución de nuevas cepas y el avance de nuevas olas de contagio, estos son menores que los observados en 2020 y las sociedades y gobiernos han aprendido a manejar mejor el virus. Esto no implica que no se pueda dar un menor crecimiento, pero lo hace un poco más difícil”.

Es por esto que Reyes apunta a que es clave evitar esa posibilidad. “Para desencadenar un escenario macro complejo seguramente se deban tomar medidas de aislamiento como las del inicio de la pandemia, por lo que es crucial para evitar que esto ocurra que el sistema de salud siga siendo operativo. También es importante lograr una vacunación acelerada y, por último, mantener la capacidad de tomar medidas que reduzcan el estrés de los productores y hogares”.

Los expertos coinciden en que la probabilidad de que se materialice un escenario tan negativo para la región son bajas, pero no se pueden descartar aún.

CRECIMIENTO MARGINAL

Más allá del crecimiento que presente la región, lo que sí se espera que es la mayor parte del avance no sea “genuino” según indicó recientemente la Cepal. Tal como aseguró en uno de sus últimos informes, si en el 2021 América Latina crece a un ritmo de 3,7%, de esa cifra un 3,1% se le podría atribuye al rebote estadístico por la caída del 2020, mientras que tan solo 0,6% supondría un crecimiento ‘real’. Eso haría difícil mantener una cifra elevada de crecimiento.

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Formatos 2516 y 2517 AG 2020 fueron modificados con la Resolución 000027 de 2021

El lunes 29 de marzo de 2021 la Dian publicó su Resolución 000027 de marzo 24 de 2021 para modificar, finalmente, la Resolución 000071 de octubre de 2019, estableciendo que el formato 2516 cambia a la nueva versión 4 y el 2517 cambia a la nueva versión 3.

Luego de haber publicado 2 diferentes proyectos de resolución (el primero, el 4 de noviembre de 2020, y el segundo, el 1 de marzo de 2021), la Dian finalmente publicó el lunes 29 de marzo de 2021 la Resolución 000027 de marzo 24 de 2021 para modificar, por segunda vez, el texto de la Resolución 000071 de octubre de 2019.

Además, se volvieron a reexpedir los formatos 2516 y 2517 para conciliación fiscal del año gravable 2020 de los contribuyentes del régimen ordinario o especial que estén obligados a llevar contabilidad o la lleven de forma voluntaria (la primera modificación a la Resolución 000070 de octubre de 2019 se hizo con la Resolución 000023 de marzo 18 de 2020).

En los considerandos de la Resolución 000027 de marzo 24 de 2021 se menciona que la Dian se vio obligada a modificar la estructura de los formatos 2516 y 2517 del año gravable 2020 de forma que en ellos se puedan reportar varias novedades tributarias aplicables desde el año gravable 2020, pero que no se habían contemplado oportunamente cuando se expidió la Resolución 000071 de octubre de 2019 (por ejemplo, los cambios tributarios introducidos por la Ley 1955 de mayo de 2019).

Con las modificaciones que introduce la Resolución 000027 de marzo 24 de 2021 se podrán reportar otras novedades tributarias que también empezaban a aplicar para el año gravable 2020, pero que fueron introducidas con normas expedidas después de octubre de 2029 (ver, por ejemplo, los cambios introducidos con la Ley 2010 de diciembre de 2019 y el artículo 15 del Decreto Ley 772 de junio de 2020).

Nota: recuerda que los más grandes cambios normativos fueron analizados por el Dr. Diego Guevara en su libro virtual Novedades en preparación y declaración de renta, o del régimen simple, para personas jurídicas por el año gravable 2020, terminado en marzo 19 de 2021, el cual incluye el acceso a 6 horas de conferencia en línea y a múltiples archivos de Excel descargables y editables. Los primeros compradores podrán enviar preguntas para ser seleccionadas y resueltas en un consultorio virtual el sábado 10 de abril de 2021 entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m.

Por motivo de lo anterior, el formato 2516 (anexo del formulario 110) que se usará para el año gravable 2020 finalmente se convirtió en el formato 2516 v. 4, el cual contiene varias novedades en comparación con el formato 2516 v. 3 usado para las declaraciones del año gravable 2019.

Así mismo, el formato 2517 (anexo del formulario 210) que se usará para el año gravable 2020 finalmente se convirtió en el formato 2576 v. 3, el cual contiene varias novedades en comparación con el formato 2517 v. 2 usado para las declaraciones del año gravable 2019.

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Novedades finales en el formato 2516 v. 4 del año gravable 2020

Al examinar la estructura del nuevo formato 2516 v. 4 para el año gravable 2020 (cuyo prevalidador tributario se publicó el día 29 de marzo de 2021) y compararla con lo que fue la estructura 2516 v. 3 del año gravable 2019, se observan las siguientes novedades importantes:

1. En la sección “Carátula”

En la casilla 29, donde se debe escoger cuál es la tarifa que será usada por la persona jurídica o natural que utiliza el formulario 110 y con la cual calculará su impuesto sobre la renta (9 %, 15 %, 20 %, 32 %, etc.), esta vez se incluyeron nuevas opciones para “megainversiones hoteleras 9 %” y “Mega inversiones 27 %”.

2. En la sección “ERI-Renta líquida”

a. Entre las filas 51 a 57 se volvieron a reestructurar y a renombrar las filas donde se podrán reportar los valores por ingresos brutos (contables y fiscales) por conceptos de dividendos (distinguiendo con más detalle el tipo de sociedad que repartió el dividendo y el tipo de persona natural o jurídica que lo recibió). Lo que se reporte en tales renglones deberá coincidir, entonces, con la información de los nuevos renglones 49 al 56 diseñados dentro del formulario 110 del año gravable 2020 (prescrito con la Resolución 000011 de febrero 8 de 2021).

b. Las filas 478 y 479, hasta el reporte del año gravable 2019, tenían la siguiente descripción: “Renta líquida ordinaria del ejercicio – excedente neto (incluye únicamente dividendos de sociedades nacionales a tarifa general)” y “pérdida líquida del ejercicio (incluye únicamente dividendos sociedades nacionales a tarifa general)”. Sin embargo, para el reporte del año 2020, esas mismas filas llevarán los siguientes nombres: “Renta líquida ordinaria del ejercicio – excedente neto” y “pérdida líquida del ejercicio”. Por tanto, se debe entender que esta vez los renglones de “renta líquida” o de “pérdida líquida” sí tomarán en cuenta todos los valores por ingresos brutos por dividendos que en el formulario 110 se reportan entre los renglones 49 y 56, sin importar que varios de esos dividendos estén gravados de forma directa con tarifas especiales diferentes a la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario –ET– (ver los renglones 87 al 91 del formulario 110).

c. La fila 494, donde se hace el cálculo de la renta presuntiva, tenía hasta el reporte del año gravable 2019 la siguiente descripción: “Cálculo renta presuntiva (1,5 % salvo excepciones)”. Sin embargo, para el reporte del año gravable 2020 la descripción cambió a “Cálculo renta presuntiva”. Al respecto, debe recordarse que en las declaraciones del año gravable 2020 la renta presuntiva se calculará con la nueva tarifa del 0,5 % (ver artículo 188 del ET, modificado con el artículo 90 de la Ley 2010 de diciembre de 2019).

d. Entre los renglones donde se reportarán las partidas que forman ganancias ocasionales (filas 507 a 518) esta vez se agregaron tres nuevos renglones para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 772 de junio de 2020 (ver también los nuevos renglones 81 y 82 que se agregaron al formulario 110 del año gravable 2020). Por tanto, esos nuevos renglones se llamarán “Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020”, “Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)” e “Impuesto de ganancia ocasional”.

“En la fila 543 se reportará por primera vez el valor del crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico”

e. En la fila 543 se reportará por primera vez el valor del crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico (ver artículo 256-1 del ET, creado con el artículo 168 de la Ley 1955 de mayo de 2019 y reglamentado con el Decreto 1011 de julio 14 de 2020). Ese valor deberá coincidir con el que también se reportará en el nuevo renglón 100 “Crédito fiscal artículo 256-1” del formulario 110 del año gravable 2020.

Novedades finales en el formato 2517 v. 3 del año gravable 2020

Al examinar la estructura del nuevo formato 2517 v. 3 para el año gravable 2020 (cuyo prevalidador aún no se ha publicado) y compararla con lo que fue la estructura del formato 2517 v. 2 del año gravable 2019, se observan las siguientes novedades importantes:

1. En la sección “ERI-Renta líquida”

a. La fila 12, donde se reporta el ingreso bruto por honorarios, tenía hasta el reporte del año gravable 2019 la siguiente descripción: “Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones”. Sin embargo, para el reporte del año gravable 2020 la descripción cambió a “Honorarios y/o compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos”. Al respecto, debe examinarse la nueva reestructuración que la Dian le dio a los renglones 32 al 97 del formulario 210 del año gravable 2020 (prescrito con la Resolución 000022 de marzo 5 de 2021) y con los cuales se harán las depuraciones de la “cédula general” de las personas naturales residentes del régimen ordinario.

En dicha sección del formulario 210, y para dar aplicación a lo dispuesto en el último inciso del artículo 336 del ET (modificado con el artículo 41 de la Ley 2010 de 2019 y reglamentado con el Decreto 1435 de noviembre de 2020), la Dian destinó los renglones 32 al 42 para ser utilizados por los trabajadores independientes que no asociarán costos y gastos a sus ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios, pues solo utilizarán el beneficio del 25 % de renta exenta referido en el numeral 10 del artículo 206 del ET. Los trabajadores independientes que sí asociarán costos y gastos a sus ingresos (pues no utilizarán el beneficio del 25 % de renta exenta del artículo 206 del ET) solo usarán los renglones 43 al 57.

b. Las filas 209 y 210, hasta el reporte del año gravable 2019, tenían las siguientes descripciones: “Medicina prepagada para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes” y “Seguros de salud para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes”. Sin embargo, para el reporte del año gravable 2020 las descripciones cambiaron a “Salud por medicina prepagada o seguros de salud para el trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependiente” e “Intereses sobre créditos educativos del ICETEX” (ver artículo 119 del ET, modificado con el artículo 89 de la Ley 2010 de diciembre de 2019).

c. Se eliminó la fila 416 que en el reporte del año 2019 tenía la descripción “Inversiones definidas por la normatividad vigente” y se utilizaba para reportar deducciones que se podían incluir en la cédula general. Adicionalmente, se agregó una nueva fila 418 cuya descripción es “Otras deducciones (Intereses sobre créditos educativos del ICETEX, inversiones definidas en la ley, etc.)”.

d. La fila 584, donde se hace el cálculo de la renta presuntiva, tenía hasta el reporte del año gravable 2019 la siguiente descripción: “1, 5% (3 % contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva”. Sin embargo, para el reporte del año gravable 2020 la descripción cambió a “Renta presuntiva”. Al respecto, debe recordarse que en las declaraciones del año gravable 2020 la renta presuntiva se calculará con la nueva tarifa del 0,5 % (ver artículo 188 del ET, modificado con el artículo 90 de la Ley 2010 de diciembre de 2019).

e. Entre los renglones donde se reportarán las partidas que forman ganancias ocasionales (filas 587 a 598) esta vez se agregaron tres nuevos renglones para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 772 de junio de 2020 (ver también los nuevos renglones 112 y 113 que se agregaron al formulario 210 de año gravable 2020). Por tanto, esos nuevos renglones se llamarán “Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020”, “Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)” e “Impuesto de ganancia ocasional”.

f. En la fila 616 se reportará por primera vez el valor del “Abono por inexequibilidad impuesto solidario por el COVID-19” (ver Decreto Ley 568 de abril de 2020 y Sentencia C-293 de agosto 5 de 2020 de la Corte Constitucional; ver también el renglón 56 del formulario 220 para certificar rentas de trabajo del año gravable 2020, además del renglón 133 del formulario 210 año gravable 2020).

1. En la sección “Resumen ESF-ERI”

La fila 45, hasta el reporte del año gravable 2019, tenía la siguiente descripción: “Rentas de trabajo”. Sin embargo, para el reporte del año 2020 la descripción cambió a “Rentas de trabajo incluye honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos)”.

“se ampliaron los plazos para entregar el formato 2516 y 2517 del año gravable 2020 de algunos contribuyentes”

Además, se ampliaron los plazos para entregar el formato 2516 y 2517 del año gravable 2020 de algunos contribuyentes, a través del artículo 2 de la Resolución 000027 de marzo 24 de 2021, el cual agregó un parágrafo transitorio al artículo 3 de la Resolución 000071 de octubre de 2019, estableciendo un plazo especial para la entrega de los formatos 2516 y 2517 del año gravable 2020 de algunos contribuyentes. Para entender mejor este punto, a continuación, presentamos la versión comparativa de la norma afectada

Versión anterior de la norma

Nueva versión de la norma

Artículo 3. Resolución 000071 octubre de 2019. Plazo para presentar la información. El “Reporte de Conciliación fiscal” deberá ser presentado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario a la cual corresponda la conciliación fiscal, de acuerdo con los plazos fijados por el gobierno nacional.   Parágrafo. Correcciones voluntarias. Cada nueva presentación del Reporte de conciliación fiscal por el mismo período gravable se considera corrección de la anterior y en consecuencia la reemplaza en su totalidad.

Artículo 3. Resolución 000071 octubre de 2019. Plazo para presentar la información (modificado con artículo 2 de la Resolución 000027 de marzo 24 de 2021). El “Reporte de Conciliación fiscal” deberá ser presentado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario a la cual corresponda la conciliación fiscal, de acuerdo con los plazos fijados por el gobierno nacional. Parágrafo. Correcciones voluntarias. Cada nueva presentación del Reporte de conciliación fiscal por el mismo período gravable se considera corrección de la anterior y en consecuencia la reemplaza en su totalidad. Parágrafo Transitorio. Por el año gravable 2020, el vencimiento del plazo para presentar el Reporte de Conciliación Fiscal de las personas jurídicas y asimiladas es hasta el 28 de mayo de 2021 y el de las personas naturales y asimiladas calificadas para el año 2021 como “Grandes Contribuyentes” es hasta el 9 de agosto de 2021.

 

A partir de lo anterior, se puede destacar lo siguiente:

a. El formulario 110 para declaración de renta del año gravable 2020 deberá ser utilizado por personas jurídicas nacionales (del régimen ordinario o especial), por personas naturales no residentes y por personas jurídicas extranjeras.

Por tanto, cuando algunas de ellas queden obligadas a presentar virtualmente el formato 2516 v. 4 (que es un anexo del formulario 110 y solo se presenta virtualmente si el total de los ingresos brutos del año 2020 superaron 45.000 UVT), debe entenderse que solo quienes sean “personas jurídicas” (ya sean nacionales o extranjeras) podrán presentar primero el formulario 110 (en el plazo que le fije el Decreto 1680 de diciembre 17 de 2020, es decir, entre abril 12 y mayo 7 de 2021) y luego podrán presentar, hasta el 28 de mayo de 2021, el formato 2516 v. 4.

De todas formas, si la Dian ya liberó el prevalidador del formato 2516 v. 4 y, adicionalmente, en el Muisca ya está habilitada la zona respectiva para recibir el archivo XML de dicho formato, entonces pueden presentarlo mucho antes del 28 de mayo de 2021.

b. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes del régimen ordinario (sin importar si son o no grandes contribuyentes, o si están o no obligadas a llevar contabilidad) deben presentar su declaración de renta en el formulario 210. Sin embargo, solo las personas naturales y sucesiones ilíquidas que tengan la categoría de grandes contribuyentes son las que deben declarar renta entre el 12 y el 23 de abril de 2021, y las que no posean tal categoría podrán hacerlo a más tardar entre el 10 de agosto y el 20 de octubre de 2021 (ver Decreto 1680 de diciembre 17 de 2020).

“solo quienes sean grandes contribuyentes podrán presentar primero el formulario 210 entre el 12 y el 23 de abril de 2021”

Por tanto, si alguna de tales personas naturales o sucesiones ilíquidas queda obligada a presentar virtualmente el formato 2517 v. 3 (que es un anexo del formulario 210 y solo se presenta virtualmente si el contribuyente estuvo obligado a llevar contabilidad durante 2020 y el total de sus ingresos brutos del año 2020 superaron 45.000 UVT), debe entenderse que solo quienes sean grandes contribuyentes podrán presentar primero el formulario 210 entre el 12 y el 23 de abril de 2021 y luego podrán presentar, hasta el 9 de agosto de 2021, el formato 2517 v. 3.

Sin embargo, si la Dian publica pronto el prevalidador tributario del formato 2517 v. 3 y también adecúa pronto su plataforma Muisca para recibir el archivo XML de dicho formato, entonces podrán presentarlo antes de agosto 9 de 2021.

Formatos 2516 y 2517 AG 2020 fueron modificados (actualicese.com)

Inspección tributaria: prevalencia de los libros de contabilidad sobre las declaraciones tributarias

Según el artículo 772 del ET, los libros de contabilidad del contribuyente constituyen medios de prueba, siempre que sean llevados en debida forma.

Por su parte, la administración tributaria podrá ordenar la práctica de la inspección tributaria para verificar la exactitud de las declaraciones.

“la inspección tributaria constituye un medio de prueba en virtud de la cual se lleva a cabo la constatación directa de los hechos que interesan en un proceso adelantado por la Dian”

De acuerdo con el artículo 779 del Estatuto Tributario –ET–, la inspección tributaria constituye un medio de prueba en virtud de la cual se lleva a cabo la constatación directa de los hechos que interesan en un proceso adelantado por la Dian con el fin de verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el cual puedan decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamiento legales.

Así pues, la inspección tributaria es decretada mediante un auto, el cual será notificado por correo o personalmente, indicándose los hechos, materia de la prueba y los funcionarios comisionados para llevar a cabo dicho proceso. Esta iniciará una vez sea notificado el auto. De la misma se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustente, así como la fecha de cierre de investigación, la cual deberá ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Ahora bien, considerando que los libros de contabilidad constituyen pruebas a favor del contribuyente, siempre que estos sean llevados en debida forma de acuerdo con las indicaciones del artículo 774 del ET. También es importante precisar que, si en caso de una inspección contable o fiscal el contribuyente no presenta los libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad exigidos por la Dian, no podrá invocarlos posteriormente como medios de prueba a su favor y tal omisión se tendrá como un indicio en su contra, en cuyo caso se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el responsable los acredite plenamente.

No obstante, la norma es clara en señalar que únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación de los libros de contabilidad la plena comprobación de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

¿Qué sucede cuando se presentan diferencias entre la declaración de renta y los libros de contabilidad?

En caso de que se presenten diferencias entre la declaración de renta y los registros en los libros de contabilidad de un mismo contribuyente, la norma del artículo 775 del ET señala que prevalecerán los libros contables.

Por su parte, si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden el valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta la concurrencia del valor de dichos comprobantes.

Circunstancias especiales que deben ser probadas por el contribuyente

Para efectos de la declaración de renta es importante tener en cuenta las circunstancias especiales que deberán ser probadas por el contribuyente cuando existan dudas frente a su procedencia:

Cuando exista alguna prueba distinta de la declaración de renta y complementario del contribuyente sobre la existencia de un ingreso y el contribuyente alegue haberlo recibido en circunstancias que no lo hacen constitutivo de renta, está obligado a demostrar tales situaciones (ver el artículo 786 del ET).

Cuando el contribuyente ha solicitado en su declaración de renta la aceptación de costos, deducciones, exenciones o pasivos, cumpliendo todos los requisitos legales, si el tercero beneficiado con los pagos niega el hecho, el contribuyente está obligado a informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes al mismo, con el fin de que las oficinas de impuestos prosigan la investigación (ver el artículo 787 del ET).

Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria, cuando para gozar de esta no resulte suficiente conocer solamente la naturaleza del ingreso o del activo (ver el artículo 788 del ET).

Los hechos que justifiquen los aumentos patrimoniales deben ser probados por el contribuyente, salvo cuando se consideren ciertos de conformidad con el artículo 746 del ET.

La Dian desconocerá los costos, deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión (ver el artículo 791 del ET).

 Libros de contabilidad vs. declaraciones tributarias (actualicese.com)

Un IVA que no se menciona

Colombia debe seguir el ejemplo de las naciones de la OCDE y extender el IVA a las ventas de inmuebles...

El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios es interesante por lo que dice, pero también por lo que deja de decir. Su propuesta de extender el Impuesto a las Ventas (IVA) a casi todos los bienes y servicios no menciona para nada el IVA a las transacciones de finca raíz.

Es un silencio sospechoso, sobre todo porque la base de sus recomendaciones es la comparación con los países de la OCDE, y muchos de ellos gravan con IVA u otra clase de impuestos a la compra de inmuebles.

Mientras en Colombia los intentos de imponer algún tipo de gravamen a las transacciones de finca raíz han fracasado por el cabildeo de constructores y terratenientes y lo único parecido son los costos de notaría y de registro (que son alrededor del 1,8% del valor del negocio), en varios países europeos hay que pagar al Estado un porcentaje significativo del valor de la transacción.

En Francia los tributos pueden llegar hasta el 36,9%, incluyendo un IVA del 20% a la venta de nuevas construcciones, y tarifas de 16,9% por concepto de registros y notarías. En Italia es un poco menos. 25,5% de gravamen total, incluyendo un IVA del 22%; en Bélgica el IVA a estas transacciones puede llegar al 21% y en Rusia al 20%.

En Hong Kong estos impuestos pueden ser de 43,5%, en Singapur del 34%, en Corea del Sur del 16%, y en Sri Lanka del 105% si el comprador es un extranjero. Pero el único que aplica un impuesto a las ventas del 10% es Corea del Sur, mientras que en los otros países la forma es un impuesto ad valorem o estampilla (stamp duty).

Los valores mencionados son los máximos a los que puede llegar los impuestos que, en general son muy progresivos y aumentan en proporción al valor de las propiedades negociadas.

En nuestro vecindario, Chile impuso en 2016 la obligación de pagar un IVA del 19% en las ventas de viviendas nuevas, con la excepción de aquellas que tengan subsidio habitacional. Además hay un impuesto de 10% a las ganancias acumuladas obtenidas en ventas de vivienda.

Otro ejemplo cercano es Argentina, donde los inmuebles residenciales tienen un IVA de 10,5% y los no residenciales del 21% .

En Colombia, la reforma del 2016 impuso un IVA de 5% a la venta de viviendas nuevas con un valor superior a unos $900 millones; en la reforma de 2018 se intentó extender ese gravamen a todas las transacciones de finca raíz, pero en el Congreso de la República lo convirtieron en un confuso impuesto al consumo, lo bajaron al 2% y exceptuaron los predios agrícolas, pero este fue tumbado por cinco magistrados de la Corte Constitucional en una sentencia muy cuestionada por los otros 4 magistrados.

En este campo, Colombia debe seguir el ejemplo de las naciones de la OCDE y ampliar el IVA a la venta de inmuebles.

(2) Un IVA que no se menciona Columnista | Opinión | Portafolio

Conoces todas las formas de contratación laboral en Colombia?

Aunque puede parecer sencillo, la contratación laboral es un tema complejo, pues existen diferentes tipos y regímenes de contratación con numerosas particularidades que deben observarse con sumo cuidado.

En Colombia existen diferentes formas de contratación laboral, las cuales dependen del establecimiento de un contrato de trabajo, aspecto regulado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, que lo define como un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, por medio del cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a favor de otra, bien sea natural o jurídica, bajo subordinación y a cambio de una remuneración salarial.

Aunque puede parecer sencillo, la contratación laboral es un tema complejo, pues existen diferentes tipos y regímenes de contratación con numerosas particularidades que deben observarse con sumo cuidado.

Los errores más frecuentes en la contratación laboral ocurren por el uso inadecuado de los contratos de trabajo; estos últimos pueden ser, según su forma, verbales o escritos, y pueden ser a término fijo o a término indefinido, según su duración.

En este sentido algunas de las Modalidades de contratación laboral en Colombia con la que podrás:

Identificar las distintas formas de contratación laboral vigentes en Colombia.

Conocer la clasificación de los contratos de trabajo según su forma y duración.

Comprender cómo deben usarse los diferentes tipos de contratos laborales vigentes.

Comprender en qué casos no existe una relación laboral en la prestación de un servicio.

Reconocer qué tipo de personas, profesionales y prestadores de servicios pueden estar vinculados con este tipo de contrato.

Modalidades de contratación laboral (actualicese.com)

Qué empresas deben activar programas de transparencia y ética antes de mayo?

Con la nueva regulación de la Supersociedades se amplió considerablemente el número de las empresas incluidas dentro del Ptee

La Superintendencia de Sociedades modificó mediante el Decreto del 2 de octubre de 2020 el número de empresas que deben obligatoriamente implementar los programas de transparencia y ética empresarial (Ptee). Este año, las compañías que deban por ley instaurar dichos programas tendrán una fecha límite para su implementación y es hasta el 30 de abril.

Con la nueva regulación de la Supersociedades se amplió considerablemente el número de las empresas incluidas dentro del Ptee. ¿Cómo saber si su empresa está en este grupo? Su empresa califica para esta obligación si el año pasado hizo una transacción internacional igual superior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de tener activos superiores de los 40.000 salarios mínimos.

Las nuevas disposiciones de la Supersociedades redujeron el tope de los ingresos anuales y de los activos de las empresas, que son variables a tener en cuenta para la implementación de los programas de ética y transparencia. Otro dato importante de la nueva reglamentación de octubre, que además derogó las Resoluciones del 25 de julio de 2016 y 2019 de julio de 2018, es que también incluirá a empresas que manejan criptoactivos.

Los Ptee, según explicó Daniel Rodríguez, socio de CMS Rodríguez-Azuero, son sistemas de cumplimiento con una serie de políticas y buenas prácticas que deben adoptar las compañías para prevenir actos contrarios a la ética empresarial y a la corrupción. “Primero, hay que analizar cada compañía y entender cuáles son los riesgos. Algunas contratan con el Estado, otras no, mientras que varias empresas hacen tratos con sectores informales”, dijo.

Es importante que las empresas hagan un mapa de riesgos antes de instaurar los programas y políticas contra la corrupción. Según Rodríguez, no es lo mismo una compañía que opere en Bogotá a otra que desarrolle sus actividades en un lugar donde hay cultivos ilícitos o zonas relacionadas con el narcotráfico.

“Con base en eso, se debe hacer un mapa de riesgos que están calificados en dos variables: posibilidad y ocurrencia. Por ejemplo, una compañía que contrata mucho con el Estado debe tener en cuenta que hay un riesgo grande de cohechos durante las operaciones. Por esta razón es necesario analizar cuánta posibilidad de ocurrencia hay y, según las políticas, la empresa califica el riesgo entre medio o alto”, dijo Rodríguez.

En este ejemplo puntual, la compañía debe implementar capacitaciones a todas las personas que manejan contrataciones con el Estado para que conozcan los riesgos de pagar coimas. Las comunicaciones y el desarrollo de tratos no pueden ser privados con los funcionarios o celebrar almuerzos o invitaciones. “Con las políticas se pueden adoptar manuales de conducta para que los empleados sepan lo que se puede y no se puede hacer”, dijo.

Sanciones por incumplimiento

Patricia Guzmán, socia de Cavelier Abogados, informó que la Supersociedades tiene una función de vigilancia y con la responsabilidad sobre las empresas podrá imponer multas de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las compañías que no tengan al día el cumplimiento de los planes transparencia y ética empresarial.

Rodríguez enfatizó que las sanciones económicas son las únicas que pueden hacer valer la implementación de los programas cuando las empresas han hecho caso omiso. Advirtió que la sanción máxima de 200.000 salarios mínimos es “sumamente atípica”, pues, por lo general, las organizaciones son sancionadas por mucho menos.

En un panorama internacional, otros países no imponen la implementación de los Ptee, razón por la cual Colombia es una de las naciones que, tal vez explicado por el alto índice de corrupción, hace que legalmente sea un movimiento necesario para ciertas compañías.

Guzmán afirmó también que las empresas que no están obligadas por ley a rendir cuentas a la Supersociedades tienen la posibilidad de implementar los Ptee como un mecanismo de confianza a todos los eslabones de la cadena empresarial. Figuras como clientes, aliados y potenciales inversionistas pueden verse más atraídos si las organizaciones cuentan con políticas efectivas para el control de la corrupción.

Rodríguez agregó los sistemas de cumplimiento, así la compañía esté en la obligación de implementarlos o no, sirven para evitar los actos de corrupción, además de certificar que, si una persona comete un delito aún con las políticas en prácticas, la organización está haciendo efectiva la normativa para reducir el índice de irregularidades que afectan la transparencia.

Para el docente de Areandina, Jaime Alberto Navarro, este llamamiento del Estado a conservar y promover prácticas de ética empresarial son sumamente pertinentes. No obstante, aseguró que el Gobierno Nacional primero debe marcar el camino a la ética empresarial con el ejemplo. “Si el Estado no tiene funcionarios que estén realmente comprometidos con el crecimiento del país, difícilmente la corrupción se reducirá en el panorama del sector privado”, indicó.

CARLOS FERNANDO GUERREROCONSULTOR Y LITIGANTE EN GUERRERO C&L

“Los programas de ética deben implementarse, porque se trata de un valor agregado para las empresas. Muchas compañías solo contratan con quienes tengan Ptee”.

DANIEL RODRÍGUEZSOCIO DE CMS RODRÍGUEZ-AZUERO

“Las empresas que no están obligadas a implementar los programas de transparencia pueden hacerlo y encontrar ventajas anticorrupción”.

Por esta razón, y si usted está dentro del rango de empresas que la Superintendencia de Sociedades designó para la implementación de los Ptee, debe tener presente que tiene un mes para diseñar el programa. Si su organización en 2020 realizó negocios o transacciones internacionales directamente o a través de un intermediario, deberá aplicar los Ptee.

¿Qué empresas deben activar programas de transparencia y ética antes de mayo? (asuntoslegales.com.co)

Sociedades BIC: nuevos beneficios a los que puede acceder este modelo societario

Cualquier empresa puede adoptar la figura BIC sin discriminar su sector, región, tamaño, si es nueva o lleva años en el mercado.

Estas sociedades contarán con tarifas preferenciales en servicios de propiedad industrial y beneficios tributarios.

Habrá condiciones preferenciales en líneas de crédito.

El Gobierno nacional puso a disposición de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo –BIC– una serie de beneficios para estimular la conformación de este tipo de empresas, las cuales, desde su punto de vista, le han apostado a ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –MinCIT– ha explicado que se trata de:

Tarifas preferenciales en servicios de propiedad industrial.

Beneficios tributarios por distribución de acciones entre empleados.

Condiciones preferenciales en líneas de crédito.

Acceso preferente a convocatorias.

Diferenciación en la plataforma Compra lo Nuestro, entre otras.

Tarifas más bajas y repartición de utilidades entre trabajadores

La Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– estableció tarifas preferenciales en trámites y servicios de propiedad industrial para que las sociedades BIC realicen registros de marcas y signos distintivos a costos más bajos.

“empresas podrán repartir hasta el 10 % de sus utilidades entre sus trabajadores y esas ganancias serán consideradas como ingreso no constitutivo de renta”

Frente a lo relacionado con los beneficios tributarios, las empresas podrán repartir hasta el 10 % de sus utilidades entre sus trabajadores y esas ganancias serán consideradas como ingreso no constitutivo de renta.

Con esta medida se busca generar mayor pertinencia y compromiso del trabajador hacia la empresa, mejorando la productividad.

Línea especial de crédito

En lo relacionado con las líneas de crédito, a través del MinCIT y Bancóldex se ha puesto a disposición de los empresarios la línea especial de crédito Mipymes Competitivas, con un cupo aproximado de 300.000 millones de pesos.

Esta línea contempla una tasa preferencial de interés al intermediario para sociedades BIC y permite financiar programas de modernización; adecuaciones y certificaciones para garantizar la bioseguridad; y el desarrollo sostenible, eficiencia energética y energía renovable.

Destacarse como sociedades comprometidas con la sostenibilidad

Otro de los beneficios para las empresas es la diferenciación en la plataforma Compra lo Nuestro, donde podrán destacarse como compañías comprometidas con la sostenibilidad y en la cual podrán conectar con clientes y proveedores.

Además, tendrán acceso a oportunidades de financiación y podrán acceder a herramientas de desarrollo empresarial.

Apoyo del Icontec y Sena

El Icontec también ha puesto a disposición de las sociedades BIC productos y servicios con tarifas preferenciales con los cuales podrán seguir fortaleciendo su gestión corporativa, así como ir integrando y mejorando sus prácticas en: responsabilidad social, sostenibilidad, gestión de la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y continuidad de negocios, entre otros.

Con el apoyo del Sena se podrá dar acceso preferente a estas compañías, como es el caso de la convocatoria de MiPymes se transforma, en donde tendrán puntaje adicional para poder hacer parte de las beneficiarias.

¿Qué debo hacer si me interesa ser sociedad BIC?

Para ser una sociedad BIC la empresa debe realizar una reforma de sus estatutos ante la cámara de comercio.

Se debe incorporar la condición BIC en su razón social, declarando las actividades sostenibles que realizará en cada una de las 5 dimensiones contempladas en el marco de la figura.

Las 5 dimensiones son: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, medio ambiente y comunidad.

El anterior proceso se puede realizar en cualquier época del año.

Esta figura puede ser adoptada por cualquier tipo de empresa sin discriminar su sector, región, tamaño, si es nueva o lleva años en el mercado.

Nuevos beneficios para sociedades BIC (actualicese.com)

En abril los bancos podrán cobrar máximo 25,97% de intereses en créditos en mora

Lo que representa que bajó 15 puntos básicos comparada con la tasa que estuvo vigente en marzo.

Colprensa

La Superintendencia Financiera informó que la tasa de usura que regirá para abril será de 25,97%, si se compara con la tasa que estuvo vigente en marzo bajó 15 puntos básicos

Por su parte, para la modalidad de microcrédito es de 57.63% efectivo anual, lo que representa un aumento de 105 puntos básicos (1.05%) con respecto al periodo anterior.

La Superintendencia resaltó que, en ejercicio de sus atribuciones legales, expidió el 31 de marzo de 2021 la Resolución No. 0305, por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para los siguientes periodos y modalidades de crédito:

• Consumo y Ordinario: entre el primero y el 30 de abril de 2021.

• Microcrédito: entre el primero de abril y el 30 de junio de 2021. Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 17.31%, lo cual representa una disminución de diez puntos básicos (-0.10%) en relación con la anterior certificación (17.41%).

Adicionalmente, se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de microcrédito en 38.42%, lo cual representa un aumento de 70 puntos básicos (0.70%) en relación con la anterior certificación (37.72%).

Cabe recordar que el ente de control dio a conocer este jueves que, en enero de 2021, los bancos en el país registraron utilidades por $570.952 millones, lo que representó una disminución del 41,7% si se compara con el mismo mes del año anterior.

Asimismo, las cifras más recientes del ente de control revelan que el Banco de Bogotá lideró las ganancias con $204.352, seguido por Bancolombia con $70.363.

El tercer lugar lo ocupa Bbva Colombia con $61.022. Y el cuarto y quinto lugar fueron para Banco Agrario y Davivienda con $47.046 y $30.631, respectivamente.

Bancos solamente podrán cobrar 25,97% de intereses en abril | RCN Radio

Renta para personas naturales: que paguen más los que puedan y menos los que no

Anif propone que personas naturales con ingresos mensuales de alrededor de 2,2 millones de pesos paguen renta con unas tarifas efectivas bajas, cercanas a 0,5 % del ingreso bruto mensual.

A partir de aquí se propone una estructura progresiva con tarifas marginales bajas que oscilan entre el 5 % y el 15 %.

En su comentario económico del día, titulado El detalle de la propuesta de ANIF en materia de renta a personas: mayor recaudo, equidad y eficiencia, el centro de estudios económicos Anif profundiza en su propuesta de reforma de los impuestos directos que pagan las personas naturales.

Ese será uno de los puntos clave sobre los cuales deberá desarrollarse la reforma fiscal y uno de los ejes que permitirá aumentar el recaudo tributario de manera progresiva.

“Implementar una nueva estructura de tarifas marginales: un sistema con gradientes con menos saltos y mucho más progresivo”

Anif presenta dos pilares relacionados con el impuesto de renta:

Implementar una nueva estructura de tarifas marginales: un sistema con gradientes con menos saltos y mucho más progresivo.

Ampliar la base de personas naturales que declaran y pagan renta de manera consistente con su nivel de ingresos a partir de un cambio significativo en el umbral sobre el cual las personas empiezan a declarar.

Que paguen más quienes tienen capacidad de hacerlo y menos los que no

«Nuestra propuesta sobre el pago de impuesto de renta parte de la necesidad de ampliar la base de personas naturales que declaran y contribuyen a través de un esquema progresivo que, dicho en palabras sencillas, haga pagar más a quienes tienen la capacidad de hacerlo y menos a quienes no», describe Anif.

Primero, se mantendría un tramo exento hasta ingresos cercanos a $2,1 millones mensuales (equivalente a $1,5 millones de renta líquida gravable mensual), es decir, una tarifa de 0%.

A partir de ahí se propone una estructura progresiva con tarifas marginales bajas que oscilen entre el 5 % y el 15 %.

A partir de cifras cercanas a los $6,5 millones de ingresos brutos mensuales, es decir, $4,5 millones de renta líquida al mes, las tarifas marginales estarían entre el 20 % y el 25 %.

Luego, hasta los $13 millones brutos al mes, la tarifa sería del 30 %.

Finalmente, para los ingresos mayores se propone una tarifa escalonada que empieza en el 35 % y aumenta gradual al 40 % para los ingresos superiores a $129,7 millones (equivalente a $90,7 millones de renta líquida).

Con este esquema propuesto por Anif se empezaría a contribuir realmente por un ingreso bruto mensual cercano a los $2,2 millones a tarifas efectivas muy bajas, cercanas a 0,5 % del ingreso bruto mensual.

«Nuestra propuesta busca una completa progresividad en el pago de renta que se refleje en una mejor distribución del ingreso en Colombia, asegurando que las personas de más altos ingresos sean las que más aporten. Como debe ser», enfatiza Anif.

El 10% de los individuos de ingresos más altos contribuirían con el 47 % del recaudo total propuesto. Además, con el esquema planteado se daría un gran primer paso hacia la construcción de una nueva política social basada en transferencias generales.

Lo que se espera recaudar con la propuesta anterior

Con la ampliación de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta, «pasaríamos de 1,6 millones de individuos que contribuyen hoy en día (4,7 % de la población mayor de 18 años) a aproximadamente 5,3 millones (15,8 % de los mayores de edad). Los nuevos contribuyentes estarían concentrados en el 15 % de la población de más altos ingresos».

Se visibilizaría a muchos individuos que hoy no son pobres, por lo tanto, no están en las bases de datos de programas sociales, pero sí son vulnerables, y en ese sentido sujetos de ayudas y subsidios por parte del Estado.

La propuesta para el pago de impuesto de renta de personas naturales llevaría a un aumento del recaudo en 0,8 % del PIB con respecto a un escenario sin reforma.

Propuesta para que más personas naturales paguen renta (actualicese.com)

En Colombia se han hecho más de 50 reformas tributarias desde 1897

LR hizo un recuento de la historia de los cambios del sistema tributario colombiano. En los últimos 20 años se han hecho 12 reformas

La historia del sistema tributario colombiano se remonta desde hace más de un siglo. A lo largo de más de 50 reformas, los gobernantes y ministros de Hacienda del país han construido un sistema con el que se busca lograr una estabilidad de recaudo en el corto, mediano y largo plazo pero que hoy, según la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, debe reformarse de manera estructural.

Las modificaciones más importantes a la estructura fiscal heredada de la colonia iniciaron con el Congreso de Cúcuta, que se celebró en 1821. Con él, se suprimió la alcabala, así como el impuesto de sisa, el tributo indígena y el monopolio de aguardiente y de naipes.

Además, mediante la Ley 30 se estableció el impuesto de renta por primera vez en la historia colombiana, aunque solo se empezó a aplicar a través de la Ley 56 de 1918, durante la administración de Marco Fidel Suárez. Nueve años después, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, se introdujeron cambios sustanciales en este impuesto, como el establecimiento de tarifas progresivas.

Durante los años 30 se fortalecieron los impuestos indirectos, mediante las leyes 81 de 1931, 78 de 1935 y 63 de 1936. Además, se introdujeron las deducciones por depreciación, se estableció un sistema de retención de la fuente, se creó el impuesto de exceso de utilidades y el de patrimonio, entre otros.

Tras la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se creó una sobretasa al impuesto de renta y se aumentaron las tarifas. Mientras que en los años 50, en el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla, se gravaron los dividendos distribuidos por sociedades anónimas.

Otro de los cambios importantes de la época sucedió en 1963, cuando se introdujo por primera vez el impuesto sobre las ventas (IVA), con tarifas que oscilaban entre 3% y 10%. Durante los años siguientes, la mayoría de las reformas se enfocaron en aumentar el recaudo, como con la creación del impuesto a la gasolina y el Acpm.

A partir de 1990 el ritmo con el que se empezaron a hacer las reformas tributarias en el país empezó a acelerarse. De hecho, solo desde el año 2000, en cuatro periodos presidenciales, se han hecho 12 reformas, es decir, un promedio de una modificación cada año y medio. Según expertos, este fenómeno empezó desde la constitución de 1991.

LOS CONTRASTES

Mauricio OliveraDirector de Econometría Consultores

“La reforma constitucional fragmentó al sistema político, entonces ahora es mucho más difícil hacer una reforma y, sobre todo, hacer una reforma estructural”.

Carlos SepúlvedaDecano de economía de la Universidad del Rosario

“El diseño de la estructura tributaria tiene unas deficiencias grandes. Como esas reformas se tramitan en el Congreso es difícil proponer un nuevo acuerdo social”.

“La reforma constitucional, que tuvo una muy buena intención por permitir la participación política, fragmentó al sistema político, entonces ahora es mucho más difícil hacer una reforma y, sobre todo, hacer una reforma estructural, es decir, una reforma donde se pueda recaudar mejor”, anotó Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores.

Además, como lo explicó Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, en las últimas dos décadas se han buscado fuentes de financiación de corto plazo. “Surge de unos acuerdos para encontrar fuentes de financiación que suplan un déficit de corto plazo y nunca se ha hecho una discusión sobre cómo podemos tener una senda de crecimiento financiable o sostenible. Eso hace que cada gobierno entre y busque que los años siguientes tengan algún respiro desde el punto de vista presupuestal, pero de nuevo por las implicaciones y el costo político no termina tramitándose algo mucho más profundo”, dijo Sepúlveda.

En los últimos 20 años se han establecido impuestos como el gravamen a los movimientos financieros (4x1.000), el de patrimonio, se aumentó la tarifa del IVA a 19%, entre otros. Y, a pesar de ello, el recaudo en Colombia como porcentaje del PIB solo alcanza 19,3%, un nivel que es inferior al recaudo promedio de los países que componen la Ocde (33,8%).

En medio de la crisis generada por la pandemia del covid-19, el Gobierno está ad portas de presentar la próxima reforma tributaria ante el Congreso, la que será la tercera en el periodo presidencial de Iván Duque. Así, el país está a a la espera de conocer cuáles serán los puntos definitivos de la que sería la reforma número trece de los últimos 20 años.

Los puntos que incluiría la próxima reforma tributaria de Iván Duque

Según conoció LR, algunos de los puntos que incluiría la próxima reforma tributaria que presentará el Ministerio de Hacienda ante el Congreso después de Semana Santa son eliminar la categoría de bienes exentos de IVA, mientras se aumenta la cobertura de la devolución del impuesto; aumentar la base gravable del impuesto de renta para personas naturales; volver permanente el impuesto al patrimonio; aumentar la tarifa del impuesto sobre los dividendos de 10% a 15%, crear impuestos verdes, entre otros.

En Colombia se han hecho más de 50 reformas tributarias desde 1897 (larepublica.co) 

Indemnización por despido sin justa causa en un contrato de obra o labor

El contrato de obra o labor es aquel en el cual, su terminación se condiciona al término de la duración de la obra o labor contratada.

Conoce las causales por las que puede darse por terminado este tipo de contrato y cómo debe calcularse una indemnización en caso de su terminación sin justa causa.

¿Cómo se debe terminar un contrato por duración de la obra o labor, y en caso de terminarse mal, cómo se liquida la indemnización?

El contrato de obra o labor es aquel que le permite al empleador condicionar la duración del contrato hasta que finalice una labor u objeto específico; es decir, el tiempo de la duración del contrato no lo determinan los partes (empleador y trabajador), sino la necesidad del trabajo para producir la labor.

Este tipo de contrato es utilizado en situaciones concretas en donde se necesita al trabajador solo para la realización de una labor específica, sin conocer cuál es el término de su duración, pero teniendo la certeza de que una vez finalice el contrato no continuará debido a que la actividad para la que se necesita a ese trabajador se extinguió.

En el siguiente video, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explica cómo se finaliza el contrato de obra o labor y la liquidación de su indemnización:

Término de contrato por duración de obra o labor y liquidación de indemnización

Terminación del contrato por obra o labor

El contrato de obra o labor puede ser finalizado por cualquiera de las formas de terminación de contratos de trabajo, es decir, por las causales previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, por aquellas dispuestas en el reglamento interno de trabajo, por expiración del tiempo pactado y por voluntad unilateral del empleador o trabajador con o sin justa causa.

En igual sentido, y en lo referente a nuestro caso concreto, el literal d) del artículo 61 del CST establece como causal de finalización del contrato la terminación de la obra o labor contratada. Al respecto, debe tenerse en cuenta que debido a que este contrato se termina con la finalización de la obra o labor, no requiere la entrega del preaviso.

Indemnización por término del contrato sin justa causa

En caso de que este tipo de contrato termine de manera injustificada y no se haya finalizado la obra o labor, el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización en los términos dispuestos en el artículo 64 del CST para los contratos a término fijo.

Lo anterior, supone que el cálculo de la indemnización debe realizarse por el tiempo que habría faltado para la terminación de la obra o labor, para lo cual se acude a expertos que puedan determinar dicho período; esto debido a que, como se indicó líneas atrás, en este tipo de contrato se desconoce la fecha de cierta de terminación.

Indemnización en un contrato de obra o labor (actualicese.com)

Durante los meses de la pandemia se han cerrado más de 427.800 micronegocios

La encuesta de micronegocios evidenció que el comercio fue el sector que más pequeños negocios cerró y aportó 2,9 puntos a la caída total

La pandemia del covid-19 dejó rezagos a nivel social y económico y 2020 demostró ser uno de los peores años para los empresarios. En Colombia, en particular el daño económico se reflejó en una caída de 6,8% en el PIB, un desempleo por encima de 15% y un déficit que asciende a $90 billones, cifras que, ni en la peor de las crisis, se habían evidenciado.

Este panorama no solo se dio a nivel macro, pues parte importante que compone a la economía, es decir, los micronegocios, que representan más de 60% del tejido empresarial, tuvieron una reducción entre 2020 y 2019, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En concreto, al cerrar 2020 el indicador de micronegocios presentó una contracción de 7,3%, lo que quiere decir que, se pasó de tener 5,8 millones en 2019 a ser 5,4 millones en 2020. Una cifra que demuestra que, en total, fueron 427.848 micronegocios los que fueron cerrados por el rezago que dejó la pandemia sobre el sector empresarial del país.

Y aunque la cifra es menor que lo registrado en el periodo de enero a octubre de 2020, pues el total de micronegocios cerrados fue 509.370, lo cierto es que esto demostró que en los últimos meses del año la perspectiva económica cambió y la confianza en el sector privado aumentó, al pasar de 77,8% de negocios abiertos en el tercer trimestre a 91,2% en el cuarto trimestre. Además, hubo 19,7% y 7,2% de negocios cerrados, para el tercer y cuarto trimestre del año, respectivamente.

Estas cifras también se contrastan con las entregadas recientemente por Confecámaras, en las que se evidenció que en el tercer trimestre del año (octubre-diciembre) hubo una variación positiva de 23% en la creación de empresas en el país. Se pasó de 53.197 en 2019 a 65.363 en 202o. No obstante, aunque esta cifra no representa el total de micronegocios, es relevante porque agrupa todos los tamaños de empresas que se registran en el país.

Por sectores, el comercio y reparación de vehículos automotores fue el que más reducción en el indicador de micronegocios obtuvo, al aportar 2,9 puntos porcentuales a la caída con una reducción de 169.337 micronegocios entre 2020 y 2019.

“No solo el comercio ha estado muy afectado a nivel económico sino también por el tránsito a la informalidad en razón al aumento del desempleo”, argumentó Carlos Garzón, docente de economía de la Universidad de la Sabana.

LOS CONTRASTES

Carlos SepúlvedaDecano de economía de la U. Rosario

“Este es un indicador más de la magnitud del choque económico de 2020. Este es consistente con lo que hemos observado en el desempeño general de la economía y del empleo”.

Carlos GarzónDocente de Economía de la U. Sabana

“Los emprendimientos rurales se vieron afectados y no han logrado retornar, lo que ha afectado a las cadenas de suministro provenientes del sector primario”.

Por otra parte, el Dane también mostró cifras de la afectación a nivel de ingresos, consumo intermedio y valor agregado. En el que, se evidenció que el sector de la construcción fue el que tuvo una reducción más abrupta en ventas, seguido de la industria manufacturera y el sector de las comunicaciones.

A nivel regional, la encuesta de micronegocios estimó la existencia de 2,4 millones de micronegocios en las 24 ciudades principales del país y sus áreas metropolitanas. De estos, 77,8% se localizaron en siete ciudades: 27,5% en Bogotá; 14,5% Medellín A.M.; 11,4% Barranquilla A.M y 10,4% en Cali y su área metropolitana.

Durante los meses de la pandemia se han cerrado más de 427.800 micronegocios (larepublica.co)