sábado, 20 de julio de 2019

Certificación del mandatario en contratos de mandato

Compartimos un modelo de certificación de las operaciones realizadas a través de un contrato de mandato, con el fin de que el mandatario pueda soportarle al mandante los ingresos, costos, deducciones, impuestos descontables o devoluciones a los que hubo lugar en el curso de dichas operaciones. 

Los mandatarios en contratos de mandato deben expedir certificaciones periódicas con el fin de soportar los ingresos, costos, deducciones, impuestos descontables o devoluciones que deben ser reconocidos por los mandantes en sus estados financieros y sus declaraciones de renta. 

Aunque la periodicidad de estas certificaciones no está establecida en ninguna norma, se recomienda que sean emitidas mensualmente, pues el mandante debe declarar y pagar las retenciones y autorretenciones a las que haya lugar. 

Tenga en cuenta que todas las operaciones que el mandatario realiza en nombre del mandante deben ser transferidas íntegramente mediante una certificación.


https://actualicese.com/modelos-y-formatos/certificacion-del-mandatario-en-contratos-de-mandato/?referer=email&campana=20190626&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190626_contable&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

viernes, 19 de julio de 2019

Los canales alternativos que facilitarán el pago de las obligaciones de la Dian


Además de implementar la factura electrónica o el régimen simple de tributación, la Dian buscará fomentar nuevos canales de pago y dar más soluciones a los contribuyentes. 

La reforma de la Dian es junto con el recorte de subsidios y las ventas de algunos activos estatales la forma que tiene el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de evitar una nueva reforma tributaria en los próximos años y que ya ha plasmado a través del nuevo marco fiscal de mediano plazo que presentó la semana pasada. 

En concreto, con la reestructuración de la entidad técnica más importante del país la cartera económica pretende reducir la evasión tributaria, un flagelo que se ha llegado a estimar por más de $40 billones. 

A pesar de que ya se conocía que la entidad que administra las obligaciones tributarias llevará a cabo una transformación tecnológica y de talento humano, al mismo tiempo que buscará ser más cercana con los contribuyentes y ganar en legitimidad, en la hoja de ruta del Gobierno se plasman varias de las estrategias que se realizarán para conseguir una mayor eficiencia en la entidad. 


Entre ellas, aparte de las ya presentadas de manera oficial por el director de la entidad, José Andrés Romero, como la implementación de la factura electrónica, con la que se espera tener ingresos tributarios adicionales de 1,3% del PIB desde 2023; o el Régimen Simple de Tributación, con el que se esperan vincular a alrededor de 500.000 empresas en los próximos tres años, existen otras estrategias en las que están trabajando. 

LOS CONTRASTES

Andrés Felipe RojasVicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria

“Esto representa una alternativa importante en la medida en que el contribuyente podrá realizar su pago en lugares más cercanos a sus hogares de trabajo”. 

En concreto, en el documento se habla de la implementación de canales alternativos que le facilitarían un poco más la vida a los contribuyentes a la hora de realizar el pago de sus obligaciones fiscales. Por ejemplo, se indica que se viene trabajando para que en julio de 2020 estén listas herramientas que permitan cumplir las obligaciones tributarias a través de corresponsales bancarios, para que se pueda realizar la implementación del recaudo a través de tarjeta de crédito en diciembre de 2019 o para que los contribuyentes puedan financiar su pago a través de Fintech. 

“A partir de este año será posible pagar impuestos nacionales con tarjeta de crédito. Con respecto al pago de estos mediante corresponsales bancarios, al interior de la Asociación continuamos trabajando con el objetivo de alcanzar los requerimientos tanto técnicos como operativos que garanticen de manera eficiente el recaudo a través de este canal”, indicó Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asobancaria. 

Igualmente, se establecen estrategias como la de que se disminuya el tiempo de devolución de impuestos de 50 días o que se proporcione a los contribuyentes un borrador de su declaración tributaria para poder disminuir costos tributarios y facilitar el pago. 

Lo que se ha avanzado en la transformación del talento de la entidad 
Con el objetivo de fortalecer institucionalmente a la Dian, para que cuente con los medios idóneos para la recaudación, la fiscalización y el cobro de las obligaciones, se ha venido trabajando en un decreto de carrera administrativa para que la vinculación y la movilidad de los funcionarios sea a través de concurso para que exista un mejor talento o para fortalecer la Escuela de Estudios de la Dian, entre otros. “Se trata de un decreto muy tímido frente a las expectativas generadas”, indicó Pedro Giovanni Caro, del sindicato Sinedian.


https://www.larepublica.co/economia/los-canales-alternativos-que-facilitaran-el-pago-de-las-obligaciones-de-la-dian-2875441

Tratamiento contable y fiscal de cuentas en participación



En el contrato de cuentas de participación dos o más partes toman interés en una o varias operaciones mercantiles. En los artículos 507 al 514 del Código de Comercio y en el Concepto unificado de la Dian 008537 de abril de 2018 se encuentra el tratamiento legal y fiscal de este tipo de contratos. 

El contrato de cuentas en participación es un contrato de colaboración empresarial expresamente regulado por los artículos 507 a 514 del Código de Comercio. Mediante este contrato, dos o más partes desarrollan una actividad mercantil en la cual toman interés. Las actividades se llevan a cabo por el socio gestor, quien es el responsable ante terceros por todas las actividades que se llevan a cabo en virtud del contrato, mientras que los socios ocultos solo participan en los ingresos, gastos, activos y pasivos, de acuerdo con lo establecido contractualmente. 
“El socio gestor desarrolla las operaciones bajo su cuenta y riesgo, y es el único responsable ante terceros sobre las operaciones ejecutadas. Los impuestos y retenciones generadas en virtud del contrato siempre estarán en cabeza del socio gestor”

Algunas características y recomendaciones para el contrato de colaboración empresarial son las siguientes: 
Los partícipes toman interés en una o varias operaciones. Este asunto debe quedar expresado en el contrato, en el sentido de señalar la participación de cada uno de los socios en los ingresos, gastos, activos y pasivos. 
El socio gestor desarrolla las operaciones bajo su cuenta y riesgo, y es el único responsable ante terceros sobre las operaciones ejecutadas. Los impuestos y retenciones generadas en virtud del contrato siempre estarán en cabeza del socio gestor. 
El contrato de cuentas en participación no constituye una persona jurídica separada de sus partícipes. 
La responsabilidad de los socios ocultos se limitará a sus aportes, mientras no revelen su identidad. Si los socios ocultos revelan su identidad, serán solidariamente responsables. 
El partícipe oculto tiene derecho a revisar las operaciones del contrato, y el gestor debe rendirle cuentas. 
En lo no previsto en la legislación mercantil para las cuentas en participación se aplicarán las disposiciones relativas a las sociedades en comandita simple. 
La repartición de utilidades al socio oculto no genera retención en la fuente 1. 
Las operaciones son reportadas en información exógena por el partícipe gestor, y no deben ser reportadas por los socios ocultos (por el año gravable 2018 aplica lo dispuesto en el páragrafo 1 del artículo 26 de la Resolución 000060 de 2017 modificado por el artículo 9 de la Resolución 000045 de 2018). 
Situación fiscal para los contratos de cuentas en participación 

La Ley 1819 del 2016 estableció un tratamiento que antes no estaba expresamente regulado, en relación con los contratos de cuentas en participación. 

Esta ley ordena que los partícipes en un contrato de cuentas en participación reconozcan, de manera independiente, su participación en los ingresos, costos, activos y pasivos del contrato, pero no así los impuestos y retenciones, los cuales quedan en cabeza del socio gestor. Esta es la principal diferencia entre este tipo de contratos y los consorcios y uniones temporales. 

Mediante la certificación expedida por el socio gestor, la cual sirve como documento soporte, los socios ocultos deben reconocer en sus propios estados financieros y declaraciones de impuestos los ingresos y gastos que les correspondan en virtud de lo establecido en el contrato de cuenta en participación. 

La Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 18 del Estatuto Tributario que regula los contratos de colaboración empresarial, así como el parágrafo 1, según el cual: 

“En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes, consorciados, asociados o unidos temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor fiscal respectivo. En el caso de contrato de cuentas en participación, la certificación expedida por el socio gestor al partícipe oculto hace las veces del registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de cuentas en participación”. 

La norma no establece la periodicidad con la cual se debe emitir esta certificación, pero dado que los partícipes deben reconocer los ingresos, costos y gastos en sus propios estados financieros, e incluso deben declarar, presentar y pagar las debidas autorretenciones a que haya lugar, se recomienda que esta certificación se emita con una periodicidad mensual por parte del socio gestor. 

De acuerdo con lo anterior, el socio oculto no debe reconocer el valor neto de sus utilidades, sino que debe registrar el valor de los ingresos, costos y gastos que le corresponden según el acuerdo de participación. 

También hay que tener en cuenta que el impuesto a las ventas e impuesto al consumo que se genera en las actividades desarrolladas en virtud del acuerdo deben ser declaradas y pagadas por el socio gestor. 

Las retenciones en la fuente practicadas por el socio gestor también deben ser declaradas y pagadas por él, así como las retenciones practicadas por terceros hacia el socio gestor. Debido a esto, los impuestos y retenciones no deben ser incluidos en la certificación emitida por el socio gestor, pues no se pueden trasladar a los socios ocultos.


https://actualicese.com/actualidad/2019/06/26/tratamiento-contable-y-fiscal-de-cuentas-en-participacion/?referer=email&campana=20190626&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190626_contable&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

jueves, 18 de julio de 2019

De 'exótica y poco ortodoxa' califican nueva fórmula para regla fiscal

Así describieron varios expertos la inclusión, en el balance fiscal del país, las utilidades del Banrepública.


Sergio Clavijo, presidente de Anif; Luis Alberto Rodríguez, viceministro de Hacienda; Luis Fernando Mejía Alzate, director de Fedesarrollo; Juan Carlos Echeverry Garzón, exministro de Hacienda.

Dos cambios hechos por el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), para medir los ingresos, podrían generarle ‘dolores de cabeza’ al Ejecutivo en el corto plazo.

El asunto tiene tanto de largo como de ancho, e incluye las utilidades del Banco de la República y los ingresos por privatizaciones, las cuales históricamente han sido calificados como fuentes de financiamiento para el Gobierno.

Sin embargo, en el MFMP del 2019, el Ministerio de Hacienda hizo un ajuste metodológico y en lugar de calificarlas como tal, las puso dentro del grupo de los ingresos, junto con rubros históricos como el recaudo tributario, los reintegros o los diferentes fondos especiales que se han creado en el país.

Dicho ajuste –que fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis)– le da un respiro al Gobierno, ya que entre las utilidades del Emisor y la venta de activos, los ‘nuevos ingresos’ le sumarían 0,8% del PIB este año, es decir, $8 billones.

Según el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, este tema ya ha sido conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “desde el año pasado y estos ejercicios están ceñidos completamente a los manuales del FMI, puntualmente en lo relativo a las utilidades del Banco Central, y cómo se contabilizan. Pero allí también metimos temas nuevos de la deuda”.

Y si bien el funcionario aseguró que sí tienen “claro el panorama de cómo se hacen esos procedimientos” en cuanto a los ingresos del Emisor, confesó que no lo tienen tan detallado con el rubro de enajenaciones. No obstante, añadió, “que no lo hayamos hecho antes, no quiere decir que se deba aplaudir y hacer todo lo que hemos hecho siempre”.

Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, “las utilidades del Banrepública deben ir ‘por encima de la línea’, pero eso nunca se ha hecho así en Colombia, entonces en ese sentido es un poco exótico, pero no es que sea imposible ni indebido. El tema de privatizaciones también entran allí y en principio debería ser calificado como financiación, porque es vender un activo y eso lo hace una fuente, más no un ingreso. En temas contables es diferente, y por eso va por ‘debajo de la línea’ una vez se genera déficit, pero si está por encima, lo pone como ingreso, como los tributarios; no es lo más ortodoxo pero se ha validado antes”.

En su opinión, este ajuste “reduce el déficit, entonces le ayuda al Gobierno a cumplir la meta”.

‘MUY EXÓTICO’

En esto coincidió Sergio Clavijo, presidente de Anif, quien le dijo a Portafolio que “lo sustantivo al hacer las cuentas del MFMP es saber que la regla fiscal se refiere exclusivamente al Gobierno Central y antes de cualquier inclusión de utilidades o privatizaciones, hay que mirar cuál es su balance. El gran desafío en esta materia no es 2019, sino 2020 y ahí tenemos todos reservas”. 

Además, dijo que todo “parece indicar que lo que ocurre es que se quiere incluir estos temas para lograr el sobrecumplimiento este año de la meta de déficit y ayudar para los próximos. No obstante, las calificadoras y agentes del mercado estamos mirando esta metodología y el sentido común de hacer el cambio, ya que la regla está enfocada en el Gobierno Central, pero ahora se les suman otras esferas y recursos de privatizaciones, que no son recurrentes y el Gobierno es consciente de esto”. 

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, fue más allá y aseguró que estos cambios tendrán que ser revisados por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal y las calificadoras, ya que representarían un cambio de esquema a mitad de camino.

Además, el centro de estudios calculó que esto le daría un 0,8% del PIB ‘nuevo’ en los ingresos este año: 0,2% por parte de las utlilidades del Banrepública y en otro 0,6% por cuenta de la venta de activos. 

“Esto nos deja varias preguntas, primero, si lo va a acoger el comité de la regla fiscal y si este cambio está planteando dentro de sus consideraciones del comité de la regla fiscal. Esto, porque si bien pueden ser razonables, al final de cuentas es una modificación en la forma cómo se medía el déficit fiscal”. 

Además, anotó, “también queda la duda sobre qué van a pensar las calificadoras de riesgo. Nuestra crítica no es que el ajuste no tenga justificación económica, pero es un cambio que debe analizarse, porque en la medida en que no se logre hacer o incorporar, todavía permanecen algunas incertidumbres del cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años”.

NO VAN CON LA PRIMA
Tanto Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo como Sergio Clavijo, de Anif rechazaron el proyecto de ley que cursa en el Congreso, con el cual se crearía una prima extra para personas con ingresos de hasta $2,5 millones, y la declararon como inconveniente por sus efectos en la inflación, el desempleo y la informalidad. Según cálculos del Minhacienda, esta prima beneficiaría a 1,8 millones de personas, y su costo para el Estado sería de unos $200 mil millones, en tanto que a las empresas les valdría $1,8 billones.


https://www.portafolio.co/economia/polemica-por-nueva-formula-para-cumplir-la-regla-fiscal-530812

Declaración informativa de precios de transferencia: puntos clave para su presentación


A través de la Resolución 000034 de mayo 22 de 2019 la Dian estableció el procedimiento para la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia, al igual que para la notificación del informe “País por país” correspondiente al año gravable 2018 o fracción del año gravable 2019. 

Luego de haber publicado un proyecto de decreto el 22 de abril de 2019, la Dian expidió finalmente el 22 de mayo del mismo año la Resolución 000034, a través de la cual se estableció el procedimiento para la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia –formulario 120–, al igual que para la notificación del informe “País por país” correspondiente al año gravable 2018 o la fracción del año gravable 2019. Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones consagradas en los artículos 1.2.2.2.3.3 al 1.2.2.2.3.4 del Decreto 1625 de 2016

Recordemos que deberán presentar dicha declaración aquellas personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, sometidas al régimen de precios de transferencia, que hayan celebrado operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición, o regímenes tributarios preferenciales. 
“Debe tenerse en cuenta que la declaración informativa deberá ser presentada entre el 9 y el 22 de julio de 2019 atendiendo al último dígito del NIT registrado en el RUT”

Debe tenerse en cuenta que la declaración informativa deberá ser presentada entre el 9 y el 22 de julio de 2019 atendiendo al último dígito del NIT registrado en el RUT (ver nuestro editorial Declaración informativa de precios de transferencia: plazos para su presentación durante 2019). Así mismo, los plazos para la presentación del informe “País por país” se cumplirá entre el 10 y el 23 de diciembre del mismo año. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, presentamos lo puntos clave para tener en cuenta en la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia. 
Presentación del formulario 120 

De conformidad con las especificaciones del artículo 260-9 del Estatuto Tributario –ET–, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario obligados a presentar la declaración informativa de precios de transferencia –formulario 120– deberán cumplir con tal obligación, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
Presentar la información contenida en la hoja 2 del formulario en mención, previamente cargada en el prevalidador del formato 1125 v.13, en forma virtual, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dian. Para lo cual deberá ingresar a la opción “presentación de información por envío de archivos”, haciendo uso del instrumento de firma electrónica (ver nuestro editorial Pasos para generar en línea el instrumento de firma electrónica). Una vez sea presentada dicha información, deberá verificarse el resultado de este proceso ingresando a la opción “Presentación de información por envío de archivos / consulta de envío de solicitud”. 
Si el resultado del procedimiento anterior es exitoso, el declarante deberá diligenciar, firmar y presentar virtualmente la hoja principal de la declaración informativa, por medio de la opción “Diligenciar y presentar”, nuevamente haciendo uso de su firma electrónica. 
Los servicios informáticos electrónicos de la Dian le permitirán diligenciar e imprimir el recibo oficial de pago –formulario 490–, con el cual podrá efectuar la cancelación de las sanciones (cuando a esto haya lugar) ante las autoridades encargadas de llevar a cabo el recaudo. 
¿Qué información debe ser suministrada? 

Acorde con la Resolución 000004 de enero 15 de 2019, mediante la cual se prescribe el formulario 120 para el año gravable 2018 o fracción del año gravable 2019, la información por suministrar, correspondiente a la hoja 2 de tal formulario, que debe ser presentada en el formato 1125 v.13, será la siguiente: 
Tipo de documento. 
Número de identificación fiscal. 
Primer apellido. 
Segundo apellido. 
Primer nombre. 
Otros nombres. 
Razón social. 
Tipo de vinculación. 
Tipo de operación. 
Código de país. 
Ciudad. 
Naturaleza de la operación. 
Monto de la operación. 
Costos o deducciones solicitados en renta. 
Monto del principal. 
Saldo del principal. 
Método utilizado. 
Indicador de rentabilidad de la operación. 
Margen o precio sin ajustar (positivo). 
Margen o precio sin ajustar (negativo). 
Margen o precio ajustado (positivo). 
Margen o precio ajustado (negativo). 
Valor del comparable. 
Global o segmentado. 
Tipo de ajuste. 
Tipo de rango. 
Valor mínimo o límite inferior positivo. 
Mediana positiva. 
Valor máximo o límite superior positivo. 
Valor mínimo o límite inferior negativo. 
Mediana negativa. 
Valor máximo o límite superior negativo. 
Parte analizada. 
Monto ajustado en renta. 
Reestructuración. 
Acuerdos de costos compartidos. 
Notificación – informe “País por país” 

Respecto a las especificaciones del artículo 1.2.2.2.3.4 del Decreto 1625 de 2016, la entidad integrante o perteneciente a un grupo multinacional residente fiscal en Colombia deberá notificar a la Dian si corresponde a la entidad matriz, controlante o a la entidad sustitutiva. De no hacerlo, se deberá comunicar a la administración tributaria la identidad y residencia fiscal de la entidad informante. En tal sentido, las sociedades obligadas a presentar la declaración informativa de precios de transferencia deberán cumplir con la notificación del informe “País por país”, para lo cual deberán diligenciar las casillas 39 a 45 del formulario 120

“las sociedades que no se encuentran obligadas a presentar la declaración informativa de precios de transferencia deberán cumplir con la notificación del informe “País por país””

Por otra parte, es válido resaltar que las sociedades que no se encuentran obligadas a presentar la declaración informativa de precios de transferencia deberán cumplir con la notificación del informe “País por país”, utilizando el formato especial publicado en el portal web de la Dian, el cual, una vez diligenciado, deberá ser remitido vía correo electrónico (preciostranferencia@dian.gov.co), identificando el asunto como “Notificación – informe País por país”, entre el 9 y el 22 de julio de 2019 (ver nuestro Calendario tributario 2019).


https://actualicese.com/actualidad/2019/06/27/declaracion-informativa-de-precios-de-transferencia-puntos-clave-para-su-presentacion/?referer=email&campana=20190627&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190627_revisoria&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

miércoles, 17 de julio de 2019

Impuesto al consumo sobre bienes inmuebles: Dian emite concepto general sobre su tratamiento


A través del Concepto general 01456 de junio 12 de 2019, la Dian aclara varias inquietudes relacionadas con el tratamiento del nuevo impuesto nacional al consumo sobre bienes inmuebles, implementado por la Ley de financiamiento y reglamentado mediante el Decreto 961 de junio 5 del mismo año. 

Como ya lo hemos mencionado en un anterior editorial, por medio del Decreto 961 de junio 5 de 2019 el Ministerio de Hacienda reglamentó el nuevo impuesto nacional al consumo –INC– sobre bienes inmuebles creado a través del artículo 21 de la Ley de financiamiento 1943 de 2018, mediante el cual se agregó el artículo 512-22 al Estatuto Tributario –ET– con el fin de precisar las exclusiones y excepciones aplicables a tal impuesto, y a su vez establecer los procedimientos y requisitos para su aplicación. 

Sin embargo, en esta ocasión la Dian, a través del Concepto general 01456 de junio 12 de 2019, dio respuesta a un total de 21 preguntas relacionadas con el INC sobre bienes inmuebles, aclarando de esta forma varias inquietudes generales concernientes al tema en cuestión. A continuación, mencionaremos lo aspectos más relevantes señalados por la Dian en relación a este asunto. 
Enajenación a cualquier título de bienes inmuebles 

De acuerdo con la respuesta a la pregunta 2.1, la Dian indica que el término “enajenación a cualquier título de bienes inmuebles” debe entenderse, para efectos del hecho generador del impuesto en mención, como aquel acto que se realiza en todos los casos en que se pase o transmita a alguien, a cualquier título, el derecho de dominio sobre un bien inmueble que no se encuentre excluido o exento. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado en la Sentencia 20436 de mayo 25 de 2017. 

No obstante, es necesario resaltar que la ley establece algunas excepciones en que no se configura enajenación para efectos fiscales, como es el caso de las fusiones y escisiones adquiridas de que tratan los artículos 319-4 y 319-6 del ET, y demás consideradas en el Decreto 961 de 2019. Por otra parte, es válido destacar que el hecho generador del impuesto en mención también se configura con la cesión de derechos fiduciarios o unidades de participación de fondos que no cotizan en bolsa, siempre y cuando tengan como subyacentes bienes inmuebles (ver el artículo 1.3.3.10 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 1 del Decreto 961 de 2019). 
INC de bienes inmuebles sobre fiducias en garantía 
“la Dian considera que, tratándose de fiducias en garantía, no se causará el INC de bienes inmuebles, siempre que no se cumpla la condición determinada en el respectivo contrato”

En la respuesta a la pregunta 2.3, la Dian considera que, tratándose de fiducias en garantía, no se causará el INC de bienes inmuebles, siempre que no se cumpla la condición determinada en el respectivo contrato, es decir, siempre que no se efectúe la venta, remate o dación en pago de los bienes fideicomitidos. Debe tenerse en cuenta que esta figura no representa una transferencia total del derecho de dominio sobre un bien aportado en la fiducia en garantía, hasta que se incumpla la obligación garantizada y se proceda a ejecutar la garantía, de conformidad con las instrucciones contenidas en el contrato. 
Operaciones gravadas con el INC de bienes inmuebles realizadas entre el 1 de enero y el 5 de junio de 2019 

Según la respuesta a la pregunta 2.5, la Dian reconoce que el tratamiento aplicable a las operaciones de compraventa de bienes inmuebles, sujetas al impuesto en mención realizadas entre el 1 de enero y el 5 de junio de 2019, será el determinado en el artículo 1.3.3.29 del DUT 1625 de 2016 (adicionado por el artículo 1 del Decreto 961 de 2019), en el cual se establece que aquellos contribuyentes que hayan pagado el impuesto mediante el formulario 490, sin haber relacionado dicho recibo con una declaración tributaria, deberán conservar la constancia de pago para el caso en que la Dian la solicite. 

Quienes no hayan realizado el pago del impuesto mediante el formulario 490 deberán realizar el pago del valor correspondiente ante el respectivo notario (ante el notario o el administrador de la fiducia) a más tardar el 5 de julio de 2019 (es decir, dentro de los 30 días siguientes a la expedición del Decreto 961 de 2019), el cual deberá declararlo y pagarlo en la declaración de retención en la fuente (ver nuestro editorial titulado: Tratamiento para la compraventa de bienes inmuebles sujetos a INC). 
Remate de bienes en proceso de cobro coactivo o remates judiciales 
“los remates de bienes en proceso de cobro coactivo o remates judiciales constituyen casos en los cuales no hay agente retenedor, así que el impuesto deberá ser pagado por el adquiriente o comprador del bien”

La Dian indica en la respuesta a la pregunta 2.8 que los remates de bienes en proceso de cobro coactivo o remates judiciales constituyen casos en los cuales no hay agente retenedor, así que el impuesto deberá ser pagado por el adquiriente o comprador del bien a través de un recibo oficial –formulario 490–. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 1.3.3.18 y el inciso 4 del artículo 1.3.3.21 del DUT 1625 de 2016
Efectos de la promesa de compraventa sobre la causación del INC de bienes inmuebles 

De acuerdo con la respuesta a la pregunta 2.16 en relación con el efectos sobre el INC de bienes inmuebles que pueden tener una promesa de compraventa realizada antes de la entrada en vigor de la Ley de financiamiento 1943 de 2018, la Dian señala que en la medida en que el hecho generador del impuesto se causa en la enajenación, a cualquier título, del inmueble o la cesión de los derechos fiduciarios o participaciones en fondos que no cotizan en bolsa, no es posible reconocer que no se haya causado el impuesto a aquellas operaciones sobre las cuales se haya pactado la promesa de compraventa antes del 1 de enero de 2019, considerando entonces que la promesa de compraventa no configura para efectos jurídicos la respectiva venta o cesión del bien.


https://actualicese.com/actualidad/2019/06/27/impuesto-al-consumo-sobre-bienes-inmuebles-dian-emite-concepto-general-sobre-su-tratamiento/?referer=email&campana=20190627&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190627_revisoria&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Estrato y edad no limitan el acceso al crédito formal

Así lo señala un análisis de Datacrédito tomando el perfil de las personas que tradicionalmente son las que acuden a mecanismos como el ‘gota a gota’.


En los últimos años, el 80% de los nuevos créditos han sido otorgados a personas con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos

El nivel de ingreso, la edad, la ubicación geográfica e incluso los montos no son elementos que frenan el acceso de las personas al crédito formal en Colombia.

Esta es la conclusión de un análisis realizado por Datacrédito Experian, tomando la información que ellos concentran sobre las tenencias de crédito en personas que responden a los perfiles de quienes han manifestado recurrir a alternativas de financiamiento informal. Uno de los más utilizados es el conocido como ‘gota a gota’.

Entre estas se encuentran personas entre 36 y 45 años, pertenecientes al estrato 1, que están separadas o conviven en unión libre y sin productos financieros como la tarjeta de crédito. En cuanto a las características de los préstamos solicitados, son generalmente son de bajo monto (inferiores a un millón de pesos), de corto plazo (menos de seis meses), con abonos diarios, semanales o quincenales, y que se utilizan para el pago de deudas.

Con esta información, que se desprende de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, Datacrédito Experian revisó sus propias bases de datos para evaluar cómo ha sido el acceso al crédito (financiero, de sector real, de los operadores celulares y de las cooperativas) de los usuarios con ese perfil en los últimos nueve años.

Así, el análisis muestra que la edad no es excluyente, toda vez que la mitad de quienes acceden por primera vez al crédito en el país están dentro del rango de edad del que hacen parte los usuarios del ‘gota a gota’ (25% entre 26 y 35 años, 13,8% entre 36 y 45 años y 9,6% entre 46 y 55 años).

Ahora, al revisar el nivel socioeconómico, el estudio indica que dos de cada cinco nuevos créditos se otorgan en los estratos 1 y 2, siendo superados únicamente por el estrato 3.

Visto por nivel de ingreso, más de la mitad de las personas que tuvieron su primer crédito en los últimos años tenía ingresos entre 1,5 y 2 salarios mínimos mensuales, y casi un 30% devengaba entre 1 y 1,5 salarios mínimos.

Y aunque los préstamos informales suelen ser de bajos montos, la realidad es que en los registros de Datacrédito aparece que tres de cada cinco nuevos créditos otorgados en la última década fueron inferiores a un salario mínimo.

Incluso, “un alto porcentaje (36,9%) tienen valores de cero que surgen de los planes de telefonía celular y de algunos créditos rotativos”, señala.

Con esta información, Datacrédito Experian concluye que las “personas con el típico perfil de los usuarios del crédito informal sí tienen acceso y en una gran proporción a los créditos formales. Esta realidad, sumado a las malas condiciones de los créditos ‘gota a gota’, como es la alta tasa de interés, los plazos cortos y el tipo de cobranza, debería conducir a una reducción de su uso”.

Adicional a esto, insiste en que, en la medida en que pasa el tiempo, las personas que inician vida crediticia formal logran acceder a montos más altos. 

“Con el uso del crédito formal, personas con características de quienes usan préstamos informales logran beneficios tangibles: la construcción de un historial crediticio y, como consecuencia de ello, acceso a crédito de mayor valor y en distintos sectores, esto es, pasar de un microcrédito a crédito de mayor monto, como educativos, de libre inversión e inclusive de vivienda”, puntualiza.


https://www.portafolio.co/economia/finanzas/estrato-y-edad-no-limitan-el-acceso-al-credito-formal-530816

martes, 16 de julio de 2019

Regulaciones al trabajo digital, a debate en el Congreso de la República


Un fallo del tribunal Juzgado 31 de lo Social de Barcelona se utilizó como guía para tramitar la iniciativa 

En Colombia se encuentra en trámite el proyecto de ley 082 de 2018, que procura la regulación del trabajo digital en el país. 

“El debate sobre los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales se orienta en el escenario internacional hacia el reconocimiento de la relación de trabajo y los derechos en el trabajo y la seguridad social, y Colombia no será la excepción”, afirmó Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador seneor del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. 

Ejemplo de ello es la decisión del Juzgado 31 de lo Social en Barcelona, España, del pasado 11 de junio de 2019, que condenó a la plataforma de domicilios Deliveroo por la vulneración de derechos fundamentales en la conducta de la empresa de extinguir los contratos en el despido de nueve de los repartidores, identificándolos como trabajadores dependientes, dada la caracterización del servicio prestado.

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/regulaciones-al-trabajo-digital-a-debate-en-el-congreso-de-la-republica-2875819

NIA 701: fecha de entrada en vigor y obligados a implementarla podrían cambiar


Hasta el 15 de julio de 2019 la comunidad contable tiene la posibilidad de enviar sus comentarios sobre el documento de discusión del CTCP que pretende cambiar la fecha de entrada en vigor y los obligados a implementar la NIA 701, debido a preocupaciones expresadas por algunas firmas de auditoría. 

El 18 de junio de 2019 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– presentó el documento para discusión pública: Aplicación de la NIA 701 – Comunicación de las cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría independiente emitido por un auditor independiente, mediante el cual busca conocer la opinión de la comunidad contable respecto a la propuesta de posponer la fecha de entrada en vigor de la NIA 701 y modificar los sujetos obligados a implementar la norma. 
¿Cuál es el panorama actual? 

Recordemos que la NIA 701 aborda el tratamiento que debe seguir el revisor fiscal frente a la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en su informe, es decir, de aquellos asuntos que, según su juicio profesional, son de significatividad en la auditoría de estados financieros. 

De acuerdo con los artículos 5 y 8 del Decreto 2170 de 2017 que adiciona la NIA 701 al DUR 2420 de 2015, esta NIA debe ser aplicada por los revisores fiscales que suscriban encargos sobre estados financieros que cubran períodos posteriores al 1 de enero de 2019 en los siguientes tipos de entidades: 
Entidades del grupo 1. 
Entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv– de activos o más de 200 trabajadores. 
Entidades estatales obligadas a aplicar el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público. 
Avance en la implementación 

Tal como lo abordamos en nuestra publicación titulada: Avance de la aplicación de la NIA 701 en Colombia,entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2019 el CTCP aplicó una encuesta dirigida a la comunidad contable y a los empresarios, para indagar sobre el estado de preparación de los involucrados para iniciar la implementación de la norma. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que existe desconocimiento de las fechas de entrada en vigor y de los obligados a aplicar la norma. Por ejemplo, el 68,45 % de los encuestados asegura no sentirse preparado para iniciar con la aplicación de los requerimientos de la norma en cuestión. Considerando los resultados obtenidos el CTCP procedió a realizar la propuesta. 
¿Por qué se requiere el cambio? 

En el documento de discusión el CTCP menciona algunas preocupaciones que han expresado las firmas de auditoría con respecto a la aplicación de la NIA 701. Entre ellas se pueden rescatar las siguientes: 
Costos adicionales a las empresas no cotizadas en bolsa por el tiempo de los revisores fiscales dedicado a documentar y discutir con la administración de la entidad los asuntos clave. 
Tensiones en el trabajo del revisor fiscal y los administradores de la entidad por la publicación de los asuntos clave. 
“en la mayoría de los países la NIA 701 solo es de obligatorio cumplimiento para encargos que se desarrollen en entidades cotizadas, por lo cual su aplicación en las pymes colombianas no tendría el beneficio esperado”

Uno de los argumentos de las firmas de auditoría se centra en el hecho de que en la mayoría de los países la NIA 701 solo es de obligatorio cumplimiento para encargos que se desarrollen en entidades cotizadas, por lo cual su aplicación en las pymes colombianas no tendría el beneficio esperado frente a su costo. 

Respecto a las preocupaciones de las firmas de auditoría podemos expresar lo siguiente: 
El párrafo 2 de la NIA 701 explica que el propósito para incluir asuntos clave en el informe de auditoría es otorgar transparencia del desarrollo de la auditoría a los usuarios de los informes. Por ello, cuando se habla de tensiones entre la administración y el revisor fiscal cabe preguntarse si este último, el revisor fiscal, requiere de la autorización de la administración para incluir información en su dictamen. 
El párrafo 14 (b) de la NIA 701 aclara que no se deben comunicar en el informe cuestiones clave, si ello puede tener consecuencias adversas para el beneficio del interés público. 
Las cuestiones clave deben documentarse independientemente de si se revelan o no, pues hacen parte de la planeación que debe realizar el revisor fiscal sobre los asuntos que requerirán mayor atención de su parte. Según el párrafo 9 de la NIA 701, estas pueden identificarse de entre las áreas de mayor riesgo de incorrección material, los riesgos significativos, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que requieren juicios significativos de la dirección, hechos o transacciones significativas 

Así las cosas, en la propuesta realizada por el CTCP el artículo 5 del Decreto 2710 de 2017 indicaría los siguientes puntos: 
¿Quiénes aplicarían la NIA 701? 

Será de obligatoria aplicación para los revisores fiscales y auditores externos de: 
Entidades que apliquen de forma voluntaria u obligatoria el marco técnico-normativo del grupo 1 de aplicación del DUR 2420 de 2015. 
Entidades gubernamentales obligadas a tener revisor fiscal. 
Entidades categorizadas como de interés público según la Ley u otras disposiciones. 

Adicionalmente, podrá ser aplicada de forma voluntaria por los revisores fiscales y los auditores externos de otras entidades. 
Nuevo período de transición 

El proyecto incluye un parágrafo en el que el período de transición es de tres (3) años contados a partir del 1 de enero de 2019, por lo cual la NIA 701 sería de obligatorio cumplimiento para encargos que cubran estados financieros posteriores al 1 de enero de 2022. 
Fecha límite de comentarios 

El CTCP requiere que los interesados envíen sus comentarios hasta el 15 de julio de 2019 a los correos lmoya@mincit.gov.co y mmedellin@mincit.gov.co, contestando las cuatro (4) preguntas incluidas en el documento, que tratan sobre: 
La conveniencia de implementar los cambios propuestos. 
La necesidad de realizar alguna excepción a la modificación propuesta. 
Si la modificación propuesta va en contravía de alguna otra disposición legal y reglamentaria. 
La conveniencia de que la aplicación de la modificación se haga a partir de la fecha de publicación del Decreto.

https://actualicese.com/actualidad/2019/06/27/nia-701-fecha-de-entrada-en-vigor-y-obligados-a-implementarla-podrian-cambiar/?referer=email&campana=20190627&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190627_revisoria&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

lunes, 15 de julio de 2019

Bancolombia y Grupo Nutresa son las empresas con mayor atracción y retención de talento

El ranking publicado por Merco incluye 100 empresas de las cuales 70% son de origen colombiano 

El monitor empresarial Merco presentó hoy la décima edición del ranking de empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento, donde Bancolombia y Grupo Nutresa se ubicaron nuevamente como líderes del listado de 100 compañías 

Para la edición de 2019, las 10 empresas con mayor capacidad para retener talento fueron Bancolombia, Grupo Nutresa, Ecopetrol, Alpina, Sura, Bavaria, EPM, Nestlé, Cementos Argos y Johnson y Johnson 

En cuanto a los cambios presentados entre los listados de 2018 y 2019, Nutresa cayó al segundo lugar con 9.964 puntos y Bancolombia subió al primero con 10.000 unidades. Frente al ranking de 2018, Ecopetrol, Alpina y Cementos Argos se mantienen en las mismas posiciones, mientras que Bancolombia, Sura, Bavaria, Nestlé y Johnson y Johnson subieron. Por otro lado, las que cayeron fueron Nutresa y EPM. 

Entre los cambios más notorios en el top 10 se cuenta la entrada de Johnson & Johnson, que ocupó el décimo lugar, y la salida de Avianca, que bajó de la casilla cinco a la 16, agregó la información. 

Por otro lado, el listado de 2019 destaca que, por primera vez en 10 años, la Universidad CES entra a las 100 empresas con mayor capacidad de atraer y retener talento al ocupar el puesto 51 del ranking. 

A su vez, el director general de Merco, Manuel Sevillano, mencionó que en materia de sectores, 15 compañías pertenecen al rubro alimentación, 15 a educación y universidades, 13 a salud, 12 al farmacéutico, 10 a electrónica e informática y 10 al financiero. En total, 70% de las empresas incluidas son de origen colombiano. 

Con respecto a la satisfacción que los trabajadores sienten con la empresa, Sevillano resaltó que en Colombia se ubica en 8,60 unidades sobre 10, un punto por encima de España, que tiene 7,60. 

Por su parte, los aspectos peor valorados son la motivación y reconocimiento, con 7,80 puntos, y salario con 7.98. En cuanto a las mejor valoradas, resaltan el orgullo de pertenencia (9,20), valores ético y profesional (9,05) y relación con los mandos inmediatos (8,59). En total, se analizaron 15 variables para el ranking. 

Otro de los casos analizados por Sevillano durante la presentación del ranking fue el de empresas como Amazon, Apple, Google y Facebook, que no han tenido un buen año en materia reputacional y de talento dados los síntomas de agotamiento que presentan en Colombia y en el mundo. "Amazon y Facebook ni salen en el listado, Apple cae tres puestos y Google cayó 21 puestos", aseguró.


https://www.larepublica.co/empresas/bancolombia-y-grupo-nutresa-son-las-empresas-con-mayor-atraccion-y-retencion-de-talento-2875600?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=trendsnewsletter

Aspectos contables al iniciar una empresa


En la etapa inicial, por lo general, las entidades incurren en desembolsos para solventar gastos preoperativos, de apertura y de adecuación de las instalaciones y maquinaria con la que desarrollarán su actividad económica. Explicamos qué aspectos debe tener en cuenta en esta etapa. 

Al constituir una sociedad o emprender cualquier otra iniciativa empresarial es común que las entidades realicen los desembolsos necesarios para poner en marcha su negocio, cubriendo los gastos legales, de apertura y de adecuación. Abordamos el tratamiento contable que debe llevarse a cabo para contabilizar este tipo de transacciones. 
Manejo de los gastos preoperativos 

Para el reconocimiento contable de este tipo de gastos debe revisarse lo expuesto en el párrafo 18.15 (b) del Estándar para Pymes, el cual señala que una entidad debe reconocer como un gasto los desembolsos realizados por: 
Concepto de actividades de establecimiento, es decir, costos de inicio de actividades legales y administrativas. 
Desembolsos de lanzamiento de nuevos productos, en los que se pueden encontrar estudios de mercadeo, campañas publicitarias, entre otros. 
Costos de apertura, como pueden ser los relacionados con fiestas de lanzamiento. 
“todos los desembolsos en los que incurra la entidad para iniciar operaciones deben reconocerse como un gasto en el estado de resultados del período en el que se hayan realizado”

Del análisis del párrafo previamente mencionado se puede concluir que todos los desembolsos en los que incurra la entidad para iniciar operaciones deben reconocerse como un gasto en el estado de resultados del período en el que se hayan realizado, por lo cual no hay lugar a contabilizar estos desembolsos como un activo. 

Esto está relacionado con que, aun cuando dichos desembolsos se realizan son el propósito de generar ingresos en el futuro, no existe una garantía de que efectivamente los valores pagados se reintegraran a la entidad en forma de beneficios económicos (ver reunión del CINIIF de septiembre de 2017). 

No es posible esperar que la entidad obtenga desde el primer período los ingresos suficientes para compensar los gastos iniciales de emprender la actividad económica; antes bien, lo normal es que en los primeros períodos la entidad arroje pérdidas contables. Por ese motivo es que se requiere de realizar una buena planeación financiera, que permita que el capital aportado por lo socios logre que la entidad soporte esa primera etapa en que sus ingresos no logran cubrir dichos gastos. 
Propiedades, planta y equipo en instalación y montaje 

Una entidad que acaba de constituirse requiere realizar desembolsos para dejar los edificios, maquinarias y otros elementos con los cuales va a desarrollar su actividad económica en condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista, por lo cual el párrafo 17.10 del Estándar para Pymes permite que dichos desembolsos formen parte del costo del activo. Claramente, estos gastos deben distinguirse de los gastos preoperativos que deben llevarse directamente a resultados, los cuales fueron tratados en el punto anterior. 

Entre dichos gastos, el citado aparte del Estándar para Pymes menciona los siguientes: 
Costos de preparación del emplazamiento. 
Costos de entrega y manipulación inicial del activo. 
Costos de instalación y montaje. 
Costos de comprobación del funcionamiento del activo. 
Mejoras en propiedades ajenas o propias 

Si la entidad tiene una propiedad, planta y equipo en arrendamiento y realiza mejoras importantes en el inmueble, es decir, de un valor material y que tengan una vida útil considerable, estas se pueden contabilizar como un activo por el derecho de uso que se genera al utilizarlas. 

Para este caso, la entidad debe considerar el término de la vida útil de las mejoras que realiza y el término de la duración del contrato de arrendamiento teniendo en cuenta las posibles renovaciones; y de los dos tiempos, sobre el menor deberá amortizar las mejoras realizadas. 

Por ejemplo, si la entidad incurre en la construcción de una oficina adicional en un edificio alquilado para el desarrollo de su actividad, y la vida útil se estima en 15 años, pero el contrato de arrendamiento tiene un término de 10 años y no se prevé que haya renovaciones, entonces el costo de la mejora deberá amortizarse durante 10 años, por ser el menor tiempo entre los dos términos. 

Igualmente, si se realizaran mejoras importantes en un activo que sea propiedad de la entidad, estas podrían formar parte del costo del activo. 
Préstamos de los socios 

Es usual que durante los primeros períodos de funcionamiento de una entidad se requieran inyecciones de capital, debido a que las ventas aún no permiten soportar los gastos. Muchas veces los socios recurren a realizar préstamos a la entidad para aportar liquidez y que estas continúen como negocio en marcha, sin correr el riesgo de caer en alguna causal de disolución. 

Es conveniente que el préstamo quede bien documentado en cuanto a las condiciones y plazos en los que la entidad deberá retornar el dinero al socio, para que la empresa pueda reconocer la correspondiente cuenta por cobrar y esta cumpla con la definición de pasivo (para ampliar esta información, consulte nuestro análisis Tratamiento contable de préstamos de un socio hacia la entidad).

https://actualicese.com/actualidad/2019/06/26/aspectos-contables-al-iniciar-una-empresa/?referer=email&campana=20190626&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190626_contable&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

domingo, 14 de julio de 2019

Componente inflacionario y rendimiento mínimo por préstamos aplicable a la declaración de renta 2018


Al momento de determinar el impuesto sobre renta a cargo de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se deberá tener cuenta que el componente inflacionario de rendimientos, costos y gastos financieros, determinado por el Gobierno, no constituye renta ni ganancia ocasional. 

Como ya lo hemos mencionado en un anterior editorial, el componente inflacionario no constituye renta ni ganancia ocasional, siempre y cuando corresponda a personas naturales o sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 38, 39, 40-1 y 41 del Estatuto Tributario –ET– (antes de ser derogados por el artículo 122 de la Ley de financiamiento 1943 de 2019). Así pues, con el objetivo de establecer tales porcentajes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 703 de abril 24 de 2019, en el que se presentan los siguientes datos: 
Componente inflacionario de los rendimientos 

Las nuevas versiones de los artículos 1.2.1.12.6 y 1.2.1.12.7 del Decreto 1625 de 2016 plantean un componente inflacionario del 62,97 %, tanto para los rendimientos financieros que percibieron las personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad en el año gravable 2018, como para los rendimientos que distribuyeron los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores por ese mismo período (dicho porcentaje se traduciría en 1,24 puntos porcentuales menos que el componente inflacionario de rendimientos financieros fijado para el año gravable 2017; ver nuestro editorial Componente inflacionario a tener presente en declaración de renta de personas naturales por 2017). Este componente inflacionario es necesario al momento de dar aplicación a lo consagrado en los artículos 38, 39, 40-1 y 41 del ET
Componente inflacionario de costos y gastos financieros 
“Para el año gravable 2018 no constituye costo ni gasto deducible el 17,14 % de los intereses y demás costos y gastos financieros pagados por el contribuyente”

Para el año gravable 2018 no constituye costo ni gasto deducible el 17,14 % de los intereses y demás costos y gastos financieros pagados por el contribuyente, es decir, 3,07 puntos porcentuales menos que el componente inflacionario de costos y gastos determinado para el año gravable 2017 (ver el nuevo artículo 1.2.1.17.19 del DUT 1625 de 2016, modificado por el Decreto 703 de abril 24 de 2019). Tal disposición solo aplica a las personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad. 

De igual forma, en lo que respecta a los ajustes por diferencia en cambio correspondientes a costos y gastos financieros con motivo de deudas en moneda extranjera, solo un 16,60 % no constituirá costo ni deducción (43,2 puntos porcentuales menos que el porcentaje fijado para el año gravable 2017, el cual figuró en 59,80 %; ver la anterior versión del inciso segundo del artículo 1.2.1.17.19 del DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 3 del Decreto 569 del 2018). Este valor debe tenerse presente al momento de aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 41, 81, 81-1 y 118 del ET.

Debe tenerse en cuenta que el límite del componente inflacionario en los costos y gastos debe ser combinado con el límite que impone la norma de subcapitalización consagrada en el artículo 118-1 del ET, al cual se le adicionó un parágrafo quinto mediante el artículo 69 de la Ley 1819 de 2016

Además, es válido destacar que la Dian, en la pregunta 5 de su Concepto 45542 de julio 28 de 2014, manifestó que la norma de subcapitalización no se debe aplicar a los intereses pagados en un crédito para adquisición de vivienda. Por tanto, estos solo se sujetan al límite previsto en el artículo 119 del ET, pues, para la entidad, esta última disposición prevalece sobre lo estipulado en el artículo 118-1 del ET. En consecuencia, dichos intereses solo se sujetan al límite de las 1.200 UVT anuales (equivalentes a $38.231.000 y $39.787.000 por los años gravables 2017 y 2018, respectivamente). 
Rendimiento mínimo anual por préstamos 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 569 de marzo 23 de 2018, el valor de la tasa anual de interés presuntivo durante 2018 sobre préstamos en dinero de sociedades nacionales a socios o accionistas, o de estos a las sociedades nacionales por el año gravable 2018, fue del 5,21 %. Esto se traduce en 1,65 puntos porcentuales menos, pues el artículo 1.2.1.7.5. del DUT 1625 de 2016 para la vigencia 2017 presumía que los préstamos en dinero que efectuaron las empresas a sus socios o accionistas durante el año gravable 2017, o que los socios les realizaron a las sociedades en ese mismo período, generaron un rendimiento mínimo del 6,86 %
Ley de financiamiento derogó estas disposiciones 

Los artículos 38 a 41, 81, 81-1 y 118 del ET fueron íntegramente derogados con el artículo 122 de la Ley 1943 de 2018. Por consiguiente, a partir del año gravable 2019 las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad ya no podrán seguir beneficiándose de restar a sus ingresos, por intereses obtenidos en entidades financieras, el ingreso no gravado por componente inflacionario. De igual forma, esas mismas personas naturales ya no tendrán que rechazarse como gasto no deducible la parte de sus gastos por intereses pagados a entidades financieras, que correspondía al componente inflacionario. 

Así mismo, las mencionadas disposiciones sobre la norma de subcapitalización cambiarán para el año gravable 2019, pues, dada la modificación efectuada por el artículo 55 de la Ley 1943 de 2018, tales indicaciones solo serán aplicables a los intereses que se generen sobre las deudas contraídas con vinculados económicos (ya sea en Colombia o en el exterior).


https://actualicese.com/actualidad/2019/06/25/componente-inflacionario-y-rendimiento-minimo-por-prestamos-aplicable-a-la-declaracion-de-renta-2018/?referer=email&campana=20190625&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190625_impuestos&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

sábado, 13 de julio de 2019

Cómo presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio como consumidor


Si sus pretensiones no superan los 40 salarios mínimos legales, no necesita abogado. 

Como consumidores tenemos derechos que en caso tal de ser vulnerados los podemos proteger por medio de dos herramientas legales, denuncia o demanda. La primera busca proteger el interés general y el derecho colectivo de todos los consumidores. La segunda procura la reparación o cambio del bien o la devolución del dinero pagado a través de la efectividad de la garantía. 

Una demanda del consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio es el acto inicial del proceso, a través del cual un consumidor o usuario hace valer sus derechos cuando, en el marco de una relación de consumo, se ven afectados por los actos o las omisiones de proveedores de servicios. Sin embargo, antes de entablar una demanda en la SIC, debe agotar primero todas las opciones, es decir, hacer reclamos directos al proveedor, ya sean verbales, por teléfono o por escrito. El reclamo lo deberá anexar pues servirá durante el proceso de la demanda. El objetivo es que se restablezcan sus derechos. 

Agotar todas las opciones antes de la demanda 

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), antes de presentar la demanda debe agotar primero todas las opciones, es decir, hacer reclamos directos al proveedor, ya sean verbales, por teléfono o por escrito. Si después de 15 días el proveedor no responde o su respuesta no lo satisface, puede pasar a formular la demanda. 

Tener todos los documentos para presentarlos 

Para presentar la demanda debe relacionar los hechos lo más claro posible; describir las inconformidades y daño; identificar con precisión el bien o el servicio objeto de la reclamación. Los datos tanto del demandado como el demandante deben estar completos. Debe incluir la cuantía que pretende, lo que ordene a los demandados y anexar copias los reclamos. 

Uso de abogado y juramento estimatorio 

Si solicita indemnización de perjuicios debe incluir el juramento estimatorio, el cual es una manifestación bajo juramento del monto al que ascienden los perjuicios reclamados. Si no presenta este documento, la demanda será rechazada. Si sus pretensiones no superan los 40 salarios mínimos legales, no necesita abogado, si supera este monto, sí lo requiere. 

Qué hacer luego de presentar la demanda 

Luego de presentar la demanda debe estar pendiente de revisar periódicamente, mínimo una vez a la semana, las notificaciones de estado en la página web de la SIC. Igualmente, puede ser notificado por medios electrónicos. Si la demanda es inadmitida tiene cinco días hábiles, luego de la notificación, para subsanar los puntos requeridos. 

Qué pasa si obtiene sentencia favorable 

Una vez se obtenga el fallo, tanto demandado (proveedor) y demandante (consumidor) están obligados a cumplir con lo que se ordena en la sentencia. En caso de que el demandado incumpla, el consumidor debe informar a la SIC para que imponga una multa. O puede presentar una demanda ejecutiva ante un juzgado civil para obligar al proveedor a cumplir.


https://www.larepublica.co/especiales/los-bufetes-detras-de-los-grandes-negocios/como-presentar-una-demanda-ante-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-como-consumidor-2875758