lunes, 3 de agosto de 2020

Formulario 420: declaración de impuesto al patrimonio 2020



La Resolución Dian 000074 de julio 2 de 2020 prescribió el formulario 420 para presentar la declaración del impuesto al patrimonio revivido por la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019.

Por tanto, compartimos este formato en Excel, a fin de capacitar y facilitar la liquidación de este impuesto.

A través de los artículos 35 al 41 de la Ley de financiamiento 1943 de diciembre 28 de 2018 se modificaron los artículos 292-2 al 298-8 del ET, estableciéndose un nuevo impuesto al patrimonio por los años 2019 a 2021; sin embargo, con la declaración de la inexequibilidad de dicha Ley de financiamiento, a través de los artículos 43 al 49 de la Ley de crecimiento económico 2010 de diciembre 27 de 2019 se crea un impuesto al patrimonio con condiciones similares para 2020 y 2021.

Este impuesto recaerá solamente sobre los sujetos pasivos que se mencionan en la nueva versión del artículo 292 del ET (personas naturales y/o sucesiones ilíquidas residentes que sean contribuyentes del impuesto de renta y complementario –o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta– o las personas naturales y sucesiones ilíquidas no residentes, sin importar si son o no contribuyentes del impuesto de renta, o las sociedades o entidades extranjeras que no sean contribuyentes de renta, pero que sí posean ciertos bienes en Colombia).

Estos sujetos pasivos, cuando llegaran a tener en enero 1 de 2020 un patrimonio líquido declarable al Gobierno colombiano igual o superior a $5.000.000.000, tendrían la obligación de tomar sus patrimonios líquidos de enero 1 de cada uno de los años 2020 y 2021 y liquidar sobre estos el respectivo impuesto al patrimonio, utilizando la base gravable especial y la tarifa única fijadas en los artículos 295-2 y 296-2 del ET.

Adicionalmente, y de acuerdo con el inciso primero (1) y el numeral 5 del artículo 235-3 del ET, creado con el artículo 67 de la Ley 1943 de 2018, modificado con el artículo 75 de la Ley 2010 de 2019, si el sujeto del nuevo impuesto al patrimonio llega a realizar durante 2019 o 2020 las «megainversiones» de que trata dicho artículo (realizando en Colombia nuevas inversiones por un valor mínimo de 30.000.000 UVT –$1.068.210.000.000–, y generando mínimo 400 nuevos puestos de trabajo), ya no tendría que pagar el impuesto al patrimonio.

Cabe anotar que las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas que califiquen como residentes están obligadas a denunciar al Gobierno colombiano el patrimonio poseído tanto en Colombia como en el exterior. En cambio, las sociedades que no sean nacionales, e igualmente las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas que no sean residentes, solo declararán al Gobierno colombiano los patrimonios poseídos en Colombia (ver artículos 9, 10, 12, 12-1, 20, 20-1, 20-2 y 261 al 266 del ET).

Con base en esto, y tomando como referencia la Resolución 000074 de julio 2 de 2020, la cual prescribió el formulario 420 para presentar la declaración del impuesto al patrimonio, en este archivo de Excel compartimos las siguientes hojas de cálculo:
Vencimientos: incluye los plazos expuestos en el artículo 1.6.1.13.2.53 del DUT 1625 de 2016 (adicionado por el artículo 10 del Decreto 0401 de 2020) para la declaración y pago del impuesto al patrimonio.
Material relacionado: compartimos una serie de editoriales y respuestas que contienen directrices sobre la depuración y novedades de este impuesto.
Anexo: se puede verificar cuál es la depuración del patrimonio líquido poseído, y las exclusiones y descuentos permitidos para hallar la base gravable para liquidar el impuesto al patrimonio al 1 de enero de 2020.
Anexo 2: se pueden revisar los cálculos especiales necesarios para realizar en el año 2021 las comparaciones indicadas en el parágrafo 2 del artículo 295-2.
F420: contiene el formulario 420 debidamente formulado para presentar la declaración del impuesto al patrimonio al 1 de enero de 2020.
Instructivo: información relacionada con las instrucciones compartidas por la Dian en el formulario 420.
Descarga aquí la plantilla del formulario 420: declaración de impuesto al patrimonio 2020.


domingo, 2 de agosto de 2020

Normalización de activos omitidos poseídos dentro y fuera de Colombia


La Ley 2010 de 2019, a través de sus artículos 53 al 60, reactivó el impuesto de normalización de tributaria para aquellos contribuyentes que posean activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020.

El plazo para presentar la declaración de normalización vence el 25 de septiembre 2020.

En el siguiente video, nuestro conferencista Diego Guevara Madrid, destacado tributarista y líder de investigación en impuestos de Actualícese explica si el proceso de normalización de activos omitidos puede hacerse con los obtenidos dentro y fuera del país. Veamos:

De acuerdo con lo expresado por nuestro conferencista, la Ley 2010 de 2019, a través de sus artículos 53 al 60, reactivó el impuesto de normalización tributaria.

Así, las normas que regulan este impuesto señalan que tanto los activos poseídos en el exterior como en el país pueden ser objeto de normalización.

Cuando los activos a normalizar se encuentren poseídos en el exterior, el parágrafo del artículo 55 de la Ley 2010 indica que la base gravable sobre la cual se aplicará el impuesto corresponderá al 50 % del valor del activo omitido, siempre y cuando el contribuyente tome como base gravable el valor del mercado de los activos omitidos en el exterior, y los mismos sean repatriados y se reinviertan con vocación de permanencia en el país antes del 31 de diciembre de 2020.

En este sentido, cuando se desee normalizar activos poseídos en el exterior se deberán emplear las casillas 28 o 29 del formulario 445, de conformidad con lo prescrito por la Dian a mediante la Resolución 000045 de 2020.


No obstante, cuando los activos a normalizar se encuentren poseídos dentro del territorio nacional, el contribuyente deberá emplear el renglón 31 del formulario 445.

Recordemos que a través del Decreto 401 de 2020 se adicionó el artículo 1.6.1.13.2.54 al Decreto 1625 de 2016, para indicar que la presentación de la declaración de normalización tributaria deberá efectuarse a más tardar el 25 de septiembre del año en curso (ver nuestro Calendario tributario 2020).


sábado, 1 de agosto de 2020

Faltan los mecanismos para pagar los aportes que suman unos 6,5 millones de empleados

Según cálculos del Pila se dejaron de percibir $2,3 billones durante mayo y junio, meses en los que funcionó el decreto 558

El sector privado recibió malas noticias esta semana, tras acumular alivios, exenciones, ampliaciones y permisos para operar y dar paso a la reactivación, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 558 de 2020 que emitió el Gobierno, precisamente como un beneficio de caja para las empresas.

Si bien era de esperarse que algunos decretos se cayeran en la Corte por la urgencia con la que fueron radicados, lo cierto es que esto tiene en vilo al tejido empresarial, pues ahora deberán responder por los aportes faltantes a pensión de los trabajadores.

Según los cálculos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), en total hay un faltante en los aportes de 6,5 millones de colombianos durante mayo y junio, que fueron los meses en los que se decretó que las empresas que quisieran podían pagar 3% a pensión, y no 16% como normalmente se hacía. Esto, para resolver los problemas de caja que las empresas presentaron por la pandemia.



Además, en una comparación interanual del recaudo del periodo de cotización de pensiones de junio de 2019, se estimó que los aportes que se dejaron de percibir por el Sistema General de Pensiones fueron en total cerca de $2,3 billones en los dos meses en que se aplicó el beneficio.

LOS CONTRASTES

Bruce Mac MasterPresidente de la Andi

“Solicitamos desde ahora al Gobierno que estudie alternativas de apoyo financiero que permitan a los empleadores aportantes, el cumplimiento de la sentencia”.

Rosmary QuinteroPresidente de Acopi

“Estamos esperando cuáles serán los detalles y cómo serán las condiciones; sin embargo, respetamos la decisión, aunque parece que hay una afectación pese a que esta es una situación atípica”.

En concreto, los empresarios tienen incertidumbre porque sin conocer el fallo, aún no hay un mecanismo para devolver el aporte a pensión de esos 6,5 millones de trabajadores, pues las empresas atraviesan por un momento en el que no hay recursos ni para cubrir la nómina.

“Esto manda un mal mensaje porque de por sí la situación ya es bastante crítica, y una de las cosas que hace crítica para el desempeño empresarial es la limitación de los recursos, por las limitaciones que ya todos conocemos desde el cierre, y por la incertidumbre de la activación lenta de demanda, lo que genera más pánico para los empresarios”, afirmó Rosmery Quintero, presidente de Acopi.

Entre otras cosas, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, advirtió que las empresas actuaron bajo los términos establecidos y que por ende piden que el plazo sea de 36 meses para que las firmas puedan pagar ese faltante, ya que el fallo de la Corte es retroactivo y solicita que se recupere ese dinero que no se aportó. Además, en el caso de los que ganan más de un salario mínimo y están en Colpensiones, la exigencia es que se les cuenten las ocho semanas, pues el objetivo es que todo quede en la misma situación que antes.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que cerca de $1 billón sería el faltante que debe pagarse, por lo que solicitó que se estudie el plazo que deberá otorgarse.

Por otro lado, el vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano, dijo que este es un paso que va en línea con el bienestar futuro de todos los trabajadores del país, pues también se tumbó la posibilidad de trasladar los recursos de las personas en retiro programado de salario mínimo.


Contratos de prestación de servicios en época de COVID-19


Gran parte de los trabajadores del sector público y privado se encuentran vinculados mediante contratos de prestación de servicios.

La situación actual que se presenta con ocasión del COVID-19 suscita una serie de dudas respecto a la protección que se tiene en este tipo de contratos.

El contrato de prestación de servicios es una forma de vinculación civil, comercial o administrativa (sector público) que suele confundirse o creerse parte del derecho laboral, cuando el mismo resulta ser una figura completamente distinta a este.

Por ello, lo primero que se debe señalar es que el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo y, por lo tanto, las personas que se encuentren ante un contrato real de prestación de servicios no tendrán ninguna de las garantías establecidas en las normas laborales.

Es decir, en este tipo de contratos no existe la protección del salario, de la continuidad del contrato, del pago de una indemnización o prestaciones sociales; los derechos que le nacen al contratista básicamente son el pago de sus honorarios y las demás disposiciones que se establezcan en dicho acuerdo de voluntades.

Recordemos que en los contratos de prestación de servicios, a diferencia del contrato de trabajo (contrato en donde su elemento principal es la continuada dependencia y subordinación) prima la autonomía e independencia del contratista, quien se compromete a prestar un servicio que su contratante previamente estableció mediante unas directrices puntuales, sin que dichos lineamientos sean o se consideren un elemento subordinante.

Este tipo de contrato tiene su fundamento en esa absoluta autonomía del contratista, pues el mismo cuenta con sus herramientas y elementos de trabajo, es coordinador de su tiempo, de la forma en la que va a prestar ese servicio y de cómo presta el servicio en el marco de la solicitud inicial de su contratante, solicitudes que imprimen el querer del contratante, sin que las mismas vayan en contravía o afectación de esa independencia suma que tiene el contratista, pues no debe existir subordinación alguna.

Es por todas estas situaciones que las personas contratadas bajo esta modalidad no son acreedoras de garantías laborales, dado que, como ya se mencionó, carecen por completo de la subordinación continua.

Sobre ello el Ministerio del Trabajo dio claridad recientemente, en el Concepto 05EE2020120300014000081 de 4 de abril de 2020, en el que expuso:

“(…) el contrato de prestación de servicios no pertenece al ámbito jurídico laboral, sino que extralimita esta rama del derecho, por ello, no se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual, entre el contratante y el contratista no existe un vínculo laboral sino una relación de orden civil, comercial o de contratación estatal, por lo que no se generan las prestaciones sociales, vacaciones, ni derechos propios de un contrato de trabajo, y una vez terminado el contrato de prestación de servicios, el contratista solo tendrá derecho al pago de los honorarios, como remuneración por los servicios prestados (…)”.

Por lo anterior, un contratista que se encuentre ante un contrato de prestación de servicios real en esta emergencia suscitada por el COVID-19 no cuenta con mucha protección, ya que los derechos que pueden ser reclamados por este dependen de lo consignado en el contrato, los cuales generalmente están relacionados solo con el pago de sus honorarios por la prestación de servicio.
Prórroga en los contratos de prestación de servicios
“Respecto al derecho a la prórroga del contrato de prestación de servicios en esta época de COVID-19, el mismo está supeditado a lo que se establezca en el contrato, debido a su naturaleza privada”

Respecto al derecho a la prórroga del contrato de prestación de servicios en esta época de COVID-19, el mismo está supeditado a lo que se establezca en el contrato, debido a su naturaleza privada.

Si en dicho contrato se establece, por ejemplo, una fecha final, al llegar dicha fecha el contrato podrá finalizar, sin importar si nos encontramos ante una emergencia, o si, por ejemplo, en el contrato se pacta que en caso de silencio de las partes se entenderá prorrogado, en cuyo caso podría establecerse que efectivamente el contrato se extenderá. En otras palabras, todo depende de lo que se haya expresado en esa convención.
Pero si es un contrato de prestación de servicios subordinado, las cosas cambian

Pese a lo anterior, es importante hacer la claridad frente a los contratos de prestación de servicios supuestos, pues muchos empleadores disfrazan o intentan ocultar una relación laboral mediante un contrato de prestación de servicios, con el fin de eludir obligaciones (o por desconocimiento).

Sin embargo, es importante establecer que de presentarse esta situación los derechos y obligaciones para ese “contratista” cambian por completo.

Para nadie es un secreto que en las últimas décadas se vislumbra la utilización inadecuada del contrato de prestación de servicios, pues es recurrente ver que vinculan a personas en funciones completamente subordinadas y dependientes mediante este contrato civil, comercial o estatal, con el objeto de evadir las obligaciones laborales de ese colaborador.

No obstante, ello no ha sido freno para que los trabajadores reclamen y obtengan el reconocimiento de sus derechos laborales protegidos, por medio de un principio laboral constitucional denominado “primacía de la realidad sobre las formalidades”, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece principalmente que siempre va a prevalecer la realidad de los hechos sobre cualquier pacto o documento.

Lo anterior, a su vez, debe basarse en lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que determinan los elementos que rigen una relación laboral subordinada.

Las anteriores se convierten entonces en herramientas para que los trabajadores que suscriben contratos de prestación de servicios puedan reclamar todos sus derechos ocultos o no reconocidos, pues pese a haberse suscrito un acuerdo de naturaleza civil, administrativo (sector público) o comercial, si la realidad denota que no era un contratista autónomo e independiente, sino que el mismo era un trabajador subordinado y dependiente de su empleador, primará esa realidad y ese trabajador será acreedor a todas las prestaciones sociales, a saber, seguridad social, auxilio de transporte, vacaciones y todos los derechos que el empleador ha pretendido ocultar o no ha pagado.

Por lo dicho, un trabajador que se encuentre ante una situación similar a la antes planteada contará con todos los medios jurídicos (sin importar que haya suscrito un contrato de prestación de servicios con su empleador) para exigir sus derechos y proteger sus garantías laborales, y ser indemnizado en caso de ocurrir un despido injustificado, accediendo así al pago de sus prestaciones sociales (primas, cesantías e intereses de cesantías), vacaciones, horas extra, seguridad social, sanción moratoria (conocida como brazos caídos) entre otros derechos laborales.
Herramientas jurídicas siguen disponibles

En época de COVID-19, estos trabajadores subordinados con contrato de prestación de servicios cuentan con todas las herramientas jurídicas para reclamar sus derechos laborales por vía judicial, pues, como se manifestó anteriormente, en realidad se encontraban ante un contrato laboral y, por ende, poseen las mismas garantías de cualquier trabajador, sea del sector público o privado.

En este sentido, es claro que si nos encontramos ante un contrato de prestación de servicios real (prevalece la independencia y autonomía), dicho contratista, en esta época de COVID-19, solo tendrá derecho a sus honorarios y a lo que se haya pactado en el contrato; pero si nos encontramos ante un trabajador subordinado y con continuada dependencia, pese a haber firmado un contrato de prestación de servicios, el mismo cuenta con los mecanismos judiciales para exigir la protección de todos los derechos como trabajador real, tales como indemnizaciones, prestaciones sociales, seguridad social, vacaciones, entre otras garantías de naturaleza laboral.


viernes, 31 de julio de 2020

Con más inversión, la economía de los países de la región crecería hasta 7% cada año

El BID señaló que la Inversión en infraestructura será clave en la reactivación de la región tras la pandemia del nuevo coronavirus

En el libro ‘Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media: América Latina’ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se destacan dos posibles escenarios de recuperación para la región. El primero prevé una recuperación rápida en 2021, es decir que se volvería a tasas de crecimiento de 3,0% y 3,5%. Esto se lograría si la pandemia se controla en el verano del hemisferio norte en 2020.





Mientras que “el segundo escenario se generaría en el dado caso de que la pandemia se extienda hacia final de año o incluso si hay un resurgimiento del nuevo coronavirus en 2021, en ausencia de una vacuna efectiva. En este escenario, el mundo podría seguir en recesión y lograr la recuperación más lenta y a más de largo plazo”, detalló el BID en el texto que dio a conocer en mayo de este año.

LOS CONTRASTES

Mario PeláezGerente senior de consultoría en infraestructura de Kpmg

“No es suficiente con solo establecer mecanismos de articulación, sino que la región deber llevar a cabo unos compromisos serios para lograr estos objetivos tal y como hizo Europa”.

Wilson SolanoCoordinador del área de económica en la Universidad El Bosque

“Las políticas chinas, que se centran en mayor inversión en infraestructura, le permitirán tener uno de los PIB más altos en menos de un quinquenio”.

Partiendo de cualquiera de los dos panorama que podría dejar la crisis desatada por la pandemia del covid-19, el organismo internacional señaló que los países de la región deberían enfocar sus inversiones en infraestructura, logística y la economía digital con el fin de alcanzar una tasa de crecimiento anual de hasta 6% o 7% en las siguientes dos décadas.

Si se logra lo anterior, “se podrían generar ingresos per cápita de US$30.000 anuales, similares a los de los países de Europa Meridional, con una clase media robusta en el orden de 70% de la población. Esto sería un avance importante, ya que los niveles de ingresos per cápita actuales de la región son muy heterogéneos, se ubican entre US$4.800 y US$22.000, con un promedio de US$12.700”, reseñó el BID en el texto.

Para alcanzar las anteriores metas la inversión pública en infraestructura, servicios y logística de los países de la región debería elevarse hasta 6,2% del PIB. Esto contribuiría a cerrar la brecha de disponibilidad de infraestructura que distancia a la región de los países desarrollados, lo cual es una condición necesaria para convertir a América Latina en una región que percibe altos ingresos.

Para entender el impacto que tendría esta inversión por países, el BID planteó que “aun bajo el supuesto de que los diversos países de la región asignan 6% del PIB a inversión pública desde el año siete hasta el fi n del período de 20 años, los diversos puntos de partida con respecto a los ingresos per cápita de cada país darían resultados diferenciados. En casos como Argentina , partiendo de US$19.000 per cápita, la aceleración del crecimiento podría llevar a cabo este país a US$39.000 por persona. Colombia y Perú, partiendo respectivamente de US$13.000 y US$12.000 per cápita podrían llegar a US$33.000 y US$26.000” (ver gráfico).

En línea con esto, Mario Peláez, gerente senior consultoría en infraestructura de Kpmg, dijo que “de acuerdo con estimaciones del BID en la región existe un déficit de inversión en infraestructura de alrededor de US$150 billones al año. Es indudable que para lograr superar este déficit, poder contar con una infraestructura eficiente que atienda las necesidades actuales y futuras de la sociedad y permita acelerar los proceso de desarrollo de la región, es mucho más beneficioso hacerlo de manera conjunta y articulada que a través de esfuerzos individuales de los países”.

Peláez añadió que el vecindario ya han venido trabajando en este tema con iniciativas como la Alianza del Pacífico y el proyecto Mesomérica que promueven mecanismos de facilitación para la articulación gubernamental. Sin embargo, no es suficiente con solo establecer mecanismos de articulación, sino que se deben hacer unos compromisos serios para lograr estos objetivos, tal y como la Unión Europea.

La apuesta por la infraestructura no es una fórmula nueva, ya que, por ejemplo, “las políticas del gobierno chino se centrarán en un mayor gasto interno, mayor inversión en infraestructura, lo cual les permitirá en menos de un quinquenio consolidarse como una de las economías con el PIB más grande del mundo”, explicó Wilson Solano, coordinador del área económica de la Facultad de Ciencias económicas y administrativas de la Universidad El Bosque.

Retos en los sistemas tributarios para invertir más en infraestructura
El BID señaló que “es necesario pensar una nueva dirección para los sistemas tributarios y las políticas de recaudación. (...) Mejorar los sistemas tributarios para promover la inversión y el empleo implica reducir los tributos que recaen sobre el trabajo y la inversión, aplicar políticas que aumenten la equidad en la distribución del ingreso, y que logren una mayor inclusión social y abordar el problema de la baja eficiencia del gasto público, empleando sistemas más transparentes de decisión que garantiza la certificación”.


Liquidación de vacaciones cuando hubo suspensión del contrato de trabajo


Los efectos de la suspensión del contrato de trabajo suponen que el empleador puede realizar descuentos de dicho período en el otorgamiento y liquidación de las vacaciones.

A continuación, conoce cómo liquidar las vacaciones cuando hubo un período de suspensión contractual.

Frente a la actual contingencia que presenta el país con ocasión del COVID-19, algunos empleadores por diferentes causas tuvieron que recurrir a la suspensión del contrato de trabajo (artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–), la cual se presenta como una figura de carácter excepcional que tiene como finalidad evitar que el empleador cierre de manera intempestiva su empresa y los despidos masivos.

En el siguiente video, Luis Miguel Merino, abogado consultor en derecho laboral, explica los efectos de la suspensión del contrato de trabajo en el pago de prestaciones sociales, seguridad social, entre otros conceptos:

Otorgamiento de vacaciones

El artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– establece que los trabajadores que hayan prestado sus servicios por un (1) año al empleador tienen derecho a disfrutar de quince (15) días de vacaciones remuneradas. A su vez, establece que deberán liquidarse de manera proporcional en el evento en que el tiempo sea menor a dicho término.

En el siguiente video, Natalia Jaimes Lúquez, abogada consultora en derecho laboral, explica cómo deben otorgarse y liquidarse las vacaciones:


Efectos de la suspensión del contrato de trabajo

El artículo 53 del CST establece que, cuando ha existido un período de suspensión del contrato de trabajo, el empleador puede descontar este período, entre otros conceptos, del otorgamiento y liquidación de vacaciones.

Liquidación de vacaciones

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, realizaremos un ejemplo de cómo deben liquidarse las vacaciones cuando ha existido un período de suspensión del contrato de trabajo.
Ejemplo

Supongamos el ejemplo de un trabajador contratado en agosto de 2019 mediante un contrato a término indefinido, devengando un salario de $2.000.000. Se tiene que para este trabajador el derecho al disfrute de sus vacaciones se hará efectivo a partir de agosto de 2020.

No obstante, debido al estado de emergencia decretado por el COVID-19, el empleador suspendió el contrato de este trabajador desde el primero (1) de abril hasta el treinta (30) de junio de este año. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dicho, al momento de liquidar las vacaciones, el empleador puede descontar este período de suspensión del contrato.

Para efectos de lo anterior, se podrá realizar el siguiente procedimiento:

Establecer el número de días que le corresponden al trabajador mediante una regla de tres, así: si por 360 días un trabajador tiene derecho a quince (15) días de vacaciones, por 270 días laborados tiene derecho a once (11) días. Esto se determinó de la siguiente manera:

270 x 15 / 360 = 11,25 días

Se tiene, entonces, que a este trabajador le corresponden once (11) y no quince (15) días de vacaciones, debido a que el contrato estuvo suspendido por tres (3) meses. Frente a este resultado, se determina que el disfrute de vacaciones serían 11 días, no obstante, deben tenerse en cuenta los números decimales para efectos de la liquidación, tal como se verá a continuación.

Antes de iniciar la liquidación, recordemos que la fórmula para liquidar este concepto es la siguiente:

Salario x Días trabajados / 720

Una vez aclarado lo anterior, procedemos a aplicar la fórmula para determinar el valor de las vacaciones de este trabajador:

$2.000.000 x 270 / 720 = $750.000

Así, a este trabajador le corresponde por concepto de vacaciones 11 días de descanso y $750.000 por remuneración de estas.
Importancia de los decimales

Ahora, vamos a realizar una pequeña explicación de por qué deben tenerse en cuenta los decimales para la liquidación de este concepto.

El artículo 192 del CST establece que las vacaciones deben pagarse con el salario ordinario del trabajador, sin tener en cuenta pagos por horas extra o valor del trabajo suplementario. Dado esto, se tiene que deben ser remuneradas con el valor de un día de salario.

Nuestro ejemplo dio como resultado que el trabajador tenía derecho a 11,25 días de vacaciones, pero este número debe aproximarse a 11 días.

Teniendo en cuenta esta explicación, y liquidando este concepto por dichos días, obtendríamos el siguiente resultado:

$2.000.000 / 30 = 66.667 (valor de un día de salario) x 11 días = $733.333

Como vemos, este ejercicio nos arroja un valor inferior al obtenido en la fórmula de liquidación. Pero si realizamos el mismo ejercicio con 11,25 días nos va a dar el mismo resultado en aplicación de la fórmula:

$2.000.000 / 30 = 66.667 (valor de un día de salario) x 11,25 días = $750.000

Dado lo anterior, y para evitar vulnerar garantías a los trabajadores, resulta preciso que cuando se realice la liquidación proporcional de las vacaciones, y el contrato se encuentre vigente, se determine primero el número de días de descanso al que el trabajador tiene derecho (sumando los dominicales o festivos que estén en medio de los días de vacaciones) y posteriormente se proceda a la liquidación, haciendo uso de la fórmula o directamente con los días, pero teniendo en cuenta los decimales obtenidos en el resultado.

Por último, resulta preciso mencionar que realizar este descuento queda a voluntad del empleador, es decir, este es libre de liquidar las vacaciones como si el trabajador hubiera laborado el año completo.


jueves, 30 de julio de 2020

Por la pandemia, las compras con tarjetas de crédito disminuyeron 45,43% durante mayo

Según la Superfinanciera, las compras de las personas pasaron de $4,4 billones en mayo de 2019 a $2,40 billones en el mismo mes de 2020

Las tarjetas de crédito son una de las soluciones más efectivas e inmediatas para enfrentar la iliquidez, pues brindan financiación para realizar una compra necesaria o un avance en efectivo.


Sin embargo, la crisis económica que causó la pandemia continúa demostrando afectaciones en el consumo a través de tarjetas de crédito. Según la Superintendencia Financiera, durante mayo, mes en el que hubo 15,59 millones de plásticos vigentes, se evidenció una caída anual de 45,43% en el monto de las compras con este método transaccional. Este pasó de $4,41 billones en mayo de 2019, cuando hubo 15,38 millones de unidades vigentes, a $2,40 billones en el quinto mes de este año.

Además de que el monto cayó, el número de transacciones con este tipo de plástico tuvo una reducción de 31,18%. En mayo de 2019, se realizaron 21,45 millones de operaciones, mientras que en mayo de 2020 se registraron 14,76 millones.

Con estos números, se repite la situación registrada en abril, cuando las compras se hicieron por $1,98 billones, es decir, 54% menos que los $4,12 billones facturados en abril del año pasado.

Al comparar las cifras de mayo frente a abril de este año, el resultado mejoró y se puede ver una recuperación mensual en el monto de las compras con tarjeta de crédito de 21,58% ($427.337 millones más). Así mismo, el número de las operaciones tuvo un incremento mensual de 11,04%, pues en abril se realizaron 13,29 millones.

Al respecto, el presidente de Redeban, Andrés Felipe Duque, señaló que estas cifras aún no reflejan los resultados de las dos jornadas del ‘Día sin IVA’ y destacó que cuando las que las incluyen se publiquen, se podrá ver que en el primer semestre las transacciones con tarjetas de crédito tuvieron un aumento anual de 5%, impulsadas por las operaciones por internet, que presentaron un alza de 86%.

“El uso para compras físicas disminuyó en 25% debido a la cuarentena. El comportamiento transaccional empezó a mostrar una curva descendente a partir de las últimas dos semanas de marzo, cuando inició la implementación de las medidas de cuarentena”, advirtió.

CredibanCo, liderada por Gustavo Leaño, puntualizó que la concentración tanto de facturación como de transacciones fue muy similar en las dos jornadas especiales, siendo el crédito el que concentró el mayor volumen de facturación (65%), con el mayor ticket promedio ($353.032 por transacción).

Según los expertos, no hay duda de que, a medida en que la crisis se supere, el consumo de las personas a través de tarjetas de crédito se irá recuperando paulatinamente.

En este mercado, los 18 bancos que ofrecen tarjetas de crédito tienen 13,12 millones de unidades vigentes a mayo, mientras que cinco compañías de financiamiento y cooperativas completan el universo de plásticos, con 2,47 millones más.

Scotiabank Colpatria es el banco con el mayor número de tarjetas de crédito en el país, con 2,57 millones de tarjetas. Le siguen Bancolombia, con 2,30 millones de tarjetas; Banco Falabella, con 1,73 millones de plásticos; Davivienda, con 1,57 millones; Banco de Bogotá, con 1,17 millones, y Serfinanza, con 770.826 unidades. Estas seis entidades suman más de 10,13 millones de productos.

LOS CONTRASTES

Andrés Felipe DuquePresidente de Redeban

“El comportamiento transaccional empezó a mostrar una curva descendente a partir de las últimas dos semanas de marzo, cuando inició la cuarentena”.

Tarjetas con compañías de financiamiento
La Superintendencia Financiera reveló que, a mayo, existen 2,43 millones de tarjetas de crédito activas emitidas por cuatro compañías de financiamiento que operan en el país. La entidad financiera con el mayor número de plásticos es Tuya, entidad que pertenece a Bancolombia y al Grupo Éxito, con 2,40 millones de unidades.

Las otras compañías de financiamiento acumulan 22.886 plásticos y se dividen de la siguiente manera: Financiera Juriscoop, con 12.882; Giros & Finanzas, con 8.540, y Coltefinanciera, con 1.464.


Proyectos de ley que han buscado darle luz verde a las criptomonedas en Colombia


A través del proyecto de ley 028 de 2018, el cual se hundió, se intentó dar un primer paso para reglamentar el uso de las criptomonedas en nuestro país.

Jorge Alberto Villegas, explica en #CharlasConActualícese, el recorrido normativo que ha tenido este tema.

Jorge Alberto Villegas, abogado, programador y diseñador web, habló en #CharlasConActualícese sobre el recorrido de las criptomonedas en Colombia.

Villegas afirma que las criptomonedas son infinitas y su valor cambia según a qué tanto se utilizarán para adquirir productos y servicios.

«Cualquier persona puede crear un sistema para acceder a la atmósfera de los criptoactivos. El crecimiento de cada una depende de la forma en la que haga transacciones con cada una. Por ejemplo, es muy diferente el valor del bitcoin contra el petro, criptomoneda creada por el presidente Maduro de Venezuela», explica.

La competencia y el uso de una moneda sobre otra depende de qué tan fácil es para una persona utilizar dicha moneda para adquirir productos y servicios.

E

Él explica que el primer paso que se dio para reglar el uso de las criptomonedas en Colombia fue a través del proyecto de ley 028 de 2018, el cual se hundió.

«Su intención era regular la posibilidad que las personas con criptomonedas pudieran hacer cualquier tipo de transacción en Colombia. También indicaba que las personas debían suministrar datos como montos y frecuencias de las operaciones que realizaran con criptomonedas», indica.

Respecto al valor de las criptomonedas, este proyecto de ley señalaba que debían cotizarse en pesos colombianos, de acuerdo con su precio al momento de la transacción.

Luego llega el proyecto de ley 268 de 2019, en el que se plantea que sea la Supersociedades la que vigile las operaciones y no la Superfinanciera, ya que los operadores de criptoactivos se inscriben como una empresa cualquiera, con una actividad económica de plataforma digital comercial.

«Se busca que los criptoactivos sean un activo digital, un medio de intercambio. Se abre la puerta para que sirva para el pago de bienes y servicios. Se contempla que las empresas se constituyan como sociedad comercial, se registren en cámara de comercio, contar con medidas de control para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo», describe Villegas.


miércoles, 29 de julio de 2020

Empresarios están preocupados por la lentitud en la devolución de saldos de impuestos

Analdex, Cotelco y Acodres señalan que no hay claridad sobre las razones por las que la Dian rechaza las solicitudes de reintegro de saldos a favor

Pese a que con el Decreto 963 del 7 de julio el Presidente de la República, Iván Duque, anunció que se agilizaría la devolución de saldos a favor del impuesto de renta y complementarios que tuvieran las empresas, pasando de un proceso que, según la norma tardaba 50 días, a 15 días, el mecanismo no estaría funcionando a la velocidad esperada.

Así lo señalaron los líderes de Analdex, Cotelco y Acodres, gremios que reúnen a los exportadores, hoteleros y dueños de restaurantes del país, respectivamente; quienes llamaron la atención en que en medio de la crisis por la que están pasando la mayoría de empresas, tener acceso a esos recursos les da posibilidad de ganar flujo de caja, lo que, a su vez, en este momento, puede ser una cuestión de vida o muerte.



“A pesar de la decisión del Gobierno de establecer un mecanismo automático de devoluciones de saldos a favor, las empresas señalan que tienen atrapado su capital de trabajo en la Dian”, señaló Javier Díaz, presidente de Analdex.

Sin embargo, es necesario precisar que eso no significa que la Dian no esté cumpliendo con el deber de hacer el reintegro de esos recursos, sino que, según los gremios, el proceso está tardando tanto o más que antes que se emitiera el mencionado Decreto.

Gustavo Toro, presidente de Cotelco, dijo que de acuerdo con una encuesta realizada a sus afiliados este mes, solo a 22,8% de los hoteleros que hicieron la solicitud de devolución automática se la concedieron de manera oportuna.

“Cuando rechazan la solicitud para la devolución automática no les explican por qué y los mandan por el ‘camino viejo’, lo que en la práctica se demora hasta cinco o seis meses. Entonces, pese a que Cotelco propuso esta medida en su momento, los hoteleros no están siendo beneficiados como se esperaría”, indicó el líder gremial.

Según el articulado, el beneficio sólo se puede aplicar a contribuyentes que “no representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la Dian”, lo que, según Toro, no es un requisito claro.

Además, teniendo en cuenta que las empresas de turismo y los restaurantes han sido los más afectados en la pandemia, Henrique Gómez, presidente de Acodres, hizo un llamado a revaluar la forma como se analiza el riesgo y se concede el beneficio, “pues tener caja en este momento es fundamental para el sector”, apuntó.

Por otro lado, Díaz dijo que la lentitud tiene que ver con el tamaño de la empresa, pues “cuando son montos considerables, la Dian saca a las empresas del canal de devolución automática y los manda a hacer fila en el canal tradicional. Las demoras pueden ser de un año”.

Lo anterior estaría en línea con el hecho de que para las Pyme el panorama ha sido positivo, pues según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, la norma los ha ayudado y por ello piden que la devolución automática sea permanente.

En el primer semestre se devolvieron $8,7 billones

De acuerdo con el último reporte de la Dian, hecho con corte al 7 de julio, durante el primer semestre del año se gestionaron 21.882 solicitudes de devolución de saldos a favor, lo que significó un incremento de 212% frente al mismo periodo de 2019, cuando se procesaron 7.000 solicitudes. Así mismo, la entidad señaló que se devolvieron recursos a empresarios y personas naturales por más de $8,7 billones entre enero y julio de 2020, cifra que fue cinco veces superior a lo desembolsado en igual lapso del año pasado.


Derecho de petición para solicitar al empleador información sobre afiliaciones al sistema de seguridad integral

Compartimos este modelo en Word a fin de exponer cómo se puede elaborar un derecho de petición.

Este formato en particular aborda una solicitud de información sobre las afiliaciones que el empleador realizó al sistema de seguridad social integral –SSSI– a favor del trabajador.

De acuerdo con lo expuesto en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1072 de mayo 26 de 2015, entre las obligaciones del empleador se encuentra cumplir con las obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral –SSSI–, es decir, afiliar y realizar las deducciones y aportes correspondientes.

Sin embargo, existen algunos empleadores que no realizan dicho proceso o que no notifican a su empleado sobre las entidades a las que han sido afiliados; por esta razón, muchas veces el empleado se ve en la obligación de realizar diferentes solicitudes al empleador a fin de conocer a cuál empresa promotora de salud –EPS–, administradora de riesgos laborales –ARL– y fondo de pensiones ha sido o fue afiliado, durante cuánto tiempo estuvo vigente su afiliación y cuál fue el ingreso base de cotización que se reportó mes a mes.

Cuando un empleado realiza la solicitud y no recibe una respuesta afirmativa, conforme a lo expuesto en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015 puede enviar al empleador un derecho de petición que contenga, al menos, lo siguiente:
Nombre de a quien se dirige la carta, por ejemplo, al empleador.
Nombre del destinador, en este caso el empleado, cédula y datos de contacto para ser notificado.
El objeto de la petición, en este caso, la intención de recibir la certificación laboral.
Fundamento normativo que sustenta la petición.
Hechos que generan el derecho a realizar la solicitud, en este caso, el ser o haber sido empleado de la entidad o del contratante.
Firma del solicitante.

Con esto en mente, hemos creado este formato, con el cual un empleado podrá enviar un derecho de petición a su empleador a fin de que le sean notificados tanto los aportes realizados a dicho sistema como el tiempo de duración y la base de cotización de estos aportes, y las entidades a las que se encuentra o se encontraba afiliado.

Para conocer qué responsabilidades tienen los empleadores en la afiliación de sus empleados al sistema de seguridad social integral, recomendamos revisar el siguiente editorial: Riesgos de no afiliar los trabajadores a seguridad social.

martes, 28 de julio de 2020

Estos son los cinco tips para cuidar su salud financiera ante la emergencia sanitaria

Existe incertidumbre frente a la situación económica y sanitaria; por ello, hay que planificar el gasto de los próximos meses

Tras culminar la cuarentena, y para reactivar sus actividades, muchas personas pensarán en tomar un crédito. Por lo tanto, deben gestionar desde hoy sus ingresos y gastos de manera adecuada, para poder llegar a fin de mes cumpliendo con todas las obligaciones financieras.

“Durante la cuarentena fue posible gestionar adecuadamente nuestro dinero, actualmente no existen gastos en transporte o los relativos al ocio, como comer afuera, viajar o incluso irse de compras, esas ya no son actividades posibles debido al aislamiento social”, afirmó Sergio Soto, gerente de marketing de Infocorp - Equifax.

“Sin embargo, todavía debemos afrontar los gastos fijos del hogar y alimentos”, añadió

Se debe tomar en cuenta que la reactivación económica se reinicia por fases, y todo dependerá de la curva de crecimiento de los contagios por COVID-19. Por ello, hay que planificar el gasto de los próximos meses desde hoy, e Infocorp brinda seis consejos para gestionar su dinero de la mejor manera.

Evite comprar por impulso

Los cambios de estado de ánimo (estrés, ansiedad o aburrimiento) pueden propiciar las compras impulsivas. Estas impiden el ahorro sostenido, por lo que antes de comprar algo pregúntese: ¿realmente lo necesito? ¿puedo pagarlo?

Reprogramaciones

Las entidades financieras emitieron medidas para reprogramar el pago de deudas de sus clientes. Si accede a los beneficios, planifique esta nueva temporada sin pagar deudas, pero gestione sus ingresos mensuales para que el retorno del periodo de pagos no lo golpee.

Reporte de deudas gratis

Recuerde que solo accede a los beneficios financieros de las entidades bancarias, quien está al día en el pago de sus deudas. Además de consultar el monto adeudado con tu banco, revise su historial crediticio.

Busque ofertas

Puede acceder a vales de descuento, promociones o comprar artículos con descuento. Si cuenta con tarjeta de crédito, esta le permite acceder a descuentos, promociones, acumulación de puntos.

Gastos digitales

Si no le gusta apuntar en un papel o usar el Excel, la tecnología llegó para salvarlo. Puedes usar diversas apps para registrar tus gastos, evitando introducir manualmente las compras.


Quiénes conforman el grupo 3 de convergencia y qué marco de información aplican?



A partir del proceso de convergencia a Estándares Internacionales, en Colombia se dividieron a las entidades del país en tres (3) grupos.

El grupo 3 quedó conformado por las microempresas.

A continuación, explicamos los requisitos para clasificarse en este grupo y el marco normativo que les aplica.

La expedición de la Ley 1314 de 2009 marcó el inicio del proceso de convergencia hacia Estándares Internacionales en Colombia.

Esta ley señaló en su artículo 2 la necesidad de que las empresas más pequeñas no aplicaran Estándares Internacionales, sino una contabilidad simplificada.
“el Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomendó dividir a las entidades del país en tres grupos de acuerdo con sus características y necesidades”

En consecuencia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomendó dividir a las entidades del país en tres grupos de acuerdo con sus características y necesidades.

Cada grupo de convergencia aplicaría un marco de información financiera distinto, así:


Grupo de convergenciaMarco de información financiera que aplica
1Estándar Pleno, compilado en el anexo 1 – 2019 del DUR 2420 de 2015.
2Estándar para Pymes, compilado en el anexo 2 del DUR 2420 de 2015.
3Contabilidad simplificada, compilado en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015.


¿Quiénes conforman el grupo 3 de convergencia?

El grupo 3 de convergencia quedó conformado por las personas naturales y jurídicas que cumplan los criterios expuestos en los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, compilados en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015, a saber:
1. Microempresas que cumplan las siguientes condiciones:
CondiciónLímite
Planta de personal.Inferior o igual a 10 trabajadores.
Activos totales, excluida la vivienda.Valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–.
Ingresos brutos anuales.Inferiores a 6.000 smmlv.

 

2. Personas naturales que cumplan con los requisitos establecidos en el parágrafo 3 del artículo 499 del Estatuto Tributario –ET– (actualmente establecidos en el parágrafo 3 del artículo 437 del ET):

RequisitoLímite (o restricción)
Ingresos brutos totales en el año anterior o en el año en curso.Inferiores a 3.500 UVT.
Establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio.Uno.
Actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.No llevar a cabo este tipo de actividades.
Usuarios aduaneros.No se debe tener esta responsabilidad.
Monto de contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados con IVA en el año inmediatamente anterior o en el año en curso.Por cuantía individual debe ser inferior a 3.500 UVT.
Monto de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o en curso.Inferior a 3.500 UVT.

 


Marco técnico normativo de las entidades del grupo 3
“Las entidades del grupo 3 no están obligadas a aplicar Estándares Internacionales, sino un marco de contabilidad simplificada”

Las entidades del grupo 3 no están obligadas a aplicar Estándares Internacionales, sino un marco de contabilidad simplificada, que omite muchos de los requerimientos de las entidades que aplican el Estándar para Pymes y el Pleno, debido a que su base principal de medición es el costo. Dicho marco de contabilidad está compilado en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015.

Recuerda que si deseas conocer más acerca del marco de información de las entidades del grupo 3, puedes acceder a nuestra Cartilla Práctica Contabilidad para microempresas, la cual contiene una guía detallada sobre los siguientes temas:
Estados financieros obligatorios para las microempresas.
Conceptos generales de la contabilidad simplificada.
Elaboración de políticas contables.
Reconocimiento, medición y casos prácticos de las operaciones de las microempresas.
Indicadores financieros básicos para microempresas.



lunes, 27 de julio de 2020

Los temas que deberían priorizar los empresarios una vez la pandemia del covid termine

Las nuevas tecnologías, las innovaciones digitales y la sostenibilidad son tres aspectos que son relevantes entre los consumidores

Nuevas tecnologías, innovaciones digitales y las expectativas cambiantes de los consumidores son las tres prioridades principales para los líderes empresariales en medio de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, según el estudio de Euromonitor : ¿Cómo ha impactado covid-19 en su negocio?


La publicación también detalló que las empresas ahora se ven obligadas a estar adaptando sus estrategias para abordar la urgencia a corto plazo de sobrevivir a la pandemia, mientras continúa con inversiones a largo plazo y estrategias para crear valor en un entorno que está constante en evolución.

Una de las tendencias que aceleró la crisis generada por este patógeno es la de la apuesta por la digitalización. Una muestra de esto es que 59% de los encuestados por Euromonitor aseguraron que mejorar la experiencia de los usuario es el desarrollo específico de comercio más importante para los próximos 12 meses.

En línea con esto, el estudio señaló que 22% de los encuestados tiene previsto invertir en servicio al cliente a través de videollamadas en los próximos tres - cinco años y 37,5% de los encuestados ofrecen la capacidad para que los clientes accedan a su perfil en línea, en la tienda y en las aplicaciones.

De acuerdo con estos resultados, Alberto Pardo, CEO y fundador Adsmovil, explicó que estas apuestas responden a que “el consumidor pospandemia tendrá más opciones, seguramente será más digital, habrán cosas que seguirá comprando por internet como otras que no, pero tratará de solucionar muchos de sus problemas a través de un clic, por lo que se puede decir que la transformación digital sin duda llegó para quedarse”.

Pese a que las empresas reconocen que hay una necesidad de estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y las innovaciones digitales, el estudio de Euromonitor señaló que 40% de los encuestados declaró que la falta de talento o habilidades era la mayor barrera que obstaculizaba la efectividad digital.

En línea con esto, Pardo comentó que talento y liderazgo son los retos más importantes que tienen las empresas para poder gestionar equipos multidisciplinarios y remotos en la actualidad, ya que las compañías de todo el mundo se están enfrentando a un impacto que trae consigo clientes nuevos, un mejor servicio para sus clientes actuales, la entrada en nuevos mercados o el lanzamiento de nuevos productos derivados de la innovación, entre otros.

Para responder a las necesidades de los consumidores en la pospandemia, las compañías tendrán que apostarle a una fuerte cultura digital. Esto se evidencia en que casi 70% de los encuestados por Euromonitor aseguraron que hay una necesidad de ampliar el trabajo remoto, más de 55% dijo que se deben reformar e implementar estrategias digitales, 30% señaló que hay que invertir en automatización y nuevas tecnologías, entre otras medidas relacionadas con la tecnología para prevenir riesgos similares en el futuro que están en el gráfico.

El trabajo remoto no es un tema que empezó a preocupar a los líderes de las compañías en medio de la pandemia, sino que venía de tiempo atrás. Sebastián Ponce de León, consultor en Mercer Colombia, explicó que “los estudios de tendencias de talento realizados por Mercer desde hace más de tres años mostraban que más de 80% de los directivos a nivel mundial estaba preocupado sobre la incursión en el futuro del trabajo. Menos de 20% contaban con prácticas estructuradas hacia ese propósito, y ahora, el virus aceleró la necesidad latente de cambiar algunas prácticas de talento, recomponer el estilo de liderazgo, redefinir la compensación y tener otras formas de medir la cultura y el compromiso de los empleados”.

Expectativas del consumidor
En el frente de La publicación las expectativas cambiantes de los consumidores a las que las compañías se enfrentan, Euromonitor destacó que 75% de los encuestados creen que los consumidores prestarán mayor atención a cómo las empresas tratan a los empleados de ahora en adelante.

Esto se debe a que la pandemia ha traído un renovado interés en lo social, especialmente en lo relacionados con la salud, bienestar mental, seguridad laboral y luchas financieras. A medida que la crisis evoluciona, será más fácil para los consumidores discernir qué compañías permanecen altamente alineadas con su propósito y valores más allá del brote, reseñó la firma en la publicación.

LOS CONTRASTES

Alberto PardoCEO y fundador Adsmovil

“El consumidor ha cambiado en su forma de pensar y actuar incluyendo la forma como compra. Internet se volvió la principal herramienta ya que no quiere ir a los supermercados o a las tienda”.

Sebastián Ponce de LeónConsultor en Mercer Colombia

“El virus aceleró la necesidad latente de cambiar algunas prácticas de talento, recomponer el estilo de liderazgo, redefinir la compensación y otros factores”.

En medio de esta nueva normalidad que empieza a dibujar las preferencias de los consumidores en la pospandemia, Euromonitor destacó que 73% de los profesionales piensan que la estrategia de sostenibilidad de su empresa es un componente importante de la propuesta de valor que debe mejorarse.

El cambio de las costumbres en los consumidores se está empezando a sentir en el día a día del comercio. Según datos de Mercado Libre, “a la fecha hay más de 5.900 empresas y emprendedores con productos sustentables en la región. En Colombia el consumo sustentable se duplicó de marzo a mayo, ya que el crecimiento de los compradores totales en la categoría fue de 101% y el de nuevos compradores de 100%”.

Teniendo en cuesta este panorama, Euromonitor concluyó que “los avances tecnológicos, las nuevas marcas nativas digitalmente y las expectativas cambiantes de los consumidores están generando incertidumbre y mayor competencia”.

El trato hacia los empleados será clave para las industrias en el futuro
Según la publicación de Euromonitor, 45% de las empresas encuestadas cree que la atención prestada por parte de los consumidores a la forma en que las empresas tratan a los empleados y consumidores durante la pandemia de covid-19 se volverá permanente durante futuras crisis, mientras que 33,5% de las compañías que fueron tenidas en cuenta en el análisis destacó que planean invertir en la salud y el bienestar de los empleados para evitar riesgos similares a los del covid-19 en el futuro.