martes, 26 de enero de 2021

Cambio de políticas contables por el COVID-19


Para disminuir las pérdidas que se presentarán en los estados financieros de 2020 como resultado de la crisis ocasionada por el COVID-19, algunas empresas pueden verse tentadas a modificar sus políticas contables.

En este editorial analizamos si los Estándares Internacionales permiten esta posibilidad.

En esta época, en la cual las entidades enfrentan condiciones financieras y económicas adversas ocasionadas por la pandemia del COVID-19, algunas pueden verse tentadas a modificar sus políticas contables en aras de aminorar las pérdidas que se reflejarán en los estados financieros de los períodos 2020 y siguientes, y de mantener su capacidad para continuar operando en el futuro.

Por ejemplo, una entidad del grupo 2 podría considerar cambiar el modelo de medición de sus propiedades de inversión del valor razonable al modelo del costo-depreciación-deterioro para no contabilizar disminuciones en el valor razonable de estos activos que afecten las utilidades del período.


Este tema hace parte de nuestro Especial Impactos del COVID-19 en los estados financieros de 2020, en el cual se estudian en profundidad los principales cambios que ha generado la crisis ocasionada por el COVID-19 en los estados financieros de 2020. ¡No dejes de consultarlo!
Cambio de políticas contables: ¿qué dice la norma?

Al respecto, cabe resaltar que los párrafos 8 de la sección 10 del Estándar para Pymes y 14 de la NIC 8 permiten que una entidad modifique sus políticas contables únicamente en las siguientes situaciones:
Cuando así lo requiera una modificación al Estándar para Pymes o a una de las normas NIIF (o NIC). En este caso el cambio es obligatorio.

Cuando el cambio permita que los estados financieros brinden información más relevante y fiable. En este caso el cambio es voluntario.
“puede concluirse que en principio una entidad no podría modificar sus políticas contables con el propósito de aminorar las pérdidas que se reconocen en los estados financieros”

En consecuencia, puede concluirse que en principio una entidad no podría modificar sus políticas contables con el propósito de aminorar las pérdidas que se reconocen en los estados financieros, sino que únicamente podrá modificar sus políticas contables cuando esto implique que la entidad genere información más relevante y fiable.

En todo caso, si una entidad decide modificar alguna de sus políticas contables porque considera que este cambio le permite generar información más relevante y fiable, debe documentar adecuadamente las razones por las que considera que dicho cambio mejora la información que emite (ver Concepto 705 de 2020 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–).

Adicionalmente, debe recordar que el cambio se debe contabilizar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la sección 10 del Estándar de Pymes o la NIC 8.

Si eres suscriptor de Actualícese y deseas estudiar en profundidad los principales cambios que ha generado la crisis ocasionada por el COVID-19 en los estados financieros de 2020, no dejes de consultar nuestro Especial Impactos del COVID-19 en los estados financieros de 2020.

cambio de políticas contables por COVID-19

Cambio de políticas contables por el COVID-19 (actualicese.com)

lunes, 25 de enero de 2021

El fin de los alivios preocupa a las entidades financieras


El último informe de la Superintendencia Financiera menciona que a agosto el saldo total de la cartera bruta ascendió a $523.6 billones.

Aunque con la actual coyuntura del coronavirus la actividad lentamente está comenzando a reactivarse, la incertidumbre por los nuevos casos de contagio se ha mantenido latente y los factores de riesgo de algunos actores económicos se mantiene alta e incluso se ha incrementado, lo que afecta el crecimiento del crédito.

Y no es solo que haya sectores que como el turismo o algunas actividades ligadas con la diversión y entretenimiento todavía sigan sin reactivarse y por lo tanto con el máximo nivel de percepción de riesgo frente a los establecimientos de crédito, sino que otros se mantienen golpeados y no demandan recursos.


No obstante, las estadísticas muestran que los desembolsos han seguido fluyendo. Del 20 de marzo hasta el 30 de octubre, las empresas y los hogares han financiado sus actividades a través de 160’683.362 créditos desembolsados, por $198,3 billones.

Pero otro tema es que con la crisis que generó la lucha contra la expansión del contagio, el sistema financiero, en conjunto con el Gobierno, pusieron en marcha prórrogas y periodos de gracia que vencieron el 31 de julio y actualmente adelantan el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) con el que se busca de manera personalizada ayudar a quienes perdieron su empleo, bajaron ingresos o, en el caso de empresas, entraron en quiebra o ley de reorganización.

El último informe de la Superintendencia Financiera menciona que a agosto el saldo total de la cartera bruta ascendió a $523.6 billones, con lo que el indicador de profundización alcanzó el 50,7% del PIB y en términos reales el saldo continúa registrando una variación anual positiva de 5,3%.

De momento, según la Superfinanciera, con la finalización de las medidas de contención no se ha presentado un deterioro significativo de la cartera. De un lado, la cartera al día (con mora menor o igual a 30 días) ascendió a $500,5 billones, lo que equivale a un crecimiento real anual de 5,4% y un 95,6% del saldo total.

De otro lado, la cartera vencida (con mora superior a 30 días), registró un saldo de $23,1 billones, equivalente a una variación real anual de 3,6%. El incremento refleja que algunos deudores que se acogieron a las medidas de alivio continuaron experimentando dificultades para atender sus pagos.

El organismo dijo que la dinámica del recaudo es positiva y revela que gran parte de la cartera que se acogió a periodos de gracia o redefiniciones retomó sus hábitos de pago.
La calidad por mora, medida como la proporción entre las carteras vencida y bruta, fue 4,4% para el total del portafolio. A partir de la finalización de las medidas de alivio el indicador retornó a niveles pre-covid (4,4% en febrero).

Mauricio Cepeda Díaz Granados, vicepresidente de Crédito del Banco de Occidente dice que los principales criterios de evaluación de riesgo están alrededor de la variable ingresos, es decir “la magnitud de la reducción desde marzo y especialmente abril, momento de inicio de recuperación de dichos ingresos y magnitud y velocidad de esta recuperación”.

Así, “cobra la mayor relevancia revisar la evolución mensual y hacer estimativos del comportamiento esperado en los siguientes meses, para poder hacer las validaciones tradicionales de capacidad de pago y endeudamiento”.

El ejecutivo asegura que en la cartera comercial, “además de la mencionada afectación de los ingresos, se está considerando la capacidad financiera previa a la crisis, la afectación del sector económico y las perspectivas de recuperación”.

Y asegura que “los sectores más riesgosos en este momento son aquellos que aún no han iniciado la recuperación de sus ingresos o que lo han hecho pero muy lentamente y a los que seguramente les tomará un tiempo importante retomar el nivel de ingresos que tenían antes de la pandemia”.

Indicó que ya se comenzó a ver el deterioro, más rápidamente en cartera comercial que en cartera de consumo o vivienda.

Sanción a la que se expone un contribuyente si no declaró a tiempo


El 21 de octubre de 2020 culminaron los plazos para que las personas naturales del régimen ordinario presentaran su declaración de renta del AG 2019.

Los plazos para la declaración anual del SIMPLE finalizaron el 28 del mismo mes.

Quienes no cumplieron se verán expuestos a la sanción por extemporaneidad.

El 21 de octubre de 2020 se cumplió el último plazo para que las personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del régimen ordinario, obligadas a declarar, presentaran su declaración de renta y complementario por el año gravable 2019.

Por su parte, los contribuyentes que optaron por pertenecer al régimen simple tuvieron el último plazo para presentar la declaración anual consolidada del período fiscal 2019 el 28 de octubre de 2020.

En este orden de ideas, aquellos contribuyentes del régimen ordinario o del SIMPLE que no cumplieron con su obligación de declarar dentro de las fechas señaladas por el Gobierno nacional (ver nuestro Calendario tributario 2020) incurrirán en la sanción por extemporaneidad consagrada en los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario –ET–.

Tal sanción será menos gravosa si es calculada antes de que la Dian profiera el emplazamiento para declarar, pues en ese caso se generará la duplicidad de la sanción.

Recordemos que, según el artículo 916 del ET, modificado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, el régimen de procedimiento sancionatorio y de firmeza de las declaraciones en el régimen simple será el mismo previsto en las normas del ET.

A continuación, analizaremos los aspectos más relevantes de la sanción por extemporaneidad que puede ser aplicada a un contribuyente del régimen ordinario o del SIMPLE, por no cumplir a tiempo con su obligación.
Sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento

Cuando la declaración de renta del régimen ordinario o la declaración anual consolidada del SIMPLE sea presentada extemporáneamente, los contribuyentes obligados a declarar deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente a los siguientes valores:
5 % del total del impuesto a cargo, sin que este exceda del 100 % del mismo. Esta se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto.
Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción será equivalente al 0,5 % de los ingresos brutos percibidos en el período gravable, sin que esta cifra exceda el menor valor resultante de aplicar el 5 % a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiese. Igualmente, no podrá exceder las 2.500 UVT ($89.018.000 en 2020) cuando no exista saldo a favor.
Si durante el período no se originaron ingresos brutos ni impuesto a cargo, la sanción corresponderá al 1 % del total del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior; este valor no podrá exceder de la menor cifra resultante de aplicar el 10 % al patrimonio líquido inmediatamente anterior, del doble del saldo a favor si lo hubiese o del equivalente a 2.500 UVT cuando no exista saldo a favor.

Con nuestro liquidador de Sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento podrás calcular el monto de la sanción, atendiendo los diferentes criterios, así como la posibilidad de reducción señalada en el artículo 640 del ET.
Extemporaneidad en las declaraciones con posterioridad al emplazamiento

Cuando un contribuyente recibe un emplazamiento por parte de la Dian, mediante el cual le otorga un mes para cumplir con su obligación, se entiende que al acatar dicha solicitud voluntariamente deberá liquidar la sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contemplada en el artículo 642 del ET, atendiendo los siguientes criterios:
10 % del total del impuesto a cargo, sin que se exceda el 200 % del mismo.
Cuando no existe impuesto a cargo, pero sí ingresos brutos, la sanción será equivalente al 1 % de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período gravable, sin exceder la menor cifra resultante de aplicar el 10 % de dichos ingresos, de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiese o de la suma de 5.000 UVT ($178.035.000 en 2020) cuando no exista saldo a favor.
En el caso que no hubiese ingresos brutos durante el período ni impuesto a cargo, la sanción correspondiente será del 2 % del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin que se exceda la cifra menor resultante de aplicar el 20 % a dicho patrimonio líquido, de 4 veces el valor del saldo a favor si existiese o de la suma de 5.000 UVT cuando no haya saldo a favor.

Con nuestro liquidador de Sanción por extemporaneidad después del emplazamiento podrás determinar la sanción una vez sea proferido el emplazamiento de la Dian. Además, podrás aplicar las respectivas reducciones que permite el artículo 640 del ET.
“las sanciones antes mencionadas no podrán quedar por debajo de la sanción mínima ($356.000 en 2020). Además, estas serán cobradas sin perjuicio de los intereses de mora originados”

Es necesario aclarar que, en todo caso, las sanciones antes mencionadas no podrán quedar por debajo de la sanción mínima ($356.000 en 2020). Además, estas serán cobradas sin perjuicio de los intereses de mora originados por el incumplimiento en el pago del impuesto a cargo del contribuyente (ver nuestro editorial Sanción mínima Dian en Colombia).
Para tener en cuenta

Es importante que, al momento de liquidar una sanción, el contribuyente tenga especial cuidado con los cálculos realizados, dado que, de acuerdo con el artículo 701 del ET, cuando el contribuyente liquide las sanciones incorrectamente, la Dian podrá liquidarlas incrementadas en un 30 %. Esto también procederá cuando el contribuyente no liquide la respectiva sanción estando obligado a ello.

No obstante, es preciso resaltar que el incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente, dentro de los dos meses para interponer el recurso de reconsideración, acepta los hechos, renuncia a este y cancela el valor total de la sanción más el incremento reducido.

Sanción por extemporaneidad el régimen ordinario y SIMPLE (actualicese.com)

domingo, 24 de enero de 2021

Consejo de Estado declara nula la flexibilización de requisitos para obtener el RUT


Con la Resolución 000040 de 2020, la Dian flexibilizó transitoriamente algunos requisitos para la obtención del RUT de inversionistas extranjeros en Colombia.

No obstante, con la Sentencia 211700 de 2020, el Consejo de Estado declaró nula dicha resolución, como control inmediato de su legalidad.

En medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional, con el propósito de establecer nuevas medidas que permitieran la prestación de servicios a cargo de las entidades del Estado y en aras de prevenir la propagación de la enfermedad mediante el distanciamiento social, la Dian expidió el 30 de abril de 2020 la Resolución 000040, para flexibilizar de manera transitoria algunos de los requisitos para la obtención del RUT por parte de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia, obligados a cumplir deberes formales, y de los prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA.

Lo anterior, considerando que la flexibilización del trámite facilitaría el registro en el RUT, toda vez que durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud (la cual, según la Resolución 1462 de 2020, iría hasta el 30 de noviembre de 2020) se le permitiría al contribuyente aportar los documentos para la formalización del RUT, tales como fotocopia del documento de identidad y fotocopia del documento vigente con el que se acredite la existencia y representación legal, entre otros destacados en el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, de forma simple y en el idioma original, sin que se requiriera traducción oficial ni apostilla.

Además, la Dian consideraba que dicha medida adoptada era indispensable, considerando que el cumplimiento de obligaciones formales, como es la presentación de la declaración de renta, solo era posible si se contaba con la inscripción en el RUT, de tal manera que, de no haberse flexibilizado los requisitos exigidos a los contribuyentes, no hubiera sido posible cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos por el Gobierno nacional, siendo acreedores a las sanciones previstas por el ordenamiento tributario.

No obstante, la flexibilización de los requisitos no implica la eliminación de las exigencias previstas en la norma para el trámite de la inscripción en el RUT, bajo el entendido de que los contribuyentes tendrán la obligación de presentar los documentos pertinentes con los requisitos exigidos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la emergencia sanitaria finalice; de lo contrario, se podrá dar la cancelación del RUT de manera oficiosa por parte de la Dian.

Pese a los argumentos antes señalados, el Consejo de Estado, mediante la Sentencia 211700 del 22 de septiembre de 2020, declaró la nulidad de la Resolución 000040 de 2020. A continuación, explicamos los motivos de tal decisión.
Consejo de Estado declara la nulidad de la Resolución 000040 de 2020
“el Consejo de Estado concluyó que la Resolución 000040 de 2020 contiene una modificación a la normativa que establece los requisitos que deben cumplirse para obtener la inscripción en el RUT”

A través de la Sentencia 211700 de septiembre 22 de 2020, el Consejo de Estado concluyó que la Resolución 000040 de 2020 contiene una modificación a la normativa que establece los requisitos que deben cumplirse para obtener la inscripción en el RUT, cuestión que es competencia exclusiva del Gobierno nacional bajo el amparo del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

En efecto, el artículo 555-2 del Estatuto Tributario –ET–, en su inciso tercero, señala que los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimiento de inscripción, actualización, entre otros, serán reglamentados por el Gobierno nacional, lo cual se ha llevado a cabo mediante los decretos reglamentarios 2460 de 2013, 1625 de 2016, 1468 de 2019 y 1091 de 2020, con los que se han realizado una serie de ajustes a las normas que regulan la inscripción en el RUT (ver artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 8 del Decreto 1091 de 2020).

En este orden de ideas, es claro que el director de la Dian no puede realizar modificaciones ni introducir excepciones a los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno nacional, considerando que las reformas a las normas reglamentarias solo pueden ser adoptadas por la autoridad pública competente que las expidió.

Ahora bien, el Consejo de Estado advierte que el Decreto 4048 de 2008, tal como lo invocó la Dian para hacer referencia a la competencia asignada en materia de impuestos, en ningún caso puede ser el fundamento para modificar otras normas.

Lo anterior, entendiendo que las competencias relacionadas a dirigir y administrar los impuestos nacionales, así como la función de vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, debe desarrollarse dentro del marco del ordenamiento jurídico, lo que implica el respeto por el ejercicio de las competencias asignadas al Gobierno nacional (presidente de la República) para reglamentar los procedimiento de inscripción en el RUT. Por tanto, le corresponde a la Dian impartir instrucciones generales en materia tributaria, que deberán sujetarse a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Nulidad de la resolución no afecta situaciones jurídicas consolidadas

En la Sentencia 211700 de 2020 se establece que, aunque la nulidad de la Resolución 000040 de 2020 se retrae a la fecha de expedición de la sentencia (22 de septiembre de 2020), tal decisión no afecta las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de las disposiciones anuladas. Por tanto, no invalida las inscripciones en el RUT ya realizadas por los inversionistas extranjeros y los prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA.

Consejo de Estado declara nulidad de la Resolución 000040 de 2020 (actualicese.com)

sábado, 23 de enero de 2021

Crecer la deuda siempre implica más impuestos

Los mismos congresistas que están ampliando el cupo de endeudamiento del Gobierno tendrán que estudiar a renglón seguido otra reforma tributaria, pues no hay otra manera de pagar

Por estos días no hay mucho debate real en un Congreso virtual y las iniciativas pasan como si nada sucediera en una suerte de trámites ordinarios.

Así fue aprobado en la Cámara de Representantes y la Comisión Tercera del Senado el Proyecto de ley 348 que busca la ampliación del cupo de endeudamiento en US$14.000 millones (cerca de $51 billones), monto que le permitirá al Gobierno continuar con la diversificación de las fuentes de financiación de la crisis derivada de la pandemia. Con este dinero también se financiarán las apropiaciones presupuestales de los próximo tres años. No hay otro camino para que este Gobierno y el venidero honren sus compromisos de inversión y unos mínimos de funcionamiento, pues literalmente la “olla está raspada”.

En su justificación de motivos, el Ministerio de Hacienda argumenta que el cupo de endeudamiento es prudente y suficiente para disminuir el riesgo de refinanciación frente a posibles cierres de mercado y/o aumento de las tasas de interés, dada la alta volatilidad observada en lo corrido del año, producto de la coyuntura internacional actual. La iniciativa también amplía en US$3.000 millones el cupo de endeudamiento para garantías de la Nación en préstamos que busquen las entidades públicas.

Todo un arsenal de acciones que asegura recursos adicionales con los que se esperan mejorar condiciones económicas para hacer una emisión de bonos, justo cuando todos los gobiernos emergentes tienen esa jugada en su agenda financiera. Al Gobierno le empieza a preocupar el acceso a financiación después del primer trimestre del próximo año, pues las condiciones de los mercados y la nota de las calificadoras de riesgo pueden empeorar muy a pesar de que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se traza una hoja de ruta, pero se contempla US$6.500 millones de fuentes externas y amortizaciones por US$3.800 millones, toda una carga compleja en condiciones críticas. De los US$14.000 millones de ampliación de cupo que se piden, US$7.000 millones están contemplados en el Marco Fiscal y US$7.000 millones más para imprevistos.

Cabe resaltar que de las autorizaciones pasadas por US$13.000 millones, otorgadas hace cinco años, con corte al 30 de junio de 2020, el Gobierno mantiene un saldo disponible por US$2.694 millones, monto que será suficiente hasta marzo de 2021, según el Ministerio de Hacienda. Actualmente, la deuda externa total está en US$150.505 millones, es decir 53,6% del PIB, pero ascenderá a más de 60% en menos de seis meses, lo que pondrá al país en la gran encrucijada de apurar una nueva reforma tributaria para pagar esas obligaciones disparadas durante esta larga pandemia que ha deprimido la economía hasta saldos en rojo que nunca había registrado en toda su historia. Vale la pena recordar, ante la fiebre de endeudamiento, el adagio popular que “en la economía no hay tal cosa como un almuerzo gratis”, acuñado por Milton Friedman para demostrar que los subsidios públicos no eran gratuitos, sino que alguien tenía que pagarlos con impuestos.

Toda deuda pública debe ser pagada por los contribuyentes en algún momento, quienes a su vez son los que toman la decisión de crecer las deudas, claro está, a través del Ministerio de Hacienda y el Congreso, pues al fin y al cabo son los votantes quienes los ponen en sus cargos. No se puede perder de vista que en Latinoamérica no hay fondos a pérdida y que aquí las deudas deben pagarlas los contribuyentes.

Crecer la deuda siempre implica más impuestos (larepublica.co)

Las sanciones a las que se expone por no pagar oportunamente las cesantías de sus trabajadores


El plazo para pagar esta prestación social, que equivale a un mes de salario por cada año laborado, vence el próximo 14 de febrero

Como sucede siempre a inicios del año, el plazo para el pago del auxilio de cesantías y consignación de sus intereses está próximo a vencerse, por lo que vale la pena recordar en qué consiste esta prestación y cómo debe liquidarse.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la cesantía es una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores que tienen un contrato laboral, salvo aquellos que tienen salario integral, y es una cantidad de dinero equivalente a un mes de salario por cada año de servicio prestado o proporcionalmente por fracción de año. Este pago deben hacerlo los empleadores al fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero de este año.

Cabe recordar que las cuatro administradoras privadas son Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, mientras que la pública es el Fondo Nacional del Ahorro. Las administradoras privadas, de acuerdo con Asofondos, tienen actualmente cerca de $14,5 billones en ahorros de cesantías, que pertenecen a aproximadamente a 9 millones de afiliados.

Para calcular cuánto debe recibir un trabajador por este concepto, debe multiplicarse el salario mensual base por el número de días laborados y dividir el resultado en 360. Por ejemplo, si usted devenga $1.000.000 mensual y trabajó del primero de enero al 31 de diciembre, sus cesantías serán equivalentes a su salario, es decir, $1.000.000. Si, en cambio, usted trabajó del primero de julio al 31 de diciembre, laboró 180 días, por lo que su auxilio será de $500.000 (ver gráfico).

Lo anterior vale si la persona tiene un salario fijo. En cambio, explicó Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “si el salario es variable, el salario base para calcular es el promedio de los 12 meses anteriores a la liquidación de la prestación”. El experto, además, recordó que la sanción por no pagar esta prestación a tiempo es de un día de salario por cada día de retraso en el pago.

Teniendo en cuenta que las cesantías están consignadas en un fondo, los trabajadores pueden retirarlas, como norma general, solamente en los siguientes casos: terminación del contrato laboral; para financiar la educación superior propia, del cónyuge o de los hijos; y para compra la construcción y/o mejoras de la vivienda.


Sin embargo, recordó Jaramillo, el Gobierno expidió en el marco de la emergencia del covid-19 el Decreto 488 que permite que, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, los trabajadores que hayan visto una reducción de sus ingresos puedan hacer retiros parciales de las cesantías cada mes por el monto que le permita compensar esa reducción.

“Es decir, si su salario es de $2.000.000 pero por cuenta de la emergencia su empleador le está pagando solo $1.200.000, usted puede retirar mensualmente los $800.000 que hacen falta para compensar la reducción del ingreso”, agregó Jaramillo.

Adicionalmente, explicó Nicolás Rico, socio de Scola Abogados, por cuenta de las medidas laborales que se aprobaron por cuenta de la emergencia sanitaria surgió una discusión sobre qué pasa cuando hay una suspensión del contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito o acuerdo entre las partes de una licencia no remunerada. “En esos casos, es descontable del número de días de cesantías el tiempo en que si bien hubo contrato laboral vigente, no hubo prestación del servicio”, anotó.

Sobre los intereses

Otra prestación social distinta, que es autónoma pero conexa a la hasta aquí descrita, es la de los intereses de las cesantías. Esta, a diferencia de la primera, debe pagarse directamente en la cuenta de nómina del trabajador, y el plazo para hacerlo es el 31 de enero de este año.

Estos intereses, que también se calculan de manera proporcional al tiempo trabajado, corresponden a 12% del valor de la cesantía anual. Para calcular cuánto debe recibir un empleado por concepto de intereses, se multiplica la cesantía por el número de días laborados por 0,12, y se divide ese resultado en 360.

De esta manera, si se retoman los ejemplos ya planteados, si su salario es $1.000.000 y trabajó todo el año, usted recibirá $120.000 en su cuenta por concepto de intereses de cesantías. Si, en cambio, su sueldo es ese mismo, pero trabajó desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre, recibirá $60.000.

Además, recordaron los expertos, la sanción por no pagar a tiempo esta prestación es que se duplica el valor, es decir, que el empleador no deberá pagar 12% sino 24%. Sin embargo, al no ser una sanción moratoria según el tiempo de retraso, el monto a reconocer es el mismo, independientemente de que se pague el primero de febrero o el 31 de diciembre.

El Código Sustantivo del Trabajo establece que está prohibido efectuar el pago parcial de las cesantías al trabajador antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos señalados por la ley. En caso de hacer esos pagos parciales directos, se perderán las sumas pagadas.

Antecedentes

El Decreto 488 de 2020 contemplaba inicialmente la posibilidad del retiro de cesantías por reducción de ingresos únicamente a los afiliados a las cuatro administradoras privadas. Sin embargo, la Corte Constitucional, al hacer el estudio de constitucionalidad, consideró que irrespetaba el principio de igualdad con quienes tuvieran el dinero en el FNA, por lo que determinó que esta entidad está obligada a entregar las cesantías bajo los mismos términos de los fondos privados.