Todo indica que en octubre de 2019 la Corte Constitucional declarará la inconstitucionalidad de la Ley de financiamiento. Una vez se conoció extraoficialmente la noticia, tanto el Gobierno nacional como los gremios se manifestaron a favor de esta y lanzaron una alerta en caso que se le dé de baja.
Luego de que el 17 de septiembre de 2019 la W Radio diera a conocer que la Ley de financiamiento sería declarada inconstitucional en octubre del año en curso, la reacciones por parte del Gobierno y los gremios no se hicieron esperar.
Julio Fernando Álvarez Rodríguez, socio consultor de Cuervo Abogados, abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario había hablado con Actualícese sobre el tema, afirmando que existían serios indicios de que las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de financiamiento prosperarían.
Extraoficialmente, el medio de comunicación conoció que hasta el momento la votación estaría tumbando la ley. Los magistrados Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas estarían favor de tumbarla, mientras que a favor de mantenerla estarían Carlos Bernal, Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero.
Iván Duque, presidente de Colombia, el mismo día que se conoció la noticia, manifestó ante los medios que: “La Ley de financiamiento ha sido muy beneficiosa para el país. Es la primera vez que una ley hace una reforma fiscal donde le baja la carga a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Pero, además, recauda más cobrándole a las personas que realmente tienen un ingreso muy por encima al de todos los colombianos”.
Resaltó que con esta ley se implementan medidas que permiten la modernización y el fortalecimiento de la Dian, lo que le permitirá adelantar una lucha más eficiente contra la evasión. “Además, se fortalece la Dian y le da incentivos al emprendimiento en los sectores de tecnología, en los sectores creativos, en el sector agropecuario; crea el régimen simple”, dijo Duque.
El presidente aseguró que todos los beneficios que vienen con la Ley de financiamiento se deben mantener, por el bien del país. Desde el punto de vista del Gobierno, esta busca proteger a la población más vulnerable, contar con un sistema tributario más equitativo, y obtener una mayor contribución de quienes tienen ingresos y patrimonios altos.
Para Duque, se cuenta con un conjunto de medidas que contribuyen a obtener mayores recursos para financiar el gasto social sin ampliar la base del IVA, y mantener el actual régimen de IVA aplicable a los contratos de prestación de servicios y las pensiones de los colombianos.
De igual manera, se crean las condiciones tributarias para que las empresas relacionadas con la economía naranja se desarrollen, lo que genera valor agregado al crecimiento económico.
Sería extremadamente grave para la economía
Por parte de los gremios, la Andi solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la ley ante los efectos negativos que tendría sobre la economía colombiana una caída de la misma.
“La decisión sobre la Ley de financiamiento que tomará la Corte Constitucional no solo tiene inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas; también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”, dijo Bruce Mac Master, presidente del gremio.
Para el dirigente gremial, una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía, además de ser un golpe a la certidumbre jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, lo que pondría en graves apuros el financiamiento del Estado.
“la ley significa un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, porque contribuye a la competitividad que se reclama desde el sector privado”
Desde el punto de vista de la Andi, la ley significa un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, porque contribuye a la competitividad que se reclama desde el sector privado y fortalece el sector empresarial en Colombia. También sería un mensaje negativo para la opinión que las calificadoras de riesgo emiten sobre el país y sus condiciones de inversión.
“Perder todos estos avances en términos tributarios tendría graves consecuencias sobre múltiples aspectos de la economía”
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