jueves, 28 de febrero de 2019

Impuesto de normalización tributaria es reactivado por la Ley de financiamiento 1943 de 2018


La Ley de financiamiento 1943 de 2018 reactiva para el 2019 el impuesto de normalización tributaria, complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, al cual podrán acceder los contribuyentes que al 1 de enero posean activos omitidos o pasivos inexistentes. 

Recordemos que mediante la Ley 1739 de 2014 se creó el impuesto de normalización tributaria, complementario al impuesto a la riqueza, como un mecanismo de lucha contra la evasión. Por medio de esta figura los contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes podían declararlos durante los años gravables 2015 y 2017, previo al pago de la tarifa correspondiente (ver nuestros editoriales Impuesto de normalización tributaria: características, responsables, beneficios y liquidación y Normalización tributaria: posibilidad de realizarla finaliza en diciembre 31 de 2017). 

A través del artículo 42 de la Ley de financiamiento 1943 de 2018 fue reactivado el impuesto de normalización tributaria como complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, el cual estará a cargo de los contribuyentes que posean activos omitidos o pasivos inexistentes; es decir, aquellos activos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales, aun existiendo la obligación legal de hacerlo, y los pasivos incluidos en las declaraciones sin que existiera un soporte suficiente de realidad o validez, con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente. Dicho impuesto sería declarado, liquidado y pagado en una declaración independiente el 25 de septiembre de 2019. 

De acuerdo con lo anterior, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2019, no serán sujetos pasivos del impuesto complementario de normalización, salvo que decidan acogerse al beneficio de saneamiento de activos mediante el cual se permitirá que aquellos contribuyentes que hayan declarado activos diferentes a inventarios, por un valor inferior al de mercado, actualicen correctamente el valor, agregando las sumas adicionales a que haya lugar, como base del impuesto de normalización. 
Base gravable 

La base gravable del impuesto de normalización está integrada por el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos, el cual será determinado de acuerdo a los lineamiento del título II de patrimonio del libro I del Estatuto Tributario –ET–; o el autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, el cual deberá corresponder como mínimo al del costo fiscal determinado de los activos omitidos. 
“La base gravable de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria será igual a su precio de adquisición para determinar su costo fiscal”

La base gravable de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria será igual a su precio de adquisición para determinar su costo fiscal. No serán reconocidas las estructuras creadas con el fin de transferir activos omitidos a entidades con costos fiscales inferiores, siendo entonces la base gravable calculada a partir del costo fiscal de los activos omitidos. 

En el caso de los pasivos inexistentes, la base gravable del impuesto de normalización tributaria estará conformada por el valor fiscal de dichos pasivos (de acuerdo con lo dispuesto en el título I de rentas, del libro I del ET) o el valor reportado en la última declaración de renta. 

Cabe resaltar que las fundaciones de interés privado del exterior y trusts; seguros con componente de ahorro material; fondos de inversión, o cualquier otro negocio fiduciario del exterior; son semejantes a derechos fiduciarios poseídos en Colombia, por lo que se encuentran sujetos al impuesto de normalización tributaria. En consecuencia, su valor patrimonial sería determinado tomando como referencia el costo fiscal histórico de los bienes o en el autoavalúo comercial debidamente soportado que pueda ofrecer el contribuyente; en todo caso, para el cálculo de su costo fiscal se tendría en cuenta el principio de transparencia fiscal en relación con los activos omitidos. 

Cuando los beneficiarios estén condicionados o no tengan control o disposición de los activos, el declarante será el fundador, constituyente u originario del patrimonio transferido a la fundación de interés privado del exterior, trust del exterior, seguro con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio fiduciario; sin perjuicio de la calidad facultativa, revocable o irrevocable. En caso del fallecimiento del fundador, la sucesión ilíquida sería el declarante de dichos activos

Por otro lado, la base gravable del impuesto de normalización corresponderá al 50 % del valor de los activos omitidos cuando el contribuyente tome como base gravable el valor de mercado de los activos del exterior y dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la norma repatríe esos recursos a Colombia.
Tarifa 

La tarifa del impuesto de normalización tributaria será equivalente al 13 %. Cuando el contribuyente normalice sus activos en el exterior y los invierta en el país, la base gravable del impuesto será del 50 % del costo fiscal de tales bienes. Dichas inversiones deberían realizarse antes del 31 de diciembre de 2019, y permanecer en el país por un período no inferior a dos años. 
No habrá lugar a comparación patrimonial ni a renta líquida gravable 
“ Para efectos patrimoniales, los activos del contribuyente sometidos al impuesto de normalización tributaria deberán incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2019 ”

Para efectos patrimoniales, los activos del contribuyente sometidos al impuesto de normalización tributaria deberán incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2019 y siguientes, cuando a ello haya lugar, de tal forma que dejen de considerarse activos omitidos. 

Cabe resaltar que el incremento patrimonial que pueda generarse en esta operación no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable por activos omitidos en el año en que se declare ni en los años anteriores respecto de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios. Esta inclusión no generaría sanción alguna en el impuesto sobre la renta y complementarios, en el impuesto sobre las ventas –IVA–, ni en materia de régimen de precios de transferencia ni de información exógena. Así como tampoco generaría acción penal por la omisión de activos o pasivos inexistentes que hayan quedado sujetos al impuesto de normalización. 

La normalización tributaria de los activos omitidos no implica la legalización de los mismos cuando su origen sea ilícito o esté relacionado directa o indirectamente con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. 
Saneamiento de activos en el exterior 

Como lo anunciamos líneas más atrás, cuando los contribuyentes tengan declarados sus activos diferentes a inventarios por un valor inferior al del mercado, podrán actualizar dicho valor incluyendo las sumas adicionales como base gravable del impuesto de normalización. 
“Para todos los contribuyentes, la declaración del impuesto de normalización tributaria se presentaría el 25 de septiembre de 2019 y no permitiría corrección o presentación extemporánea”

Este impuesto se sometería a las normas sobre declaración, pago, administración y control contempladas en los artículos 298, 298-1 y 298-2 del ET, así como también a las demás disposiciones aplicables. Para todos los contribuyentes, la declaración del impuesto de normalización tributaria se presentaría el 25 de septiembre de 2019 y no permitiría corrección o presentación extemporánea.


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E-justicia tributaria: estado actual y perspectiva futura en Iberoamérica – Carlos María Folco

Conceptos introductorios 

Latinoamérica ha heredado de la Europa continental sus antiguos sistemas judiciales escritos, en los que se acumulan toneladas de expedientes en soporte papel. 

Varios países de nuestra región han emprendido profundas reformas judiciales frente a la necesidad de promover la transformación de los sistemas judiciales, desde el soporte papel al entorno digital. 
El cambio social como instrumento del cambio en el derecho 

La sociedad moderna se presenta globalizada e inmersa en constantes y veloces cambios, líquida –al decir del sociólogo Bauman–, pero también digital y electrónica. Resulta innegable que las TIC han influido en la forma de ejercer el derecho, y actualmente constituyen piedras basales en la facilitación del acceso a la justicia y en su celeridad, transparencia, eficacia y efectividad. 

Impulsados por una verdadera revolución cibernética, transitamos un intrincado camino hacia un nuevo paradigma en la administración de justicia: la e-justicia. 
Aproximación primaria al concepto de e-justicia 

La e-justicia supera en mucho al expediente digital, toda vez que constituye un medio facilitador del acceso a la jurisdicción de las personas y tiende a una justicia de mayor calidad, celeridad y transparencia que la actual. 

Efectivamente, sobre tales pautas nos es dable definir la e-justicia como el recurso que permite a las tecnologías de la información y la comunicación mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta.[1]
Las TIC en la administración de justicia en Iberoamérica 

Costa Rica ha sido pionera en postular una “Justicia sin papeles”, derivación lógica del programa “Hacia Cero Papel”, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México ha implementado el “Juicio en línea”, sistema idóneo para promover, sustanciar y resolver “online” el juicio contencioso administrativo a través de la web del tribunal. 

La legislación de Colombia (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) exige adoptar figuras tecnológicas como el expediente electrónico, las firmas digitales, el buzón para notificaciones judiciales, etc. 

En Portugal, la Portaria n.º 380/2017 –en vigor desde el 4 de enero de 2018-regula “(…) a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal Administrativo” y en Perú se ha instaurado el “Expediente Judicial Electrónico –EJE–”, enmarcado en un proceso de modernización del servicio de administración de justicia. El Tribunal Fiscal se encamina también a la digitalización de sus procedimientos, al regular el “Procedimiento para la notificación electrónica de actos administrativos del Tribunal Fiscal” (R. M. n.º 442-2017-EF/40). 

El sistema nacional de videoconferencia en Brasil fue desarrollado por el Consejo Nacional de Justicia –CNJ–, con el objetivo de proporcionar mayor facilidad, agilidad y eficiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Por su parte, España ha sancionado la Ley 18/2011 del 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia. 

En las disposiciones finales alude a su desarrollo normativo, y prevé que la regulación del uso de los sistemas de videoconferencia en la administración de justicia y los tribunales económico-administrativos tomará un protagonismo indiscutible las actividades relacionadas con la administración electrónica. 
Inteligencia artificial para la justicia 

En CABA un equipo multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal y un grupo de expertos, ha desarrollado el primer sistema de inteligencia artificial, denominado “Prometea”, por el cual se resuelven expedientes en poco tiempo y con un alto grado de acierto. 

Los algoritmos han sido adoptados en la justicia penal de los EE.UU al utilizar el sistema “Compas”, una especie de administración de perfiles de criminales para sanciones alternativas del sistema de prisiones, que ha sido validado por la Corte Suprema de Wisconsin[2] , mientras que las autoridades policiales australianas cuentan con un sistema denominado STMP (“Suspect Targeting Management Plan”), el cual utiliza un algoritmo que cuantifica las probabilidades de sus componentes de delinquir nuevamente. 

Entendemos que “sentenciar” –entendido como pronunciar o dictar una sentencia– materializa el discernimiento humano, sin perjucio de lo cual la inteligencia artificial podría auxiliar al juez o tribunal en su delicada función, en tanto los sistemas no vulneren derechos fundamentales de los justiciables, coadyuvando a la decisión final. 
Conclusiones 

El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito jurisdiccional no solo implica un cambio radical en materia tecnológica, sino un auténtico cambio cultural. 

La implementación de las TIC se debe realizar de manera prudente, razonable y constante, considerando al respecto las particularidades que presenta la estructura jurisdiccional de cada país, y respetando de manera insoslayable los derechos fundamentales de los ciudadanos contribuyentes. 

Estamos convencidos que la irrupción de las TIC en la administración de justicia habrá de contribuir decididamente a maximizar la facilitación del acceso a la justicia, pilar básico de todo moderno y democrático Estado de Derecho. 

Los expedientes digitales intensifican e imprimen celeridad a los procesos. La firma digital, las notificaciones electrónicas y la consulta online del expediente abrevian tiempos, frustrando, además, maniobras meramente dilatorias.


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miércoles, 27 de febrero de 2019

Aportes a seguridad social de trabajadores independientes con ingresos inferiores a un smmlv


Mediante el Decreto 1273 de 2018 se ratificó, entre otras cosas, el porcentaje sobre el cual los contratistas deben realizar los aportes al sistema de seguridad social. Es importante recalcar la obligación que tienen estos de cotizar a dicho sistema, sin importar que su IBC sea inferior a un smmlv. 

Toda persona que cuenta con una vinculación legal, contractual o reglamentaria se encuentra obligada, según el monto de sus aportes, a realizar las cotizaciones respectivas al sistema general de seguridad social. 

Con la entrada en vigor del Decreto 1273 de 2018 se ratificaron las obligaciones que deben ser asumidas por los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, frente a los ingresos que perciben cada mes. Dichas obligaciones versan sobre el deber de liquidar y pagar las cotizaciones en salud, pensión y riesgos laborales. Como consecuencia de lo anterior, estos (trabajadores independientes) deben ajustarse a lo dispuesto mediante dicho decreto, es decir, aplicar la base del 40 % para cotizar los aportes al sistema de seguridad social, mes vencido. 

El contratista o trabajador independiente debe realizar las cotizaciones por lo menos sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente –smmlv– ($828.116) y máximo sobre 25 salarios ($20.702.900). Ahora bien, teniendo en cuenta que los independientes prestadores de servicios cotizan sobre el 40 % de lo percibido (sin incluir los gastos o las expensas en las que incurrieron para el cumplimiento de su contrato), tenemos, por ejemplo, que si un trabajador devenga $3.000.000, al tomar y aplicar sobre este monto dicho porcentaje de cotización (40 %) se obtendría un total de $1?200.000, determinándose sobre este último valor el 12,5 % en salud, 16 % en pensión y el porcentaje en riesgos laborales al que haya lugar, según el nivel en el que se encuentre amparado, que oscila entre 0,52 % (clasificación de riesgo I) y 6,96% (clasificación de riesgo V). 

En este orden de ideas, si al aplicarse el porcentaje de liquidación (40 %) a los ingresos mensuales del trabajador la base liquidada corresponde a un valor inferior al salario mínimo actual, dicha liquidación deberá ajustarse al smmlv. Así, por ejemplo, si un contratista que devenga honorarios por $2.000.000, al aplicar el 40 % obtiene un total de $800.000 como base de cotización, sobre este valor el sistema no admitirá el pago de la liquidación y, por lo tanto, deberá ajustar el aporte a un monto de mínimo un smmlv ($828.116). 

Por otro lado, el sistema admite el pago por días, siempre que no se trabaje la totalidad del mes (30 días), para lo cual debe tener en cuenta que el IBC no puede ser inferior a un día de salario mínimo, tal como lo establece el inciso segundo del artículo 3.2.7.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el artículo 2 del Decreto 1273 de 2018: 

“Artículo. 3.2.7.1. Ingreso Base de Cotización (IBC) del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales. 

(…) 

Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante resulte un período inferior a un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral se realizará por el número de días que corresponda. El Ingreso Base de Cotización (IBC), no podrá ser inferior a la proporción del salario mínimo mensual legal vigente.” 

(El subrayado es nuestro) 
Contratos con ingresos inferiores a un smmlv 

El hecho de percibir ingresos en un contrato, que resulten por un valor inferior al salario mínimo legal mensual vigente por parte de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, no se traduce en la exoneración del pago de los aportes al sistema de seguridad social. Lo anterior, con ocasión a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3.2.7.2 del Decreto 780 de 2016, en el cual se establece que independiente de que el 40 % de IBC de los contratos individualmente considerados sea inferior a un smmlv, el contratante deberá realizar los aportes. La norma en mención cita: 

“Parágrafo 2°. En aquellos casos en que el contratista cotice por varios ingresos, la retención y pago de aportes se efectuar sobre el valor resultante en cada uno de los contratos, independientemente de que el resultado de la aplicación del 40% al valor mensualizado del contrato o contratos sujetos a retención sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.”


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Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 quiere volver a modificar el Estatuto Tributario


El artículo 141 del proyecto de ley con el cual se piensa aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2022 propone modificar el parágrafo 2 del artículo 114-1 del ET, el cual había sido retocado con el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018, concediendo exoneración de aportes parafiscales a cooperativas. 

El 6 de febrero de 2019 el Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley 311/19C, a través del cual se expediría el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para los años gravables 2018 a 2022, tarea que deben cumplir todos los nuevos presidentes, de acuerdo con lo indicado en los artículos 200 y 339 a 344 de la Constitución Nacional


Para entender las modificaciones que ha sufrido dicha norma, y el efecto que se generaría con la nueva modificación que se introduciría con el artículo 141 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, a continuación presentamos la versión comparativa de dichas normas: 

Versión de la norma hasta diciembre de 2018 

Nueva versión después los cambios introducidos con la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018 

Nueva versión según la propuesta del artículo 141 del proyecto de ley para el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
“Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales…

Parágrafo 2°. Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.” “Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales…

Parágrafo 2°. Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.” Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales…

“Parágrafo 2. Las entidades del Régimen Tributario Especial, las del artículo 19-2, 19- 5 y 23 del Estatuto Tributario estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.” 

(Los subrayados son nuestros) 
“las cooperativas (las cuales siempre hacen parte del régimen tributario especial) volverían a quedar obligadas a efectuar el pago de los aportes parafiscales”

Como puede verse, es claro que la nueva versión que se introduciría al parágrafo 2 del artículo 114-1 del ET con el Plan Nacional de Desarrollo traería como consecuencia que las cooperativas (las cuales siempre hacen parte del régimen tributario especial) volverían a quedar obligadas a efectuar el pago de los aportes parafiscales, es decir, perderían la exoneración de aportes que se les empezó a conceder a partir del 2019 con los cambios introducidos por la Ley 1943 de 2018. 

Además, cuando la nueva versión de la norma hace referencia a que las entidades del artículo 19-5 del ET (copropiedades comerciales o mixtas que explotan sus áreas comunes) también quedarían obligadas al pago de los aportes parafiscales, lo que se haría es elevar a norma con fuerza de ley lo que ilegalmente se dispuso con el Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017. En efecto, aunque las copropiedades comerciales o mixtas son contribuyentes de renta en el régimen ordinario (al menos sobre los ingresos generados con la explotación de sus áreas comunes), lo que se hizo con el Decreto 2150 de diciembre de 2017 fue negarles la exoneración de aportes parafiscales. 

Por todo lo anterior, queda claro que el tema de la exoneración de los aportes parafiscales contemplada en el artículo 114-1 del ET es algo que no ha sido manejado con la suficiente seriedad y responsabilidad que se merece, lo cual provoca que el Gobierno viva dando muchos tumbos en esta materia, afectando de esa manera la tributación de varias entidades en Colombia (consulte también nuestro editorial: Acogimiento de sociedades al régimen simple afectará los recursos del Sena, ICBF y EPS).


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/14/plan-nacional-de-desarrollo-2018-2022-quiere-volver-a-modificar-el-estatuto-tributario/?referer=email&campana=20190214&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190214&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

martes, 26 de febrero de 2019

Obligación del rentista de capital de realizar aportes al sistema de seguridad social


El Mintrabajo, con base en sentencia de la Corte Constitucional que ubica a los rentistas de capital en la categoría de trabajadores independientes; dispuso que estos debían acogerse a lo dispuesto para tales trabajadores sobre aportes a seguridad social, estos últimos regulados a través del Decreto 1273 de 2018. 

El siguiente análisis lo abordaremos a partir del Concepto del Ministerio del Trabajo número 08SE201812030000003537 de 2018, a través del cual se expone la normatividad que obliga a los rentistas de capital a aportar al sistema de seguridad social siempre que sus ingresos superen un salario mínimo, según lo dispuesto para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios (este último asunto, regulado a través del Decreto 1273 de 2018), así como los eventos en los cuales se encuentran exonerados de efectuar aportes a dicho sistema. 

Para efectos de identificar al rentista de capital, por medio del mencionado concepto el Mintrabajo recurre a la definición del diccionario de la Real Academia Española –RAE–, el cual establece que un rentista de capital es “la persona que percibe renta procedente de una propiedad de cualquier tipo, la persona que percibe renta procedente del papel del Estado y, la persona que principalmente vive de sus rentas”. Con base en dicha definición, se tiene que un rentista de capital es aquel que percibe sus ingresos a través del alquiler o arrendamiento de sus propiedades, ingresos sobre los cuales, aduce el Ministerio, y en caso tal de que sean iguales o superiores a un smmlv, se encuentra obligado a realizar aportes al sistema de seguridad social. 

Por otra parte, existe además una definición que incluye al rentista de capital como obligado a realizar aportes al sistema de seguridad social integral, en el numeral 1 del artículo 3.2.1.1 del Decreto 780 de 2016

“Artículo 3.2.1.1 Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Título, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Aportante: es la persona o entidad que tiene la obligación directa frente a la entidad administradora de cumplir con el pago de los aportes correspondientes a uno o más de los servicios o riesgos que conforman el Sistema y para uno o más afiliados al mismo. Cuando en este Título se utilice la expresión “aportantes”, se entenderá que se hace referencia (…) a los rentistas de capital y demás personas que tengan capacidad de contribuir al financiamiento del SGSSS (…)” 

(El subrayado es nuestro) 

Ahora, en lo concerniente a quiénes pertenecen al régimen contributivo, se tiene lo dispuesto a través del numeral 1.4 del artículo 2.1.4.1 del decreto en mención (en el cual se incluye a los rentistas de capital): 

“Artículo 2.1.4.1 Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud: 

1. Como cotizantes: 

1.4 Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente.” 

(El subrayado es nuestro) 

La base sobre la que se sustenta la obligación del pago de la seguridad social para todos aquellos que perciban ingresos, consta en el inciso primero del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, que reza: 

“Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. <Artículo condicionalmente EXEQUIBLE> A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.” 

(El subrayado es nuestro) 
Cotización y pago de aportes al sistema por rentistas de capital 
“se entiende como trabajador independiente a toda persona que se encuentre económicamente activa; razón por la cual un rentista de capital puede considerarse trabajador independiente”

Respecto a la cotización y aportes al sistema de seguridad social por parte de los rentistas de capital, se ha apoyado el Mintrabajo en la interpretación realizada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-578 de 2009, al incluir en la categoría de trabajadores independientes a los rentistas de capital. Esta interpretación ha sido confirmada por la Corte con base en lo establecido en el artículo 15 del Decreto 3063 de 1989, señalando que se entiende como trabajador independiente a toda persona que se encuentre económicamente activa; razón por la cual un rentista de capital puede considerarse trabajador independiente: 

“(…) si bien con la expresión “trabajadores independientes” se incurre en un defecto técnico al otorgar a los “independientes con capacidad de pago” la calidad de “trabajadores”, no por ello la norma deviene inconstitucional, en la medida que una compresión amplia de la expresión permite incluir dentro de tal concepto [de trabajadores independientes] el de “rentistas” tal como en su momento lo señaló el Decreto 3063 de 1989, en su artículo 15, según el cual es trabajador independiente toda “persona natural que ejerce personal y directamente una profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a contrato de trabajo”, con lo cual se concluye que la expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas económicamente activas.” 

(La aclaración entre corchetes es edición nuestra sobre el texto original) 

Con base en lo anterior, aduce el Ministerio del Trabajo, al encuadrar a un rentista de capital en la categoría de trabajador independiente le corresponde a él mismo efectuar la cotización y aportes al sistema de seguridad social según lo resuelto a través del Decreto 1273 de 2018 (consulte nuestro editorial Aportes al Sistema de Seguridad Social de trabajadores independientes estarán a cargo del contratante). Esta norma establece que debe aportarse mes vencido a dicho sistema sobre el 40 % de lo percibido y con base en los ingresos causados provenientes de las rentas, siempre que estos (los mensuales) sean iguales o superiores a un smmlv. Para el rentista y en el caso de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que laboren por menos de un mes, lo anterior se encuentra dispuesto en el artículo 3.2.7.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el artículo 2 del Decreto 1273 de 2018. Ahí se afirma que el IBC no puede ser inferior a un smmlv (consulte nuestro editorial Aportes al sistema de seguridad social por un rentista de capital). 
Excepción del pago de aportes a seguridad social 
“La excepción a la obligación del rentista de capital de realizar aportes al sistema de seguridad social se presenta en el evento en que este tenga una relación legal y reglamentaria o contrato de trabajo”

De acuerdo con el citado Concepto 08SE201812030000003537 de 2018 La excepción a la obligación del rentista de capital de realizar aportes al sistema de seguridad social se presenta en el evento en que este tenga una relación legal y reglamentaria o contrato de trabajo (se trate de servidores públicos, funcionarios o trabajadores oficiales, o en el sector privado). 

Ante esta situación, en su calidad de trabajador dependiente se encuentra exonerado de cotizar al sistema, ya que le correspondería a su empleador realizar por él dichos aportes. Esta excepción se encuentra contemplada en el numeral citado, 1.4 del artículo 2.1.4.1 del Decreto 780 de 2016: 

“Artículo 2.1.4.1 Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud: 

1. Como cotizantes: 

1.4 Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador (…)” 

(El subrayado es nuestro) 

En síntesis, tenemos que el rentista de capital se encuentra obligado a realizar aportes al sistema de seguridad social siempre que sus ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, acogiéndose a lo dispuesto a través del Decreto 1273 de 2018 para trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios. No obstante, no hay que perder de vista que esta obligación se extingue en caso de que el rentista de capital tenga una relación dependiente legal y reglamentaria, o una por medio de contrato de trabajo.


https://actualicese.com/actualidad/2019/01/21/obligacion-del-rentista-de-capital-de-realizar-aportes-al-sistema-de-seguridad-social/?referer=email&campana=20190121&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190121&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Planificación, supervisión y revisión de los encargos de auditoría según la NICC 1



De acuerdo con los requerimientos de las Normas de Aseguramiento de la Información y lo solicitado por la JCC, se concluye que la aplicación de la NICC 1 es de carácter obligatorio. En este editorial mencionamos cómo realizar un control de calidad de la ejecución del encargo. 

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Norma Internacional de Control de Calidad –NICC 1– en su párrafo 16, entre los seis elementos que componen el sistema de control de calidad se encuentra la realización de los encargos. Este elemento aborda el control que ejerce la firma de auditoría o el revisor fiscal, con relación a la ejecución de las labores de sus colaboradores en pro del desarrollo del encargo de auditoría. A continuación, mencionamos algunos de los aspectos que esta norma exige. 
Realización del encargo 

Se requiere que la firma de auditoría o el revisor fiscal diseñen procedimientos o políticas que proporcionen una seguridad razonable de que los encargos son desarrollados de acuerdo con los lineamientos de las Normas de Aseguramiento de la Información, la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y demás normas que atañen al ejercicio de la revisoría fiscal. Estas políticas deben abordar las cuestiones que fomenten la calidad de la realización de los encargos y responsabilidades de supervisión y revisión de los mismos. 

Cabe anotar que se espera que las políticas se establezcan pensando en que existen colaboradores con mayor experiencia que otros, lo cual quiere decir que la responsabilidad en la labor de supervisión y revisión dependerá del rol que ocupe cada uno de estos en el encargo, de su capacidad técnica y experiencia. 

Para facilitar la labor de control de calidad en los encargos, tanto la firma como el revisor fiscal y los colaboradores pueden apoyarse en: 
Manuales y procedimientos para ejecutar los encargos. 
Plantillas o guías de comunicaciones con terceros (banco, administradores, responsables de gobierno, colaboradores, etc.). 
Materiales de estudio. 
Programas de formación profesional. 
Normatividad. 

Se espera que en la realización del encargo se atiendan políticas de planificación, supervisión y revisión. 
Planificación 
“Al momento de planificar se espera que también se establezcan las responsabilidades de cada colaborador en cuanto a la supervisión y revisión que se deben ejercer en el encargo”

Se entiende como planificación la organización del equipo de trabajo, sus funciones, responsabilidades, objetivos, alcance y la observancia de todos los puntos clave que estén expuestos en la actividad que se va a realizar. Al momento de planificar se espera que también se establezcan las responsabilidades de cada colaborador en cuanto a la supervisión y revisión que se deben ejercer en el encargo. Para cumplir la fase de planificación se debe: 
Atender las situaciones que se hayan detectado en el momento en que se hizo el análisis de aceptar o continuar con el cliente
Verificar que lo detectado en el análisis de recursos humanos efectivamente cuenta con la formación e información adecuada para atender el encargo. 
Considerar si se requiere la participación de expertos o especialistas. 
Determinar la disponibilidad de quienes serán los integrantes del equipo de trabajo que ejecutará el encargo. 
Establecer el rol y las responsabilidades de cada uno en proporción a su capacidad técnica, experiencia y cargo. 
Identificar los objetivos y las expectativas que se esperan cumplir con la ejecución del encargo. 
Desarrollar una estrategia de trabajo y seleccionar las directrices que se deben seguir ante la detección de riesgos de incorrección material. 
Supervisión 

La supervisión dependerá de los grados de responsabilidad que tengan los colaboradores. Quienes estén a cargo de la supervisión deberán: 
Diseñar el procedimiento que se debe seguir para notificar y comunicar el proceso de realización del encargo. 
Determinar si hay situaciones que impliquen realizar cambios en la ejecución del encargo, y modificar algunos procedimientos de ser necesario. 
Proporcionar ayuda a los colaboradores en asuntos técnicos, juicios, interpretaciones o estimaciones y, a su vez, evaluar sus habilidades y actuaciones en el encargo. 
Establecer un seguimiento del avance del encargo, evaluando la efectividad, eficacia y eficiencia de la labor desarrollada. 
Identificar y comunicar los asuntos que se consideren relevantes o de alta consideración durante la auditoría. 
“El supervisor debe velar porque la realización del encargo esté bien ejecutada y que se tenga la suficiente evidencia documental de que se han practicado los procedimientos requeridos”

El supervisor debe velar porque la realización del encargo esté bien ejecutada y que se tenga la suficiente evidencia documental de que se han practicado los procedimientos requeridos por las Normas de Aseguramiento de la Información. 
Revisión 

Los profesionales con mayor experiencia serán los designados para revisar los resultados de la ejecución del encargo. Para esto deberán evaluar que: 
El encargo se desarrolló de conformidad con los requerimientos de las Normas de Aseguramiento de la información. 
La documentación y los comentarios realizados por el equipo del encargo respaldan las conclusiones a las que llegaron. 
Se plantearon las cuestiones significativas. 
Se realizaron las consultas adecuadas y pertinentes a la dirección y a los responsables de gobierno. 
Se cumplieron los objetivos del encargo. 

La revisión implica documentar la información revisada, para lo cual se puede hacer uso de plantillas adecuadas al nivel de cada encargo. También será eficiente realizar una reunión luego de la revisión, a fin de cerciorarse si los miembros del equipo y el supervisor o supervisores están satisfechos con la labor realizada.


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/14/planificacion-supervision-y-revision-de-los-encargos-de-auditoria-segun-la-nicc-1/?referer=email&campana=20190214&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190214&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

lunes, 25 de febrero de 2019

Liquidación y pago de cesantías para trabajadores de la construcción



El Código Sustantivo del Trabajo contiene disposiciones especiales para los trabajadores de la construcción en lo que concierne al pago de cesantías. Lo anterior en razón a la inestabilidad en el empleo que puede presentarse en sus vidas laborales. 

El capítulo VII del Código Sustantivo del Trabajo –CST– regula lo concerniente a las situaciones específicas que se presentan para los trabajadores de la construcción en lo referente a cesantías, vacaciones, suspensión del trabajo por lluvia, entre otros aspectos. 

El artículo 309 del Código establece la definición de la actividad de construcción para efectos de aplicar lo dispuesto a través del capítulo mencionado, disponiendo que deben entenderse por obras o actividades de construcción las que tienen por objeto construir cualquier tipo de casas o edificios, y las demás inherentes a ellas, excepto las que tengan como objeto la conservación o reparación de inmuebles (consulte también el artículo 7 del Decreto 083 de 1976). 

Al respecto, el Ministerio del Trabajo refirió mediante el Concepto Número 08SE2018120300000031686 de 2018 que atendiendo a dicha definición el personal administrativo de una empresa constructora no goza de lo dispuesto para los trabajadores en cuestión (de la construcción), aduciendo: 

“Del tenor de la norma transcrita (…) se infiere que debe entenderse por actividades de construcción todos los quehaceres naturalmente inherentes al proceso de construcción de casas y edificios, en consecuencia podría considerarse que las tareas propias del personal administrativo de una empresa constructora, no entrarían a gozar del régimen excepcional de auxilio de cesantía, por considerarse que las tareas de dicho personal no son inherentes al proceso de construcción de casas o edificios y en consecuencia debería aplicárseles el régimen ordinario de liquidación”. 
Cesantías y vacaciones 
“el pago del auxilio de cesantía para los trabajadores de la construcción debe realizarse con base en tres días de salario por mes laborado”

El literal a) del artículo 310 del CST dispone que el pago del auxilio de cesantía para los trabajadores de la construcción debe realizarse con base en tres días de salario por mes laborado, es decir que por ejemplo para 2019 dichos trabajadores serán acreedores a $92.515 mensuales por concepto de cesantías ($828.116 + 97.032 / 30 = 30.838 x 3 = $92.515), las cuales deberán ser liquidadas por el tiempo de prestación del servicio y pagadas al trabajador a la terminación del contrato, o en su defecto ser consignadas al fondo de cesantías. 

En este punto es importante tener en cuenta que el trabajador debe laborar el mes completo para que dicho auxilio le sea pagado con base en tres días de salario, de lo contrario y en caso de que el trabajador haya laborado por menos de un mes, las cesantías se le liquidarían según lo dispuesto para el resto de los trabajadores del sector privado, es decir conforme lo establece el artículo 249 del CST. El Mintrabajo, a través del citado concepto, indicó: 

“De acuerdo con el artículo 310 del CST el auxilio de cesantía allí descrito se reconoce siempre que se haya servido siquiera por el término de un mes, ya que en el evento que se labore por un tiempo inferior a un mes, se deberá, igualmente, dar aplicación al régimen ordinario de liquidación previsto en el artículo 249 del CST”. 

Ilustremos lo anterior a través de un ejemplo: 

Un trabajador fue contratado para la construcción de un edificio en enero de 2018, devengando un salario mínimo. Este contrato continúa vigente para 2019. Con base en lo dispuesto anteriormente, procederemos a la liquidación de las cesantías correspondientes al año 2018, así: 

$781.242 + 88.211 / 30 = $28.981 x 3 = $86.945 x 12 = $1.043.344 

Tenemos entonces que a un trabajador de la construcción que devengue el salario mínimo le correspondería por el 2018 un total de $ 1.043.344 por concepto de cesantías (que, recuerde, deberán ser consignadas a más tardar el 14 de febrero de 2019, si a ello hay lugar). 

Los anteriores valores varían, claro está, según los meses que el trabajador haya laborado. Se reitera que para el uso de dicha fórmula el trabajador debe haber laborado el mes completo. 
“Esta disposición especial del pago de cesantías para los trabajadores de la construcción se debe a la inestabilidad que se presenta a lo largo de su vida laboral”

Esta disposición especial del pago de cesantías para los trabajadores de la construcción se debe a la inestabilidad que se presenta a lo largo de su vida laboral, como lo infiere el Ministerio del Trabajo mediante el mencionado concepto: 

“(…) en cuanto a los trabajadores que desempeñan actividades de construcción, efectivamente ellos poseen un régimen jurídico especial y exceptivo, en relación con sus cesantías y vacaciones de acuerdo al artículo 310 del Código Sustantivo del Trabajo, esto, en virtud de la relativa inestabilidad en el empleo a la que están sujetos estos trabajadores. Generalmente son personas las cuales están continuamente cambiando de patrono según la construcción en la cual vayan a prestar sus servicios y en numerosas ocasiones se encuentran sin empleo”. 

(El subrayado es nuestro) 

Por su parte el literal b) del artículo en cuestión (310 del CST) dispone que en lo concerniente a vacaciones se remuneran y disfrutan por parte de los trabajadores de la construcción de igual forma que los demás trabajadores, es decir 15 días consecutivos por cada año de servicio, y su pago se efectúa de acuerdo con el tiempo en que este se haya prestado (si no alcanza a completar el año para disfrutarlas). 

No está de más recordar que estos trabajadores gozan de todas las garantías laborales en lo que respecta a seguridad social, prestaciones sociales y acreencias que se desprenden de una relación laboral dependiente. 

A propósito de esta tema lo invitamos a consultar nuestro editorial ¿Cuánto le cuesta a un empleador la contratación de un trabajador que devengue el salario mínimo?, donde podrá conocer los conceptos que debe pagar a favor de los trabajadores y las excepciones a ciertos pagos que existen. 
Aportes de la industria de la construcción al FIC 

El Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción –FIC–, creado mediante el artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, reglamentado a través de la Resolución 1449 de 2012 y administrado por el Sena; tiene como finalidad atender los programas y modos de formación profesional que guardan relación con los diferentes oficios y ocupaciones de la industria de la construcción. 

Este fondo se financia con los aportes que los empleadores de la construcción deben realizar cada mes, equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 trabajadores que laboren en cada una de las construcciones bajo su responsabilidad. Las formas de liquidar este aporte se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012. Los empleadores obligados a realizar dicho aporte son aquellos que cumplan las condiciones previstas en el artículo 7 del Decreto 083 de 1976.


https://actualicese.com/actualidad/2019/01/21/liquidacion-y-pago-de-cesantias-para-trabajadores-de-la-construccion/?referer=email&campana=20190121&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190121&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Dian confirma que tiquetes POS no sirven fiscalmente desde enero 1 de 2019



Así lo revela una respuesta sobre el tema de facturación electrónica que dicha entidad publicó en su portal el 9 de febrero de 2019. Esa es la consecuencia inmediata de la norma contenida en el nuevo parágrafo 4 del artículo 616-1 del ET, modificado con el artículo 16 de la Ley 1943 de 2018. 

“En la respuesta a la pregunta n.° 12 la Dian confirmó que la no aceptación fiscal de los tiquetes expedidos por maquinas registradas con el sistema POS”

En la respuesta a la pregunta n.° 12 la Dian confirmó que la no aceptación fiscal de los tiquetes expedidos por maquinas registradas con el sistema POS (disposición que fue establecida con el nuevo parágrafo 4 del artículo 616-1 del ET, luego de ser modificado con el artículo 16 de la Ley 1943 de diciembre de 2018, y que luego fue ratificada con el artículo 2 de la Resolución 000002 de enero 3 de 2019) es algo que empieza a aplicar desde enero 1 de 2019. 

Para probar lo anterior, a continuación citamos el texto de la pregunta n.° 12 y la respuesta dada por la Dian: 

“12. ¿El tiquete de máquina registradora POS otorga derecho a costos, deducciones o descontables? 

A partir del 1° de enero de 2019, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS, no otorgan para el adquiriente, derecho a impuestos descontables en el Impuesto Sobre las Ventas, ni a costos y deducciones en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. No obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado factura de venta cuando, en virtud de su actividad económica, tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones, y el obligado a facturar deberá entregar dicha factura de manera expedita.” 

(Los subrayados son nuestros) 

En consecuencia, queda comprobado que la autoridad tributaria está dejando claro que la no aceptación fiscal de los tiquetes POS empieza a tener aplicación desde enero 1 de 2019 (tal como lo habíamos destacado oportunamente en nuestro portal) y, por tanto, no es correcta la interpretación que algunos contadores estaban haciendo a la norma contenida en el parágrafo transitorio primero del mismo artículo 616-1 del ET y con la cual sostenían que el rechazo fiscal de los tiquetes POS mencionado en el nuevo parágrafo 4 solo empezaría cuando se expidiera una nueva reglamentación sobre la materia. 

Al respecto, es importante destacar que el parágrafo transitorio primero del artículo 616-1 del ET (creado con el artículo 308 de la Ley 1819 de 2016 y luego simplemente modificado con el artículo 16 de la Ley 1943 de 2018) es un parágrafo que solo hace referencia a la reglamentación que se necesitará expedir para el funcionamiento y operación de la factura electrónica (la cual actualmente funciona con el modelo de “validación posterior”, pero que deberá cambiar al de “validación previa”). En consecuencia, no es correcto el tratar de efectuar alguna conexión entre el nuevo parágrafo 4 (el cual opera como norma independiente y con efectos inmediatos) y la nueva versión del parágrafo transitorio 1. 
Algunas razones para el rechazo fiscal de los tiquetes POS 

Aunque la Dian y el Ministerio de Hacienda no han expedido hasta el momento algún comunicado especial que aclare por qué se tomó la decisión con la Ley 1943 de 2018 de empezar a rechazar los tiquetes POS, es importante destacar que desde la expedición del artículo 290 de la Ley 1819 de 2016, el cual modificó el artículo 657 del ET (sanción de clausura del establecimiento), ya se le estaba poniendo el ojo al sistema POS como algo que facilita el fraude tributario. 


“Artículo 657. Sanción de clausura del establecimiento. <Artículo modificado por el artículo 290 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en general, del sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda “CERRADO POR EVASIÓN” en los siguientes casos:

(…) 

2. Por un término de tres (3) días, cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y/o de ventas, lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente, expedido por el contribuyente, no se encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. 

… 

Parágrafo 5. Se entiende por doble facturación la expedición de dos facturas por un mismo hecho económico, aun cuando alguna de estas no cumpla con los requisitos formales del artículo 617, y sin que importe su denominación ni el sistema empleado para su emisión.

Se entiende por sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y/o de ventas la utilización de técnicas simples de captura automatizadas e integradas en los sistemas POS valiéndose de programas informáticos, tales como Phantomware – software instalado directamente en el sistema POS o programas Zapper – programas externos grabados en dispositivos USB, a partir de los cuales se evita que algunas operaciones tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas, aparezcan en el informe o en el historial, se evita que algunas operaciones tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas, se sumen a los totales finales, se reinicializa en cero o en algunos casos, en una cifra específica, los totales finales y otros contadores, genera que ciertos artículos no aparezcan en el registro o en el historial, se borran selectivamente algunas transacciones de venta, o se imprimen informes de venta omitiendo algunas líneas.” 

(El subrayado es nuestro) 

Como puede verse, la norma aprobada por los congresistas del año 2016 deja claro que las autoridades tributarias ya saben desde hace tiempo que los sistemas POS se pueden ver alterados fácilmente con la utilización de software especiales (como el Phantomware o el Zapper), los cuales permiten borrar transacciones y con lo cual obviamente se esconden o suprimen los verdaderos ingresos totales del contribuyente. 

Tan delicado es el fraude tributario que se comete alrededor del mundo con la supresión de ingresos a través del sistema POS, que por eso la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico –OCDE–, agremiación de la que Colombia hace parte desde mayo de 2018 (ver la Ley 1950 de enero 8 de 2019), expidió en el 2013 un documento de 47 páginas titulado “Supresión Electrónica de Ventas: una amenaza para los ingresos fiscales”,con el cual se dan recomendaciones para enfrentar ese flagelo. 

Por todo lo anterior, es fácil descubrir que si Colombia ahora hace parte de la OCDE, al final lo que se hizo con el establecimiento del rechazo fiscal de los tiquetes POS como soporte de los costos y gastos es en la práctica un acatamiento de las recomendaciones dadas por la OCDE.


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/14/dian-confirma-que-tiquetes-pos-no-sirven-fiscalmente-desde-enero-1-de-2019/?referer=email&campana=20190214&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190214&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

domingo, 24 de febrero de 2019

Acción de tutela contra actos administrativos preparatorios, ¿cuándo procede?


En ciertos casos, la acción de tutela podrá proceder contra actos administrativos preparatorios o de trámite, entendiendo que sobre ellos no hay expresión concreta de la voluntad de la administración. Esta procedencia aplicará siempre que se cumplan los requisitos señaladas en la Sentencia T-405 de 2018. 

El artículo 720 del Estatuto Tributario –ET– establece que contra los actos administrativos proferidos por la Dian, como liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás; procederá el recurso de reconsideración, el cual deberá ser interpuesto por el contribuyente ante la oficina competente de la administración que haya expedido el respectivo acto, dentro de los dos meses siguientes a su notificación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que los actos administrativos preparatorios (también denominados de trámite) expedidos por entidades como la Dian o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– no pueden ser apelados ni demandados ante la justicia administrativa, se da lugar a la posibilidad de imponer una acción de tutela, entendiendo que esta procede como un mecanismo transitorio para evitar un conflicto irremediable, o cuando se presenta una situación que pueda dar lugar a la vulneración de un derecho fundamental. 
“Es necesario que la acción de tutela se presente antes de proferirse el acto administrativo definitivo, dado que en este ya existirá una decisión, lo que se traduce en que la actuación ya habría concluido”

Ahora bien, la Sentencia T-405 de 2018 establece que en los actos administrativos preparatorios en los cuales no haya expresión concreta de la voluntad de la administración, sino que por el contrario únicamente se indiquen actuaciones que contribuyan a la formación de una decisión (debido a que en contra de los mismos no proceden recursos en la vía gubernativa ni acciones judiciales autónomas); podrá ser aplicable el recurso de acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
El acto administrativo preparatorio debe ser producto de una actuación arbitraria o desproporcional que amenace los derechos fundamentales de una persona. Por lo tanto, en este caso, el objetivo de la acción de tutela es impedir que la administración concluya una actuación sin que primero se le otorguen a la persona las garantías mínimas constitucionales. De acuerdo con lo anterior, este mecanismo se convierte en una medida preventiva que busca que la autoridad tributaria rija su actuación a partir de las disposiciones constitucionales que amparan los derechos fundamentales. 
Se requiere que el acto de trámite dé solución a algún asunto proyectado en la decisión principal. Aunque los actos no incluyan decisiones definitivas, estos sí inciden en la decisión final, puesto que de lo contrario se referirían a una simple deficiencia que al carecer de efecto sustancial no afectaría el trámite seguido. 
Es necesario que la acción de tutela se presente antes de proferirse el acto administrativo definitivo, dado que en este ya existirá una decisión, lo que se traduce en que la actuación ya habría concluido. Por lo tanto, lo único que procederá contra dicho acto son los medios de defensa judicial que puedan llevarse ante el juez de lo contencioso administrativo. 

No está de más enfatizar que el mecanismo de acción de tutela anteriormente descrito procederá contra los requerimientos aduaneros siempre que estos sean interpuestos antes de la expedición de los actos definitivos, pues de lo contrario los demandantes deberán acudir a los medios de defensa dispuestos en lo contencioso.


https://actualicese.com/actualidad/2019/02/15/accion-de-tutela-contra-actos-administrativos-preparatorios-cuando-procede/?referer=email&campana=20190215&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190215&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

sábado, 23 de febrero de 2019

Declaración de renta 2018 de personas naturales: plazos para su declaración y pago durante 2019

Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas. Si detecta algún error, por favor avísenos haciendo click en “Reportar un error” (más abajo en esta misma página). Mil gracias. 


Mediante el Decreto 2442 de 2018, el Ministerio de Hacienda estableció el calendario tributario para 2019. La nueva versión del artículo 1.6.1.13.2.15 que este decreto introduce en el DUT 1625 de 2016 contiene los plazos para presentar la declaración de renta de las personas naturales.

Debemos recordar que la Ley 1819 de 2016, para el año gravable 2017 estableció un nuevo mecanismo para el cálculo del impuesto de renta de las personas naturales; en tal sentido, la declaración del impuesto en cuestión por el año gravable 2018 que se presentará durante el 2019 deberá ser elaborada recurriendo al sistema de cedulación que consiste en dividir los ingresos anuales del contribuyente según cinco fuentes y, seguidamente, depurar cada grupo de forma independiente de acuerdo al procedimiento indicado en el artículo 26 del Estatuto Tributario –ET.
Los siguientes son los tipos de ingresos que se incluirían en cada una de las cédulas mencionadas:
Cédula
Tipo de ingresos
Rentas de trabajo
Ingresos señalados en el artículo 103 del ET:
  • Salarios.
  • Comisiones.
  • Prestaciones sociales.
  • Viáticos.
  • Gastos de representación.
  • Honorarios.
  • Emolumentos eclesiásticos.
  • Compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo.
En general, las compensaciones por servicios personales.
En ningún caso podrán incluirse ingresos por honorarios percibidos por personas naturales que contraten o vinculen 2 o más trabajadores por al menos 90 días.
Rentas de pensiones
  • Pensión de jubilación.
  • Pensión de invalidez.
  • Pensión de vejez.
  • Pensión de sobrevivientes.
  • Pensión sobre riesgos profesionales.
  • Indemnizaciones sustitutivas de las pensiones.
  • Devoluciones de saldos de ahorro pensional.
Rentas de capital
  • Intereses.
  • Rendimientos financieros.
  • Arrendamientos.
  • Regalías.
  • Explotación de la propiedad intelectual.
Rentas no laborales
  • Honorarios de personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos, 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

  • Todos los demás ingresos que no se clasifiquen de manera expresa en las demás cédulas.
Renta de dividendos y participaciones
  • Dividendos.
  • Participaciones.



Sin embargo, cabe destacar que, la Ley de financiamiento 1943 de 2018, introdujo grandes cambios en materia tributaria para las personas naturales responsables del impuesto sobre la renta entre la adición de nuevas tarifas marginales y la unificación de cédulas. Por lo cual, a partir del año gravable 2019, la depuración de las rentas de determinará de forma independiente con base en tres cédulas:
Rentas de trabajo, de capital y no laborales (cédula general).
Renta de pensiones.
Dividendos y participaciones (esta cédula no admite costos ni deducciones).

La depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas anteriores se realizará siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 del ET, y el resultado constituirá la renta líquida cedular.

Así mismo, tras la modificación del artículo 241 del ET a través del artículo 26 de la Ley 1943 de 2018, se adicionan nuevas tarifas marginales correspondientes al 35 %, 37 % y 39 % a la tabla contenida en el artículo en mención.
Obligados a presentar la declaración de renta

Están obligadas a presentar la declaración de renta por el año gravable 2018 las personas naturales y sucesiones ilíquidas que durante el año gravable hayan sido responsables de IVA (antiguo régimen común) y/o aquellas que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
Requisitos para declarar renta por el año gravable 2018
Requisito
UVT
Valor
Patrimonio bruto a diciembre 31 excede
4.500
$149.202.000
Ingresos brutos a diciembre 31 superiores a
1.400
$46.418.000
Consumos con tarjeta de crédito exceden
1.400
$46.418.000
Compras y consumos totales del año exceden
1.400
$46.418.000
Consignaciones, depósitos, o inversiones exceden
1.400
$46.418.000



*Para el cálculo del valor en pesos se utilizó la UVT de 2018($33.156).
Plazos para la presentación de la declaración

La nueva versión del artículo 1.6.1.13.2.15 del DUT 1625 de 2016, indica que los contribuyentes obligados deberán presentar la declaración de renta, teniendo como plazo máximo las fechas que se indican en la siguiente tabla y que van del 6 de agosto al 17 de octubre de 2019, con la obligación de realizar el pago en una sola cuota. Para tal fin se tienen en cuenta los últimos dígitos del NIT, omitiendo el dígito de verificación:
Últimos dos dígitos del NIT
Hasta el día
(Año 2019)
Últimos dos dígitos del NIT
Hasta el día
(Año 2019)
99 y 00
6 de agosto
49 y 50
12 de septiembre
97 y 98
8 de agosto
47 y 48
13 de septiembre
95 y 96
9 de agosto
45 y 46
16 de septiembre
93 y 94
12 de agosto
43 y 44
17 de septiembre
91 y 92
13 de agosto
41 y 42
18 de septiembre
89 y 90
14 de agosto
39 y 40
19 de septiembre
87 y 88
15 de agosto
37 y 38
20 de septiembre
85 y 86
16 de agosto
35 y 36
23 de septiembre
83 y 84
20 de agosto
33 y 34
24 de septiembre
81 y 82
21 de agosto
31 y 32
25 de septiembre
79 y 80
22 de agosto
29 y 30
26 de septiembre
77 y 78
23 de agosto
27 y 28
27 de septiembre
75 y 76
26 de agosto
25 y 26
30 de septiembre
73 y 74
27 de agosto
23 y 24
1 de octubre
71 y 72
28 de agosto
21 y 22
2 de octubre
69 y 70
29 de agosto
19 y 20
3 de octubre
67 y 68
30 de agosto
17 y 18
4 de octubre
65 y 66
2 de septiembre
15 y 16
7 de octubre
63 y 64
3 de septiembre
13 y 14
8de octubre
61 y 62
4 de septiembre
11 y 12
9 de octubre
59 y 60
5 de septiembre
09 y 10
10 de octubre
57 y 58
6 de septiembre
07 y 08
11 de octubre
55 y 56
9 de septiembre
05 y 06
15 de octubre
53 y 54
10 de septiembre
03 y 04
16 de octubre
51 y 52
11 de septiembre
01 y 02
17 de octubre


Personas naturales grandes contribuyentes

Las personas naturales grandes contribuyentes deberán presentar su declaración de renta en los mismos plazos en que lo hacen los demás contribuyentes de tal categoría, siguiendo los plazos indicados en el artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2442 de 2018; esto es, entre el 9 y el 25 de abril.
Personas naturales residentes en el exterior

Las personas naturales residentes en el exterior, obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, deberán hacerlo de forma electrónica y pagar el impuesto de la misma forma o en los bancos y demás entidades autorizadas en el territorio colombiano, dentro de los plazos antes mencionados.
Declaración voluntaria

El artículo 6 del ET, modificado por el artículo 1 de la Ley 1607 de 2012, establece que las personas naturales residentes en el país, a quienes les hayan practicado retención en la fuente y que no estén obligadas a presentar la declaración del impuesto de renta, pueden hacerlo voluntariamente y producirá efectos legales.



https://actualicese.com/actualidad/2019/01/17/declaracion-de-renta-2018-de-personas-naturales-plazos-para-su-declaracion-y-pago-durante-2019/?referer=email&campana=boletin-dominical-20-ene-2019&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-dominical-20-ene-2019&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d