viernes, 31 de mayo de 2013

Colombianos se cuelgan cada vez más con el pago de créditos

 

Pese a que los niveles de solvencia y provisiones de las entidades bancarias en Colombia son positivos, no deja de preocupar el sobreendedudamiento y la morosidad de los consumidores colombianos.
 
Saber utilizar un crédito resulta ser una de las capacidades más importantes para las personas, pues de esto depende su bienestar económico y calidad de vida; no obstante, lo que se evidencia con las cifras de aumento de morosidad es que se desconoce cómo manejar las deudas.

Según el informe de resultados del sistema financiero, realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, “en el primer trimestre de 2013 la cartera registró un comportamiento estable en su tasa de crecimiento real anual, ubicándola al término de marzo en 12,75%. Esta tasa aumentó con respecto a lo observada en diciembre de 2012 de 12,48%”.

Por otra parte, en relación con la cartera vencida, en el trimestre se observó un incremento en la misma que se dio en conjunto con un crecimiento de las provisiones. La tasa de crecimiento real anual de la cartera vencida fue de 29,04% cifra que sobrepasó la de las provisiones 12,58%.

Las carteras de microcréditos y consumo son las que más han crecido en saldos vencidos. Al comparar el primer trimestre de 2012 con el de 2013, se tiene que los productos que registraron un mayor incremento real anual en la cartera vencida fueron los créditos de vehículos (35,53%) y los créditos de libre inversión (30,21%), principalmente.

En cuanto a la cartera vencida de los microcréditos, al cierre del primer trimestre de 2013 su variación real anual fue de 54,27%.

Para la analista financiera del Helm Bank, Marisol Torres, en teoría si se está bajando la tasa de interés de los créditos bancarios, las personas deberían estar pagando menos por sus préstamos, lo que significa que no deberían estar en mora.

Asimismo, asegura que un factor que no se puede dejar de lado es que “los montos que los bancos provisionan demuestran que hay buena salud en las entidades en general y en el sistema financiero”.

Cómo se debe manejar el crédito
Puede que un consumidor sepa con certeza los beneficios de tener una tarjeta de crédito, pero no sabe cómo usarla adecuadamente. Munir Jalil, economista jefe de Citibank, asegura que una de las principales recomendaciones es el uso que se le da al cupo.

“El cupo de la tarjeta de crédito no es para gastarlo todo, el cupo sano no va más allá de 30% y con eso se va a evitar sobreendeudarse”, dice Jalil. Además, debe tener en cuenta que las tarjetas tienen las tasas más altas del mercado, por lo que debe pensarse para emergencias y no el día a día, a menos de que pague a una cuota.

Un segundo consejo está relacionado con las condiciones actuales del mercado. Está bien que una persona busque la tasa más baja entre las ofertas del mercado y pueda aprovechar las compras de cartera que dejan tasas más cómodas, lo que no puede hacer es pensar en que una vez se liberan puntos de las deudas, estos deben ser usados para endedudarse más. “No se puede pensar como un mayor cupo para endeudarse porque si se usa se estaría sobreendeudando, entonces de nada sirve el ahorro así usted sienta que está ganando es mejor no utilizarlo”, dice Jalil.

Finalmente, una de las recomendaciones más importantes y en las que hacen énfasis los programas de educación financiera de todos los bancos es en tener un presupuesto. Incorporar las cuotas de los créditos a lo que se va a gastar es vital, pues mucha gente no incluye los intereses y al final se ven con problemas de pago.

“Establezca un calendario de pagos. Así los intereses no le ganarán la partida. No espere hasta el último día para cancelar la cuenta, ya que pueden surgir complicaciones de última hora que le impidan hacer el pago según lo estipulado y se podrían generar recargos adicionales, como intereses de mora”, afirma el portal cuadresubolsillo.com de Asobancaria.

Así las cosas hay que tener en cuenta que para evitar el sobreendeudamiento, el único responsable es usted mismo. Cada persona es la más indicada para evaluar si tiene o no capacidad de pago y es por esto que peca de irresponsable cuando sabiendo que tiene deudas con entidades bancarias decide aceptar una tarjeta de crédito más.

Por ahora, se espera que las deudas no sigan avanzando por el beneficio de los consumidores.

Tarjetas de retail no siempre son la mejor opción
Aunque le permitan hacer compras de electrodomésticos, mercado, entre otros consumos con financiación, antes de tomar una tarjeta de crédito de retail es importante que evalúe cómo están sus deudas paralelas pues es posible que sea complicado responder con las dos obligaciones. En este caso si tiene un cupo de $1.500.000 deberá pensar en gasta solo $500.000 y no la totalidad así cuida su vida financiera.

jueves, 30 de mayo de 2013

Ciudadanos podrán sumar semanas cotizadas desde 1994 para pensionarse

Ciudadanos podrán sumar semanas cotizadas desde 1994 para pensionarse

 
Los colombianos podrán sumar desde ahora las semanas cotizadas que desde 1994 no les había reconocido el Instituto del Seguro Social (ISS) para su jubilación, según fallo del Consejo de Estado.
RCN La Radio conoció un fallo emitido por el Consejo de Estado para que los trabajadores que desde 1994 tenían impedimentos de computar sus semanas cotizadas, les reconozcan ese tiempo y puedan jubilarse.

La norma impedía a los trabajadores que el Seguro Social les reconociera las semanas cotizadas en pensión, así estuvieran en empresas privadas u oficiales.

Con esta decisión se ordena al Seguro Social (hoy Colpensiones) que reconozca ese tiempo que no tuvo en cuenta para que así muchos colombianos puedan jubilarse inmediatamente.

Luis Alberto Torres Tarazona, abogado y profesor del derecho laboral de la Universidad Libre, advirtió que con esta sentencia del Consejo de Estado se estaría dando favorabilidad a la seguridad social de los colombianos.

"Muchas personas que habían trabajado en empresas pero que no habían cotizado al Seguro Social porque el empleador nunca había realizado los aportes, entonces ahora les van hacer válidas esas semanas", señaló el académico.

De igual forma Torres Tarazona explicó que con este beneficio los colombianos se ahorrarían varios años en tiempos cotizados para poder jubilarse.

"Si me voy a pensionar hoy, necesito aproximadamente 26 años, (1.250 semanas), pero si me voy a pensionar en transición con la ley que estamos hablando, voy a necesitar sólo 20 años; entonces una persona si ya tiene los 20 años pero también es beneficiario del régimen de transición puede acogerse, porque se va ahorrar en tiempo y cotizaciones 6 años", afirmó el jurista.

Igualmente, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social, Alberto Pardo Barrios, reveló que cada año 50 mil personas no alcanzan a completar las semanas que se exigen en el Régimen de Prima Media, pero con este fallo se podría reducir a la mitad el número de personas que no pueden acceder a su pensión.

"Con un fallo como este ese número de 50 mil personas por año que no alcanza a completar sus semanas, realmente entrarán a disminuir de una manera muy importante su tiempo y aspiramos a que por lo menos 25 mil personas cada año puedan logar demostrar con este fallo, que sus tiempos servidos tanto en uno como en otro lado, son computables para obtener su pensión en el Régimen de Prima Media", advirtió Pardo Barrios.

De acuerdo con la ponencia en el fallo del magistrado Gustavo Eduardo Gómez, los empleados al liberarse la limitación de la norma, se habilitarían a los colombianos, a jubilarse casi de manera inmediata, según su proceso, porque en su momento tuvieron que volver a comenzar a cotizar sin necesidad de hacerlo.

Ante la decisión todos los trabajadores y extrabajadores colombianos que estén en esta situación, deberán pedir una inmediata revisión de su historia laboral, acercándose a las oficinas de Colpensiones en todo el país, e insistir que le revisen el número de semanas cotizadas teniendo en cuenta tiempos públicos y tiempos privados.

La norma que fue anulada por el Alto Tribunal se expresaba así en su Artículo 5 del Decreto 2709 de 1994: "Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege".

Texto del fallo del Consejo de Estado:
"CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013).

REF: Expediente número 11001032500020080013300 (279308)
Actores: SABRINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ y JUAN DAVID QUINTERO SANCHEZ
Contra: NACION – MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

AUTORIDADES NACIONALES - F A L L O -

I. ANTECEDENTES

Decide la Sala en única instancia la acción de nulidad instaurada por los ciudadanos SABRINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ y JUAN DAVID QUINTERO SÁNCHEZ contra la NACION – MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.

1.- PRETENSIONES

En nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad, los señores Sabrina Sánchez González y Juan David Quintero Sánchez solicitaron la declaratoria de nulidad del artículo 5° del Decreto No. 2709 de 1994, por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988.

2.- TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
DECRETO 2709 DE 1994
(diciembre 13)
Por el cual se reglamenta el artículo 7 de Ley 71 de 1988.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:
(…)
Artículo 5º.- Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.

(…)
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 13 de diciembre de 1994.
El Presidente de la República,
ERNESTO SAMPER PIZANO,
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
MARÍA SOL NAVIA VELASCO.

3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Los demandantes indicaron que el artículo 5° del Decreto Reglamentario No. 2709 de 13 de diciembre de 1994 vulnera los artículos 48 y 189-11 de la Carta Política, por las siguientes razones:

3.1.- Exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria. Argumentando que aunque en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988 el Legislador no estableció restricciones para acceder a la pensión por aportes, pues no hizo mención alguna sobre la imposibilidad jurídica para computar el tiempo servido en entidades privadas no afiliadas al ISS; el Presidente de la República excedió su facultad reglamentaria al establecer restricciones en el cómputo del tiempo de servicio para efecto del reconocimiento de la mencionada prestación. En concepto de los actores, la restricción establecida hace ilegal la norma acusada.

3.2.- Imposición de renunciar al régimen de seguridad social. Al respecto manifestaron que la norma acusada impone el cumplimiento de una condición imposible para aquellos trabajadores que, antes de 1966, estuvieron vinculados a entidades privadas, por cuanto para esa época el Instituto de Seguros Sociales aún no existía. Por esa vía, se los obliga a renunciar a los aportes realizados antes del mencionado año, situación que contraría lo establecido en el artículo 48 de la Constitución, según el cual el derecho a la seguridad social es irrenunciable.

4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La apoderada de la Nación – Ministerio de la Protección Social solicitó se desestimen las pretensiones de la demanda y se declare que la norma acusada se ajusta a la Constitución y a la Ley, por las siguientes razones:

4.1.- Con la norma acusada no se excede la potestad reglamentaria.

Explicó que el artículo 7° de la Ley 71 de 1998 exige de manera categórica que se acrediten veinte años de aportes efectuados en una o en varias entidades de seguridad social del sector público o en el Instituto de Seguros Sociales, es decir excluyó de contera los tiempos de servicios prestados en entidades del sector público o en empresas del sector privado, cuyos empleados no estuvieran afiliados a una entidad de previsión o al ISS.

Agregó que la acumulación de los tiempos públicos y privados permitida en la norma mencionada, tuvo como fundamento los aportes efectuados por las personas en los sistemas de aseguramiento tanto del sector público como del sector privado que los cobijaban, de tal forma que la suma de los mismos les permitiera acceder a una pensión, con cargo a dichos regímenes.

Luego de citar textualmente algunos apartes de la sentencia C-012 de 1994, señaló que al establecer en el artículo 5° del Decreto 2709 de 1994 que el tiempo “laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege”, no se tendría en cuenta para obtener el reconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, no excede la facultad reglamentaria, pues lo único que hace la disposición acusada es hacer más comprensible la norma desarrollada, pero en ningún momento establece supuestos de hecho que excedan lo regulado por el Legislador, existiendo total congruencia entre la Ley y el Decreto Reglamentario.

4.2.- Ausencia de violación al derecho a la seguridad social.

Sostuvo que la imposibilidad de computar tiempos de servicios prestados con empleadores del sector privado no afiliados al Instituto, contenida en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, obedece, de un lado, a que la pensión prevista en la Ley 71 de 1988 se fundamenta en los aportes a los sistemas de aseguramiento y en el caso planteado no existen tales aportes; y, de otro, a que de conformidad con la normatividad que regulaba el reconocimiento de tales prestaciones, para su otorgamiento se exigía que la persona laborara con el mismo empleador durante un lapso mínimo de 20 años, so pena de no generar el derecho a la pensión.

A partir del contenido del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, aclaró que con anterioridad a que el Instituto de Seguros Sociales asumiera los riesgos de invalidez, vejez y muerte, el reconocimiento de las pensiones se encontraba a cargo directamente del empleador, y ello no se debía a la acumulación de aportes o cotizaciones durante un tiempo determinado, sino al cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio (veinte años continuos o discontinuos en la misma empresa) y edad (55 años para hombres y 50 para mujeres) determinados en la ley.

Precisó que en éste régimen no se permitía la acumulación de tiempos de servicio prestados por el trabajador a diferentes empleadores del sector privado o con empleadores del sector público, pues se carecía de instrumentos de financiación que permitieran asegurar el pago de la pensión hacia el futuro, pues no existían aportes o cotizaciones que la respaldaran; por lo que en su concepto resulta incorrecta la apreciación de la parte actora respecto que la norma acusada conlleva la pérdida de los aportes efectuados por los trabajadores del sector privado antes de 1966, pues como se observa, en ese entonces no se efectuaban aportes para el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por lo que mal podrían perderse.

En el mismo sentido indicó que al asumir el Instituto de Seguros Sociales los riesgos de invalidez, vejez y muerte en los términos establecidos en la Ley 90 de 1946, para el reconocimiento de las pensiones a su cargo solo se podían tener en cuenta las semanas de cotización efectuadas al instituto, pero no se podían sumar los tiempos de servicio que los trabajadores traían para ese momento con su respectivo empleador, entre otras cosas, porque al no existir aportes o cotizaciones no había forma de garantizar financieramente el pago de tales prestaciones.

De otra parte, relató que con el fin de garantizar el derecho a la pensión de jubilación en los términos previstos por el artículo 260 del Código Sustantivo del trabajo, en el Decreto 3041 de 1966, que aprobó el Acuerdo 024 expedido el mismo año por el Instituto de Seguros Sociales, se previó la compartibilidad pensional entre el empleador y el Instituto. Dicha figura básicamente consiste en que cuando el trabajador afiliado al ISS completara los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos en aquella norma tendría derecho a que el empleador le reconociera su pensión de jubilación, quien a su vez mantendría las cotizaciones o aportes al instituto, para que cuando el trabajador cumpliera los requisitos para acceder a la pensión por parte de la mencionada entidad, esta se subrogara en la obligación de su pago, quedando únicamente a cargo del empleador el mayor valor de la pensión de jubilación por él reconocida, frente a la asumida por el ISS, si lo hubiere.

Si por cualquier causa el trabajador no se encontraba afiliado al ISS o el empleador no continuaba efectuando los aportes correspondientes al instituto, no operaría la compartibilidad pensional y la prestación continuaría a cargo del empleador.

La posibilidad de compartir la pensión reconocida por un empleador del sector privado solo tiene eficacia respecto de las semanas de cotización efectuadas al ISS, mas no frente a los tiempos de servicio prestados a empleadores del sector público, pues los acuerdos del instituto, dictados de conformidad con la Ley 90 de 1946, solo le son aplicables a éste.

Finalmente concluyó que no se vulnera el derecho a la seguridad social de los trabajadores que no cumplieron con los requisitos señalados en la ley para acceder a la pensión en su momento, ni se los está obligando a renunciar a un beneficio legal, pues como quedó establecido, de conformidad con el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, los tiempos de servicio de trabajadores del sector privado no afiliados al ISS solo serían computables con tiempos prestados al mismo empleador, sin que la Ley 71 de 1988 haya dispuesto cosa distinta, por lo que el Decreto Reglamentario no podía establecer condiciones diferentes, de lo contrario si se habría desbordado la potestad reglamentaria.

5.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte actora reiteró íntegramente las pretensiones y fundamentos jurídicos de la demanda.

La apoderada de la Nación – Ministerio de la Protección Social guardó silencio.

6.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó se declare la nulidad del artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, porque en su concepto la norma acusada crea una nueva condición para tener derecho a la pensión por aportes, no prevista en la Ley 71 de 1988, con lo cual se desbordó la potestad reglamentaria.

Señaló que ni explícita ni implícitamente la norma reglamentada mencionó la posibilidad de que no se tuviera en cuenta algún tiempo de servicio, pues la filosofía del Legislador fue la de dar la posibilidad al trabajador de acumular los aportes derivados de su trabajo, tanto en el sector privado como público, para aspirar a acceder a una pensión de jubilación. Hasta la expedición de la Ley 71 de 1988 no existía la posibilidad de acumular esos tiempos de servicio.

Agregó que la norma reglamentaria demandada introdujo una condición nueva, que no se desprende en forma natural ni lógica de la disposición legal, que además genera unos efectos indeseables y contrarios a su propósito, cual es el de garantizar que, una vez cumplido el tiempo laborado y la edad requerida, el trabajador pueda disfrutar de una justa pensión.

Afirmó que el principal hecho que ha de tomarse en cuenta es el tiempo laborado, del que obviamente, en principio, deben haberse pagado los aportes correspondientes, para con base en ello tener derecho a una pensión de jubilación. Sin embargo advierte que, como se ha evidenciado en decisiones de esta Corporación, en múltiples ocasiones no se han hecho los aportes ni los descuentos correspondientes al trabajador, no por su culpa sino por la del empleador, pese a la constancia del tiempo laborado.

Bajo esta óptica estimó que el tema de los aportes puede solventarse adecuadamente, como lo ha hecho el Consejo de Estado en diversas sentencias, disponiendo que de los dineros a reconocer al trabajador se descuenten los aportes dejados de pagar y se repita contra el empleador que no los cubrió. Y cuando a ello haya lugar, ordenando que se paguen las cuotas partes pensionales correspondientes.

Por último adujo que el artículo 5° del Decreto 2709 de 1994 se refirió a “tiempo no computable”, mientras que el artículo 7° de la Ley 71 de 1988 se refirió a los “aportes sufragados en cualquier tiempo o acumulados”, lo que indica que no existió unidad temática entre lo ordenado por la ley y lo que estableció la norma reglamentaria demandada, creando además una nueva condición, con lo que desbordó dicha facultad.

II. CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico

El presente asunto se centra en determinar si el artículo 5° del Decreto No. 2709 de 1994, por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, transgrede los artículos 48 y 189-11 de la Constitución Nacional, por vulnerar el derecho a la seguridad social y exceder la potestad reglamentaria.

2.- Análisis de los cargos de nulidad propuestos

3.1.- Exceso de la potestad reglamentaria.

Los actores argumentan que en el artículo 5° del Decreto No. 2709 de 1994 el Presidente de la República excedió la facultad reglamentaria, al establecer restricciones en el cómputo del tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, aunque en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988 (norma reglamentada) el Legislador no lo hizo.

La Corte Constitucional ha definido la potestad reglamentaria como “una facultad constitucional propia del Presidente de la República (art. 189-11 C.P.) que lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la correcta ejecución y cumplimiento de la ley” .

De igual manera ha advertido que dicha potestad “…no es absoluta pues encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la ley, es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador. Por lo tanto, si un reglamento rebosa su campo de aplicación y desconoce sus presupuestos de existencia, deberá ser declarado inconstitucional por la autoridad competente (El Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 237-2 de la Constitución)”.

La Corte también ha señalado las características de la potestad reglamentaria, así:

“La potestad reglamentaria tiene fundamento en lo previsto por el artículo 189-11 C.P., según el cual el Ejecutivo está revestido de la facultad para expedir decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Esta competencia, por ende, está dirigida a determinar reglas específicas para que los distintos organismos del Estado cumplan adecuadamente con las disposiciones legislativas.

La potestad reglamentaria, en consecuencia, tiene naturaleza ordinaria, derivada, limitada y permanente. Es ordinaria debido a que se trata de una competencia adscrita por la Constitución dentro de las funciones propias de la Rama Ejecutiva, sin que para su ejercicio requiera de habilitación distinta de la norma constitucional que la confiere. Tiene carácter derivado, puesto que requiere de la preexistencia de material legislativo para su ejercicio. Del mismo modo es limitada porque “encuentra su límite y radio de acción en la constitución y en la ley; es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador”. Por último, la potestad reglamentaria es permanente, habida cuenta que el Gobierno puede hacer uso de la misma tantas veces como lo considere oportuno para la cumplida ejecución de la ley de que se trate y hasta tanto ésta conserve su vigencia”.

La jurisprudencia constitucional ha efectuado diferenciaciones entre las figuras de reserva de ley, delegación legislativa y deslegalización.

(i) La expresión reserva de ley tiene varios significados o acepciones, en primer lugar se habla de reserva general de ley en materia de derechos fundamentales, para hacer referencia a la prohibición general de que se puedan establecer restricciones a los derechos constitucionales fundamentales en fuentes diferentes a la ley. Sólo en normas con rango de ley se puede hacer una regulación principal que afecte los derechos fundamentales. En segundo lugar la expresión reserva de ley se utiliza como sinónimo de principio de legalidad, o de cláusula general de competencia del Congreso, la reserva de ley es equivale a indicar que en principio, todos los temas pueden ser regulados por el Congreso mediante ley, que la actividad de la administración (a través de su potestad reglamentaria) debe estar fundada en la Constitución (cuando se trate de disposiciones constitucionales con eficacia directa) o en la ley (principio de legalidad en sentido positivo). Y en tercer lugar, reserva de ley es una técnica de redacción de disposiciones constitucionales, en las que el constituyente le ordena al legislador que ciertos temas deben ser desarrollados por una fuente específica: la ley.

En este último sentido todos los preceptos constitucionales en los que existe reserva de ley imponen la obligación que los aspectos principales, centrales y esenciales de la materia objeto de reserva estén contenidos (regulados) en una norma de rango legal. Es decir, en la ley en cualquiera de las variantes que pueden darse en el Congreso de la República, decretos leyes, o decretos legislativos. Las materias que son objeto de reserva de ley pueden ser “delegadas” mediante ley de facultades extraordinarias al Ejecutivo para que sea éste quien regule la materia mediante decretos leyes. Pero las materias objeto de reserva de ley no pueden ser “deslegalizadas”, esto es, el legislador no puede delegar al Ejecutivo que regule esa materia mediante reglamento, en desarrollo del artículo 189.11 de la Constitución. (…)

(ii)La figura de las facultades extraordinarias o delegación legislativa esta prevista principalmente en el artículo 150.10 de nuestra Constitución. Mediante ésta el Congreso de la República puede expedir una ley de delegación – es decir “de facultades extraordinarias” - en la que entrega ciertas materias al Presidente para que las desarrolle mediante normas con fuerza de ley, las cuales reciben el nomen iuris específico de decretos leyes. Las leyes de facultades extraordinarias pueden versar sobre todo tipo de contenido, excepto los expresamente vedados por la Constitución en el artículo 150.10 y en este sentido las materias que son objeto de reserva de ley no son la excepción. Las reservas de ley deben estar contenidas en normas con rango de ley, y el decreto ley satisface dicha exigencia” .

Como queda visto, los asuntos reservados a las normas legislativas no pueden ser regulados mediante decretos reglamentarios ni resoluciones. En nuestro ordenamiento constitucional, de manera general, se ha contemplado dicha reserva para: (i) los derechos fundamentales, en el artículo 152 superior, y (ii) para otros asuntos, en los casos en que las normas constitucionales lo dispongan textualmente.

En consecuencia, las prescripciones normativas que regulen materias reservadas a la ley deben constar en disposiciones que pertenezcan a cuerpos normativos de rango legal, pues de lo contrario vulnerarían la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico las normas con rango de ley son: la leyes expedidas por el Congreso en cualquiera de sus modalidades (artículos 150, 151 y 152 C.P.), los decretos con fuerza de ley expedidos por el Ejecutivo con fundamento en normas constitucionales (artículos 212, 213 y 215 C.P.) y en las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso (artículo 150-10 C.P.) y demás decretos leyes, como los que se dictan en virtud del artículo 241 de la Constitución, entre otros .

El límite constitucional de las leyes en donde se hace uso de la técnica de la deslegalizacion es esencialmente la figura de las reservas de ley, tanto la general en materia de derechos fundamentales, como las especificas expresadas a lo largo del texto constitucional.

En este caso, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”, dispuso lo siguiente:

ARTICULO 7o. A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas. (Subraya la Sala).

En uso de la facultad conferida por el artículo 189-11 de la Constitución y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma antes citada, el Presidente de la República expidió el Decreto reglamentario No. 2709 de 13 de diciembre de 1994, en cuyo artículo 5º se estableció:

Artículo 5º.- Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.

De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que varias normas de la Constitución Política de 1991 establecen de manera explícita una reserva de ley sobre el tema que fue objeto de regulación por parte del Gobierno Nacional en el artículo 5° del Decreto 2709 de 1994, a saber:

(i) El artículo 53 dispone que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía a la seguridad social (...)”.

Como puede observarse, el artículo 53 superior exige al Congreso de la República que al momento de expedir el estatuto del trabajo, regule la garantía de la seguridad social, dentro de la cual está inmerso el régimen pensional, con el alcance, contenido y prestaciones que determine la ley.

(ii) A su vez, el artículo 152 prescribe: “Mediante leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que aquellas materias inexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran sujetas a reserva de ley, razón por la cual no puede dejarse en manos del ejecutivo su regulación . El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial .

Para la Sala no hay duda que el tema de los tiempos computables para los efectos relacionados con el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, al igual que la edad, forma parte del contenido esencial del mencionado régimen pensional, por lo que las exclusiones o excepciones al mismo deben establecerse mediante normas con rango de ley.

En efecto, se trata de un asunto sustancial de la materia objeto de reserva, vale decir de los elementos básicos del régimen pensional por aportes, considerando su conexidad con los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, razón por la que escapa al alcance de la regulación mediante decretos reglamentarios.

Nótese que en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley 71 de 1988 el Legislador facultó al Gobierno Nacional para reglamentar “los términos y condiciones para el reconocimiento y pago” de la pensión de jubilación por aportes, pero con base en dicha autorización el Ejecutivo no podía llegar a tocar el contenido esencial del régimen pensional, determinando los tiempos de servicio que no se computarían para adquirir el derecho, pues con ello se configura una restricción o afectación a los derechos fundamentales que ya fueron mencionados y se desconoce la reserva de ley establecida en los artículos 53 y 152 de la Carta Política.

A partir de lo anterior se evidencia que en la norma reglamentaria acusada el Presidente de la República rebasó el ámbito sustancial de la materia reservada, razón suficiente para declarar su nulidad.

Para abundar en argumentos, ha de advertirse que en anteriores oportunidades la Sección Segunda de esta Corporación había decidido inaplicar la norma acusada, conforme a los siguientes razonamientos:

“Respecto de qué tiempo se debe computar para efectos de la pensión de jubilación por aportes, el citado Decreto 2709 de 1994 estableció la misma restricción que traía la reglamentación anterior. Al respecto dispuso expresamente:
Artículo 5°. Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege (subraya la Sala).

Lo anterior significa que cuando se suma el tiempo de servicios de los sectores público y privado para efectos de la pensión de jubilación por aportes, la reglamentación estableció que sólo se toma en cuenta el tiempo cotizado al Instituto de Seguros Sociales con el cotizado a las cajas de previsión del sector público, excluyéndose en consecuencia el tiempo servido a entidades privadas que no cotizaron en el ISS como también el tiempo laborado en entidades oficiales en las cuales no se efectuaron aportes a entidades de seguridad social (ya sea las cajas de previsión o el Seguro Social).

Dado que esta reglamentación del Decreto 2709 de 1994, que es la vigente, fue expedida cuando ya regían la Constitución Política de 1991 y el sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, ha surgido el interrogante jurídico de si la restricción citada del artículo 5° debe aplicarse o no, si se tiene en cuenta que en el marco del sistema prestacional anterior a la afiliación a la seguridad social, concretamente para el servidor público, no era obligatoria sino facultativa de las entidades empleadoras, de modo que la ausencia de cotización ni le era imputable a los servidores de las entidades ni afectaban los derechos pensionales, dado que de todas maneras el empleado tenía derecho a las prestaciones, con o sin afiliación a las entidades de previsión.

Además es claro desde el punto de vista constitucional, que el derecho a la seguridad social es irrenunciable (C. P., art. 48), por lo cual en principio todo tiempo servido o cotizado a entidades públicas tiene vocación de aptitud para contabilizar los derechos pensionales.

En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que no puede negarse el derecho a la pensión de jubilación por aportes ni a su reliquidación cuando algunas de las entidades públicas no efectuaron aportes a cajas de previsión.

En efecto, en sentencia del 1º de marzo de 2001, con ponencia del C.P. Alberto Arango Mantilla, Expediente No. 66001-23-31-000-0527-01-485-2000, se dijo:

“(…) los nominadores tienen el deber de practicar a sus empleados y trabajadores los descuentos parafiscales que habrán de girar luego a las respectivas cajas de previsión a título de aportes. De suerte que la no aportación a los entes de previsión de los valores correspondientes, en nada podrá afectar el derecho a la pensión de jubilación. Y sencillamente, en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la respectiva caja de previsión deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes; una tesis contraria podría conducir al absurdo de que un funcionario público tuviere que asumir las consecuencias negativas de los yerros de la administración, cuando quiera que ésta incumpliere sus deberes frente al pago de los mencionados aportes” (subrayado propio del texto original).

Con este criterio, la Sala en la referida sentencia, así como en otras posteriores, ha decidido inaplicar la restricción que contiene el citado artículo 5° del Decreto 2709 de 1994.

En esta oportunidad, la Sala reitera el mencionado criterio para considerar que, para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si dicho tiempo fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social” .

La prosperidad del cargo de exceso de la potestad reglamentaria, en virtud del desconocimiento de la reserva de ley en cuanto a la determinación de los elementos básicos del régimen pensional por aportes, releva a la Sala del estudio de la vulneración del derecho a la seguridad social, segundo cargo aducido por los demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


III. F A L L A

1°.- DECLARASE LA NULIDAD del artículo 5° del Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, por el cual el Presidente de la República reglamentó el artículo 7° de la Ley 71 de 1988.

2°.- En firme esta sentencia archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Presidente de la Sección

VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA GERARDO ARENAS MONSALVE

GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ

ALFONSO VARGAS RINCÓN"

miércoles, 29 de mayo de 2013

Casi 3 billones de pesos se le adeudan al Estado en impuestos: DIAN

Casi 3 billones de pesos se le adeudan al Estado en impuestos: DIAN

 
Cerca de 220 mil morosos adeudan al Estado colombiano 2.9 billones de pesos en impuestos, según dijo Cecilia Rico, directora de ingresos de la DIAN, quien informó que el impuesto más recurrente de las personas es el de retención en la fuente.
Por esta razón la entidad realizará durante este sábado la primera feria "Día para ponerse al día", jornada que busca generar pedagogía para que los colombianos conozcan cómo diligenciar los formularios y recibos de pago, según lo informó la funcionaria.

"Por primera vez vamos a tener una feria en que la DIAN pone a disposición de los contribuyentes una ayuda como esta. Tenemos en 34 ciudades del país y más de 1200 funcionarios de la DIAN dedicados a ciudadanos morosos", dijo.

A su turno, Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, señaló que con esto se busca "darle a la gente la oportunidad de que se saque una culebra de encima".

Así mismo señaló que se espera que cerca de 5 mil de las 220 mil personas morosas cancelen su deuda pues "sería muy buen resultado y la idea es que la gente sea consciente del beneficio tan grande que logró obtener como la reducción del 80% de la deuda si se paga de contado".

"Somos conscientes de que esto no se puede volver a ofrecer en 10 años, era la oportunidad de limpiar la casa", dijo.

Ortega indicó que con los casi 3 billones de pesos que se adeudan en materia de impuestos, "podrían comprarse todos los Transmilenios de Bogotá, es la mitad del presupuesto del Metro y la mitad del presupuesto de la Policía Nacional durante un año".

martes, 28 de mayo de 2013

Las Extrategias de los grandes Apple evitó pagar US$ 9.200 millones en impuestos

Con la venta de bonos, Apple intenta compensar la baja que sufrió la acción por la desaceleración de sus ganancias.

Con la venta de bonos la semana pasada, la tecnológica no tuvo que repatriar dinero a una tasa de 35 %.

Apple Inc. evitó pagar 9.200 millones de dólares en impuestos al financiar con deuda parte de una recompra de acciones por 55.000 millones de dólares, en lugar de utilizar dinero offshore que habría sido gravado por el Gobierno estadounidense, calculó Moody’s Investment.
 
Sobre la base de las tasas actuales, Apple pagará intereses de aproximadamente 308 millones de dólares anuales por la oferta de bonos de 17.000 millones de dólares, dijo Gerald Granovsky, vicepresidente sénior de Moody’s.
 
“Desde el punto de vista de la teoría de las finanzas empresariales, era una deducción para tontos”, señaló Granovsky.
 
Si los fondos hubiesen salido del dinero offshore de Apple, que asciende a unos 100.000 millones de dólares, el fabricante del iPhone con sede central en Cupertino, California, habría tenido que pagar un impuesto del 35 por ciento para repatriar el dinero, explicó Granovsky.
 
Eso significa que Apple evitó pagar unos 9.200 millones de dólares en impuestos.
 
Y, como los pagos de intereses son deducibles de impuestos, hay otros 100 millones más por año, dijo Granovsky.
 
En el año fiscal 2012, Apple pagó 6.000 millones de dólares en impuestos federales a las ganancias empresariales, lo que representa 1 de cada 40 dólares de impuestos a las ganancias empresariales que recauda el Gobierno de los Estados Unidos, apuntó Steve Dowling, portavoz de la compañía.
 
“Esto hace de Apple uno de los mayores contribuyentes empresariales del país, si no el más grande”, añadió.
 
El máximo responsable financiero, Peter Oppenheimer, dijo que incorporar deuda a la estructura de capital brindará beneficios, por ejemplo dar acceso a capital de precio atractivo, una reducción del costo de capital y un apalancamiento eficiente del balance.
 
La venta de bonos que llevó a cabo Apple la semana pasada fue la oferta empresarial más grande de la que se tenga registro.
 
La acción bajó 36 por ciento desde su récord de septiembre, en parte por el temor de que la compañía no lance rápidamente productos de éxito como el iPhone o el iPad. La semana pasada, la compañía dijo que devolvería otros 55.000 millones de dólares en efectivo a los accionistas.

lunes, 27 de mayo de 2013

Con trámite urgente discutirán Ley de Información Tributaria


Una nueva prioridad legislativa llevó el Gobierno Nacional para que en las seis semanas que quedan de sesiones el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley por medio del cual se ratifica el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria", suscrito en Bogotá el 30 de marzo de 2001.

El proyecto que fue radicado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, será discutido con mensaje de urgencia por parte de las Comisiones II de Senado y Cámara, a las cuales les corresponde la aprobación de este de convenios internacionales.

Cárdenas dijo que “de ser aprobado el proyecto se marca un hito en la cooperación internacional con nuestro principal aliado comercial”, al igual que destacó que ayuda en la lucha a la evasión tributaria.

Precisó el ministro de Hacienda, que ambos países se suministrarán la información de impuesto sobre la renta, IVA, GMF, y CREE por parte de Colombia, así como obtener información relevante sobre todos los impuestos federales por parte de los Estados Unidos.

“De este modo se posibilita el cumplimiento de las normas propias de la Ley el Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) norteamericana (Por sus siglas en Inglés) por parte de las entidades del sector financiero colombiano, evitando de esa manera la calificación como incumplidas de dicho régimen y la aplicación de retenciones en la fuente de carácter sancionatorio en todos los giros que provengan de los Estados Unidos”, señaló.

Finalmente, Cárdenas consideró que esta ley es fundamental en la política internacional establecida por el Gobierno en asuntos tributarios que tiene como uno de sus objetivos incrementar la cooperación y el intercambio de información tributaria, y cerrar la brecha de la evasión y elusión tributaria. 

domingo, 26 de mayo de 2013

10 trampas familiares en las que más incurren los empresarios


Gonzalo Gómez Betancourt. Gonzalo Gómez Betancourt

Gonzalo Gómez Betancourt

El investigador Gonzalo Gómez Betancourt, luego de asesorar a más de 120 empresas familiares y aplicar el modelo de Trampas Familiares, creado por el profesor español Miguel Ángel Gallo, profundizó y amplió el modelo, con el fin de detectar con mayor exactitud las problemáticas en que incurren los empresarios.

Gómez Betancourt, iniciará a partir de hoy, un especial de 10 artículos, en el cual describirá semanalmente cada una de las trampas que afectan las relaciones familiares y comprometen el dinamismo y la perdurabilidad de las empresas.


Al final del especial, se publicará en Dinero.com, un cuestionario online con el cual los empresarios podrán detectar las trampas familiares que existen al interior de sus organizaciones.

Trampas Familiares
La arrogancia del éxito: La Trampa madre de la primera generación de fundadores


Cuando los empresarios familiares han alcanzado éxito y prestigio, les es difícil reconocer la presencia de alguna o de todas las Trampas Familiares en su organización. Y si han caído en ellas, prefieren ocultarlas, imposibilitando la búsqueda de soluciones, con lo cual, se puede llegar a la crítica situación de la liquidación de la empresa cuando pasa a la segunda o tercera generación.

Desde hace años he trabajado el modelo de las Trampas Familiares del profesor español Miguel Ángel Gallo con gran aceptación entre los empresarios porque ven allí reflejados muchos de sus problemas. Sin embargo, luego de desarrollar con el equipo de investigación del Área de Empresa Familiar de Inalde entre los años 2002 a 2011 los estudios: “Dificultades de los Empresarios Familiares en Latinoamérica” y “Efectividad de los Protocolos de Familia”, entre muchas de las problemáticas percibidas, identificamos que el modelo español no se ajustaba del todo a nuestras organizaciones familiares, porque hay una evidente influencia cultural, sumada a los conflictos socio-políticos propios de nuestros países, que modifican o amplían la presencia de las Trampas Familiares en los tres ámbitos de la empresa: Familia, Empresa y Propiedad.

Considero que concientizar a nuestras familias empresarias de la vulnerabilidad a la que están expuestas por estas problemáticas propias de la empresa familiar, es una manera de impedir que caigan en las trampas, estableciendo acuerdos familiares que no se queden en el papel sino que se implementen con un proceso que debe comenzar por los órganos de gobierno tanto en la empresa, como en la familia y el patrimonio.

Antes de entrar en materia, recordemos que las ventajas competitivas de la empresa familiar, son la unidad de los miembros de la familia y su compromiso con la empresa, sin embargo éstas se ven amenazadas con la presencia de las denominadas Trampas Familiares, que según el modelo del profesor Gallo se resumen en: Confundir el derecho de propiedad con la capacidad de dirigir una organización, confundir los flujos económicos de la familia con los de la empresa, confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales, retrasar innecesariamente la sucesión, confundir los órganos de gobierno con los órganos de dirección, y finalmente la de creerse inmune a todas las trampas anteriores.

Este primer artículo hace referencia a la trampa denominada por el profesor Gallo como “creerse inmune a todas las trampas”. Considero que es la generadora de muchos de los conflictos que se viven al interior de las empresas familiares. Particularmente la llamo: La arrogancia del éxito, la trampa madre de la primera generación de fundadores. Se presenta usualmente en empresarios de gran prestigio, dueños de empresas insignes de Colombia y de otros países latinoamericanos, cuyas compañías han crecido, son rentables, han alcanzado fama y prestigio. Esta sensación de éxito por parte de sus fundadores, los lleva a pensar que son inmunes a las trampas, lo cual es una actitud peligrosa si se desea lograr la supervivencia de la empresa en el largo plazo. A continuación explicaré cómo se ve reflejada esta trampa en cada ámbito de la empresa familiar.

Implicaciones en el ámbito de la familia
Es común encontrar en los empresarios latinoamericanos de primera generación una baja dedicación a su familia, así como la ausencia de un proyecto de vida en pareja, que en consecuencia los lleva a no querer ceder el mando dentro de la organización porque es allí donde han concentrado sus esfuerzos y energía. La cultura del machismo está tan infundida que han descuidado la relación con su esposa y sus hijos con graves repercusiones, pues muchos tienen relaciones extramatrimoniales con empleadas de la empresa o mujeres allegadas a los negocios, con quienes incluso tienen hijos. Es una realidad innegable que los empresarios más famosos del país, han tenido conflictos familiares, que tienen sus orígenes en creencias culturales como que los negocios se hacen en los cocteles, en los clubes y se cierran con alcohol. Estas afirmaciones han generado problemas y disputas familiares muy complejas.

La sencillez y la austeridad de las familias empresarias más prestantes del mundo, infortunadamente son una característica que se da de manera limitada en nuestros países, tanto en familias empresarias provenientes de los estratos altos, como aquellas que poco a poco han escalado posiciones. La pérdida de valores, la excesiva opulencia y los deseos de mostrar poder, son características muy arraigadas en familias empresarias de primera generación, que no han logrado concientizarse que los valores familiares son el pilar fundamental de la sociedad.

Implicaciones en el ámbito de la empresa
Generar tanto desarrollo en los primeros años de existencia de la empresa, ha convertido a los fundadores de primera generación en una especie de dioses, no sólo al interior de sus organizaciones sino de sus países. No deseo generalizar, pero muchos se convierten en empresarios del año, reciben reconocimientos nacionales e internacionales, son invitados a dictar conferencias y a enseñar a las nuevas generaciones los secretos de su éxito. Todo esto les genera confianza sobre sus prácticas empresariales y los lleva a pensar que poco tienen que aprender en el campo empresarial.

Generalmente no tienen estructuras de Gobierno, no hay juntas directivas en sus organizaciones, ni ejecutivos externos de alta calificación o asesores, pues no les interesa escuchar sobre nuevos sistemas de gestión. La mayoría de fundadores estelares son personas que lograron posicionar su producto o servicio de manera espectacular en sus países, que encontraron un nicho de mercado y un posicionamiento que ha perdurado porque tuvieron la ventaja competitiva de ser los primeros, sin embargo esta situación no es para siempre, pues con una economía globalizada y con la llegada de fuertes competidores extranjeros a nuestros países, la situación de la empresa puede tornarse complicada.

Implicaciones en el ámbito de la propiedad
Sobre la propiedad, hay evidencia empírica que indica que los fundadores no realizan una planeación en este aspecto, salvo cuando tienen dificultades de salud, conflictos en sus relaciones de pareja o problemas de seguridad. De lo contrario, no tienen interés en realizar una sucesión patrimonial, quizás porque el endiosamiento en que muchos viven, los hace pensar muy poco o nunca en la muerte, lo que genera dificultades de liquidez de las organizaciones y de las familias, cuando fallecen.

Los fundadores no suelen tener claridad frente al patrimonio que poseen, porque usualmente tienen la propiedad distribuida en diferentes lugares, sociedades, estructuras y personas. Incluso se han presentado casos en los cuales hay propiedades y/o bienes que no se han formalizado frente al estado o no están a su nombre, cuando ese patrimonio se quiere integrar empiezan las dificultades. Se genera división entre las familias empresarias y puede convertirse en un manejo tortuoso, con muchos peligros de caer en enriquecimiento ilícito, con lo cual el sistema de entrega a la siguiente generación resulta complicado, precisamente por el desconocimiento no sólo de los bienes que poseen sino de los instrumentos tributarios que existen para mantenerlos. Son muchos los empresarios familiares que desconocen las estructuras óptimas para no hacer oneroso el proceso de sucesión, sumado a que a nadie le gusta planear lo que va a pasar después de su muerte.

Así mismo, hay una particularidad muy latinoamericana en temas de propiedad de algunos bienes como las joyas, por ejemplo. Las hijas intuyen que las joyas son de ellas porque ha sido una tradición generacional entregárselas, de abuelas a madres y de madres a hijas, sin embargo casi nunca los padres explican que hay bienes para las mujeres y bienes destinados más a los hombres, como un caballo de paso, o un carro antiguo, bienes que en el momento de la muerte de los fundadores, generan todo tipo de demandas o disputas entre hermanos, que pueden terminar con la empresa familiar, porque traspasan el vínculo afectivo.

Otra de las implicaciones de esta trampa es la ausencia de órganos de gobierno de la propiedad. Los fundadores sólo toman decisiones frente a este tema cuando es estrictamente legal hacerlo, no por iniciativa propia. En nuestros países no existe la cultura de rendir cuentas, presentar informes y pedir autorizaciones sobre ciertas decisiones a la asamblea de accionistas. Hay poco contacto con los accionistas minoritarios, pues a ellos, usualmente no se les considera como verdaderos accionistas, sino como prestamistas a quienes no es necesario rendirles cuentas. Esta es una clara demostración de la forma en que actúan los fundadores, que se siente dueños absolutos de la propiedad, y en consecuencia no suelen consultar a nadie, ni colocar límites a sus actuaciones, lo cual en segunda generación se convierte en fuente de conflictos.

Así mismo, los fundadores rara vez enseñan a sus hijos sobre cómo manejar la propiedad. Omiten la formación que deben darles como propietarios, los crían bajo una cultura de no pagar dividendos, no los motivan a conocer la legislación o las finanzas que todo propietario potencial debe conocer y que tarde o temprano afectará el sano desarrollo de la empresa familiar e impedirá su sostenimiento en el largo plazo. La disputa por la propiedad y la discusión por decisiones de poder pueden tornarse tan complejas, que terminará en una división, y en la destrucción de la riqueza que tanto trabajo les costó construir a los fundadores.

Para finalizar este análisis, mi recomendación para que los empresarios de primera generación no caigan en la trampa de la arrogancia del éxito es aceptar que toda empresa familiar es más vulnerable a los conflictos que la empresa no familiar, y que por tal razón es importante estar atentos a diferenciar los problemas que puedan presentarse en los tres ámbitos que nombramos al inicio de este artículo: Familia, Empresa y Propiedad, para así generar un diálogo claro y abierto con sus familiares y empleados, aceptando que también es importante la presencia de asesores externos que les permitan profundizar en temas legales, tributarios, de comercio internacional, entre otros. De esta manera, sus familias y sus empresas, podrán continuar siendo un orgullo del país y un legado para las nuevas generaciones.

Estimados empresarios, la próxima semana continuaremos profundizando en la segunda trampa familiar en la que incurren las empresas familiares de Latinoamérica. Hasta entonces.

sábado, 25 de mayo de 2013

Dueño de Interbolsa rompió su silencio


Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa. Rodrigo Jaramillo, ex- presidente del Grupo Interbolsa.

Rodrigo Jaramillo, ex- presidente del Grupo Interbolsa.

El principal accionista de la firma, Rodrigo Jaramillo, envió una carta a la SuperFinanciera rechazando las acusaciones de lavado de activos y el calificativo de ‘cloaca’.

El principal accionista de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, rechazó las acusaciones del representante a la Cámara, Simón Gaviria, sobre el presunto lavado de activos que presuntamente se llevó a cabo en la firma.

A través de una carta enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia, Jaramillo rechazó también el calificativo de ‘cloaca’ otorgado a Interbolsa por parte del Superfinanciero y el ministro de Hacienda.

Así se defendió Jaramillo:

Doctor
GERARDO HERNANDEZ CORREA
Superintendente Financiero
Superintendencia Financiera
Bogotá, D.C.

Apreciado doctor Hernández,

En la última edición de la revista SEMANA usted le concedió una entrevista a la periodista María Jimena Dussán en donde se refiere específicamente a InterBolsa y al Fondo Premium. Me voy a referir solo a sus declaraciones sobre InterBolsa puesto que no soy accionista del Fondo Premium ni tengo la representación.

A la primera pregunta de la periodista usted responde que InterBolsa era una "cloaca" y que todas las afirmaciones del Representante Gaviria denunciadas en el debate del 8 de mayo son ciertas. Con el debido respeto que usted me merece debo ratificarle una vez más que eso no es cierto. En comunicación dirigida recientemente al Representante Gaviria que seguramente usted tuvo oportunidad de leer, le aclaré cada uno de los puntos sobre los cuales se basó la afirmación del Ministro de calificarnos como "cloaca".

InterBolsa era organización compuesta por más de 700 personas honestas, profesionales y decentes, que en ningún momento sintieron un olor "nauseabundo" durante los 22 años de existencia de la compañía. Personas orgullosas de pertenecer a una compañía líder del mercado y que impulsó el desarrollo del mercado de capitales en Colombia. Hablar de "cloaca" es estigmatizar a esos cientos de personas honorables que hoy sufren el escarnio público como consecuencia de unas declaraciones infundadas.

Entiendo que ninguno de los funcionarios que prestaron sus servicios a InterBolsa y que después pasaron al Gobierno Nacional como funcionarios de esa Superintendencia o del Ministerio de Hacienda han manifestado ser testigos de comportamientos u operaciones ilícitas al interior de la firma durante el tiempo que pertenecieron a ella, si callaron y tenían conocimiento de algún ilícito, era su obligación revelarlo y a la fecha no lo han hecho a pesar de que cada uno de ellos tiene el carácter suficiente para hacerlo.

Resulta por demás extraño que después de haber estado bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Valores y por último de la Superintendencia Financiera durante 22 años solo ahora salgan a relucir los olores "nauseabundos" de la "cloaca" a la cual el Ministro y usted han hecho alusión.
No se cuales son las operaciones "altamente sofisticadas" así como las "contabilidades hechas específicamente" para evadir el control de las autoridades a las cuales usted se refiere. Todos los informes contables, registro de operaciones así como los numerosos formatos exigidos diariamente por esa Superintendencia se transmitieron a tiempo para el conocimiento y análisis de las diversas Delegaturas. Por ello es extraño que el olor a "cloaca" solo haya aparecido el 8 de mayo a raíz del debate en La Comisión Tercera de la Cámara.

En evidente que en InterBolsa nos equivocamos al tomar unas decisiones basados en conceptos erróneos emitidos por entidades internacionales los cuales están en poder de esa Superintendencia y errores del Comité de Riesgos en el análisis de las operaciones sometidas a su consideración.

Soy el primero en lamentar que esas decisiones hayan afectado a numerosas personas que confiaron en sus asesores y en nuestra organización pero en ningún momento procedimos de mala fe; tomamos una decisión equivocada de negocios y hoy estamos pagando con el escarnio público y las demás acusaciones que a diario nos imputan.

Usted ha dicho que en la Superintendencia cursan tres investigaciones administrativas en mi contra y espero que la decisiones que tome estén sustentadas en una investigación seria y ecuánime acorde con su talante.

He tratado de permanecer en silencio la mayor parte del tiempo por prudencia, pero como bien lo dijo Don Miguel de Unamuno antes de ser removido de la Rectoría de la Universidad de Salamanca, "A veces quedarse callado equivale a mentir. Porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia".

Del señor Superintendente, atentamente,

Rodrigo Jaramillo Correa
Ex-representante Legal de InterBolsa S.A.

viernes, 24 de mayo de 2013

Carlos Slim ya no es el más rico del mundo


Carlos Slim (izq.) y Bill Gates, los hombres más ricos del mundo

El Índice de Multimillonarios de la publicación estadounidense sitúa a Luis Carlos Sarmiento como el más rico de Colombia y en el puesto 42 a nivel mundial con 16.900 millones de dólares.


Según el índice, a principios de mayo el mexicano acumulaba una fortuna de 72.100 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 2.000 millones entre enero y abril de este año. En cambio Gates, que comenzó este mes con 72.700 millones de dólares, vio crecer su fortuna en 10.000 millones desde enero, un aumento del 16%.

La caída de Slim coincide con la aprobación por parte del Congreso mexicano de la Ley antimonopolios de comunicaciones, que permitiría a los reguladores desmembrar las compañías telefónicas con más del 50% del mercado u obligarlas a compartir sus redes.

América Movil SAB, su empresa insignia, concentra el 70% de los abonados de telefonía móvil de México y el 80 por ciento de las líneas fijas del país. Debido a la caída del 14% de las acciones de esta firma, el magnate de 73 años perdió 3.000 millones de dólares.

“Cuando hablan de reforma en un país que en general es pobre y el hombre aparece en el puesto Nº 1 de la lista… no es bueno”, le dijo a Bloomberg Greg Lesko, director gerente de Deltec Asset Management LLC de Nueva York. “Tuvo una situación de monopolio bastante conveniente en México y el usuario mexicano de teléfonos celulares ha pagado más de lo que debería. Lo celebramos por el país”.

Este mes, un grupo de manifestantes enfrentaron a Slim cuando se presentó en un evento en la Biblioteca Pública de Nueva York, acusándolo de cobrar de más a los consumidores para enriquecerse. Él niega esa acusación.

En marzo, Forbes reveló que Slim se mantenía como el más rico del mundo por cuarto año consecutivo con una fortuna estimada en 73.000 millones.

El índice también mostró que Luis Carlos Sarmiento Angulo se sitúa en el puesto 42 del mundo y es el hombre más rico de Colombia con una fortuna de 16.900 millones de dólares.

EL REPUNTE DE BILL GATES
Es la primera vez que el cofundador de Microsoft Corp. de 57 años ocupa este puesto desde el 2007. Su repunte se debe a que las acciones de Microsoft subieron 28 por ciento este año, impulsadas por los controles de costos y las ventas de software para empresas y servidores en medio de una demanda débil de computadoras personales que emplean el nuevo sistema operativo Windows 8. La fortuna de Gates también se vio beneficiada por un alza en las carteras de acciones que incluyen a Canadian National Railway Co. y la empresa de recolección de residuos Republic Services Inc.

La mayor parte de la fortuna de Gates está en manos de Casca de Investment LLC, un holding a través del cual Gates posee participaciones en más de una docena de compañías que cotizan en bolsa y varias empresas de capital cerrado, entre las que se cuentan los hoteles Four Seasons y Corbis Corp. Microsoft posee menos de un cuarto de la fortuna de Gates. Este donó US$28.000 millones a la Fundación Bill Melinda Gates.

jueves, 23 de mayo de 2013

El revisor fiscal tiene que ser idóneo


Hoy, cualquier contador con una tarjeta profesional vigente está habilitado para ser revisor fiscal sin necesidad de especializarse en algún sector. Sobre esto, el Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Luis Alonso Colmenares insistió en que no está de acuerdo y que se debe revisar la profesión del revisor. En entrevista con LR habló sobre la importancia del cargo y su correcta aplicación.


¿Qué papel juega la Revisoría Fiscal en las empresas?
De acuerdo con lo que se ha determinado en el ordenamiento jurídico colombiano, respecto de esa institución de fiscalización que el estado le ha delegado al contador público para que lleve a cabo su ejercicio, el papel que debe cumplir es el que fundamentalmente está concebido en las funciones que le asigna el código de comercio a través de los artículos 207 y siguiente. Esto incluye garantizar que el desarrollo del objeto se lleve a cabo conforme está previsto y en ese sentido, dar fe de que todos los hechos económicos que se hayan realizado conforme a la Ley, tengan un objeto y una causa lícitos y que en ese mismo sentido estén en el proceso contable, registrados y se muestren a través de los estados financieros.



¿Qué importancia tiene tener un buen revisor fiscal?
El revisor fiscal tiene que ser bueno e idóneo y tiene que tener la suficiente capacidad para realizar una actividad de esta naturaleza. El revisor fiscal en Colombia puede ser todo contador público mientras que tenga una tarjeta profesional vigente. En cuanto a eso, yo si creo que está llegando el momento de que el mismo Estado entre a repensar esa figura de fiscalización, porque hay que partir de la base de la teoría general de control. Uno no puede controlar lo que no conoce.



Desde el momento en que la junta central de contadores le otorgue la tarjeta profesional, el contador público ya está habilitado para ser revisor fiscal. ¿Usted está de acuerdo con esto?
En mi opinión, desde ese mismo momento el contador público no debería estar habilitado para ser revisor fiscal, pero creo que hay necesidad de establecer un tiempo prudente que implique adquirir el conocimiento y la experticia respecto del interés de especialización que se tenga para ejercer esa institución de fiscalización. Por solo tener la tarjeta profesional uno no puede ser revisor fiscal en todas partes donde se requiera. Por el hecho de que sea revisor fiscal de una comercializadora, al mismo tiempo, no lo puede habilitarse para ser revisor fiscal en un banco o en una cooperativa.



¿Cómo puede estar seguro un cliente de que el revisor está al tanto de las últimas normas contables?
Inicialmente la ley 43 impone al contador público la obligación de mantenerse actualizado, así que se parte de la base de que se presume que tiene las actualizaciones que requieren. Sin embargo, creo que está llegando el momento en el que el Estado debe entrar a reglamentar esta presunción para el contador publico, de manera periódica, mediante algún mecanismo para que demuestre esa actualización. Puede ser mediante una formación de educación continua o procesos que se tengan que reglamentar.


Así mismo, hay algunas deficiencias. Todos estos procesos de internacionalización de los mercados y la globalización económica que han ido evolucionando, ya empiezan a generar mucha inquietud, sobre todo a partir del proceso de convergencia que se impone desde la expedición de la ley 1614, en la cual Colombia, a partir del 1 de enero de 2015 debe llegar a aplicar estándares internacionales de información financiera, estándares internacionales de auditoria y al mismo tiempo de aseguramiento. Ahí va a haber un choque con esa institución de fiscalización.


¿Qué papel juegan los revisores fiscales en los pasos de la formalización de la economía?
Hay una responsabilidad de la que se está encargando precisamente el Estado a través de la ley 314, en el sentido de obligar a que se desarrolle un esquema normativo que permita definir unos instrumentos para que se lleve a cabo un proceso de aseguramiento moderado de la información, todo con el fin de promover la formalización empresarial.


Ahí nos estaríamos refiriendo de manera fundamental a las microempresas, porque en este momento, de acuerdo a como está la reglamentación, las únicas normas de auditoria que existen son las que están contenidas en el articulo 7 de la Ley 43. Se trata de unos elementos muy gruesos y básicos, que no responden realmente a la necesidad de asegurar información en nuestra economía. Frente a esto, las superintendencias han ido estableciendo unas reglamentaciones adicionales y así existen unas en la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades.

Además, insisto en que el control que debe llevar a cabo el revisor fiscal, debe ser total y permanente, y creo que desde un ejercicio académico, no ha cumplido con esto. Por ejemplo, a mi no me van a venir con el cuento, evadiendo de alguna manera la responsabilidad profesional en todos estos escándalos de Saludcoop, Interbolsa y El Carrusel, que nada tiene que ver la profesión, si es que en su gran mayoría todas estas empresas tienen revisores fiscales. Creo que ahí tenemos que hacer un autoexamen en la profesión y ponernos de una manera seria a construir un estatuto que permita darle respuestas al Estado respecto a la responsabilidad que tenemos. Va a haber necesidad de establecer unos limites: el revisor fiscal no está en capacidad de controlarlo todo, porque uno no puede controlar lo que no conoce, pero yo creo que esto hay que singularizarlo. En mi opinión, que la a revisoría fiscal se concentre en lo que es su origen: a la auditoria financiera.


Se debe repensar la profesión
“Hay necesidad de entrar en un proceso de revisión en que participe toda la comunidad contable para efecto de que determinemos un nuevo estatuto, por reglamento, de nuestra profesión. Eso implica que se realice un proceso de discusión pública que de manera civilizada llevemos a cabo todos, independientemente de los criterios de ideología que puedan haber dentro de la misma profesión. Nos tenemos que poner de acuerdo y llegar a una solución porque tenemos la responsabilidad de responderles a nuestros usuarios”, dijo Colmenares al referirse a la profesión que ejerce.

miércoles, 22 de mayo de 2013

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE


La retención en la fuente a título de impuesto a la equidad, ha sido regulada en los siguientes aspectos:

Agentes de retención: Personas jurídicas (todas), naturales comerciantes (con ingresos > a 805 millones) y otros, ver artículos 368, 368-1 y 368-2 del E.T.

Autorretenedores: Los autorizados o designados por la DIAN y beneficiarios de ingresos en divisas del exterior.

Sujetos pasivos: Sociedades, personas jurídicas y sociedades extranjeras responsables del impuesta a la renta.

Retención: Sobre cualquier pago o abono en cuenta que incremente el patrimonio.

Tarifas de retención (0,3%, 0,6%, 1,5%) aplicaran dependiendo actividad económica.

Plazos: Igual plazo para presentación y pago dependiendo del NIT (ver tabla).

Vigencia: A partir del 1 de mayo de 2013.

Agentes retenedores y autorretenedores:
Son agentes de retención los señalados en el inciso 1 del artículo 368 del Estatuto Tributario con excepción a las personas naturales no comerciantes, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas; igualmente son agentes de retención los señalados en el artículo 368 – 1 y 369 – 2 del mismo Estatuto.

El Decreto estableció dos clases de autorretenedores, quienes a la fecha de entrada en vigencia del decreto tengan dicha calidad, es decir la responsabilidad fiscal codificada con el número 15 del Registro Único Tributario - RUT y las que sean designadas o autorizadas por la DIAN, y quienes sin tener dicha calidad actuarán como autorretenedores cuando sean beneficiarios de los ingresos en divisas provenientes del exterior por exportaciones o cualquier otro concepto.

El reglamento señala la obligatoriedad de actuar como autorretenedor aún cuando el comprador de bienes y servicios (cliente) sea una persona natural que no tenga la calidad de agente retenedor del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Sujetos pasivos (doble condición):
Son sujetos pasivos las sociedades, personas jurídicas y asimiladas, así como las sociedades y entidades extranjeras, siempre y cuando todas éstas cumplan con dos condiciones, primero que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y segundo sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Retención sobre cualquier pago o abono en cuenta:
Es el monto de la operación económica susceptible de producir un incremento neto en el patrimonio del beneficiario (contribuyente del impuesto CREE); ahora bien, como la ley ni el decreto reglamentario establecieron bases mínimas sujetas a retención, es de entenderse la existencia de la obligación de retener sobre cualquier valor

Tarifas:
El decreto estableció tres tarifas de retención (0,3%, 0,6% y 1,5%) que se aplicaran dependiendo del código de la actividad económica principal, según lo determina la tabla del artículo 2 del Decreto 862, independiente que el sujeto pasivo beneficiario del pago o abono en cuenta (vendedor de bienes y servicios) haya o no actualizado su actividad económica principal en el RUT, en el evento que éste se encuentre actualizado deberá presentarse al retenedor y en caso contrario deberá manifestarla bajo gravedad de juramento la actividad principal que realiza.

En el evento que faltare alguno de los elementos mencionados, no es procedente aplicar retención a título del CREE, por ejemplo en el caso de los no contribuyentes del impuesto sobre la renta, las entidades sin ánimo de lucro (régimen tributario especial en renta) y las sociedades instaladas o por instalar en zonas francas que tributan a la tarifa del 15% del impuesto sobre la renta, al no ser sujetos pasivos del CREE faltaría un elemento que haría improcedente la retención cuando éstas sean beneficiarias del pago o abono en cuenta, y a su vez, hace que continúen obligadas de realizar el pago normal de aportes parafiscales.

Plazos:
Con relación a los plazos es importante resaltar que el decreto reglamentario estableció unas fechas para la presentación de la declaración y pago, las cuales en algunos meses para los agentes retenedores cuyo último número del NIT es 1, 2, 3 ó 4 finaliza el día cuatro (4),  situación que dificulta su cumplimiento, obstaculiza las operaciones comerciales y desfigura la realidad económica de los contribuyentes, quienes tendrán que anticipar su cierre mensual; por último es importante resaltar que a partir del 1 de agosto de 2013 los pagos de las retenciones se deberá realizar a través de medios electrónicos.