Pablo Robledo Superintendente de Industria y Comercio. Un seguimiento per-manente está haciendo la SIC a las empresas de consumo masivo.
La agenda de dos de las principales Superintendencias del país estará muy movida en 2015, no solo por los casos emblemáticos que resolverán sino también por el endurecimiento en las sanciones para las empresas.
Este año, las dos entidades entran en etapas definitivas: por un lado, se conocerán las decisiones sobre investigaciones que se han venido adelantando en casos emblemáticos; y, por otro, alistan una batería de propuestas para llevar al Congreso y tener ‘más dientes’ en el desarrollo de sus procesos.
Pablo Robledo y Francisco Reyes tendrán en sus manos el desarrollo de esta agenda y los cambios que se avecinan.
Sanciones más caras
En 2009, el monto de las sanciones que impuso la SIC fue de $7.000 millones. Cinco años después esa cifra se multiplicó y las sanciones en 2014 sumaron $220.000 millones. Esto gracias a los cambios que se hicieron al interior de la entidad y a los ajustes de las multas, que pasaron de $1.000 millones, la máxima, a $60.000 millones por cada infracción.
Uno de los casos emblemáticos de la SIC es el de Comcel (hoy Claro), a quien se le impuso una multa por $87.000 millones por dos infracciones. Según cálculos de la SIC, esa cifra representa 0,8% del patrimonio de la empresa, 1,1% de sus ingresos operacionales, y 3,6% de la utilidad operacional.
“Lo que no puede pasarle a una autoridad que regula la libre competencia es que la sanción termine siendo simbólica y un saludo a la bandera. En varios países de Europa y en otros de diferentes regiones hay varios criterios de los que la autoridad puede echar mano en el momento de sancionar y que son más eficaces. Por ejemplo, que las multas representen hasta 10% de los ingresos operacionales o 30% de la utilidad operacional”, explica Robledo.
En ese sentido, la SIC presentará a mediados de marzo un proyecto de ley con algunas modificaciones al régimen de competencia, introduciendo recomendaciones de la Ocde, entre ellas cambios en los montos de las sanciones para incluir estos parámetros y que no se trate de cifras específicas. El proyecto también incluye la posibilidad de que la SIC sea la autoridad en materia de integraciones empresariales para el sector aeronáutico, que hoy está en cabeza de la Aerocivil.
Al mismo tiempo avanzan las investigaciones en varios frentes. Antes de finalizar el primer semestre de este año se conocerán los resultados de las averiguaciones que adelanta la SIC por presunta cartelización en los sectores de azúcar y cemento.
El primero tiene pliego de cargos contra 15 empresas –los 12 ingenios, la comercializadora Ciamsa, la empresa de desarrollos industriales Dicsa y el gremio Asocaña– y 18 altos directivos. Se investiga un presunto cartel para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia hacia Colombia y para repartirse las cuotas de producción de azúcar.
Por su parte, en cementos ya finalizó la etapa probatoria y el delegado está haciendo el informe correspondiente. Allí hay pliego de cargos contra cinco empresas cementeras –Cemex, Argos, San Marcos, Holcim y Tequendama– y 14 altos funcionarios. Según la SIC, esta es la quinta investigación a las empresas cementeras por cartelización desde 1998. Las tres primeras terminaron con aceptación de garantías; en la cuarta, la entidad impuso una sanción por $1.000 millones, la más alta en ese momento, y la que se realiza actualmente.
A diferencia de las investigaciones por presunta cartelización en pañales y papel higiénico, tanto en cementos como azúcar no se ha dado la figura de la delación. En el caso de pañales, la SIC está adelantando un estudio para determinar el comportamiento de los precios; en tanto que en papel higiénico avanza la investigación al igual que en el de seguridad privada, donde se denunció un presunto cartel que estaría detrás de las licitaciones públicas, situación que condujo a la intervención de la Fiscalía.
Uno de los ajustes que hará la SIC en los próximos días para tomar estas decisiones es ajustar el Consejo Asesor de Competencia que está compuesto por cinco personas, pero renunciaron dos: el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, y el hoy viceministro de Hacienda, Andrés Escobar. Se mantienen Mauricio Pérez, decano de economía del Externado; Hernán Vallejo, economista de los Andes, y Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia.
Además, también en el sector papelero avanzan investigaciones preliminares para determinar si en algunos subsectores hay eventuales carteles.
Más dientes
En la Superintendencia de Sociedades, la agenda también está muy movida. Veinte años después de haber estado al frente de la entidad, Francisco Reyes regresó –a finales del año pasado– con el propósito no solo de resolver casos tan sonados como el de InterBolsa, el Fondo Premium, Grupo CDO, Fundación Universitaria San Martín y el club de fútbol Envigado, sino de conseguir mediante la presentación de proyectos de Ley herramientas que le den a la entidad más “dientes” para sancionar y controlar a las empresas y sus administradores.
En su agenda de política pública, Reyes incluye seis proyectos de Ley. El primero está relacionado con el soborno transfronterizo y busca castigar a sociedades, administradores o empleados de compañías colombianas que participen en actividades fraudulentas conducentes a sobornar en el exterior.
Con esta iniciativa –que ya fue presentada a la Cámara de Representantes– la Superintendencia asume facultades para investigar a los administradores fuera del país y sancionarlos hasta con 200.000 salarios mínimos.
Un segundo proyecto –que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo– busca aumentar las facultades sancionatorias de la Supersociedades para personas naturales hasta por 2.000 salarios mínimos y para las jurídicas hasta por 100.000 salarios mínimos. Estas multas podrían aplicarse cuando se presenten violaciones graves del orden público económico.
Otra iniciativa clave está relacionada con la reforma al régimen de sociedades. En varios capítulos Reyes plantea importantes cambios. Uno de ellos es la transferencia de ventajas de las SAS a otro tipo de sociedades, con la idea de revitalizarlas sin que se pierdan las diferencias entre unas y otras. También propone cambios en el sistema de administradores de sociedades.
Como si fuera poco, Reyes –considerado por muchos el creador de las SAS– quiere seguir simplificando el modelo para volverlas más flexibles y sugiere cambios en el registro mercantil de sociedades para que todo se haga en línea.
Dentro de este mismo proyecto de Ley, el Gobierno se lanza al ruedo con una propuesta agresiva: darle mayor independencia a este cargo. El objetivo es que quien ocupe la silla del Superintendente de Sociedades tenga un perfil académico elevado y un término fijo en el cargo que coincidiría con el periodo presidencial.
De otro lado, en las propuestas de Reyes está la reglamentación de la Ley 222 de 1995, modificaciones a la Ley de Insolvencia y cambios en el manejo de los auxiliares de la justicia.
Un aspecto clave dentro de la agenda del Superintendente son los cambios al interior de la entidad con el fin de fortalecer sus áreas más importantes y potenciar el juzgado de sociedades que opera en la misma sede y que no es otra cosa que un tribunal de derecho de sociedades que resuelve –en un lapso de cinco meses– casos complejos que puedan presentarse en las compañías.
Con estos proyectos, Reyes fija el derrotero de su apretada agenda y el papel que jugarán estos proyectos en torno a cómo se manejará el sector empresarial en el país.
El protagonismo de la SIC y la Supersociedades es hoy mucho más grande que el de hace apenas unos años. Ahora, en medio de cambios en los mercados, tendrán que ajustarse a nuevos y más exigentes escenarios de vigilancia. Ya empezaron a hacer la tarea.
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¿Debate ético?
La delación, pros y contras de un instrumento clave en el desarrollo de las investigaciones.
Dos de las investigaciones que adelanta la SIC en materia de posible cartelización han estado enmarcadas en procesos de delación, donde los implicados reconocen que hacen parte de un cartel empresarial y aportan pruebas que los incriminan, tanto a ellos como a otros participantes de esas acciones.
La delación tiene beneficios: el primer delator está exonerado de pagar el 100% de la sanción; al segundo, el beneficio puede ser de hasta 70% de la multa, y al tercero de hasta 50%.
Sin embargo, ha surgido una duda: que la delación no cubra a los promotores o instigadores de los carteles, pues habría un incentivo a la impunidad ya que podría promover un cartel, abusar del mercado y luego delatar y salirse del problema.
Pablo Robledo, superintendente de Industria y Comercio, explica que en Colombia hay una restricción. “Cuando en el expediente está probado que hay un instigador del cartel, a ese determinador, si es delator, no pueden dársele beneficios. Se presume que el delator no es el instigador, pero si llevan pruebas contra él, así haya firmado el acuerdo al momento de sancionar, el acuerdo se cae y se aplica la sanción que corresponde a ese delator que pierde los beneficios”, dice el funcionario.
Reconoce que en el mundo y en la justicia en general, aunque hay una discusión ética sobre esos beneficios, “esa concepción ética ha venido disminuyendo frente a la efectividad del instrumento”.
Algunos analistas señalan que en ciertos países, incluso el instigador tiene derecho a los beneficios. “No darle el beneficio al instigador es una cuestión más ética que cualquier otra cosa. Pero además hay situaciones que en muchas ocasiones impiden nuevas delaciones. Por ejemplo, cuando hay nuevas administraciones que llegan a las compañías y encuentran que hay un cartel, sienten inseguridad porque aparentemente pueden existir indicios que muestran que fueron los instigadores y prefieren mantener silencio”, puntualiza uno de ellos.
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Los chicharrones de la Supersociedades
En la agenda del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, está la resolución de grandes casos empresariales que él considera estarán listos antes de que finalice el primer semestre de este año.
INTERBOLSA HOLDING: está a punto de resolverse el lío con los bonos de Luxemburgo luego de que las autoridades judiciales de ese país permitieran que el liquidador en Colombia pueda realizar pagos en especie para cumplir con las obligaciones generadas de la emisión realizada en el país europeo por US$50 millones. En la lista de bienes que hay para adjudicar hay acciones de Fabricato, Easyfly, Bolsa Mercantil de Colombia y Metrolínea. De igual forma, dinero en efectivo por $10.000 millones. Gracias a esta decisión, el agente liquidador en el país no tiene que salir a vender en el mercado de valores las acciones y los títulos que tenía InterBolsa para cumplir con las mencionadas obligaciones.
FONDO PREMIUM. La entidad definirá si se liquida o continúa en intervención. Las reclamaciones están valoradas en $300.000 millones y, lo que está claro por ahora, es que no hay acuerdo de los acreedores con los principales implicados en el caso: Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Alessandro Corridori, entre otros.
GRUPO CDO. En el caso de Lérida CDO, un total de 120 familias de las 134 afectadas por el desplome del edificio Space ya lograron una conciliación con la constructora, mientras las restantes 14 familias están terminando dichos trámites. En el caso de las empresas Acuarela, Vifasa, Bepamar, Alsacia y Calamar –que fueron sometidas a reorganización por parte de la Superintendencia–, el proceso está frenado por una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo de Antioquia.
ENVIGADO. El propósito es sacar a este club de la lista Clinton, objetivo que podría lograrse haciendo una reestructuración del equipo luego de realizar una verificación del origen del capital, los pases, ingresos y patrocinios.
SAN MARTÍN. La entidad de control continuará investigando cómo se manejan los recursos de la institución educativa para determinar si es necesario aplicar sanciones. En este caso, la entidad realiza un acompañamiento al Ministerio de Educación.
