Los 10 vacíos del Plan Nacional de Desarrollo según el contralor Edgardo Maya

Contralor General de la Nación, Edgardo Maya
En el ejercicio de discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, el contralor general, Edgardo Maya, formuló los 10 vacíos presentes en el plan que pueden llegar a ser aprobados tal y como está el proyecto.

El Senado en pleno, sigue discutiendo en este momento cada uno de los puntos que se presentaron en la hoja de ruta 2014-2018.
1. Metas estratégicas poco claras
Las acciones planteadas por el Plan son aisladas ya que no se proponen programas integrales que generen ejes estratégicos que marquen el rumbo por el cual avanzará el país en los próximos años. Y el Plan no es específico en proponer soluciones para necesidades nacionales como por ejemplo el modelo y la financiación del programa de las 100.000 becas presentado en la campaña del Presidente, el contrabando, la evasión, o el hacinamiento carcelario. Al no quedar consignadas acciones claras para estos problemas en el Plan, no hay certeza de cómo podrían atenderse eficientemente.
2.  Dudas sobre la estrategia de financiación del Plan
En el PND no están claros los supuestos macroeconómicos y esa omisión genera dudas sobre la estrategia de financiación del Plan. Las metas de crecimiento económico deben sustentarse en proyecciones de variables tales como la tasa de cambio del peso frente al dólar, el precio del café, el precio del petróleo y la producción de petróleo, sin embargo en el documento entregado al Congreso de la República no están planteadas.
El Plan de Desarrollo anterior, con una senda económica estable y un claro crecimiento de los ingresos de la Nación preveía recursos totales por $633 billones y aun así obtuvo un recorte de $6 billones de pesos a finales del año pasado y se necesitaron minireformas tibutarias para financiarlo. Todo a pesos constantes.
La propuesta del Plan actual alcanza los $703,9 billones es decir 11,2% más que el Plan anterior, con una participación de los recursos del Gobierno Central del 36.7%, el sector privado del 34,2% y los recursos del Sistema General de Participaciones con 18,9%. Claramente el mayor esfuerzo del Gobierno estará limitado por el panorama restrictivo de las finanzas públicas que ya obligaron a reducir en una primera fase los recursos del Plan y a realizar un aplazamiento presupuestal de otros $6 billones en 2015, adicionalmente se han conformado un grupo que trabajara en una nueva reforma tributaria para los próximos años.
3. El Plan Nacional de Desarrollo tiene fuentes de financiación inflexibles como el SGP y regalías
Otra preocupación sobre la financiación del plan son las fuentes con destinación específica como el Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías, pues son recursos que no pueden ser usados en actividades nuevas o diferentes a las estipuladas por la ley. También se incorporan recursos del sector privado sobre los cuales no hay garantía de inversión y se plantean aportes de las entidades territoriales que son difíciles de coordinar con el nivel central.
La estrategia de Movilidad Social requiere una redefinición de su financiación, ya que la estrategia cuenta con el Sistema General de Participaciones por $132,8 billones como la principal fuente de recursos cuyo uso es para nómina docente y otros gastos de funcionamiento. Es poco probable que con la inflexibilidad de estos recursos se contribuya a mejorar el acceso a la educación y la calidad educativa. Igual recomendación aplica para los recursos del Sistema General de Participaciones en salud.
4. Muchas disposiciones del articulado no tienen “conexión directa” con las metas del Plan Nacional de Desarrollo
El Plan debe respetar su integralidad y no extralimitarse en reglar acciones que no son de su competencia como la Ley Estatutaria de Salud y el mismo Control Fiscal.
Al cotejar las disposiciones instrumentales contenidas en el Proyecto de Ley del Plan 2014-2018, con la parte programática y general del mismo, puede observarse que se presentan disposiciones que no cuentan, a primera vista, con un soporte de coherencia y conexión directa con las metas, objetivos y programas que el proyecto formula; o que exceden la capacidad del plan como incorporar temas que modifican la Ley Estatutaria de salud.
En este sentido, el Congreso en la deliberación y discusión del Plan de Desarrollo debe revisar con mucho detenimiento las normas propuestas que violarían los preceptos antes indicados.
El Plan no puede hacer una transferencia de las actividades enmarcadas en el Sistema Nacional para el Control Fiscal (SINACOF) de la Contraloría a la Auditoría General de la República, lo cual hace que la Contraloría pierda un espacio fundamental, cuando es el órgano superior de control fiscal.
Por su parte los artículos 136, 166 y 183 abren espacio para adelantar reformas regulatorias en el ámbito contable, presupuestal, financiero y estadístico, de obligatoria aplicación para todas las entidades incluyendo las de orden territorial, abordando temas de competencia de la Contraloría y que estarían en contravía de la propuesta del Plan de unificar reportes y sistemas de información fragmentando a las entidades del Gobierno con los organismos independientes como la Contraloría.
5. La competitividad está desarticulada
En el tema de vías, es necesario contar con los datos estadísticos, proyecciones y análisis de las demandas de tráfico, la articulación de los distintos modos de transporte, los cálculos de los volúmenes y la distribución de las cargas que movilizarán los corredores fluviales, férreos y carreteros hasta 2018.
En agua potable, el Plan no prevé nuevas estructuras de prestación de servicios ni desarrollo de esta infraestructura en las zonas rurales, lo cual es fundamental.
También se advierte la ausencia de un plan específico para aumentar la autosuficiencia en materia de hidrocarburos y suplir la demanda creciente de gas.
En turismo, hay una carencia de metas y acciones, que permitan atacar los problemas en las diferentes regiones y promover el país como un destino turístico sostenible y sustentable.
6. No está definida una estrategia para responder a futuro por el pago de pensiones
No está definida una estrategia para garantizar que el Estado pueda responder a futuro por el pago de las pensiones, situación preocupante cuando se destinan al año $34 billones del presupuesto de la Nación para atender esta obligación. Igualmente el Plan no define reglas para las cuotas pensionales de otro tipo de entidades que no hacen unidad de caja con el presupuesto general de la nación.
7. La transformación del campo no plantea soluciones a problemas históricos
Para la estrategia de tierras el Gobierno debe elaborar el inventario actual de los baldíos de la nación con el objetivo de identificar cuáles son adjudicables y cuáles no, cuáles se encuentran bajo la categoría de ecosistemas de especial protección y reconocer la presencia legítima de las comunidades étnicas en estos territorios. Adicionalmente se deben revisar y mejorar los procedimientos para proveer los terrenos oportunamente.
8. Baches en Defensa y Justicia
La descongestión judicial es de vital importancia para el Sector Justicia, por ello preocupa a la Contraloría, la ausencia de metas e indicadores de seguimiento relacionados con la disminución de los inventarios finales de procesos; la reducción en las cargas de trabajo de los jueces de la República; los índices de evacuación de procesos; y, la disminución de los índices de congestión.
Para el sector de Defensa y Seguridad no se contemplan gastos extraordinarios como ocurrió en el cuatrienio anterior. Se estima un gasto total de $115,6 billones a pesos constantes.
9. El modelo del Plan no es verde sostenible
En materia ambiental, existe un esfuerzo por articular y darle consistencia al Plan a través de la estrategia “envolvente” del crecimiento verde que se traduce en un listado de planes, programas y estrategias, sobre las cuales no se presentan metas cuantificables, ni indicadores y que, en consecuencia, no permitirán al Gobierno ni a la Contraloría, adelantar el proceso de seguimiento y evaluación de logros.
En síntesis, los recursos, las estrategias, y las  metas  propuestas en el PND, no alcanzan para que el modelo de desarrollo del País se vista realmente de un verde sostenible.
10. Las estrategias regionales suponen una intervención del Gobierno Nacional en el ámbito territorial
A lo largo del proyecto del PND se crean fondos en los diferentes sectores con fuentes de recursos nacionales y territoriales que centralizan recursos y podrían debilitar la autonomía de los entes territoriales. Un ejemplo es el Fondo de Infraestructura Educativa que recoge recursos de regalías trasladando la financiación de los proyectos territoriales hacia el Ministerio de Educación Nacional, organismo de carácter eminentemente planificador y coordinador, más no ejecutor.

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