Auditoría y revisoría fiscal: valor más allá del deber total



A las 7:30 a.m., Mariana, gerente de una pyme en Manizales, abre su correo y encuentra tres notificaciones: un requerimiento de la DIAN por inconsistencias de IVA, una carta de la UGPP pidiendo soportes de nómina y un oficio de su junta solicitando explicaciones por variaciones en inventarios. “¿Tenemos revisor fiscal, no?”, pregunta. Silencio. La figura existe, pero se volvió trámite: papeles sin análisis, informes sin contexto, controles desactualizados y decisiones a ciegas. El banco duda, los proveedores piden anticipos y la gerencia posterga inversiones. El problema no es la ley: cuando auditoría y revisoría fiscal se quedan en cumplir por cumplir, la empresa pierde rumbo, liquidez y reputación. Cuando trascienden el checklist, habilitan eficiencia tributaria, control interno vivo y lectura estratégica. Este artículo muestra, con normativa vigente y casos reales, cómo convertir la revisoría en ventaja competitiva y no en costo hundido. 

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Auditoría y revisoría fiscal más allá del cumplimiento: una lectura práctica y estratégica para 2025

Mariana no es un caso aislado. En 2024 y 2025, la presión regulatoria ha crecido: la declaración de renta y otras obligaciones deben ir firmadas por el revisor fiscal cuando la entidad está legalmente obligada a tenerlo; esto lo recuerda el artículo 596 del Estatuto Tributario y la propia DIAN en sus guías públicas. Ese requisito no es menor: la falta de firma válida puede acarrear efectos de “no presentada” según el régimen aplicable. La norma no es un formalismo; es un “sello de aseguramiento” que compromete a la administración y a quien dictamina. 

A la par, la Superintendencia de Sociedades ha reiterado quiénes están obligados a tener revisor fiscal: sociedades por acciones (S.A. y S.C.A.), sucursales de compañías extranjeras y otros casos en que la ley o estatutos lo exijan, además de topes patrimoniales/ingresos definidos en el marco legal. Estos criterios se han recordado recientemente en oficios y circulares de la entidad. 

El CTCP ha emitido conceptos recientes que aterrizan independencia, alcance y límites del revisor fiscal: por ejemplo, sobre no entregar informes a terceros por fuera de los órganos de gobierno (Concepto 0207/2025), sobre incompatibilidades y amenazas a la independencia y sobre la continuidad/rotación como salvaguarda. Estas directrices no son teóricas: protegen la calidad del dictamen, la confianza del mercado y la sostenibilidad de la empresa. 

En el frente laboral y parafiscal, la UGPP recuerda que su proceso de determinación y fiscalización exige soportes sólidos, trazabilidad y consistencia en nómina, seguridad social y parafiscales. Un buen revisor fiscal anticipa brechas (por ejemplo, en devengos, IBC, aportes) y facilita que la empresa responda con evidencia a requerimientos. 

Y en protección de datos, la SIC ha fortalecido lineamientos y buenas prácticas de seguridad de la información, lo que eleva el listón del control interno sobre datos personales y sistemas; si bien estas guías son de cumplimiento institucional, reflejan el estándar esperado en el sector privado para minimizar sanciones y pérdidas reputacionales. 

Frase institucional: “La contabilidad no es solo números, es la base para decisiones sólidas y sostenibles.”

El diagnóstico: por qué muchas empresas “cumplen” pero no mejoran

En muchas pymes y compañías en crecimiento, la revisoría se limita al cierre de papeles: checklists de NIA sin lectura de riesgos del negocio, dictámenes desconectados de los KPIs, firmas sin trazabilidad de hallazgos corregidos y controles que no dialogan con el día a día (compras, ventas, inventarios, nómina, recaudo). Esa distancia explica por qué un mismo riesgo reaparece: diferencias de IVA, notas débito sin sustento, conciliaciones bancarias anuales, inventarios con ajustes tardíos, IBC mal calculado, contratos sin anexos y matrices SARLAFT/SAGRILAFT obsoletas.

El resultado: costo financiero (intereses, provisiones, deterioros), costo reputacional (banca y proveedores “encarecen” la relación) y costo de oportunidad (proyectos que no arrancan por falta de información confiable).

Causas profundas (y solucionables)

  1. Gobernanza difusa: comités de auditoría inexistentes o simbólicos.

  2. Independencia frágil: el revisor fiscal asume tareas operativas (coadministración) que erosionan su juicio; el CTCP ha enfatizado abstenerse cuando hay amenazas a la independencia. 

  3. Tecnología desconectada: ERP sin parametrización NIIF, nómina electrónica sin controles cruzados con seguridad social, documentos electrónicos sin flujos de aprobación.

  4. Foco en el pasado: auditorías que miran “lo que ya pasó” sin activar el control preventivo de los próximos cierres.

¿Qué exige hoy la ley? (y cómo usarla a tu favor)

  • Firma del revisor fiscal cuando la entidad está legalmente obligada a tenerlo: esto aplica a declaraciones tributarias y estados financieros; su ausencia puede invalidar trámites. 

  • Obligatoriedad del revisor fiscal en S.A., S.C.A., sucursales y casos previstos por ley/estatutos; oficios de Supersociedades lo recuerdan para 2024–2025.

  • Independencia y reporte adecuado según conceptos CTCP 2024–2025: no reportar a terceros y aplicar salvaguardas; además, considerar rotación como buena práctica. 

  • Fiscalización UGPP: proceso formal con requerimientos de evidencia suficiente y adecuada; un aseguramiento robusto disminuye contingencias. 

  • Gestión de datos personales (SIC): planes y controles alineados a estándares de seguridad y minimización de riesgos, algo que el revisor fiscal debe verificar como parte del control interno

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Historias reales (nombres cambiados) que muestran el “más allá”

Caso 1: “Cosechas del Nevado S.A.S.” (fabricación y retail alimentario)
Llegamos por un requerimiento de IVA. El revisoría anterior emitía un dictamen estándar; no había pruebas sobre integridad de ventas POS vs. facturación electrónica. Cruzamos ventas electrónicas, POS y extractos; detectamos diferencias por notas débito mal parametrizadas y stock negativo que generaba ajustes contables tardíos. Con el equipo de Julio César, automatizamos conciliaciones diarias y alertas de inventario; al cierre siguiente, la DIAN aceptó la corrección sin sanción y el margen bruto subió 1,8 pp por menor deterioro. 

Caso 2: “Servicios Andinos Ltda.” (servicios B2B)
UGPP solicitó soportes de aportes. Hallamos IBC subestimado por recargos no salariales mal clasificados. Documentamos controles de nómina electrónica y matriz de IBC; la empresa ajustó aportes con reducción de intereses y estableció un dashboard mensual de nómina–seguridad social. La fiscalización cerró sin sanciones y la compañía actualizó sus políticas laborales. 

Caso 3: “Logística 4.0 S.A.” (comercio exterior)
La junta desconfiaba de inventarios y cuentas por cobrar. En lugar de un informe genérico, ejecutamos procedimientos sustantivos y analíticos orientados al riesgo: pruebas de corte, antigüedad por cliente, confirmaciones externas y analytics sobre rotación y mermas. El revisor fiscal lideró recomendaciones de control interno con cronograma y responsables. El banco mejoró condiciones de cupo al ver trazabilidad y un dictamen sólido.

Frase institucional: “Construyendo un mundo nuevo; trabajando inteligente para el ingreso de nuestros clientes a la nueva era contable y tributaria.”

Colombia vs. mundo: ¿qué están haciendo otros países?

  1. Estados Unidos (PCAOB/SEC): la discusión 2024–2025 ha reforzado el foco en calidad de auditoría, independencia y data analytics aplicados a pruebas; muchas compañías integran monitoreo continuo con indicadores transaccionales. (Comparación inferida a partir de marcos internacionales de aseguramiento).

  2. Unión Europea: avances de reporting de sostenibilidad (CSRD/ESRS) están empujando a auditores a incorporar controles no financieros y trazabilidad de datos. El aprendizaje para Colombia: el revisor fiscal que entiende datos operativos más allá de lo financiero crea valor tangible.

  3. Latam (Chile/México): se ha intensificado la fiscalización electrónica (e-invoicing, payroll), muy en línea con la evolución colombiana (facturación y nómina electrónica); la respuesta efectiva ha sido fortalecer gobernanza de datos, conciliaciones automatizadas y auditoría interna colaborativa.

¿Cómo lo resolvemos en Mi Contabilidad? (en tres fases prácticas)

1) Análisis inicial: detección de brechas y riesgos
Como revisoría fiscal y auditoría, iniciamos con un mapa de riesgos conectado a tus procesos reales: ventas, compras, tesorería, inventarios, nómina, impuestos y datos personales. Aplicamos entrevistas, pruebas de controles y analítica para cuantificar impacto. Validamos obligaciones de revisor fiscal según tipo societario y topes; confirmamos requisitos de firma en declaraciones y estados; verificamos exposición UGPP y madurez de protección de datos

2) Definición estratégica: plan de acciones con normativa vigente
Con el diagnóstico, consensuamos un Plan de Mejora por frentes:

  • Tributario: cierres mensuales, control de IVA–retenciones, conciliación con ventas electrónicas.

  • Laboral/UGPP: matriz IBC, cruces con nómina electrónica, trazabilidad de horas extra y recargos.

  • Control interno: segregación de funciones, autorizaciones y workflow en ERP/contabilidad.

  • Datos personales: inventario de tratamientos, medidas de seguridad y evidencias de cumplimiento.
    Sustentamos cada medida en DIAN/ET, Supersociedades, CTCP, UGPP y SIC; establecemos KRI/KPI y responsables. 

3) Implementación y acompañamiento continuo
La diferencia está en la ejecución. Julio César integra la capa tecnológica: conciliaciones automáticas, dashboards de cierre, alertas de inventario y cartera, y validaciones previas a la DIAN/UGPP. Nosotros acompañamos comités de auditoría, actualizamos matrices de controles y dejamos pistas de auditoría (NIA 230) para que la firma no dependa de héroes individuales. El objetivo: cierres sin sorpresas y decisiones informadas en tiempo real.

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¿Qué obtienes cuando la revisoría fiscal trasciende el “trámite”?

  • Menos sanciones y reprocesos: firma válida, evidencias suficientes y respuesta oportuna a DIAN y UGPP.

  • Mejor costo de capital: bancos valoran estados auditados con trazabilidad y controles vivos; oficios de Supersociedades y disciplina de gobierno son señales de confianza. 

  • Cierre contable predecible: cortes mensuales con monitoreo continuo y correcciones tempranas.

  • Gobernanza de datos y reputación: alineada con expectativas de la SIC; menos incidentes y mejor experiencia de cliente. 

La voz experta y el respaldo tecnológico

Soy Diana Cristina Cardona Cardona, contadora pública con más de 30 años en contabilidad, tributaria, laboral y financiera. Estudio diariamente la normativa de DIAN, UGPP, CTCP, Supersociedades, MinTrabajo y SIC; por eso mi sello no es solo cumplir, es anticipar. A mi lado, Julio César Moreno Duque integra tecnología, automatización y analítica para que la auditoría sea preventiva, digital y medible. Juntos hacemos que la revisoría fiscal sea un activo estratégico.

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Artículo elaborado por Diana Cristina Cardona Cardona, Contadora Pública con más de 30 años de experiencia en normatividad contable y tributaria en Colombia, con el apoyo estratégico de Julio César Moreno Duque en tecnología y transformación digital.
Este artículo hace parte del compromiso de Mi Contabilidad de acompañar a empresarios, contadores e independientes en la nueva era contable y tributaria, garantizando confianza, claridad y cumplimiento normativo.
Blog oficial de Mi Contabilidad:

Mi Contabilidadcom

Somos una firma colombiana con domicilio principal en Manizales, contamos con más de 15 años de experiencia profesional en el campo de la auditoria financiera, de gestión, y de sistemas, así como en el campo de revisoria fiscal. Contamos con un grupo de profesionales especializado en temas tributarios y de NIIF, temas que en la actualidad son imprescindibles en cualquier organización.

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