Se trata de una red criminal que mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA.
Esta red criminal defraudó al Estado en más de 2,3 billones de pesos y lo hacía mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada que se dedicaban a reclamar de forma ilícita los impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios.
Esta red criminal se dedicaba a comercializar facturas falsas con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta forma podían disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.
De acuerdo con las autoridades una persona a la que se le llamaba ‘la patrona’ y que fue identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, era la presunta jefe de este ‘Cartel de la evasión del IVA’, como lo llamó la Fiscalía General de la Nación.
La Patrona, señaló la Fiscalía, al parecer creo nueve empresas para respaldar las operaciones ilegales, las empresas tenían como dirección una bodega de Bogotá, que también funcionaba como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.
La patrona que tenía conocimientos en comercio contaba con un equipo de profesionales con dominio avanzado en temas contables, tributarios y fiscales, también contaba con toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de las facturas falsas. De esta manera logró realizar las operaciones comerciales ficticias y evadir controles tributarios.
Solo una de las empresas creadas logró expedir facturas falsas por más de 40.000 millones de pesos al año. Según la fiscalía General de la Nación unas 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.
Respaldada por un Juez de la República se capturaron ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, en medio de 13 diligencias de allanamiento en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja.
Estas personas deberán responder por los delitos de “enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas entre 8 y 18 años de prisión”.
De acuerdo con la Fiscalía se espera que se realice una segunda fase investigativa que permita identificar y judicializar a las personas que estarían detrás de las empresas que habrían comprado las facturas falsas para evadir el pago del IVA.
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