domingo, 31 de marzo de 2019

Personas naturales que solo tributen sobre renta presuntiva tendrán cero impuesto en el régimen simple


Las personas naturales residentes obligadas a declarar renta por poseer un alto patrimonio bruto, liquidarán su impuesto de renta en el régimen ordinario, sobre la renta presuntiva. Pero si optan por trasladarse al régimen simple, no tendrán que realizar dicha liquidación, y su impuesto sería de cero pesos. 

Desde hace ya bastante tiempo, y a causa de lo contemplado en el artículo 592 del Estatuto Tributario –ET–, muchas personas naturales residentes quedan obligadas a declarar renta al Gobierno colombiano por el solo hecho de que su patrimonio bruto fiscal al cierre del año (sumando el que poseen en Colombia más el que poseen en el exterior) supera las 4.500 UVT (unos $149.202.000 al cierre del 2018, ver el artículo 1.6.1.13.2.7 del DUT 1625 de octubre de 2016 luego de ser sustituido por el artículo 1 del Decreto 2442 de diciembre 27 de 2018). 

En vista de lo anterior, al tributar en el régimen ordinario del impuesto de renta utilizando la cedulación establecida entre los artículos 329 y 343 del ET, este tipo de personas naturales enfrentan una situación particular. A pesar de no haber obtenido quizás ningún tipo de ingreso ordinario durante el año, sí quedan obligadas a liquidar la renta presuntiva, y por consiguiente si dicha renta presuntiva es alta (pues supera el primer rango de la tabla del artículo 241 del ET, unos 1.090 UVT, $37.354.000 en el 2019), la misma les producirá el respectivo impuesto de renta junto con su anticipo para el año siguiente. 
Situación si deciden acogerse al nuevo régimen simple creado con la Ley 1943 de 2018 

Así las cosas, para las personas naturales que cada año liquidan su impuesto de renta solamente sobre la renta presuntiva (pues no obtienen ningún tipo de ingreso ordinario durante el año), lo mejor será trasladarse al nuevo régimen simple de tributación (creado con el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, el cual modificó los artículos del 903 al 916 del ET). Este empezará a existir desde el año gravable 2019. 

En efecto, y aunque la renta presuntiva contemplada en el artículo 188 del ET (modificado por el artículo 78 de la Ley 1943 de 2018) terminó siendo reducida del 3,5 % al 1,5 % entre los años gravables 2019 y 2020 (y luego desaparecerá a partir del año gravable 2021), lo que sucederá entre tales años gravables es que dicha renta presuntiva solo seguirá siendo calculada por las personas naturales que decidan quedarse en el régimen ordinario o tradicional del impuesto de renta, pero nunca tendrá que ser calculada por aquellos que se acojan voluntariamente el nuevo régimen simple. 
“una manera muy inteligente de sortear el impuesto de renta que se tendría que liquidar sobre la renta presuntiva entre los años gravables 2019 y 2020 es la de optar por trasladarse al nuevo régimen simple”

Por consiguiente, una manera muy inteligente de sortear el impuesto de renta que se tendría que liquidar sobre la renta presuntiva entre los años gravables 2019 y 2020 es la de optar por trasladarse al nuevo régimen simple (solamente si se cumplen todos los requisitos de las nuevas versiones de los artículos 905 y 906 del ET). En dicho régimen solo se tiene que liquidar impuesto cuando sí se obtengan ingresos brutos ordinarios (sin incluir los que sean no gravados con el impuesto de renta), y sobre los mismos se aplicarán pequeñas tarifas contempladas en la nueva versión del artículo 908 del ET. En consecuencia, si no hay ingresos brutos ordinarios y tampoco hay renta presuntiva, es claro que en el régimen simple tendrán una tributación de cero pesos. 

Esa misma ventaja la tuvieron entre los años gravables 2017 y 2018 las personas naturales que optaban voluntariamente por el régimen del monotributo (ver las anteriores versiones de los artículos del 903 al 916 del ET, creados con el artículo 165 de la Ley 1819 de 2016). Al final del año, por haber obtenido ingresos brutos por debajo de 3.500 UVT, terminaban presentando una declaración especial (formulario 250), en la cual nunca se calculaba la renta presuntiva.


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sábado, 30 de marzo de 2019

Paso a paso del impuesto diferido



Para realizar el análisis del impuesto diferido se deben tener en cuenta los lineamientos de la NIC 12 del Estándar Pleno, la sección 29 del Estándar para Pymes y los lineamientos de las normas tributarias. En este editorial mencionamos qué debe revisar de estas normas. 
“el impuesto diferido es el puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de renta”

El análisis del impuesto diferido, a la luz de la NIC 12 (Estándar Pleno) y sección 29 (Estándar para Pymes), permite identificar cómo pueden llegar a ser iguales algunas cifras contables y tributarias de los activos y pasivos en un determinado momento, sabiendo que en el presente son diferentes. En otras palabras, el impuesto diferido es el puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de renta. 

Pasos para calcular el impuesto diferido: 
Establecer un equipo donde participen profesionales con conocimientos en los nuevos marcos técnicos contables y, a su vez, profesionales con conocimientos en legislación tributaria. 
Calcular las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos. 
Determinar cuáles de las diferencias son temporarias (es decir, aquellas que se revertirán en el tiempo) y definir la tarifa de impuestos que se aplicará a tales diferencias. 
Aplicar la tarifa a las diferencias temporarias y determinar la parte del saldo del impuesto diferido activo y del saldo del impuesto diferido pasivo. 
Ejemplo 1 

Suponga que se tiene a 31 de diciembre de 2018 un saldo de cuentas por cobrar al cual se le aplicó un ajuste por intereses implícitos. Por tanto, esta cuenta por cobrar presentará un menor valor contable que fiscal, pues, aunque existirá un ajuste contable que hará que el ingreso aumente periódicamente el valor contable de la cuenta por cobrar, su valor fiscal no aumentará, debido a que este último se mide desde un principio al valor nominal de la transacción (numeral 3 del artículo 28 ET). 

En este sentido, se debe aplicar el impuesto diferido a tal diferencia, puesto que el ingreso asociado a la cuenta por cobrar afectó la declaración de renta (en este caso fue gravado con renta desde el momento cero) y, además, la diferencia se revertirá en el tiempo (debido al ajuste contable periódico del ingreso).
Otras partidas que podrían generar impuesto diferido son: 
Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva que se esperan compensar contra las rentas líquidas de años siguientes (artículos 147 y 189 del ET). 
Partidas de activos asociadas a ingresos cuya realización fiscal es distinta (artículo 28 del ET). 
Partidas de pasivos asociadas a gastos cuya realización fiscal es distinta (artículo 105 del ET). 
Partidas asociadas a costos cuya realización fiscal es distinta (artículo 59 del ET). 

Es de recordar que el hecho de que exista una diferencia entre el valor contable y fiscal de una partida no siempre quiere decir que a dicha diferencia se le deba calcular el impuesto diferido, como en el siguiente caso: 
Ejemplo 2 

Suponga que se tiene contabilizado un pasivo al 31 de diciembre de 2018, el cual fue originado por un gasto por concepto de honorarios de un profesional independiente. 

No obstante, se sabe que este proveedor no enviará el soporte del pago de seguridad social antes de la presentación de la declaración de renta, estando obligado a hacerlo. En este caso, se observa que el pasivo asociado a dicho gasto no debe ser considerado para propósitos fiscales, dado que su contrapartida de gasto asociado no será deducible en el presente ni en el futuro para efectos de impuesto de renta (nunca pasará por la declaración de renta). Así las cosas, dicha diferencia se considera permanente y, por ende, no debe ser incluida para el cálculo de impuesto diferido. 

Otras partidas que no generan impuesto diferido son: 
El saldo del impuesto diferido activo y pasivo acumulado de períodos anteriores. 
Provisiones para multas, sanciones y penalidades. 

Finalmente, vale la pena mencionar que, si bien el registro contable del impuesto diferido afecta el resultado neto de la empresa, no es recomendable considerar sus ajustes para efectos de una decisión de reparto de dividendos, puesto que tales ajustes no corresponden a un ingreso o gasto real.


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viernes, 29 de marzo de 2019

Notificación personal imperativa: fracaso del proceso monitorio – Manuel José Castro

A través de la Sentencia C–031 de 2019 (ver página 9 del comunicado 2 de 2019), la Corte Constitucional colombiana reafirmó su óbiter dictum de la Sentencia C–726 de 2014 en el sentido de que, en el marco del proceso monitorio reglado entre los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso –CGP–, no procede la notificación por aviso, siendo imperativo notificar al demandado personalmente. Esta determinación de la Corte, a juicio nuestro, no se sigue forzosamente del procedimiento previsto para el proceso comentado; es indeseable, en tanto supone dejar la suerte del proceso librada a la sola voluntad del demandado; y, por esa vía, mina la eficacia de dicha institución en Colombia. 

Conforme con lo dispuesto por el artículo 419 del CGP, “quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio (…)”. Así, a través del proceso monitorio, podría perseguirse el pago de obligaciones dinerarias, a pesar de que las mismas no sean “expresas, claras [ni] exigibles [ni] consten en documentos que provengan del deudor o de su causante (…)”, requisitos del proceso ejecutivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 422 del mismo Código. Con lo anterior, el legislador colombiano buscó dotar de un procedimiento expedito, declarativo especial y cercano al ejecutivo, a los acreedores sin título en Colombia, usualmente provenientes del comercio informal. 

En cuanto al trámite que debe impartirse al proceso monitorio en Colombia, el artículo 421 del CGP dispuso lo siguiente: 

“El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor (…)” 

Dando alcance a las disposiciones trascritas, en la sentencia C–726 de 2014 la Corte Constitucional determinó que: 

“En complemento de lo anterior, en este tipo de proceso especial, el requerimiento que hace el juez reviste una doble naturaleza. De una parte, constituye la notificación y a la vez, el requerimiento de pago, el cual debe ser notificado personalmente, sin que sea posible la notificación por aviso. El parágrafo del artículo 421 del Código General del Proceso de manera expresa prohíbe el emplazamiento del demandado, lo que comporta la garantía de la que dispone el deudor para actuar en el proceso y no permitir que se constituya un título de ejecución sin su conocimiento”. 

No compartimos la conclusión de la Corte, debido a que en el caso analizado no procede la notificación por aviso, por las siguientes razones: 

1. El artículo 421 antes citado indica que el auto que requiera el pago se notificará personalmente, sin reglar la forma como se debe efectuar dicha notificación. En consecuencia, es necesario acudir a lo dispuesto por el artículo 290 del mismo código en materia de notificación personal. Ante la inviabilidad de esta última, el artículo en mención prevé la posibilidad de continuar con la notificación por aviso: 

“6. Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso”. 

2. El parágrafo único del artículo 421 enlista las instituciones improcedentes en el proceso monitorio, sin incluir a la notificación por aviso: 

“Parágrafo. En este proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos”. 

En tanto no esté incluida dentro de dicha lista, es forzoso concluir que la notificación por aviso está excluida y, por ello, permitida en el proceso monitorio. 
“Aceptar exclusivamente la notificación personal del auto admonitorio del pago es supeditar la suerte del proceso a la voluntad del demandado”

3. Aceptar exclusivamente la notificación personal del auto admonitorio del pago es supeditar la suerte del proceso a la voluntad del demandado, pues bastará con que este no se presente con el fin de notificarse personalmente de dicho auto para que el trámite no pueda continuar, debiendo el juez darlo por terminado. 

De acuerdo con lo dicho, la postura de la Corte Constitucional implica condenar al proceso monitorio al fracaso absoluto en Colombia, puesto que se trataría del único proceso judicial en nuestro ordenamiento en el que la simple inacción del demandado, a través de su omisión de notificación, enervaría exitosamente la pretensión del demandante. 

Lastimosamente, en la Sentencia C–031 de 2019 la Corte Constitucional reitera conscientemente su error y considera que “esta circunstancia no configura una barrera para el acceso a la justicia, ni una carga desproporcionada para el acreedor, puesto que el mismo [CGP] ofrece otras vías procedimentales para la exigibilidad judicial de la obligación dineraria, las cuales sí admiten formas diversas y supletorias de notificación al demandado”. 

Así, a pesar de la buena intención del legislador, los acreedores sin título ejecutivo en Colombia se encuentran en una situación muy cercana a la que ocupaban en el Código de Procedimiento Civil: habida cuenta de la inviabilidad práctica del proceso monitorio cuya suerte está librada exclusivamente a la voluntad del deudor demandado, deben buscar constituir su título a través de conciliación o práctica de prueba anticipada.


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jueves, 28 de marzo de 2019

Fraude: cuando las personas sobrepasan la ética, asumiendo el riesgo y las consecuencias derivadas


La mitigación del riesgo de fraude debe estar en la agenda de la alta dirección empresarial, ya que cada vez más se reclama su participación, conocimiento, respuesta y hasta responsabilidad en este tipo de eventos. El 39 % de los empresarios colombianos reconocen haber sido víctimas de fraude. 

¿Será que estamos teniendo más consciencia del fraude y por lo tanto estamos reconociendo en una mejor medida su existencia? Esta es una de las inquietudes planteadas en los resultados de , elaborada por PwC. 

Los resultados en las compañías colombianas muestran un crecimiento del fraude; hoy el 39 % de los encuestados reconocen haberlo sufrido, comparado con el 32 % de la encuesta realizada en el 2016. 

Pero así como ha aumentado el fraude en las empresas, hoy somos más conscientes de su presencia. “Es el riesgo reputacional y la exposición que se tiene en la materialización de un fraude los temores del empresariado nacional. Las noticias malas viajan rápido, y con las comunicaciones digitales que existen hoy, viajan literalmente a la velocidad de la luz. Este fenómeno ocurre en todos los continentes y en todos los países, no importa su nivel de desarrollo; las comunicaciones están llegando a todos los lugares del mundo y con ellas el riesgo reputacional se irradia como una ráfaga de luz. Hoy se observa una gran preocupación por este tema y con ello hay una gran cantidad de signos de convergencia sobre los estándares de transparencia y el comportamiento ético del individuo”, afirma el informe de PwC. 

¿Qué actividades emergen para pensar que estamos combatiendo este flagelo de la manera correcta? Una de ellas es la tecnología, que si bien nos vuelve vulnerables ante ciertas problemáticas como la seguridad informática, también nos puede dar herramientas que nos permitan dar un paso adelante en la lucha contra el fraude. Si utilizamos la tecnología en toda su capacidad predictiva, también podemos incrementar nuestra capacidad de protegernos. 
“Detrás de cada máquina, detrás de cada fraude, hay un ser humano protagonista en este escenario.”

Pero existe un factor fundamental que no se puede dejar de lado, ya que es definitivamente el principal actor en este proceso: el ser humano. Detrás de cada máquina, detrás de cada fraude, hay un ser humano protagonista en este escenario. ¿Cuántas y cuáles son las razones para que un individuo o un tercero de una compañía decida involucrarse en cometer un fraude? “Son muchas las razones que podemos enumerar, pero hay una común a todos, los principios y valores que rigen una sociedad de bien pasan a un segundo plano, y el individuo está dispuesto a sobrepasarlos y asumir el riesgo y las consecuencias que de él se deriven, a costa de conseguir sus objetivos”, indica la encuesta. 

PwC indica que la mitigación del riesgo de fraude debe estar en la agenda de la alta dirección, pues cada vez más se reclama su participación, conocimiento, respuesta e inclusive responsabilidad en cada uno de estos eventos. “El riesgo de fraude es un desafío para todos y debemos estar involucradas todos y cada uno de los funcionarios de una organización”, indica la consultora. 
Top 5 de tipos de fraude en Colombia 

De acuerdo con la muestra abordada, los siguientes son los crímenes económicos con mayor probabilidad de ocurrencia en Colombia: 
58 % malversación de fondos. 
31 % soborno y corrupción. 
27 % cibercrimen. 
19 % mala conducta comercial. 
19 % fraude al consumidor. 
Evaluación de riesgos 
84 % de los encuestados no ha realizado evaluaciones de riesgo de lavados de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). 
58 % no ha realizado una evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques cibernéticos. 
50 % no ha realizado una evaluación de riesgo de antisoborno y corrupción. 
28 % no ha realizado una evaluación general de riesgos. 
Investigación del crimen 
64 % de los encuestados dijo que la inversión en investigación del fraude fue menor a la pérdida que este generó. 
12 % dijo que la inversión en investigación del fraude fue igual a la pérdida que este generó. 
Perpetradores del fraude 
En Colombia, el 33 % de los encuestados manifestaron que los fraudes fueron cometidos por actores externos de las compañías. 
63 % afirmó que los actos fraudulentos fueron realizados por los mismos empleados de las empresas. 
Otros resultados de la encuesta 
39 % de los encuestados aseguró haber experimentado crímenes económicos en los últimos dos años comparado con el 32 % que se registró en la encuesta realizada en 2016. 
Al 17 % de los encuestados les han solicitado pagar un soborno en los dos últimos años. 
El 21 % de los encuestados en Colombia cree haber perdido una oportunidad frente a un competidor del que sospecha que pagó un soborno.


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miércoles, 27 de marzo de 2019

Qué hacer para que seis millones de adultos colombianos ingresen al sistema financiero?


Desde el punto de vista de la Asobancaria, los niveles de inclusión financiera se deben fomentar en la población rural colombiana. Mientras el 87 % de los adultos de las zonas urbanas cuenta con un producto financiero, esta cifra es del 65 % en las áreas rurales. ¿A qué se debe este rezago? 

La inclusión financiera en Colombia durante los últimos diez años presenta un mayor porcentaje de adultos con al menos un producto financiero, pasando de un 55 % en 2008 a 81,3 % en 2018. En consecuencia, el número de adultos con algún producto pasó de 18,8 millones a 27,8 millones en este tiempo. Sin embargo, todavía cerca de seis millones de adultos continúan sin tener acceso al sistema financiero formal. 
“Mientras el 87 % de los adultos en las zonas urbanas cuenta con un producto financiero, esta cifra es del 65 % en las áreas rurales, y del 54,7 % en sectores denominados como rurales dispersos”

La Asobancaria, en la edición 1172 de su informe Semana Económica 2019, afirma que gran parte del trabajo que queda por hacer en materia del acceso de todos los colombianos al sistema financiero se encuentra relacionado con fomentar los niveles de inclusión financiera entre la población rural. Según información de la Banca de las Oportunidades, se presenta una brecha significativa en materia del acceso a los productos financieros. Mientras el 87 % de los adultos en las zonas urbanas cuenta con un producto financiero, esta cifra es del 65 % en las áreas rurales, y del 54,7 % en sectores denominados como rurales dispersos. 

“Esta condición lleva a que el diseño de las políticas públicas encaminadas a promover un mayor acceso de los colombianos a los productos y servicios financieros deba estar enfocado principalmente en aquellas personas que habitan estas zonas del territorio nacional”, manifiesta Asobancaria. 

Para lograr lo anterior, se debe incrementar el nivel de información sobre la oferta y la demanda de los productos financieros para este segmento de la población. La entidad ha venido trabajando en cooperación con otras entidades para generar más información sobre la demanda de productos financieros en áreas rurales. 

Desde la Asobancaria se afirma que el crédito para actividades agropecuarias en los últimos cinco años tiene un desempeño favorable, lo que se evidencia en que la tasa de crecimiento de la cartera de este segmento (cercana al 7 % real) ha mostrado un incremento mayor al registrado por la cartera total del sistema financiero (5 % real). 

De esta manera, la cartera agropecuaria alcanzó un registro de $21,9 billones, y se concentró principalmente en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. En el mismo sentido, el monto de los desembolsos efectuados en el sector ha crecido a niveles cercanos al 18 % anual durante el mismo período, lo que favorece el incremento de la profundización financiera del sector. 

Sin embargo, se presentan rezagos en materia de la profundización e inclusión financiera de los agentes económicos que componen el sector rural. De hecho, el indicador de profundización del sector rural (35 %) se encuentra más de 13 puntos porcentuales –p.p.– por debajo del nivel observado para el total de la economía (48,8 %). “De igual forma, existe un rezago en los niveles de inclusión financiera rural comparado con los niveles de acceso observados en las áreas de mayor desarrollo urbano, brecha que en las zonas rurales asciende a un valor cercano a los 20 p.p., mientras que para el caso del segmento rural disperso resulta aún mayor, llegando a 30 p.p.”, indica el informe. 

Los empresarios del sector agropecuario prefieren acceder a créditos formales de bajo monto; destinan sus recursos para subsanar dificultades en el comportamiento del ciclo de su actividad productiva y restricciones en su flujo de caja. La mayor parte de ellos cumple con sus obligaciones financieras, mientras que quienes las incumplen argumentan que tiene que ver con el ciclo productivo o bajos niveles de rentabilidad. 

Entre los empresarios que no acceden al crédito formal, la mayoría dice que no lo hace por el exceso de trámites, y por falta de interés; situación que alerta sobre la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias que se vienen abordando al momento de financiar el sector rural.



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martes, 26 de marzo de 2019

Tratamiento de créditos laborales en un proceso de reestructuración empresarial


Un proceso de reestructuración empresarial tiene por objetivo que el deudor pueda estar al día con sus obligaciones crediticias, entre otras cuestiones. Respecto al tratamiento de los créditos laborales, la ley dispone que debe constituirse una provisión contable, para así atender su pago a futuro. 

El siguiente análisis se abordará con base en lo dispuesto a través del Oficio 220-164755 de 2018 de la Superintendencia de Sociedades, en lo referente a cómo deben ser tratadas las obligaciones que emanan de un proceso laboral ordinario dentro de un proceso de reorganización empresarial. 

Como primera medida, tenemos que un proceso de reorganización empresarial se define como una serie de procedimientos que tienen como finalidad permitir a un deudor (empresario) que se encuentre en un período de inestabilidad financiera el restablecimiento o continuación de sus operaciones financieras y/o comerciales normales, con el objetivo de que pueda estar al día con sus obligaciones crediticias. 

Dicho proceso se encuentra regulado a través de la Ley 1116 de 2006, la cual contempla tener como objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Entre sus principales características se encuentran: 
No poder superar 6 meses, tiempo en el cual los empresarios deben proceder a la renegociación de las deudas. 
Evitar embargos para los deudores. 
Ser un mecanismo de renacimiento empresarial. 

Si desea profundizar en los anteriores aspectos, le invitamos a consultar nuestro editorial Proceso de reorganización
Tratamiento de los créditos laborales dentro del proceso de reorganización 

En lo que concierne al tratamiento de créditos laborales, dicha entidad establece que con la solicitud del trámite de reorganización el representante legal deberá aportar el proyecto de calificación de créditos, entre los cuales se incluyen los de carácter laboral que hayan sido notificados al empleador. 
“para cumplir con estas obligaciones (en el caso concreto de las obligaciones laborales) debe constituirse una provisión contable, mientras se adelanta dicho proceso (de reorganización) para atender su pago a futuro”

Con relación a lo anterior, dispone que para cumplir con estas obligaciones (en el caso concreto de las obligaciones laborales) debe constituirse una provisión contable, mientras se adelanta dicho proceso (de reorganización) para atender su pago a futuro en caso de que sean declaradas como una obligación clara, expresa y exigible a través de una sentencia judicial, como lo dispone el parágrafo 2 del artículo 25 de la mencionada ley: 

“Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago”. 

En concordancia con lo expuesto, y haciendo un breve paréntesis, desde el punto de vista contable, cabe anotar que se tendrá que revisar el hecho económico en concreto, en este caso las consecuencias que derive para la entidad la demanda en curso, a fin de establecer si en realidad debe tratarse como un pasivo, provisión o contingencia. Esto dependerá del grado de certeza que se tenga sobre el vencimiento y sacrificio económico a futuro (consulte nuestro editorial Diferencias entre pasivo, provisión y contingencia). 

Retomando con el tema objeto de estudio, es necesario anotar que en estos procesos de reorganización existen algunos créditos que tienen prelación sobre los demás, por lo cual se ha establecido una clasificación en créditos de primera, segunda, tercera clase, etc. Para efectos de determinar en qué categoría se encuentran los de carácter laboral, es imprescindible la remisión al título XL del Código Civil, el cual regula las disposiciones referentes a la prelación de créditos. 

El artículo 2495 de la ley en mención establece cuáles son los créditos de primera clase y el orden en que deben ser pagados, encontrándose los créditos de carácter laboral en cuarto lugar. No obstante, estos créditos tienen preferencia en comparación con los demás, según lo dispuesto mediante el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, el cual establece lo siguiente: 

“Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás.” 

Lo anterior podría establecer que los créditos laborales son los que primero deben ser pagados. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C – 092 de 2002, estableció que los créditos que primero debían pagarse eran los descritos en el numeral 5 del mencionado artículo 2495 del Código Civil, referentes a créditos de alimentos a favor de menores de edad, atendiendo a la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

“A la luz de estas consideraciones, se hace necesario hacer efectiva la prevalencia otorgada a los derechos de los niños (…) entendiendo por éstos tanto a los infantes como a los adolescentes (…) de modo que sus créditos por concepto de alimentos prevalezcan sobre los créditos de los demás acreedores incluidos en la primera clase (…)” 

Se tiene entonces que los créditos laborales se ubican en el segundo lugar de prelación dentro de los de primera clase para ser pagados. En el caso de los créditos que no hayan sido incluidos en el proyecto de calificación, dispone dicha entidad que los acreedores (en el caso en concreto trabajadores) deben objetar dicho proyecto, para efectos de hacer valer su crédito, lo cual deberán llevar a cabo dentro de las etapas de contradicción y según lo previsto en los artículos 26, 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006. 

Por último, una vez se quede en firme la calificación de los créditos, estos quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo de organización que confirme o apruebe el juez designado para el concurso.


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lunes, 25 de marzo de 2019

Requisitos exigidos para la apertura de establecimientos de comercio



La legislación mercantil establece una serie de requisitos para la apertura de un establecimiento de comercio. Anteriormente, incumplir dichos requisitos podría conllevar a su cierre definitivo, pero esto ha cambiado. Conozca, además, las diferencias entre un establecimiento y un local comercial. 

Según el artículo 515 del Código de Comercio, un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados en aras de desarrollar el objeto para cual fue constituido un negocio. 

Entre los elementos que conforman un establecimiento de comercio, según el artículo 516 de la ley en mención se encuentran: 
El nombre comercial y marcas de productos y servicios. 
Las mercancías en almacén o en procesos de elaboración. 
Bienes inmuebles e instalaciones. 
Los contratos de arrendamiento. En este punto es importante precisar que como el contrato es parte del establecimiento, en caso de que este sea vendido el comprador deberá responder por las indemnizaciones a las que tenga derecho el arrendatario y, en general, por las obligaciones que emanen de dichos contratos que hayan sido celebrados con el antiguo dueño, conforme a lo dispuesto en el artículo 522 de la mencionada ley. 
Diferencias entre establecimiento de comercio y local comercial 
“por regla general, se entiende local comercial aquel en el que funciona un establecimiento de comercio o los bienes que lo conforman”

Con relación a este tema, la Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-081958 de 2017, ha determinado que, por regla general, se entiende local comercial aquel en el que funciona un establecimiento de comercio o los bienes que lo conforman, como, por ejemplo, un punto de venta, una tienda, entre otros, en los cuales se atiende a los clientes de forma presencial. 

Dado lo anterior, y según aduce dicha institución, las diferencias que se suscitan entre un establecimiento de comercio y un local comercial radican en que el segundo es el espacio físico (bien inmueble) donde se ofrecen los productos y servicios, mientras el primero hace referencia al conjunto de bienes, cosas u objetos (bienes muebles) que se utilizan para el desarrollo de la actividad comercial. 

La anterior diferenciación es la que ha dispuesto la Supersociedades a través del citado documento, mediante el cual resuelve una serie de interrogantes acerca de las formalidades para la constitución de locales comerciales y la incidencia que tiene el no haber realizado el registro de un local comercial como parte de un establecimiento de comercio, en caso de una orden de embargo. 
Requisitos para la apertura del establecimiento de comercio 

Los requisitos mínimos con los que deben cumplir los establecimientos de comercio se encuentran consagrados en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía), a saber: 
Cumplir con las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación, y su ubicación. 
Mantener vigente la matrícula mercantil de la cámara de comercio del respectivo lugar de domicilio donde se desarrolla la actividad. 
Comunicar la apertura del establecimiento al comandante de estación de policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio que para tal efecto establezca la Policía Nacional. 
Contar con el permiso expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la comercialización de equipos móviles. 

Por otro lado, durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplir con: 
Las normas que regulan los niveles de intensidad auditiva. 
Los horarios establecidos para el desarrollo de la actividad económica. 
Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales exigidas. 
El desarrollo del objeto registrado en la matrícula mercantil, sin que haya lugar a desarrollar una actividad diferente. 
Las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, y a su vez mantener y presentar el comprobante de pago al día. Lo anterior, para los establecimientos que ejecuten públicamente obras musicales que deben efectuar el pago de dichos derechos. 
El registro nacional de turismo, cuando se ofrezcan en el establecimiento servicios de alojamiento al público u hospitalidad. 
Sanción por incumplimiento de requisitos de apertura 

Las conductas sancionables para los dueños de los establecimientos de comercio denominadas “Comportamientos que afectan la actividad económica” se encuentran establecidas en los artículos 91 y 92 de la Ley 1801 de 2016, así como sus respectivas sanciones (parágrafo 2 del artículo 92 de la ley en mención), las cuales consisten en la suspensión temporal de la actividad, destrucción del bien y suspensión definitiva de la actividad comercial. 

Dichas sanciones pueden ser impuestas por las autoridades policivas, que anteriormente tenían la facultad de imponer como sanción el cierre definitivo del establecimiento de comercio que reincidiera en conductas sancionadas previamente. 

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, si existía una sanción impuesta a un establecimiento de comercio por un término de 2 meses (tiempo máximo por el que se interponían las sanciones) por no acatar las normas de intensidad auditiva, y una vez superada dicha sanción reincide en la conducta, esto conllevaba a que se ordenara el cierre definitivo del establecimiento. No obstante, dicho término (de 2 meses) se ha extendido a un año, según lo dispuesto por el parágrafo 6 del artículo 92 de la mencionada ley. 

Por otro lado, se encuentran las sanciones denominadas “Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica”, reguladas a través del artículo 93 de la misma ley, la cual comprende sanciones como la suspensión de la actividad comercial, decomiso, entre otros. 

Lo anterior es un pequeño recuento de las pautas que debe tener en cuenta al momento de dar apertura en un establecimiento de comercio. Finalmente, es importante que conozca las multas que pueden serle impuestas y el término por el cual estas se encuentran vigentes.


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domingo, 24 de marzo de 2019

Indemnizaciones a las que tiene derecho un trabajador


Indemnizar consiste en el resarcimiento de un perjuicio causado, el cual debe ser reparado por quien lo ocasiona. En lo que concierne a las relaciones de índole laboral, existen ciertas circunstancias que dan lugar a que el trabajador deba ser indemnizado. Conózcalas. 
“Una indemnización se define como el resarcimiento de perjuicio o daño que una persona puede causarle a otra, de orden material o inmaterial”

Una indemnización se define como el resarcimiento de perjuicio o daño que una persona puede causarle a otra, de orden material o inmaterial, de tal modo que la parte causante se ve obligada a repararlo. 

En derecho laboral existen diferentes tipos de indemnizaciones, que pueden ser de orden general o especial, las cuales proceden por: 
Despidos sin justa causa. 
Despidos ilegales. 
No consignación de las cesantías. 
No pago de intereses sobre las cesantías. 
No pago de las acreencias laborales luego de la terminación del contrato. 
Indemnización durante la vigencia del contrato 

Entre las sanciones a título de indemnización que se generan durante la vigencia del contrato se encuentran: 
Sanción moratoria por no consignar las cesantías 

Como es ampliamente conocido, durante la vigencia del contrato el empleador debe consignar en favor del trabajador el valor al que haya lugar por concepto de cesantías. Dicha consignación debe efectuarse a más tardar el 14 de febrero de cada anualidad, en el fondo escogido o al que se encuentre afiliado el trabajador. Cabe recordar que no hacerlo se condena al primero a una indemnización reconocida para con este último a título de sanción moratoria, como lo establece el numeral 3 artículo 99 Ley 50 de 1990, la cual corresponde al pago de un día de salario por cada día de retardo. 
Indemnización por no pago de intereses sobre las cesantías 

En caso de no cancelar los intereses sobre las cesantías que deben pagarse directamente al trabajador a más tardar el 31 de enero de cada año, el empleador deberá pagar a este, a título de indemnización y por una sola vez, una suma igual al valor de los intereses a las cesantías, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el artículo 2.2.1.3.8 del Decreto 1072 de 2015
Indemnizaciones a la terminación del contrato 

Entre las indemnizaciones a las que es acreedor el trabajador a la terminación de contrato de trabajo se hallan: 
Indemnización por despido sin justa causa o causa imputable al empleador 

El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– establece que en caso de terminación del contrato sin justa causa, el empleador debe al trabajador una indemnización según el tiempo pactado para la duración de este, así: 

Para los contratos a término fijo se liquida lo que corresponde a salarios, según el plazo que falte por cumplirse en el contrato. Por ejemplo, si el contrato se pactó a seis meses y se da la terminación en el segundo mes, se deberán cancelar cuatro meses de salario. 

Para los contratos a término indefinido las reglas varían según la remuneración pactada y el tiempo de servicio cumplido. Para aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv– se liquidará por el primer año de servicio 30 días de salario y 20 días por cada año subsiguiente o a prorrata del tiempo cumplido si fuese menor. En el caso de los trabajadores que devenguen más de 10 smmlv, se cancelarán 20 días de salario por el primer año de servicio y 15 días de salario por cada año subsiguiente o a prorrata del tiempo cumplido. 
Indemnización por sanción moratoria 

Esta indemnización opera en el evento de que a la terminación justa o no del contrato de trabajo el empleador no cancele la liquidación de los respectivos salarios y prestaciones sociales al trabajador. Esta actuación –si determina el juez que fue de mala fe– lo condenará al pago de un día de salario por cada día de retardo, por un período de hasta 24 meses. Al respecto, se tiene que a partir del mes 25 dicha sanción debe liquidarse conforme a la tasa máxima de intereses moratorios para créditos de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria, según lo establece el artículo 65 del CST
Indemnización por despidos ilegales 

Entre las indemnizaciones que se generan por despidos ilegales se encuentran: 
Indemnización por fuero de salud 
“si el trabajador se encuentra en período de incapacidad por riesgo común o laboral, bajo tratamiento médico de rehabilitación o próximo a ser calificado por invalidez, no puede ser despedido”

Durante la vigencia del contrato, si el trabajador se encuentra en período de incapacidad por riesgo común o laboral, bajo tratamiento médico de rehabilitación o próximo a ser calificado por invalidez, no puede ser despedido, desmejorado en sus condiciones laborales ni trasladado sin prescripción médica. En caso tal que alguna de las anteriores situaciones se presente, se constituirían actos discriminatorios hacia sus derechos y el acceso al trabajo, por lo cual dicho trabajador será acreedor del pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario, según lo previsto en el artículo 26 Ley 361 de 1997
Indemnización por acoso laboral 

Si un trabajador es sometido a acoso laboral y presenta queja ante el comité de convivencia interno de la empresa o ante las autoridades competentes por estos hechos, gozará del fuero de estabilidad por acoso laboral para no ser despedido. En caso de ser despedido deberá serle reconocida una indemnización, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006
Indemnización por despido de trabajador sindicalizado 

En caso de que el trabajador ostente la garantía de fuero sindical de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 406 y 407 del CST y sea despedido, deberá ser reintegrado e indemnizado con el valor de los salarios dejados de percibir por causa del despido, conforme a lo establecido en artículo 408 de la ley en mención. 
Indemnización por despido durante el período de gestación o licencia de maternidad 

Una de las indemnizaciones más conocidas tiene que ver con las que ocurren durante el período de gestación o licencia de maternidad. Al respecto, en caso de darse el despido de la trabajadora habrá lugar al reconocimiento de 60 días de salario como indemnización, independientemente de las que se desprendan del contrato de trabajo (como salarios, indemnización por despido injusto, etc.), tal como lo establece el numeral 3 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.
“No son compatibles con el reintegro laboral, excepto en el caso de fuero sindical”

Es importante tener en cuenta que las indemnizaciones: 
Solo comprenden el valor de salarios. 
No son compatibles con el reintegro laboral, excepto en el caso de fuero sindical. 
Son compatibles entre sí, como, por ejemplo, las indemnizaciones por despido sin justa causa y/o ilegales. 
Caducan de acuerdo al término de prescripción de la acción laboral frente a su reclamación (3 años), contados a partir de que la obligación se hace exigible (artículo 488 del CST).


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sábado, 23 de marzo de 2019

Impuesto sobre la renta para extranjeros sin residencia fiscal a partir de 2019


Las personas naturales extrajeras no residentes que obtengan rentas ordinarias en el territorio nacional tendrán que tributar con una tarifa del 35 %, según el artículo 247 del ET. Sin embargo, si reciben dividendos deberán tener en cuenta los cambios efectuados por la Ley de financiamiento. 

A continuación, daremos respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo opera a partir de 2019 el pago del impuesto de renta para los extranjeros sin residencia fiscal? 

Cuando las personas naturales sin residencia fiscal en el país obtengan rentas ordinarias dentro del territorio nacional, deberán aplicar la tarifa única sobre la renta gravable de fuente nacional equivalente al 35 %, de conformidad con las disposiciones del artículo 247 del Estatuto Tributario –ET–. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que con relación al caso en el que la persona natural no residente reciba dividendos, la Ley de financiamiento 1943 de 2018, a través de su artículo 51, modificó el artículo 245 del ET, señalando que la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos o participaciones percibidos por personas naturales sin residencia en Colombia será del 7,5 % sobre la parte no gravada; y cuando los dividendos correspondan a utilidades gravadas, determinadas de acuerdo con las indicaciones de los artículos 48 y 49 del ET (modificados por el artículo 122 de la Ley 1943 de 2018), la tarifa será del 33 %, como se indica en el artículo 240 del ET, modificado por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018

Cabe señalar que la tarifa antes mencionada dependerá del período gravable en que se paguen o abonen en cuenta los dividendos a la persona natural no residente, es decir, si los dividendos cancelados pertenecen al período gravable 2018 la tarifa aplicable sería del 33 % (artículo 100 de la Ley 1819 de 2016). Por el contrario, si estos pertenecen al año gravable 2020, la tarifa que se aplicaría sería del 32 % (artículo 240 del ET). En consecuencia, el impuesto aplicable a la parte no gravada será practicado una vez se disminuya el impuesto en mención.


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viernes, 22 de marzo de 2019

Retención en la fuente sobre salarios causados pero no pagados, ¿cuál es su procedimiento?


La retención en la fuente no se practica si el salario es causado pero no pagado. Por otro lado, cuando este es efectivamente cancelado al trabajador, debe efectuarse un procedimiento especial con el fin de determinar y practicar la retención, de conformidad con los artículos 383, 385 y 386 del ET. 
“Los pagos por concepto de salario realizados por las empresas a sus trabajadores deben ser sometidos a retención en la fuente solamente al momento de su pago, y no cuando se efectúa su causación”

Los pagos por concepto de salario realizados por las empresas a sus trabajadores deben ser sometidos a retención en la fuente solamente al momento de su pago, y no cuando se efectúa su causación. Es decir, el mecanismo de retención en la fuente a título de renta es aplicable cuando sean realizados los desembolsos gravables originados en la relación laboral, y no cuando dichos pagos sean causados por parte de la empresa. 

Cabe resaltar que hasta 1992 el artículo 385 del Estatuto Tributario –ET– señalaba que para realizar retención en la fuente era necesario practicarla sobre los pagos gravables a abonos en cuenta destinados al trabajador, directa o indirectamente, durante el respectivo mes. Sin embargo, el artículo 140 de la Ley 6 de 1992 derogó la expresión “abonos en cuenta” contenida en la norma, especificando así que dicha retención debe ser practicada únicamente sobre los pagos efectivamente realizados. 

En consecuencia, cuando cada mes deba causar el gasto por salarios (salarios sobre los cuales debería practicar retención en la fuente) la empresa debe esclarecer si el salario va a ser pagado o no en ese mismo mes, para efectos de la contabilización, declaración y pago de dicha retención a la Dian. 

Es necesario entender que esta medida se adoptó en razón a que los asalariados, como contribuyentes del impuesto de renta, solo deben declarar sus ingresos cuando estos sean recibidos, y por lo tanto podrán hacer uso de las retenciones que les hayan sido practicadas por parte de su empleador únicamente en el período gravable en que presenten la declaración de renta. 

Se debe tener en cuenta que incluso cuando no se haya practicado la respectiva retención en la fuente sobre los salarios causados y no pagados, estos podrán ser deducidos en la declaración del empleador, siempre y cuando se hayan realizado efectivamente los aportes parafiscales y de seguridad social del período gravable, antes de la presentación de la declaración inicial del impuesto de renta; así lo estipulan los artículos 108 y 114 del ET (el primero de ellos indica que los aportes parafiscales son requisito para la deducción de salarios, mientras que el segundo hace referencia a la deducción de aportes realizados por los empleadores). 

Al respecto es válido destacar que la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016, mediante su artículo 66, adicionó al estatuto tributario un nuevo artículo 115-1 mediante el cual se aclara que la deducción procederá solamente ante el pago de aportes antes de la presentación de la declaración inicial del impuesto de renta, restringiendo esta posibilidad en las declaraciones de corrección. 
Retención en la fuente en pago de salarios acumulados 
“en el caso de que la empresa no realice el pago de los salarios, pero mes a mes cause el gasto correspondiente a los mismos; no será necesario que contabilice ningún valor por retención en la fuente”

Tal como lo hemos mencionado en anteriores editoriales, en el caso de que la empresa no realice el pago de los salarios, pero mes a mes cause el gasto correspondiente a los mismos; no será necesario que contabilice ningún valor por retención en la fuente, en atención a que el artículo 383 del ET menciona que la retención solo deberá ser practicada al momento del pago de los recursos. 

Siendo así, cuando se realice el pago de los salarios acumulados y la empresa deba calcular su retención en la fuente, esta deberá liquidarse determinando qué porcentaje del pago gravable corresponde a cada mes, para lo cual el monto total deberá ser dividido entre el número de meses que corresponde a la retroactividad, y a este resultado se le restarán los ingresos no gravados, como son los aportes obligatorios al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y las deducciones y rentas exentas a las que haya lugar. Dicha diferencia será la base para aplicar la tabla contenida en el artículo 383 del ET, modificado por el artículo 34 de la Ley 1943 de 2018, con el fin de determinar el porcentaje de tarifa marginal aplicable sobre la totalidad de los pagos gravables retroactivos, siguiendo las indicaciones del artículo en mención. 

Debemos señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 206 del ET, el 25 % del monto total de los pagos laborales es considerado como exento (estando limitado mensualmente a 240 UVT, $8.225.000). Dicho valor no forma parte del monto para calcular la base mensual de retención, así como tampoco para aplicar el porcentaje de tarifa marginal. 

En consecuencia, podemos concluir que la retención en la fuente sobre pagos acumulados debe practicarse al momento de la realización de los mismos, teniendo en cuenta las explicaciones antes mencionadas y aplicando el correspondiente porcentaje sobre la base mensual determinada con el fin de garantizar los principios de justicia y progresividad que amparan este impuesto, así como también los beneficios tributarios del contribuyente. 

Para profundizar en el adecuado proceso de depuración de la base para la aplicación de la retención en la fuente sobre pagos laborales al momento del pago efectivo de los recursos, puede consultar nuestras herramientas avanzadas Retención en la fuente con procedimiento 1 sobre rentas de trabajo 2019 tras Ley de financiamiento y Porcentaje fijo y retención en la fuente con procedimiento 2 durante 2019 tras Ley de financiamiento.


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jueves, 21 de marzo de 2019

Declaraciones de INC, IVA y retención en la fuente que requerirán firma de contador público en 2019


Los obligados a llevar contabilidad que no requieran nombrar revisor fiscal, pero que al cierre de 2018 posean un patrimonio o ingresos brutos superiores a 100.000 UVT deberán presentar sus declaraciones de IVA, retención en la fuente e INC de 2019 con la firma de un contador. 

Las normas contenidas en los artículos 512-6, 602 y 606 del Estatuto Tributario –ET– establecen los casos en los cuales las declaraciones del impuesto nacional al consumo –INC–, impuesto sobre las ventas –IVA– y retención en la fuente, respectivamente, presentadas durante el 2019, requerirán contar con por lo menos la firma de un contador. 

De acuerdo con dichas normas, si el contribuyente que debe presentar cualquiera de esas tres declaraciones no está obligado a nombrar revisor fiscal, pero es un contribuyente (persona natural, sucesión ilíquida, o persona jurídica) que sí está obligado a llevar contabilidad (al menos para fines fiscales; ver el caso especial de los productores de los bienes exentos agropecuarios del artículo 477 del ET, modificado por el artículo 11 de la Ley 1943 de 2018), sus declaraciones de INC, IVA y retención en la fuente de 2019 requerirán la firma de contador público cuando se cumpla con cualquiera de los siguientes tres requisitos: 

a. Su patrimonio bruto fiscal a diciembre 31 de 2018 fue superior a 100.000 UVT ($3.315.600.000). Es por este criterio de referencia que se considera muy importante tener definido el patrimonio bruto del 2018 en forma temprana, pues si se cumplió con ese tope, entonces la primera declaración que llevaría firma de contador sería la de retención en la fuente de enero de 2019. 

b. Sus ingresos brutos fiscales del 2018 (antes de restar devoluciones en ventas, o ingresos no gravados), y tomando en cuenta tanto los que forman rentas ordinarias como los que forman ganancias ocasionales, fueron superiores a 100.000 UVT ($3.315.600.000). 

c. Cuando no se cumpla con ninguno de los dos requisitos anteriores, pero la declaración del IVA del respectivo bimestre, cuatrimestre o año, arroje saldo a favor. Al respecto, debe tenerse presente que las declaraciones anuales del IVA del ejercicio 2019 solo aplicarán para aquellos contribuyentes que se acojan al nuevo régimen simple, creado con el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 (ver el nuevo formulario 300 de IVA que se usará durante el 2019 y que fue prescrito con la Resolución Dian 000012 de febrero 7 de 2019). 

En relación con lo anterior, es importante destacar que en el formulario 325 para las declaraciones bimestrales de IVA de los prestadores de servicios desde el exterior (el cual fue prescrito con la Resolución 000069 de diciembre de 2018) no se incluyó ninguna casilla para la firma de contador ni de revisor fiscal. Por lo tanto, se entiende que ninguno de los tres requisitos antes mencionados le aplicaría a la presentación del formulario 325 y, en consecuencia, dicho formulario siempre se podrá presentar sin la firma de los profesionales en mención. 
Efectos de las declaraciones presentadas sin la firma del contador 
“si alguna declaración tributaria se presenta sin la firma obligatoria del contador público, se dará por no presentada”

De acuerdo con lo indicado en el literal d) del artículo 580 del ET, si alguna declaración tributaria se presenta sin la firma obligatoria del contador público, se dará por no presentada. En todo caso, para que eso suceda será necesario que la Dian detecte la omisión de la firma del contador dentro del período de firmeza de la declaración. Lo anterior significa que si la administración tributaria no se pronuncia dentro de dicho período, la declaración se dará por válidamente presentada. 

Lo anterior se sustenta en doctrinas como las contenidas en los conceptos 52996 de junio 6 del 2000, 38451 de junio 18 del 2003 y el último párrafo de la Circular 00066 de julio del 2008. En todas ellas la Dian ha llegado a conclusiones como la siguiente: 

“En consecuencia, si la declaración incurre en alguna de las causales para darla como no presentada, la administración debe proferir el correspondiente auto declarativo dentro del término ordinario de firmeza contemplado en el artículo 714 o en el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario; si transcurrido dicho término la administración no profiere auto declarativo, la declaración queda en firme.” 
¿Como se puede subsanar el defecto de la ausencia de la firma del contador? 
“ se deberá liquidar la sanción de extemporaneidad que se origine desde el día del vencimiento hasta el día de la nueva presentación de la declaración”

Cuando el contribuyente presente una declaración inicial sin la firma del contador y decida volver a presentarla antes de que la Dian lo obligue a ello, se deberá liquidar la sanción de extemporaneidad que se origine desde el día del vencimiento hasta el día de la nueva presentación de la declaración. Sin embargo, dicha sanción se podrá reducir aplicando la instrucción contenida en el parágrafo 2 del artículo 588 del ET, en la cual se lee lo siguiente: 

“Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata el artículo 641 del Estatuto Tributario, sin que exceda de 1.300 UVT.” 

De acuerdo con dicha norma, el contribuyente calcularía toda la sanción de extemporaneidad que le corresponda, pero luego la reduciría al 2 %, cuidando adicionalmente que el valor final no quede por encima de las 1.300 UVT ($44.551.000). Además, luego de calcular esa primera reducción de su sanción, podrá aplicar adicionalmente la reducción del artículo 640 del ET, con lo cual podrá tomar el valor anteriormente calculado y reducirlo a su 50 % o 75 % (ver Concepto Dian 14116 de julio de 2017). De cualquier manera, el valor final a liquidar por sanción de extemporaneidad no podría ser inferior a 10 UVT (valor de la sanción mínima; ver artículo 639 del ET; ver la respuesta a la pregunta 8 del Concepto Dian 5981 de marzo de 2017).


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miércoles, 20 de marzo de 2019

Beneficios tributarios por inversiones en proyectos de ciencia, tecnología e innovación para 2019


A través del Acuerdo 21 de 2018, el CNBT ordenó la apertura de nuevas convocatorias para acceder a beneficios tributarios por inversiones en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, enmarcados dentro de los artículos 158-1 y 256 del ET. 

Como lo hemos mencionado en anteriores editoriales, el artículo 158-1 del Estatuto Tributario –ET– establece que las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación podrán ser deducibles en el período gravable en que hayan sido realizadas, siendo necesario cumplir lo estipulado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante la actualización del documento Conpes 3834 de 2015

Lo anterior también es aplicable a las deducciones por donaciones, realizadas a través de las Instituciones de Educación Superior –IES– o del Icetex, orientadas a programas de becas o créditos condonables para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

Así mismo, el artículo 256 del ET señala que las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios –CNBT– como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, cumpliendo las mismas condiciones señaladas anteriormente; podrán descontar de su impuesto de renta el 25 % de ese monto en el período gravable en que hayan realizado la inversión (ver nuestro editorial Límites a deducción o descuento por investigación, desarrollo o innovación por el año gravable 2017). 
“ por medio del Acuerdo 21 de diciembre de 2018 el CNBT estableció la apertura de nuevas convocatorias para el acceso a beneficios tributarios”

De acuerdo con lo expuesto, por medio del Acuerdo 21 de diciembre de 2018 el CNBT estableció la apertura de nuevas convocatorias para el acceso a beneficios tributarios en torno a los recursos asignados a proyectos de carácter científico, tecnológico y de innovación. Estas deducciones tendrán lugar si se realizan donaciones e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como también en la importación de activos por instituciones de educación y centros de investigación (ver los artículos 57-2, 158-1, 256 y 428-1 del ET). 

A continuación, analizaremos las nuevas convocatorias en las cuales podrán participar los contribuyentes que deseen acceder a beneficios tributarios como descuentos y deducciones, así como también que algunos de sus ingresos sean catalogados como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y que además se les realicen exenciones del IVA; por inversiones realizadas en proyectos con las características mencionadas. 
Beneficios tributarios por inversiones durante 2019 

Por medio del Acuerdo 21, se le solicita a Colciencias la apertura de una nueva convocatoria (la cual deberá habilitarse a más tardar en marzo y tendrá vigencia hasta el 15 de julio de 2019), con el objetivo de que los contribuyentes de renta puedan postular sus propuestas y que estas sean catalogadas como científicas, tecnológicas o de innovación, con el propósito de que puedan acceder a los beneficios tributarios contenidos en los artículos 158-1 y 256 del ET durante el periodo gravable 2019. 
“el CNBT expidió el Acuerdo 19 de 2018 para estipular los montos máximos a deducir o descontarse por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el año gravable 2019”

Debemos tener en cuenta que el parágrafo primero del artículo 158-1 del ET señala que el CNBT deberá anualmente establecer los montos máximos totales de las deducciones y descuentos antes mencionados, así como también el monto que cada empresa puede solicitar como deducción o descuento por donaciones o programas de becas realizadas durante el año. En atención a la disposición anterior, el CNBT expidió el Acuerdo 19 de 2018 para estipular los montos máximos a deducir o descontarse por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el año gravable 2019, los cuales mencionamos a continuación: 
El cupo máximo para otorgar beneficios tributarios como deducciones o descuentos por el año gravable 2019 a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que registren donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación es de $1.000.000.000.000. 
El monto máximo anual que puede solicitar cada empresa para efectos de estos beneficios tributarios por el año gravable 2019 es de $90.000.000.000. 
El monto máximo a aplicar por donaciones dirigidas a programas de becas o créditos condonables los cuales beneficien a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, por el año gravable 2019 es de $100.000.000.000. 
Beneficios tributarios por inversiones durante 2020 

Continuando con el tema, dicho acuerdo también establece la apertura de nuevas convocatorias (a más tardar en diciembre de 2019) para que los contribuyentes del impuesto de renta, así como también las empresas altamente innovadoras que hayan sido reconocidas por Colciencias, puedan acceder a descuentos o deducciones por inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación durante el período gravable 2020. 

Además, Colciencias deberá habilitar a más tardar en julio de 2019 una convocatoria bajo la modalidad de ventanilla abierta, para que los centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por la entidad, y las instituciones educativas, soliciten calificación de sus proyectos como científicos, tecnológicos o de innovación y puedan acceder a los beneficios respectivos (exención de IVA) en la importación de elementos y equipos destinados al desarrollo de tales iniciativas. 

Cabe señalar que para 2020 los contribuyentes del impuesto de renta podrán optar por el beneficio tributario contenido en el artículo 57-2 del ET, el cual señala que los recursos que reciban durante el período gravable 2019 destinados al desarrollo de los proyectos mencionados serán considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Dicha convocatoria deberá habilitarse en julio de 2019 y será cerrada el 30 de junio de 2020.


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