“Solo pude sacar mi cepillo de dientes”, dijo Jaramillo al confirmar que su ordenador personal y varios documentos le fueron incautados.
Se revela información clave que reposa en el disco duro del computador del dueño de InterBolsa. Son más de 500 documentos de los cuales la revista publica algunas de las revelaciones más importantes.
La informática es hoy una de las principales aliadas de la investigación criminal. La justicia colombiana ha sabido hacer buen uso de ella en casos emblemáticos. En buena medida, gracias al computador de ‘Jorge 40’ el país conoció los alcances de las alianzas perversas entre políticos y paramilitares. El ordenador personal de ‘Raúl Reyes’, el número 2 de las Farc abatido en suelo ecuatoriano, permitió descifrar secretos y conocer enlaces del mayor grupo guerrillero, si bien puso en vilo las relaciones diplomáticas con países vecinos y en algunos casos desató cacerías de brujas.
La estrategia de sacar de su cripta reservada la información que actores ilegales se empeñan en mantener oculta podría también dar resultados en casos de delitos de cuello blanco. Investigadores judiciales examinan meticulosamente los discos duros de los computadores de directivos de InterBolsa, entre otras cosas con el propósito de saber a dónde ha ido a parar buena parte del dinero que servirá para resarcir a las víctimas de operaciones fallidas como los bonos de Luxemburgo y el Fondo Premium.
Dinero conoció numerosos archivos que integraban el ‘cofre de los secretos’ de Rodrigo Jaramillo. Son, por ahora, más de 500 documentos de los cuales la revista rescató algunas de las revelaciones más importantes, cuyo real alcance será evaluado por las autoridades competentes. Este es un inventario de ellas.
Pearl: ¿Celo extremo?
En abril de 2011, el exministro Frank Pearl contrató los servicios de la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia (B&U) para que lo asesorara en el establecimiento de una relación formal con InterBolsa, ya fuera como accionista, inversionista o empleado de la firma. El día 5 de ese mes, el abogado Sergio Michelsen, integrante del bufete, enteró del asunto a Rodrigo Jaramillo mediante una carta con la referencia “renuncia a un potencial conflicto de intereses”.
La carta fue escrita para buscar el consentimiento de Jaramillo, cuya compañía contaba también con los servicios de B&U. “Le rogamos tener en cuenta –se lee en uno de los apartes de la carta– que el hecho de representar simultáneamente a Frank Pearl y a InterBolsa podría ocasionalmente conducir a que debamos asesorarlos a ambos en asuntos sustancialmente similares (…), por ejemplo, en el contexto de litigios o algunas actividades comerciales como Joint-Ventures o transacciones como fusiones y adquisiciones”.
Michelsen sugería una fórmula para evitar la colisión de intereses: él se encargaría del acompañamiento a Pearl y su colega Carlos Fradique continuaría asistiendo a InterBolsa, con el compromiso de una absoluta confidencialidad en el manejo de la información que ambos recibieran. Fradique había estado a cargo de la arquitectura jurídica de proyectos tan importantes como la apertura de operaciones de InterBolsa en Estados Unidos, en concurso con la firma de abogados Andrew Stack Enterprises LLC.
Pearl, actual negociador con las Farc en Cuba, ha sido cuestionado por gestiones realizadas en vísperas del hundimiento de la comisionista. El columnista Mauricio Vargas les pidió a él y al Gobierno explicar por qué un servidor público le pedía a un banco que le hiciera a InterBolsa un préstamo que supuestamente la habría salvado del naufragio. Pearl ha dicho que hace más de un año recibió una propuesta para presidir InterBolsa pero que después de asistir a algunas reuniones con sus ejecutivos la declinó y que nunca tuvo una relación estrecha con la compañía. Sin embargo, hasta ahora no ha dicho nada sobre la asesoría jurídica que pagó.
Según expertos consultados, no es usual que un candidato a presidir una compañía contrate abogados para decidir si acepta o no. Por ello la carta tendría dos explicaciones posibles: o la relación entre Pearl e InterBolsa iba más allá de una simple oferta laboral o el actual consejero presidencial tenía ya dudas fundadas sobre la situación de la compañía y prefirió extremar su celo y evaluar los riesgos que correría antes de embarcase como socio en un proyecto destinado al fracaso.
Paraísos Fiscales
En los grandes escándalos sobre el manejo de recursos públicos suelen estar presentes los bancos off shore y los paraísos fiscales. Este caso no parece la excepción. Algunos archivos revelan que Jaramillo y su familia venían manejando importantes recursos a través de entidades financieras en Bahamas. En una de ellas, el EFG Bank & Trust de Nassau, está registrada una fiducia a través de la cual el hoy expresidente de la holding y su esposa, María Cecilia Botero, transferían plata a cuentas de sus hijos Manuela y Tomás en Estados Unidos.
Los archivos desencriptados muestran una traza de operaciones que se inicia 14 de abril de 2009 con el manejo de 8’226.302 acciones de InterBolsa y terminan, al menos hasta donde lo indica la información archivada, a mediados de febrero de 2012. Una de las operaciones más pequeñas fue una transferencia por US$361.134 que tendría como beneficiaria a Manuela Jaramillo, también cliente de la misma entidad.
Desde allí fueron irrigados dineros a otras cuentas en Miami y Maryland. Una de ellas, la número 3914100132, a nombre de Tomás Jaramillo en el Nations Bank.
Desde 1999, la familia ha manejado inversiones a través de papeles como certificados de depósito a través del Nations Bank de Miami, usadas especialmente para transferir recursos de inversión por US$14,5 millones de en Lehman Brothers, girar depósitos o atender obligaciones con el One Mellon Bank Plaza de Pittsburg, Pensylvania; el Merryl Linch o sufragar gastos de Tomás Jaramillo desde la época en que, como estudiante se radicaba en el 3880 de Rodman Street en Washington.
Como los Jaramillo están en trance de colaboración con la justicia y han ofrecido responderles a sus clientes hasta con su patrimonio personal, el Estado podría echar mano de mecanismos de cooperación internacional para disponer al menos de una parte de estos recursos.
Los montos de los recursos contrastan con los algo más de $4.000 millones que Rodrigo Jaramillo reportó como patrimonio líquido en 2010 ante la Dirección de Impuestos, según lo revelan los archivos del computador relacionados con sus finanzas personales.
Pero hay más sobre la injerencia de empresas que se mueven desde esos mismos paraísos. Pocos saben que la controvertida operación de Acercasa, una firma de crédito hipotecario creada en 2012, estuvo asesorada a través de un acuerdo de confidencialidad por Fontek Consulting Ltda., compañía radicada en las Islas Vírgenes. Un documento hallado en la memoria del computador y fechado el 12 de agosto de 2012 revela que la asesoría le exigía a la holding el desembolso mensual de US$40.000 como tasa de retención; es decir, cerca de US$5 millones al año. Esta cifra equivale a 70% de los pasivos exigibles que dejó Acercasa.
Mancha de lavado
Después de la caída de su firma, Jaramillo ha estado dispuesto a aceptar responsabilidades por administración desleal de recursos de los inversionistas y otras conductas ilegales, pero no ha permitido siquiera que se insinúe que la empresa pudo haber sido utilizada para lavar dineros de la corrupción o de la mafia. Para él, si alguna vez algún corredor o broker se prestó para algo ilegal, lo hizo de manera aislada y a título personal.
El disco duro de su ordenador personal revela, no obstante, que el fantasma del blanqueo lo ha mortificado desde 2003, cuando la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía embargó bienes de InterBolsa por presunción de que no tendrían un origen lícito. Así consta en el expediente radicado con la referencia 1078 L.A.
Entre los bienes y valores incautados se encontraban cerca de $7.000 millones, y sus intereses superiores a los $1.000 millones, captados dentro de un proceso de emisión. El dinero fue puesto a disposición de la Fiscalía por parte de la Fiduciaria Colmena tras un reporte de “operación sospechosa”.
El 7 de febrero de ese año el entonces presidente de InterBolsa dio poder a los abogados Jorge Lara Urbaneja y Freddy Humberto Rojas Matamoros para “ejecutar todas las gestiones que consideren necesarias para liberar todos los bienes de propiedad de la sociedad InterBolsa S.A. que se encuentren incautados”.
La firma se defendió ante la Fiscalía Tercera de la Unidad de Lavado con el argumento de que no tenía la tradición del título incautado ni conocía la cadena de endosos, ya que fue desmaterializado en el Deceval. También tuvo que adjuntar sus estados financieros para demostrar el origen de los recursos destinados a la compra de los títulos.
Agente de Clinton
Como quiera que sea, la firma más grande de valores del país consiguió hasta poco tiempo antes de su crisis proyectar una imagen favorable y una reputación que parecía blindada. Jaramillo tenía en su computador una carpeta especial que da fe de su buena relación personal con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y con directivos de la fundación que este preside. En ella archivaba en orden cronológico invitaciones personales a eventos de la fundación en Nueva York y fotografías de ellas.
La relación parecía tan cercana que en marzo de 2010 la Fundación Clinton aceptó firmar con InterBolsa un contrato de entendimiento para que la firma le proveyera información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo . Había una cláusula que señalaba condiciones especiales para garantizar la fidelidad de la información. Como agente en Colombia de la organización Clinton para esos efectos, Jaramillo cobraría tarifas simbólicas: US$1 por cada nombre o dato aportado y US$5 cuando se tratara de profundizar en información y antecedentes de personas o compañías que pudieran estar al servicio de actores ilegales.
Así, InterBolsa quedó inscrita en la lista de operadores de inteligencia financiera de la Fundación del hombre que le dio su nombre a la lista negra que supone la muerte comercial para quienes figuren en ella.
Salvamento personal
Desde comienzos de 2012, cuando los principales socios de la compañía veían que su fin era inminente, iniciaron una serie de operaciones en Colombia y el exterior para resguardar sus patrimonios personales. Una de esas primeras operaciones, que resultó fallida, fue un acuerdo de venta en bloque de acciones.
El documento fue proyectado por el propio presidente de la compañía. En él proponía las condiciones para las ofertas y para la realización de ofertas públicas. Al final, solo tres bloques de accionistas se mostraron dispuestos a vender. El “Bloque A” lo conformaba la familia Jaramillo, el “Bloque B” la familia del empresario Víctor Maldonado y el “C” la compañía ING. A los minoritarios no los convenció en absoluto la idea.
Por aquella misma época Rodrigo y su hijo Tomás se fueron a Panamá y desde allí, en condición de socios de Centrans Company buscaron vincularse a un proyecto para la construcción, implementación y operación en Guatemala de la central privada de pasajeros del Nororiente. Los archivos donde se registraría la suerte de la iniciativa quedaron inconclusos.
Al propio tiempo InterBolsa y la panameña The Colonial Business, S. de R.I acordaron hacer inversiones conjuntas en Intergenery Partners LP, un fondo de capital privado en Islas Caimán. Esa sería su plataforma para operar en negocios energéticos en toda América Latina.
En otra parte del disco duro quedó un borrador preparado el 31 de enero de 2012 sobre un memorando de entendimiento entre Jaramillo y el empresario belga Luc Gerard Mputu Nyate, dueño del fondo Tribeca, para que InterBolsa administrara la inversión de capital privado correspondiente al Fondo Terminal de Carga del Aeropuerto Eldorado, el Fondo Home Care y el Fondo Natural Resources.
Previamente, en noviembre de 2011 se había perfilado un acuerdo con Mark Rosen, Managing Director de Merrill Lynch, sobre una asesoría para la eventual venta del Grupo InterBolsa S.A.. La compañía había informado a Merrill Lynch que los accionistas habían tomado la decisión de vender su participación en los negocios financieros del Grupo, en varias sociedades comisionistas de bolsa en Colombia y el exterior, la SAI y una corredora de seguros. El documento incluía cifras atractivas: una capitalización bursátil de $543.000 millones y un mercado de 36.000 clientes.
Simultáneamente, los Jaramillo, socios en Angonoy S.A., decidieron vender valiosos lotes del sector de El Poblado, en Medellín, a la firma Londoño Gómez SAS para el desarrollo urbanístico de un plan parcial. El volumen de sus recursos personales es un enigma.
La informática es hoy una de las principales aliadas de la investigación criminal. La justicia colombiana ha sabido hacer buen uso de ella en casos emblemáticos. En buena medida, gracias al computador de ‘Jorge 40’ el país conoció los alcances de las alianzas perversas entre políticos y paramilitares. El ordenador personal de ‘Raúl Reyes’, el número 2 de las Farc abatido en suelo ecuatoriano, permitió descifrar secretos y conocer enlaces del mayor grupo guerrillero, si bien puso en vilo las relaciones diplomáticas con países vecinos y en algunos casos desató cacerías de brujas.
La estrategia de sacar de su cripta reservada la información que actores ilegales se empeñan en mantener oculta podría también dar resultados en casos de delitos de cuello blanco. Investigadores judiciales examinan meticulosamente los discos duros de los computadores de directivos de InterBolsa, entre otras cosas con el propósito de saber a dónde ha ido a parar buena parte del dinero que servirá para resarcir a las víctimas de operaciones fallidas como los bonos de Luxemburgo y el Fondo Premium.
Dinero conoció numerosos archivos que integraban el ‘cofre de los secretos’ de Rodrigo Jaramillo. Son, por ahora, más de 500 documentos de los cuales la revista rescató algunas de las revelaciones más importantes, cuyo real alcance será evaluado por las autoridades competentes. Este es un inventario de ellas.
Pearl: ¿Celo extremo?
En abril de 2011, el exministro Frank Pearl contrató los servicios de la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia (B&U) para que lo asesorara en el establecimiento de una relación formal con InterBolsa, ya fuera como accionista, inversionista o empleado de la firma. El día 5 de ese mes, el abogado Sergio Michelsen, integrante del bufete, enteró del asunto a Rodrigo Jaramillo mediante una carta con la referencia “renuncia a un potencial conflicto de intereses”.
La carta fue escrita para buscar el consentimiento de Jaramillo, cuya compañía contaba también con los servicios de B&U. “Le rogamos tener en cuenta –se lee en uno de los apartes de la carta– que el hecho de representar simultáneamente a Frank Pearl y a InterBolsa podría ocasionalmente conducir a que debamos asesorarlos a ambos en asuntos sustancialmente similares (…), por ejemplo, en el contexto de litigios o algunas actividades comerciales como Joint-Ventures o transacciones como fusiones y adquisiciones”.
Michelsen sugería una fórmula para evitar la colisión de intereses: él se encargaría del acompañamiento a Pearl y su colega Carlos Fradique continuaría asistiendo a InterBolsa, con el compromiso de una absoluta confidencialidad en el manejo de la información que ambos recibieran. Fradique había estado a cargo de la arquitectura jurídica de proyectos tan importantes como la apertura de operaciones de InterBolsa en Estados Unidos, en concurso con la firma de abogados Andrew Stack Enterprises LLC.
Pearl, actual negociador con las Farc en Cuba, ha sido cuestionado por gestiones realizadas en vísperas del hundimiento de la comisionista. El columnista Mauricio Vargas les pidió a él y al Gobierno explicar por qué un servidor público le pedía a un banco que le hiciera a InterBolsa un préstamo que supuestamente la habría salvado del naufragio. Pearl ha dicho que hace más de un año recibió una propuesta para presidir InterBolsa pero que después de asistir a algunas reuniones con sus ejecutivos la declinó y que nunca tuvo una relación estrecha con la compañía. Sin embargo, hasta ahora no ha dicho nada sobre la asesoría jurídica que pagó.
Según expertos consultados, no es usual que un candidato a presidir una compañía contrate abogados para decidir si acepta o no. Por ello la carta tendría dos explicaciones posibles: o la relación entre Pearl e InterBolsa iba más allá de una simple oferta laboral o el actual consejero presidencial tenía ya dudas fundadas sobre la situación de la compañía y prefirió extremar su celo y evaluar los riesgos que correría antes de embarcase como socio en un proyecto destinado al fracaso.
Paraísos Fiscales
En los grandes escándalos sobre el manejo de recursos públicos suelen estar presentes los bancos off shore y los paraísos fiscales. Este caso no parece la excepción. Algunos archivos revelan que Jaramillo y su familia venían manejando importantes recursos a través de entidades financieras en Bahamas. En una de ellas, el EFG Bank & Trust de Nassau, está registrada una fiducia a través de la cual el hoy expresidente de la holding y su esposa, María Cecilia Botero, transferían plata a cuentas de sus hijos Manuela y Tomás en Estados Unidos.
Los archivos desencriptados muestran una traza de operaciones que se inicia 14 de abril de 2009 con el manejo de 8’226.302 acciones de InterBolsa y terminan, al menos hasta donde lo indica la información archivada, a mediados de febrero de 2012. Una de las operaciones más pequeñas fue una transferencia por US$361.134 que tendría como beneficiaria a Manuela Jaramillo, también cliente de la misma entidad.
Desde allí fueron irrigados dineros a otras cuentas en Miami y Maryland. Una de ellas, la número 3914100132, a nombre de Tomás Jaramillo en el Nations Bank.
Desde 1999, la familia ha manejado inversiones a través de papeles como certificados de depósito a través del Nations Bank de Miami, usadas especialmente para transferir recursos de inversión por US$14,5 millones de en Lehman Brothers, girar depósitos o atender obligaciones con el One Mellon Bank Plaza de Pittsburg, Pensylvania; el Merryl Linch o sufragar gastos de Tomás Jaramillo desde la época en que, como estudiante se radicaba en el 3880 de Rodman Street en Washington.
Como los Jaramillo están en trance de colaboración con la justicia y han ofrecido responderles a sus clientes hasta con su patrimonio personal, el Estado podría echar mano de mecanismos de cooperación internacional para disponer al menos de una parte de estos recursos.
Los montos de los recursos contrastan con los algo más de $4.000 millones que Rodrigo Jaramillo reportó como patrimonio líquido en 2010 ante la Dirección de Impuestos, según lo revelan los archivos del computador relacionados con sus finanzas personales.
Pero hay más sobre la injerencia de empresas que se mueven desde esos mismos paraísos. Pocos saben que la controvertida operación de Acercasa, una firma de crédito hipotecario creada en 2012, estuvo asesorada a través de un acuerdo de confidencialidad por Fontek Consulting Ltda., compañía radicada en las Islas Vírgenes. Un documento hallado en la memoria del computador y fechado el 12 de agosto de 2012 revela que la asesoría le exigía a la holding el desembolso mensual de US$40.000 como tasa de retención; es decir, cerca de US$5 millones al año. Esta cifra equivale a 70% de los pasivos exigibles que dejó Acercasa.
Mancha de lavado
Después de la caída de su firma, Jaramillo ha estado dispuesto a aceptar responsabilidades por administración desleal de recursos de los inversionistas y otras conductas ilegales, pero no ha permitido siquiera que se insinúe que la empresa pudo haber sido utilizada para lavar dineros de la corrupción o de la mafia. Para él, si alguna vez algún corredor o broker se prestó para algo ilegal, lo hizo de manera aislada y a título personal.
El disco duro de su ordenador personal revela, no obstante, que el fantasma del blanqueo lo ha mortificado desde 2003, cuando la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía embargó bienes de InterBolsa por presunción de que no tendrían un origen lícito. Así consta en el expediente radicado con la referencia 1078 L.A.
Entre los bienes y valores incautados se encontraban cerca de $7.000 millones, y sus intereses superiores a los $1.000 millones, captados dentro de un proceso de emisión. El dinero fue puesto a disposición de la Fiscalía por parte de la Fiduciaria Colmena tras un reporte de “operación sospechosa”.
El 7 de febrero de ese año el entonces presidente de InterBolsa dio poder a los abogados Jorge Lara Urbaneja y Freddy Humberto Rojas Matamoros para “ejecutar todas las gestiones que consideren necesarias para liberar todos los bienes de propiedad de la sociedad InterBolsa S.A. que se encuentren incautados”.
La firma se defendió ante la Fiscalía Tercera de la Unidad de Lavado con el argumento de que no tenía la tradición del título incautado ni conocía la cadena de endosos, ya que fue desmaterializado en el Deceval. También tuvo que adjuntar sus estados financieros para demostrar el origen de los recursos destinados a la compra de los títulos.
Agente de Clinton
Como quiera que sea, la firma más grande de valores del país consiguió hasta poco tiempo antes de su crisis proyectar una imagen favorable y una reputación que parecía blindada. Jaramillo tenía en su computador una carpeta especial que da fe de su buena relación personal con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y con directivos de la fundación que este preside. En ella archivaba en orden cronológico invitaciones personales a eventos de la fundación en Nueva York y fotografías de ellas.
La relación parecía tan cercana que en marzo de 2010 la Fundación Clinton aceptó firmar con InterBolsa un contrato de entendimiento para que la firma le proveyera información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo . Había una cláusula que señalaba condiciones especiales para garantizar la fidelidad de la información. Como agente en Colombia de la organización Clinton para esos efectos, Jaramillo cobraría tarifas simbólicas: US$1 por cada nombre o dato aportado y US$5 cuando se tratara de profundizar en información y antecedentes de personas o compañías que pudieran estar al servicio de actores ilegales.
Así, InterBolsa quedó inscrita en la lista de operadores de inteligencia financiera de la Fundación del hombre que le dio su nombre a la lista negra que supone la muerte comercial para quienes figuren en ella.
Salvamento personal
Desde comienzos de 2012, cuando los principales socios de la compañía veían que su fin era inminente, iniciaron una serie de operaciones en Colombia y el exterior para resguardar sus patrimonios personales. Una de esas primeras operaciones, que resultó fallida, fue un acuerdo de venta en bloque de acciones.
El documento fue proyectado por el propio presidente de la compañía. En él proponía las condiciones para las ofertas y para la realización de ofertas públicas. Al final, solo tres bloques de accionistas se mostraron dispuestos a vender. El “Bloque A” lo conformaba la familia Jaramillo, el “Bloque B” la familia del empresario Víctor Maldonado y el “C” la compañía ING. A los minoritarios no los convenció en absoluto la idea.
Por aquella misma época Rodrigo y su hijo Tomás se fueron a Panamá y desde allí, en condición de socios de Centrans Company buscaron vincularse a un proyecto para la construcción, implementación y operación en Guatemala de la central privada de pasajeros del Nororiente. Los archivos donde se registraría la suerte de la iniciativa quedaron inconclusos.
Al propio tiempo InterBolsa y la panameña The Colonial Business, S. de R.I acordaron hacer inversiones conjuntas en Intergenery Partners LP, un fondo de capital privado en Islas Caimán. Esa sería su plataforma para operar en negocios energéticos en toda América Latina.
En otra parte del disco duro quedó un borrador preparado el 31 de enero de 2012 sobre un memorando de entendimiento entre Jaramillo y el empresario belga Luc Gerard Mputu Nyate, dueño del fondo Tribeca, para que InterBolsa administrara la inversión de capital privado correspondiente al Fondo Terminal de Carga del Aeropuerto Eldorado, el Fondo Home Care y el Fondo Natural Resources.
Previamente, en noviembre de 2011 se había perfilado un acuerdo con Mark Rosen, Managing Director de Merrill Lynch, sobre una asesoría para la eventual venta del Grupo InterBolsa S.A.. La compañía había informado a Merrill Lynch que los accionistas habían tomado la decisión de vender su participación en los negocios financieros del Grupo, en varias sociedades comisionistas de bolsa en Colombia y el exterior, la SAI y una corredora de seguros. El documento incluía cifras atractivas: una capitalización bursátil de $543.000 millones y un mercado de 36.000 clientes.
Simultáneamente, los Jaramillo, socios en Angonoy S.A., decidieron vender valiosos lotes del sector de El Poblado, en Medellín, a la firma Londoño Gómez SAS para el desarrollo urbanístico de un plan parcial. El volumen de sus recursos personales es un enigma.
La estrategia de sacar de su cripta reservada la información que actores ilegales se empeñan en mantener oculta podría también dar resultados en casos de delitos de cuello blanco. Investigadores judiciales examinan meticulosamente los discos duros de los computadores de directivos de InterBolsa, entre otras cosas con el propósito de saber a dónde ha ido a parar buena parte del dinero que servirá para resarcir a las víctimas de operaciones fallidas como los bonos de Luxemburgo y el Fondo Premium.
Dinero conoció numerosos archivos que integraban el ‘cofre de los secretos’ de Rodrigo Jaramillo. Son, por ahora, más de 500 documentos de los cuales la revista rescató algunas de las revelaciones más importantes, cuyo real alcance será evaluado por las autoridades competentes. Este es un inventario de ellas.
Pearl: ¿Celo extremo?
En abril de 2011, el exministro Frank Pearl contrató los servicios de la prestigiosa firma de abogados Brigard & Urrutia (B&U) para que lo asesorara en el establecimiento de una relación formal con InterBolsa, ya fuera como accionista, inversionista o empleado de la firma. El día 5 de ese mes, el abogado Sergio Michelsen, integrante del bufete, enteró del asunto a Rodrigo Jaramillo mediante una carta con la referencia “renuncia a un potencial conflicto de intereses”.
La carta fue escrita para buscar el consentimiento de Jaramillo, cuya compañía contaba también con los servicios de B&U. “Le rogamos tener en cuenta –se lee en uno de los apartes de la carta– que el hecho de representar simultáneamente a Frank Pearl y a InterBolsa podría ocasionalmente conducir a que debamos asesorarlos a ambos en asuntos sustancialmente similares (…), por ejemplo, en el contexto de litigios o algunas actividades comerciales como Joint-Ventures o transacciones como fusiones y adquisiciones”.
Michelsen sugería una fórmula para evitar la colisión de intereses: él se encargaría del acompañamiento a Pearl y su colega Carlos Fradique continuaría asistiendo a InterBolsa, con el compromiso de una absoluta confidencialidad en el manejo de la información que ambos recibieran. Fradique había estado a cargo de la arquitectura jurídica de proyectos tan importantes como la apertura de operaciones de InterBolsa en Estados Unidos, en concurso con la firma de abogados Andrew Stack Enterprises LLC.
Pearl, actual negociador con las Farc en Cuba, ha sido cuestionado por gestiones realizadas en vísperas del hundimiento de la comisionista. El columnista Mauricio Vargas les pidió a él y al Gobierno explicar por qué un servidor público le pedía a un banco que le hiciera a InterBolsa un préstamo que supuestamente la habría salvado del naufragio. Pearl ha dicho que hace más de un año recibió una propuesta para presidir InterBolsa pero que después de asistir a algunas reuniones con sus ejecutivos la declinó y que nunca tuvo una relación estrecha con la compañía. Sin embargo, hasta ahora no ha dicho nada sobre la asesoría jurídica que pagó.
Según expertos consultados, no es usual que un candidato a presidir una compañía contrate abogados para decidir si acepta o no. Por ello la carta tendría dos explicaciones posibles: o la relación entre Pearl e InterBolsa iba más allá de una simple oferta laboral o el actual consejero presidencial tenía ya dudas fundadas sobre la situación de la compañía y prefirió extremar su celo y evaluar los riesgos que correría antes de embarcase como socio en un proyecto destinado al fracaso.
Paraísos Fiscales
En los grandes escándalos sobre el manejo de recursos públicos suelen estar presentes los bancos off shore y los paraísos fiscales. Este caso no parece la excepción. Algunos archivos revelan que Jaramillo y su familia venían manejando importantes recursos a través de entidades financieras en Bahamas. En una de ellas, el EFG Bank & Trust de Nassau, está registrada una fiducia a través de la cual el hoy expresidente de la holding y su esposa, María Cecilia Botero, transferían plata a cuentas de sus hijos Manuela y Tomás en Estados Unidos.
Los archivos desencriptados muestran una traza de operaciones que se inicia 14 de abril de 2009 con el manejo de 8’226.302 acciones de InterBolsa y terminan, al menos hasta donde lo indica la información archivada, a mediados de febrero de 2012. Una de las operaciones más pequeñas fue una transferencia por US$361.134 que tendría como beneficiaria a Manuela Jaramillo, también cliente de la misma entidad.
Desde allí fueron irrigados dineros a otras cuentas en Miami y Maryland. Una de ellas, la número 3914100132, a nombre de Tomás Jaramillo en el Nations Bank.
Desde 1999, la familia ha manejado inversiones a través de papeles como certificados de depósito a través del Nations Bank de Miami, usadas especialmente para transferir recursos de inversión por US$14,5 millones de en Lehman Brothers, girar depósitos o atender obligaciones con el One Mellon Bank Plaza de Pittsburg, Pensylvania; el Merryl Linch o sufragar gastos de Tomás Jaramillo desde la época en que, como estudiante se radicaba en el 3880 de Rodman Street en Washington.
Como los Jaramillo están en trance de colaboración con la justicia y han ofrecido responderles a sus clientes hasta con su patrimonio personal, el Estado podría echar mano de mecanismos de cooperación internacional para disponer al menos de una parte de estos recursos.
Los montos de los recursos contrastan con los algo más de $4.000 millones que Rodrigo Jaramillo reportó como patrimonio líquido en 2010 ante la Dirección de Impuestos, según lo revelan los archivos del computador relacionados con sus finanzas personales.
Pero hay más sobre la injerencia de empresas que se mueven desde esos mismos paraísos. Pocos saben que la controvertida operación de Acercasa, una firma de crédito hipotecario creada en 2012, estuvo asesorada a través de un acuerdo de confidencialidad por Fontek Consulting Ltda., compañía radicada en las Islas Vírgenes. Un documento hallado en la memoria del computador y fechado el 12 de agosto de 2012 revela que la asesoría le exigía a la holding el desembolso mensual de US$40.000 como tasa de retención; es decir, cerca de US$5 millones al año. Esta cifra equivale a 70% de los pasivos exigibles que dejó Acercasa.
Mancha de lavado
Después de la caída de su firma, Jaramillo ha estado dispuesto a aceptar responsabilidades por administración desleal de recursos de los inversionistas y otras conductas ilegales, pero no ha permitido siquiera que se insinúe que la empresa pudo haber sido utilizada para lavar dineros de la corrupción o de la mafia. Para él, si alguna vez algún corredor o broker se prestó para algo ilegal, lo hizo de manera aislada y a título personal.
El disco duro de su ordenador personal revela, no obstante, que el fantasma del blanqueo lo ha mortificado desde 2003, cuando la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía embargó bienes de InterBolsa por presunción de que no tendrían un origen lícito. Así consta en el expediente radicado con la referencia 1078 L.A.
Entre los bienes y valores incautados se encontraban cerca de $7.000 millones, y sus intereses superiores a los $1.000 millones, captados dentro de un proceso de emisión. El dinero fue puesto a disposición de la Fiscalía por parte de la Fiduciaria Colmena tras un reporte de “operación sospechosa”.
El 7 de febrero de ese año el entonces presidente de InterBolsa dio poder a los abogados Jorge Lara Urbaneja y Freddy Humberto Rojas Matamoros para “ejecutar todas las gestiones que consideren necesarias para liberar todos los bienes de propiedad de la sociedad InterBolsa S.A. que se encuentren incautados”.
La firma se defendió ante la Fiscalía Tercera de la Unidad de Lavado con el argumento de que no tenía la tradición del título incautado ni conocía la cadena de endosos, ya que fue desmaterializado en el Deceval. También tuvo que adjuntar sus estados financieros para demostrar el origen de los recursos destinados a la compra de los títulos.
Agente de Clinton
Como quiera que sea, la firma más grande de valores del país consiguió hasta poco tiempo antes de su crisis proyectar una imagen favorable y una reputación que parecía blindada. Jaramillo tenía en su computador una carpeta especial que da fe de su buena relación personal con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y con directivos de la fundación que este preside. En ella archivaba en orden cronológico invitaciones personales a eventos de la fundación en Nueva York y fotografías de ellas.
La relación parecía tan cercana que en marzo de 2010 la Fundación Clinton aceptó firmar con InterBolsa un contrato de entendimiento para que la firma le proveyera información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo . Había una cláusula que señalaba condiciones especiales para garantizar la fidelidad de la información. Como agente en Colombia de la organización Clinton para esos efectos, Jaramillo cobraría tarifas simbólicas: US$1 por cada nombre o dato aportado y US$5 cuando se tratara de profundizar en información y antecedentes de personas o compañías que pudieran estar al servicio de actores ilegales.
Así, InterBolsa quedó inscrita en la lista de operadores de inteligencia financiera de la Fundación del hombre que le dio su nombre a la lista negra que supone la muerte comercial para quienes figuren en ella.
Salvamento personal
Desde comienzos de 2012, cuando los principales socios de la compañía veían que su fin era inminente, iniciaron una serie de operaciones en Colombia y el exterior para resguardar sus patrimonios personales. Una de esas primeras operaciones, que resultó fallida, fue un acuerdo de venta en bloque de acciones.
El documento fue proyectado por el propio presidente de la compañía. En él proponía las condiciones para las ofertas y para la realización de ofertas públicas. Al final, solo tres bloques de accionistas se mostraron dispuestos a vender. El “Bloque A” lo conformaba la familia Jaramillo, el “Bloque B” la familia del empresario Víctor Maldonado y el “C” la compañía ING. A los minoritarios no los convenció en absoluto la idea.
Por aquella misma época Rodrigo y su hijo Tomás se fueron a Panamá y desde allí, en condición de socios de Centrans Company buscaron vincularse a un proyecto para la construcción, implementación y operación en Guatemala de la central privada de pasajeros del Nororiente. Los archivos donde se registraría la suerte de la iniciativa quedaron inconclusos.
Al propio tiempo InterBolsa y la panameña The Colonial Business, S. de R.I acordaron hacer inversiones conjuntas en Intergenery Partners LP, un fondo de capital privado en Islas Caimán. Esa sería su plataforma para operar en negocios energéticos en toda América Latina.
En otra parte del disco duro quedó un borrador preparado el 31 de enero de 2012 sobre un memorando de entendimiento entre Jaramillo y el empresario belga Luc Gerard Mputu Nyate, dueño del fondo Tribeca, para que InterBolsa administrara la inversión de capital privado correspondiente al Fondo Terminal de Carga del Aeropuerto Eldorado, el Fondo Home Care y el Fondo Natural Resources.
Previamente, en noviembre de 2011 se había perfilado un acuerdo con Mark Rosen, Managing Director de Merrill Lynch, sobre una asesoría para la eventual venta del Grupo InterBolsa S.A.. La compañía había informado a Merrill Lynch que los accionistas habían tomado la decisión de vender su participación en los negocios financieros del Grupo, en varias sociedades comisionistas de bolsa en Colombia y el exterior, la SAI y una corredora de seguros. El documento incluía cifras atractivas: una capitalización bursátil de $543.000 millones y un mercado de 36.000 clientes.
Simultáneamente, los Jaramillo, socios en Angonoy S.A., decidieron vender valiosos lotes del sector de El Poblado, en Medellín, a la firma Londoño Gómez SAS para el desarrollo urbanístico de un plan parcial. El volumen de sus recursos personales es un enigma.
