En Colombia, los trabajadores independientes se enfrentan a un dilema constante: la seguridad social. Para quienes facturan mes a mes como contratistas, prestadores de servicios o emprendedores, el cálculo de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales no solo es un deber legal, sino un dolor de cabeza permanente. Muchos recuerdan que en 2023 se habló de cambios en las tarifas, de posibles alivios que nunca llegaron y de nuevas reglas que parecían confundir más que aclarar. Hoy, en 2025, el interrogante sigue vivo: ¿aumentaron o disminuyeron realmente los aportes de seguridad social para los independientes? La respuesta no es simple, porque detrás de ella se encuentran reformas, resoluciones, decretos y decisiones de la UGPP que impactan directamente tu bolsillo. Si eres independiente, te interesa entender cómo estas variaciones afectan tus ingresos, tus beneficios y tu tranquilidad financiera. 👉 LEE NUESTRO BLOG, te abrirá los ojos
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En 2023, el tema de la seguridad social de los trabajadores independientes fue noticia nacional. El Ministerio de Salud, la UGPP y el Ministerio de Trabajo anunciaron ajustes en la forma de calcular la base de cotización, recordando que esta debía ser el 40 % del ingreso mensual neto, siempre y cuando no fuera inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente – SMLMV. En ese año, el salario mínimo se fijó en $1.160.000, y la base mínima de cotización en $464.000.
Sin embargo, lo que muchos independientes no entendieron fue que el incremento anual del SMLMV (que cada enero establece el Gobierno) automáticamente eleva los aportes. Es decir, aunque no exista una “reforma” directa, cada aumento al mínimo significa que los independientes deben pagar más. En 2024 el SMLMV subió a $1.300.000, y en 2025 a $1.350.000, lo que implica que la base mínima de cotización también creció.
El dolor real del independiente
En mis más de 30 años como contadora pública, he visto cientos de casos donde diseñadores gráficos, ingenieros de software, consultores de mercadeo, abogados y médicos que trabajan por prestación de servicios sienten que sus aportes crecen más rápido que sus ingresos. María Fernanda, diseñadora freelance en Bogotá, me decía en 2023:
“Diana, cada año me suben el aporte a pensión y salud, pero mis clientes no siempre ajustan mis honorarios. Siento que trabajo más, gano menos y cotizo más.”
Este testimonio resume lo que viven miles de trabajadores: la sensación de que los aportes aumentan aunque sus ingresos se mantengan iguales.
Normativa clave actualizada (2024–2025)
Hoy, en 2025, debemos aclarar lo siguiente:
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La Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria) no modificó las reglas de cotización para independientes, pero fortaleció la fiscalización.
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La UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) ha intensificado sus campañas de fiscalización entre 2023 y 2025, enviando requerimientos a independientes que no cumplen o que declaran ingresos inferiores a los reales.
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El Decreto 261 de 2023 y circulares posteriores de la UGPP reafirmaron que los independientes deben calcular su aporte sobre el 40 % del ingreso neto, salvo que existan pruebas de que los costos son mayores.
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En 2024 y 2025 no hubo reducción de tarifas. Los porcentajes siguen siendo:
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Salud: 12,5 %
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Pensión: 16 %
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Riesgos laborales: depende de la clase de riesgo (0,522 % en el nivel más bajo).
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En la práctica, esto significa que cada año, con el ajuste del salario mínimo, los aportes han aumentado. No ha habido disminución, sino lo contrario.
Comparativo internacional
Mientras en Colombia los independientes sienten esta carga, vale la pena mirar cómo funcionan otros países:
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México: en 2023 se reformó el esquema de seguridad social para que los trabajadores independientes puedan cotizar con apoyos estatales. Hoy, un mexicano paga menos del 10 % de su ingreso gracias a subsidios progresivos.
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Chile: la cotización de independientes se hace automáticamente sobre las boletas de honorarios. El trabajador no decide si paga o no; el sistema retiene y gira a salud y pensión.
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España: en 2023 se creó el sistema de cotización por tramos para los autónomos. Quien gana menos de 1.300 euros cotiza alrededor de 230 euros, mientras que quienes superan 6.000 euros pagan hasta 1.200.
Estos ejemplos muestran que Colombia sigue en deuda con los independientes, pues no ofrece esquemas progresivos que alivien a quienes ganan menos.
Pensemos en Juan Camilo, ingeniero de sistemas en Medellín que factura como independiente a tres clientes. En 2023 pagaba alrededor de $500.000 en seguridad social. En 2025 ya debe pagar $580.000, sin que sus honorarios hayan cambiado. La consecuencia: debe aceptar más proyectos, sacrificar descanso y correr el riesgo de caer en morosidad.
En contraste, Laura, médica general en Cali, entendió que debía ajustar sus tarifas y cobrar un 10 % adicional cada año, explicando a sus pacientes y clínicas que el aumento estaba directamente ligado a los costos de seguridad social. Su disciplina le permitió mantenerse al día y evitar sanciones de la UGPP.
Ambos casos ilustran una realidad: la clave no es discutir si sube o baja, sino aprender a anticiparse y ajustar los ingresos en función de la normativa.
Consecuencias de no pagar
La UGPP ha recordado que no aportar correctamente trae sanciones que van desde intereses moratorios hasta multas superiores al 200 % de lo dejado de pagar. He acompañado casos donde freelancers que creyeron que “nadie los vería” terminaron con requerimientos de más de 50 millones de pesos.
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Diagnóstico preventivo: simulamos la base de cotización con herramientas digitales y cruzamos la información con lo reportado en exógena.
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Implementación práctica: acompañamos a independientes en la liquidación mensual y en la planeación de ingresos para que no pierdan beneficios tributarios.
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Asesoría estratégica: ajustamos los honorarios de acuerdo con la normativa, evitando que el aumento anual del salario mínimo los tome por sorpresa.
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“La contabilidad no es solo números, es la base para decisiones sólidas y sostenibles.” Esa frase que repetimos en cada charla cobra vida cuando un independiente logra entender que pagar seguridad social no es un gasto, sino una inversión en salud, pensión y estabilidad jurídica.
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