Los procesos de reorganización empresarial son alternativas de salvamento para las empresas que atraviesan dificultades financieras y su objetivo es brindar soluciones para responder a las acreencias. A raíz del COVID-19 se decretaron medidas temporales para acceder a ellos.
La figura del proceso de reorganización fue establecida a través de la Ley 1116 de 2006, la cual permite normalizar las relaciones comerciales y crediticias de las organizaciones mediante su restructuración operacional, administrativa, de activos o de pasivos.
Estos procesos deben entenderse como una alternativa de salvamento para las empresas que atraviesan problemas financieros que impiden el cubrimiento de sus deudas. Con dicho salvamento se pretende responder a los intereses tanto del deudor como de los acreedores.
Con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto Legislativo 560 de 2020, que adopta medidas transitorias para agilizar los procesos de insolvencia y mitigar los efectos de la pandemia, a la vez que busca la recuperación y preservación de las empresas.
Algunas de estas medidas incluyen:
Reducir la duración de los procesos de organización.
Flexibilizar las limitaciones de los procesos de reorganización.
Reducir las etapas de los procesos extrajudiciales.
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