A medida que avanza el Gobierno del presidente Duque se acerca el momento en el que hará el primer pulso para tramitar la reforma tributaria que aspiran desde Hacienda.
La manera como el presidente Duque y su Ministro de Hacienda busquen cerrar el déficit fiscal de $25 billones determinarán la forma en que la economía evolucionará, y la manera como el Congreso responderá a esas peticiones.
Ya hemos visto que la confianza del consumidor ha vuelto a deteriorarse, aunque se mantiene en terreno positivo. Ese deterioro se ha dado como respuesta de los consumidores a la incertidumbre que plantea sobre su ingreso los anuncios del ministro de Hacienda de extender el IVA del 19% a todos los productos de la canasta familiar, y devolverlo únicamente a los más pobres, lo que implica que la clase media terminará pagando más por su alimentación, de tal forma que su ingreso disponible se reducirá y su disposición a consumir o comprar vivienda también.
El último dato reportado por Fedesarrollo mostró que la confianza del consumidor cayó 5,1%, por debajo del registro de julio, reflejando que los anuncios tributarios del nuevo Gobierno, especialmente de IVA a la canasta familiar, no han caído bien en los hogares y están nublando sus expectativas pese a que ya se aproxima la temporada de compras de final de año que es cuando más se acelera el consumo.
De igual forma el tema pensional ha generado ruido en aquellos que tienen expectativas próximas de pensión porque no saben cómo quedará su ingreso después del momento del retiro y las señales mixtas que envía el Gobierno no permiten conocer, al menos por ahora, en qué consistirá esa reforma.
Con la controversia sobre el Ministro de Hacienda, por su participación en la estructuración de los bonos de agua, el trámite en el Congreso de cualquier iniciativa económica tendrá ese ingrediente como elemento adyacente, especialmente ahora que se avecinan elecciones regionales y vuelve el tono de campaña en las discusiones legislativas.
El Ministro de Hacienda ya presentó al Congreso tres posibles opciones para aumentar los ingresos de la Nación y contener el déficit mencionado. La principal, se basa en ampliar la base del IVA (canasta familiar); ampliar la base de personas que tributan; y elevar la tasa de tributación de las personas naturales al 37%; la expectativa es recaudar hasta $15 billones más.
Sin embargo, no está claro cómo funcionará el mecanismo de devolución del IVA y qué periodicidad tendrá, si será bimensual o trimestral, los costos operativos y financieros de mover ese dinero y cómo se organizará para devolver la cantidad exacta de IVA pagado a los hogares más pobres.
De otro modo se convertirá en la creación de un nuevo subsidio focalizado a determinada población, lo que a la larga puede volverse un foco de clientelismo y corrupción. Imaginémonos las mafias de muertos vivientes o pobres inexistentes reclamando devoluciones de IVA.
Llama la atención que pese a la premura de disminuir el déficit, puesto que la regla fiscal exige reducirlo al 2,2% del PIB es decir bajarlo a $17 billones de aquí a 2020, ni el Gobierno, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Dian, han entregado un plan con metas concretas de recaudo, que busque tapar los huecos de elusión y evasión por donde se escapan $23 billones anuales y hacer que activos en el exterior valuados en $60 billones pero no son declarados tributen la tarifas que les corresponden.
Ahí si existen elementos de reforma tributaria que reducen la inequidad porque ponen a pagar a quien debe hacerlo; de estructura porque quiebra la tendencia de evasión y fraude al erario; y es justo con los contribuyentes actuales tanto empresas como ciudadanos. Más recursos deben buscarse en los bolsillos de quienes no pagan, en lugar, del bolsillo de quienes le cumplen al erario.
Del resultado de ese primer pulso del Gobierno con el Congreso para tramitar la reforma tributaria dependerá que la economía nacional siga su camino de recuperación o se estanque, mientras que la clase media ajusta su consumo para poder responder con las mayores cargas tributarias. Pero como el consumo responde por el 65% de la demanda veremos entonces que la actividad económica se afectaría. Y si no se pone coto a la evasión mayores impuestos van a elevarla.
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