La inspiración del quehacer tributario en el país ha sido tapar huecos producto de un desordenado e insostenible gasto público, más que de garantizar la provisión adecuada, efectiva y oportuna de bienes y servicios públicos a toda la población.
A propósito de los “Panamá papers” y del sonado aplazamiento de la “reforma tributaria estructural” por parte del gobierno, el tema de la evasión tributaria vuelve al centro de la atención pública, aunque siempre desde el punto de vista de las autoridades fiscales, lo cual será siempre una aproximación incompleta. Probablemente parte de la respuesta a la evasión no esté en el control sino en la legitimidad del uso de los recursos públicos y de volver a repensar por qué y para qué los impuestos, sobre todo en países como los de América Latina.
Con naciones caracterizadas por el sobreendeudamiento público en todo el mundo, con los recurrentes escándalos de corrupción y de malversación de recursos públicos por parte de funcionarios públicos de todo nivel, con la dificultad para reducir los niveles de inequidad en los países de menor desarrollo, a pesar del continuo aumento de la carga tributaria, es evidente que los esfuerzos hechos en materia tributaria en muchos países son ineficientes. Parece que las autoridades fiscales no han logrado descifrar la famosa frase: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
En el informe final de diciembre de 2015, la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria afirma que para Colombia los estimativos de evasión en el IVA están entre 23% (según el gobierno) y 40% (cálculos del FMI), mientras que en el caso del impuesto de renta, la tasa de evasión promedio de las personas jurídicas se ubica cerca de 39%. Este tipo de indicadores reflejan que no necesariamente la existencia de paraísos fiscales es la fuente de la evasión tributaria. Hay condiciones idiosincráticas del país que originan ésta y otras problemáticas asociadas.
Este mismo informe asegura que varias (por no decir todas) reformas tributarias que se han implementado en Colombia se han enfocado en allegar recursos que son necesarios en el corto plazo para evitar desbordamientos del déficit fiscal. Es decir, la inspiración del quehacer tributario en el país ha sido tapar huecos producto de un desordenado e insostenible gasto público, más que de garantizar la provisión adecuada, efectiva y oportuna de bienes y servicios públicos a toda la población.
Desde esta perspectiva, vale recordar que los impuestos se pueden entender como los recursos que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que las administraciones públicas soporten la provisión de los bienes y servicios públicos. La definición pura de bienes públicos menciona que son un tipo de bienes que no son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser colectivos y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción.
Cuando el Estado funciona efectivamente es capaz de redistirbuir el ingreso nacional, permitiendo el acceso a un mayor bienestar de la población más vulnerable a través del acceso a bienes y servicios indispensables como salud, educación, nutrición mínima, servicios públicos, seguridad y justicia. Al respecto, el coeficiente de Gini antes y después de impuestos es un buen indicador: Si después de la medición inicial (antes de impuestos) el indicador se acerca a cero significa que los impuestos tienen un impacto redistributivo, de lo contrario el sistema es ineficiente y ese es precisamente el caso en la mayoría de países de América Latina.
Según la literatura existente, los principales factores que inciden en la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos son: i) el conocimiento de la población sobre sus obligaciones tributarias; ii) la percepción sobre la justicia del régimen tributario; iii) la percepción sobre el uso de los recursos públicos; iv) la probabilidad de recibir castigos asociados a la evasión fiscal. En Colombia el complejo sistema tributario con amplias exenciones, la creciente corrupción, la alta inequidad, la elevada informalidad y el bajo control a la evasión, dejan mucho que desear en los aspectos mencionados.
El mejor diagnóstico para Colombia es el mencionado en el informe aquí citado de la Comisión de Expertos cuando afirma que “el sistema tributario de nuestro país genera un bajo nivel de recaudo frente al potencial, dado el nivel de desarrollo del país; no contribuye a una mejor distribución del ingreso; es inequitativo horizontalmente pues aplica un tratamiento diferente a personas y empresas similares; es complejo y difícil de administrar, y castiga de manera importante la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad”.
Los estados progresistas van mucho más allá de buscar la satisfacción de las necesidades básicas y sus administraciones públicas entienden y promueven la actividad privada como el motor del desarrollo económico y social. Estos generan y conducen políticas de largo plazo que incentivan la innovación, la cohesión entre oferta educativa y demanda laboral, el desarrollo tecnológico, la provisión de infraestructura, la cultura, el buen aprovechamiento del ocio, etc.
En Colombia todavía estamos en mora de ponernos de acuerdo en lo fundamental: para qué usamos los impuestos, mientras que la institucionalidad tributaria es muy débil, lo cual contrasta con importantes avances fiscales como la creación de la regla fiscal. Por ahora, parece que los gobiernos de turno seguirán apagando incendios, buscando culpables como los paraísos fiscales, generando impuestos ineficientes (GMF o impuesto al patrimonio) y, en general, aplazando la estructuración de una política tributaria como base indispensable de un desarrollo económico sostenible.
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