El retiro de los ministros de las juntas directivas de las empresas estatales, que anunció el presidente Juan Manuel Santos a finales de 2015, es parte de una reforma que busca organizar y centralizar el manejo de los activos del Estado y que costará $23.887 millones.
El Conpes 3851, que marca la hoja de ruta para esta política, trazó que el primer paso es que los ministros salgan de las compañías donde su presencia no esté consignada por la ley. Es el caso del Banco Agrario, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y Colombia Telecomunicaciones. Por su importancia, Ecopetrol será la última en someterse a esta reforma. Camilo Barco, director de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda, habló con LR de esta política que irá más allá del retiro de estos funcionarios.
¿Es una condición para entrar a la Ocde o una sugerencia?
Tiene un poco de los dos. Ha habido un pronunciamiento de Ocde. El diagnóstico entrega unas oportunidades de mejoras interesantes en este aspecto. Se ha establecido como un elemento importante para efectos de entrar a la Ocde, pero aquí más que condiciones de cumplir o no cumplir lo que hay es que mostrar una clara voluntad de migrar hacia esas mejores prácticas.
¿Qué debilidades se han identificado?
Hay compañías que han demostrado unos resultados muy buenos con algunas decisiones que se han tomado en materia de gobierno corporativo. Esto nos lleva a pensar que son más las empresas las que han hecho por sí mismas. El Estado en sus diferentes instancias ha venido avanzando en la gestión de las compañías de su portafolio, pero lo ha hecho de manera disímil y heterogénea.
¿Por qué se deben retirar los ministros de las juntas?
Hay una sugerencia clarísima en el rol del Estado. En cuanto a las juntas directivas, lo que dice es que el ministro tiene que cumplir distintas funciones como parte de su rol. Se está pidiendo es que las funciones que deba ejecutar en su rol de accionista sean claramente diferenciales de las que debe ejecutar en su rol de director de la cartera. En muchos casos, incluso, de dirección de regulación del sector. Lo que se ha pedido es aclarar los roles.
¿Cuál es el primer paso que se está adelantando?
La responsabilidad que hemos asumido es llevar este proceso piloto. Hemos limitado, definido un perímetro, sobre unas determinadas empresas. Son 40 compañías. El objetivo final a finales de 2018 es la creación de una agencia estatal. Mientras tanto, arrancamos con este proyecto piloto.
La primera tarea es definir un plan estratégico para evolucionar y llegar a la creación de esa agencia y a la cobertura total de todas las empresas estatales. Arrancamos con las empresas donde tiene participación directa el Ministerio de Hacienda.
El Conpes sugiere analizar la pertinencia de la participación en donde haya acciones minoritarias, ¿se abre una puerta a que se salga de ellas?
La pertinencia no es solo sobre aquellas compañías en las que tenga participación estatal minoritaria. Creo que es predicable sobre la totalidad del portafolio. Hay que entrar a analizarlo, en nivel de detalle, revisar los indicadores de rentabilidad, de generación de valor y de cumplimiento de los objetivos de política pública.
Pero más allá que entrar a decir si se deben enajenar o no, lo que creo que hay aquí es toda una política de gestión de portafolio. Eso implica un espectro mucho más amplio, va desde acompañar medidas de eficiencia operacional hasta transformaciones empresariales en donde haya posibilidad de fusionar, escindir, reagrupar, reestructurar compañías de ese portafolio. Eso nos lleva al plano de vincular capital privado, bien sea a través de capitalizaciones o de otros esquemas alternativos. En algún punto está prevista, dentro de estas alternativas, una posibilidad de considerar la venta o desinversión.
¿Es rentable para el Estado ser empresario?
Hemos podido ver que la rentabilidad en términos económicos es relativamente baja. La situación es muy disímil en el portafolio. Pero en el consolidado sí llama la atención que en términos generales la rentabilidad de esas inversiones es relativamente baja, si la comparamos contra el costo de capital.
Una empresa independiente y autónoma
Barco aseguró que, el objetivo final, es tener una agencia independiente y autónoma en su manejo presupuestal. Mientras tanto, se va a trabajar dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda como una Dirección, reportando directamente al ministro Mauricio Cárdenas. Por ahora, se enfocarán en las 40 empresas que dependen de la entidad. Es posible, que el campo de acción vaya teniendo mayor cobertura. También se buscará un código de buen gobierno para las empresas estatales. “La idea es ir tomando decisiones que permitan fortalecer el gobierno corporativo”, dijo. Además, indicó que hay que reforzar el rol de accionista del Estado.
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