En Cali se conocen detalles de captadoras que tuvieron nexos con InterBolsa y embolataron 50.000 millones de pesos.
¿Qué relación hay entre algunas mesas de dinero caleñas, las pirámides financieras y la excomisionista InterBolsa? Cualquier desprevenido diría que ninguna.
Pero resulta que el más reciente escándalo bursátil del país empezó a dar señales desde finales de 2008 cuando,
en medio de la debacle de las pirámides DMG y DRFE, en Cali hacían su agosto dos mesas de dinero caleñas que captaban dinero del público, para invertirlo en comisionistas de bolsa como InterBolsa.
Peor aun, varias de las firmas mediante las cuales se manejaban esos dineros tenían como accionistas a personas que en el pasado trabajaron con el polémico Juan Carlos Ortiz, considerado uno de los cerebros del Fondo Premium de Curazao y el poder oculto de InterBolsa.
En otras palabras, mientras se derrumbaban las pirámides que cautivaron a cientos de miles de personas de estratos populares nublados por el encanto de ganar dinero fácil, en la capital de Valle se gestaba un apetito similar, pero entre la alta sociedad caleña.
El catastrófico resultado de esas inversiones es que hoy se calcula que al menos 300 personas, entre prestantes familias y hasta entidades públicas de Valle y Cauca, lloran por pérdidas cercanas a los 50.000 millones de pesos. ¿Qué pasó?
La ‘primavera inversionista’ llegó a su cúspide en 2008 (la misma fecha de las pirámides) cuando al frente de prestantes mesas de dinero como Acción Intermedia S.A. y Banca e Inversión S.A., figuraban nombres de personajes como Diego Fernando Perlaza Hernández, Eduardo Racines Guzmán y Federico Rojas. Todos destacados en sectores como el bancario y empresarial de Valle. Eso, sumado a la atractiva rentabilidad del 1,8 por ciento mensual, atrajo a prestantes familias y hasta a figuras públicas, que decidieron invertir sus ahorros de toda la vida.
Pero la fiesta duró poco. Tras la emergencia social decretada en noviembre de ese año por el gobierno, que buscaba contener el coletazo de las pirámides, se le dieron dientes a la Superintendencia Financiera para combatir la captación masiva y habitual de dineros. En esas redadas cayeron las dos firmas caleñas a mediados de 2009. Acción Intermedia fue intervenida por captación o recaudo no autorizado de recursos del público y se compulsaron copias a la Fiscalía. Por su parte, a Banca e Inversión se le impuso una medida cautelar de desmonte de sus operaciones.
Lo insólito es que esas medidas en vez de ponerle tatequieto a las polémicas mesas de dinero en Cali, las multiplicó y estas siguieron operando a través de una maraña de firmas que se comunican entre sí y que en algunos casos sirvieron para triangular autopréstamos del dinero que captaban del público. Tal cual ocurrió en InterBolsa.
Esa situación generó el pánico previsto entre sus clientes, el cual desencadenó en una pelea judicial por los presuntos delitos de estafa y captación masiva habitual de dineros. Esos pleitos están hoy en dos fiscalías de Cali y los afectados lloran por sus ahorros perdidos.
En el caso contra Banca e Inversión el proceso padece toda clase de tropiezos (siete fiscales en cinco años) y solo para el próximo 3 de septiembre se reprogramó la audiencia de imputación de cargos contra los representantes legales de la firma. Por su parte, el proceso contra Acción Intermedia está más embolatado, pues allí ni siquiera existe un anuncio de imputación.
Antonio Rojas representa a decenas de presuntos estafados. Él tiene la curiosa condición de víctima y victimario. Por ser el padre de uno de los asesores que reclutó inversionistas para la firma Banca e Inversión, puso la cara y con todos sus bienes pagó algunas de las obligaciones, “para evitar retaliaciones extrajudiciales”.
En el listado de inversionistas de esa firma aparecen desde empresas de servicios públicos de Valle, cinco municipios de Cauca y la Gobernación de ese departamento, así como la Secretaría de Tránsito de Nariño. También miembros de prestantes familias de Cali como Cucalón Ayerbe y Cabal Ocampo así como una excandidata al Congreso.
La gobernación, de acuerdo con los registros, en 2008 le entregó 2.200 millones de pesos a Banca e Inversión, para ser puestos en la bolsa. “En la actualidad solo existen registros de títulos valores con Probolsa y estamos gestionando su recuperación”, precisó Jorge Gruesso, asesor jurídico de la Gobernación de Cauca.
Empresas Públicas de Tuluá, Emtuluá, fue otro de los damnificados por el descalabro de Banca e Inversión. Una auditoría realizada por la Contraloría de Valle en mayo de 2009, es decir un mes antes de la disolución ordenada por la Superintendencia, reportó hallazgos fiscales y penales por detrimento patrimonial de 433 millones de pesos, producto de una “inversión temeraria e inadecuada” de recursos por 8.800 millones de pesos a través de Banca e Inversión. El hallazgo motivó la destitución del gerente y del director administrativo de Emtuluá. El ente de control descubrió que la firma no estaba vigilada y tenía un capital suscrito de apenas 5 millones de pesos.
Los abogados de los acusados consideran que no hay razón para que la Fiscalía impute cargos por captación ilegal y estafa. “Respecto a la primera conducta, la Fiscalía tiene en su poder la Resolución 901 de 2009 de la Superintendencia, mediante la cual se concluyó que no había evidencia alguna; y en cuanto al presunto delito de estafa, dentro de la acción penal se demostrará que no se desplegaron maniobras fraudulentas” argumentó Jorge Salazar, defensor de Eduardo Racines Guzmán, de Banca e Inversión.
Otro afectado es Carlos Plaza, que junto a varios inversionistas se considera estafado por la firma Acción Intermedia. Lo increíble de su caso, es que solo a él le deben 3.000 millones de pesos. “Esa situación hizo que antes de declararme víctima y embarcarme en un pleito judicial, tuve que demostrar ante las autoridades que mi dinero es lícito”, confesó.
Pero, más más allá del presunto fraude y de la pelea legal que tendrá que dirimir un juez, llama la atención que detrás de todo ese entramado de mesas de dinero, cuentas en participación y contratos de mandatos las firmas caleñas parecían operar como satélites de la famosa InterBolsa.
De hecho, Alberto Donadío en su libro El cartel de InterBolsa, crónica de una estafa financiera advierte que si hubiera existido fiscalización estatal, esta “habría permitido conocer a tiempo el destino de los dineros que se captaban en Bogotá, Medellín, Cali”.
Entre los documentos que poseen las víctimas de Valle aparecen pagarés, cheques y hasta certificados que demostrarían que los clientes que reclutaban las firmas caleñas terminaban, entre otras cosas, engordando el portafolio de InterBolsa.
Otra coincidencia llamativa es que José María Vega Cordovez y José Luis Heredia Palau, accionistas de la maraña de firmas en la que se transformó Acción Intermedia, son los mismos que fueron expulsados junto a Juan Carlos Ortiz, en el famoso escándalo de la Bolsa de Valores de Bogotá, en 1998.
La revista Dinero publicó en mayo pasado una investigación donde revela la pirámide que montó Heredia Palau a través de la polémica firma J y T Negocios e Inversiones SAS, que se hizo célebre porque al parecer captó cerca de 20.000 millones de pesos entre 300 clientes; la mayoría oficiales activos y retirados del Ejército.
Por todo lo anterior, uno de los abogados que representa a las víctimas del colapso piramidal en la capital del Valle no dudó en catalogar el descalabro como ‘el Interbolsita caleño’.
