No se puede seguir postergando el diseño de una hoja de ruta si se quiere alcanzar un crecimiento no solo fuerte, sino también inclusivo.
La informalidad es una de las principales razones de la baja proporción de pensionados.
La pandemia puso en evidencia una serie de desafíos ya conocidos. En su último estudio económico, los economistas de la Ocde tratan de ofrecer soluciones a los principales desafíos que el país enfrenta en materia de políticas económicas y sociales.
Uno de esos desafíos es la informalidad laboral, que afecta al 60 % de los trabajadores y los excluye de los beneficios de la seguridad social. Solo un 28 % de los adultos en edad de pensión logran hacerlo. Otro 25 % reciben Colombia Mayor, una magra transferencia monetaria, que no llega a cubrir ni la línea de la pobreza extrema. Y el resto no recibe ninguna pensión.
En cuanto a la protección de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, las cosas no lucen mucho mejor: solo 14% de hogares vulnerables recibían asistencia monetaria previo a la crisis, menos que en otros países de la región.
El sistema de protección social de hoy, con una fuerte fragmentación entre los distintos programas, genera un círculo vicioso en el que los trabajadores informales quedan excluidos de los beneficios de seguridad social, mientras que la informalidad se perpetúa por las elevadas contribuciones y costos no salariales que financian las prestaciones de trabajadores formales.
Las cotizaciones y costos laborales no salariales de los trabajadores pueden alcanzar el 55% en el caso de las personas que ganan el salario mínimo, lo que desincentiva la creación de trabajos formales.
Para romper este círculo vicioso, es urgente avanzar hacia la universalización de derechos básicos no contributivos para trabajadores informales y formales por igual. Esto podría hacerse estableciendo una pensión básica universal combinada con un programa de ingreso mínimo garantizado, para unificar y ampliar las transferencias monetarias existentes a todos los hogares con bajos ingresos.
Fijar el ingreso mínimo cerca de la línea de pobreza eliminaría este problema en el país, que hoy afecta el 43% de la población.
Al mismo tiempo, la financiación del sistema de protección social debería pasar gradualmente de las cotizaciones laborales hacia los recursos de tributación general, reduciendo los desincentivos a la creación de empleo formal. Reducir los costos laborales no salariales ya demostró ser un eficaz catalizador de la formalización en la reforma del 2012. Los trabajadores informales, con ingresos inferiores o cercanos al salario mínimo, serían los más beneficiados por esta reforma, ya que obtendrían mejores oportunidades de empleo e ingresos y dejarían de estar excluidos de la protección social.
Cálculos de la Ocde sugieren que llevar a cabo estas ambiciosas reformas puede estar al alcance. Los recursos fiscales adicionales requeridos son del orden del 1% del PIB a largo plazo, una vez eliminadas las ineficiencias del sistema actual.
Hoy, 20% de todos los recursos públicos se destinan a financiar las pensiones del 4% de la población más acomodada.
Este paquete de reformas implica un rebalanceo del sistema tributario, otro desafío pendiente. Por un lado, disminuir las contribuciones laborales y dar un rol más importante a los impuestos sobre la renta de las personas. Este último, que actualmente solo afecta un 5% de los Colombianos, podría contribuir de manera importante para reducir la desigualdad de ingresos, la más elevada en la Ocde, si se combina una tasa de entrada muy modesta con una mayor progresividad, tomando en cuenta todos los ingresos y no solo el salario formal.
En Colombia, el impuesto a la renta de las personas naturales es el 6 % de la recaudación, cuatro veces menos que en la Ocde. Al mismo tiempo, reducir las múltiples exenciones impositivas que afectan casi todos los impuestos tiene un gran potencial para fortalecer el recaudo de manera progresiva, ya que la mayor parte de las exenciones benefician a hogares de ingresos más elevados.
Uno de esos desafíos es la informalidad laboral, que afecta al 60 % de los trabajadores y los excluye de los beneficios de la seguridad social.
Estas reformas permitirían no solamente disminuir la informalidad, la pobreza y las desigualdades, sino que también ayudarían para otro desafío clave de la economía Colombiana: la baja productividad, cuyo crecimiento no alcanzó ni la mitad del promedio regional en las últimas tres décadas.
Las empresas que evitan pagar las contribuciones sociales permanecerán pequeñas y menos productivas para no llamar la atención de las autoridades tributarias. Es así que la informalidad de las empresas y del empleo generan un terreno de juego desigual que mantiene muchos trabajadores atrapados en actividades poco productivas.
Hay otro factor que también merece atención: la baja presión competitiva, fruto de regulaciones innecesariamente restrictivas, mientras que barreras arancelarias y no arancelarias impiden una mayor internacionalización.
Finalmente, otro factor clave será seguir fortaleciendo las instituciones. A diferencia de muchos países Ocde, Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes en posibles casos de corrupción. Además, el financiamiento privado de las campañas políticas genera fuertes incentivos para que los candidatos prometan favores postelectorales y puede afectar a la eficiencia del gasto público. Ambos puntos merecen atención en el debate político.
Avanzar en estas reformas no será fácil y tendrá que ser gradual, ya que requerirá alcanzar consensos amplios alrededor de una nueva visión de largo plazo para Colombia. El reciente Estudio Económico de la Ocde: Colombia 2022, disponible en internet, trata de fomentar una discusión informada alrededor de estos temas para próximos años. No se puede continuar postergando el diseño de una hoja de ruta, si quiere alcanzar un crecimiento que no sea solamente fuerte, sino también inclusivo.
