En total, se han puesto 27 demandas: cuatro de ellas se han archivado, dos rechazado, tres inadmitido y las restantes 18 siguen su curso.
De llegar a prosperar alguna de las 18 demandas que existen en curso en la Corte Constitucional contra la Ley de Financiamiento que se aprobó en diciembre pasado para tapar un hueco de alrededor de $7 billones de los $14 billones que eran necesarios para no reducir el gasto social, las metas que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acaba de hacer públicas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 podrían alterarse.
Y es que la cartera económica proyecta que esa ley, la 1943 de 2018, será uno de los ejes principales para que la economía crezca a un ritmo de 4,0% en el mediano plazo. No solo se prevé que su efecto incrementará el recaudo tributario al pasar de 0,1% del PIB en 2019, a 0,4% del PIB en 2022 y 0,7% en 2030, sino que también se estima que ayudará a elevar en cerca de 3,4% la inversión en 2019 para llegar a crecer 5,4% en 2020.
Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirmó que es importante precisar que la mayoría de las demandas recaen sobre artículos específicos y no sobre las leyes en su integridad. "Asimismo, no hay que perder de vista que la interposición de demandas de inconstitucionalidad es habitual no solo frente a estas leyes, sino en general frente a cualquier ley, sobre todo cuando tienen un impacto relevante para el país", indicó.
En total, había 27 demandas puesto que cuatro de ellas ya se han archivado, dos rechazado y tres inadmitido. Y en adelante, son los magistrados Alejandro Linares, Carlos Libardo Bernal, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes, quienes analizan actualmente alguna de estas demandas, los que tienen en sus manos la decisión de tumbar artículos como el del impuesto unificado bajo el régimen simple, el tributo a los bienes inmuebles o la sobretasa del sector financiero, entre otros. Además, hay varios denunciantes que piden incluso la inconstitucionalidad contra toda la Ley.
Cabe resaltar que en las demandas hay varios nombres de peso como el del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien manifestó vicios de procedimiento en el trámite legislativo; o el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, quien junto con los abogados Juan Rafael Bravo Arteaga y Juan Carlos Esguerra Portocarrero pidió retirar la parte del artículo 80 donde se indica que las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta que será para el año gravable 2019 de 37%; para 2020 de 35%; y para 2021 de 34%.
LOS CONTRASTES
Juan Alberto LondoñoViceministro de Hacienda
“No es posible señalar qué artículos se podrían caer pues es un análisis que le corresponderá realizar a la Corte cuando revise tanto las demandas como las defensas respectivas”.
Juan Luis CastroSenador de la Alianza Verde
“Si los impuestos de orden territorial como el de industria y comercio se recaudan por el Gobierno Central se violaría el principio de descentralización”.
“La demanda está muy bien argumentada, no solo por nosotros, sino por otros gremios del sector financiero. El Ministerio de Hacienda hizo parte de ella y dijo de manera categórica que ni explícita, ni implícitamente, había dado aval a esta iniciativa durante su discusión en el Congreso”, expresó Castro hace unas semanas en Inside LR.
Entre las demandas que hay en curso también destacan algunas como la de los congresistas de la bancada del Polo Jorge Enrique Robledo, Germán Navas Talero y Alexander López quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley por violar la Constitución y votar los textos sin que primero fueran conocidos por los congresistas, entre otros.
Por su parte, los congresistas Luis Iván Marulanda y Juan Luis Castro Córdoba piden declarar inconstitucional algunas expresiones del artículo 66, en el que se crea el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) en el que los empresarios podrán inscribir en una sola declaración anual una tarifa con hasta seis impuestos.
“Los tributos de orden territorial como los impuestos de industria y comercio, de avisos y tableros, y la sobretasa bomberil, según lo aprobado en Ley de Financiamiento, van a pasar a ser recaudados y fiscalizados por el Gobierno Central, violando así los principios de descentralización y el principio de autonomía territorial, garantizados en la Constitución”, explicó el senador de Alianza Verde Castro.
Por su parte, Andrés de Zubiría Samper también demandó ese mismo artículo 66 pero porque según él este vulnera la autonomía territorial en vista de que el tributo nacional absorbe a uno local (Impuesto de Industria y Comercio).
También el abogado y constituyente de 1991 Jesús Pérez González-Rubio demandó el artículo del impuesto al patrimonio y el de dividendos y participaciones por considerar que no son equitativos ni progresivos.
“En el primero existe una tarifa de 1% para los patrimonios de más de $5.000 millones, pero el que tiene $50.000 millones pagaría esa misma tarifa. Por su parte, en los dividendos hay un gravamen de 15% independientemente del valor. Estoy esperando a que el Procurador General de la Nación exprese su concepto y lo presente ante la Corte”, argumentó.
También hay varias demandan en contra del artículo que regula el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. En concreto, Carolina Rozo Gutiérrez, puso una demanda en la que argumenta que esta medida viola artículos de la Constitución como el 58 en el que se garantiza la propiedad privada o el 363 que dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
De otro lado, el abogado José David Riveros Namen demandó el inciso I del artículo 115 por medio del cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general. En concreto, esta norma dispone que la restricción en el crecimiento de los gastos de personal a que se refiere el artículo 92 de la Ley 617 del 2000 no será aplicable a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Auditoría General de la República.
Las demandas del Plan nacional de desarrollo
Al recién sancionado Plan Nacional de Desarrollo también le han puesto hasta 11 demandas ante la Corte Constitucional en las últimas semanas. Además de las de los aranceles textileros de Analdex, Andi o Fenalco, hay otras que van contra los recursos de la salud, la reestructuración de la Contraloría o la paz.
"Actualmente, estamos evaluando todos los argumentos para determinar si se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad (por los artículos de aranceles de texiles 274 y 275), pero en todo caso, y como siempre lo manifestó este Ministerio, no estamos de acuerdo con las medidas adoptadas en dichos artículos", declaró Londoño.
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