Comisión del Gasto y la Inversión Pública indicó que el Gobierno debe incluir mecanismos de presupuestación para mejorar la visión integrada de las necesidades de gasto de inversión nacional y regional, y las diferentes fuentes de recursos que pueden financiarlas, como los de regalías y del Sistema General de Participaciones.
Gobierno necesita herramientas para monitorear con eficiencia inversiones nacionales y regionales Foto: Presupuesto 123RF
En su más reciente informe, la Comisión del Gasto y la Inversión Pública explicó que el Gobierno Nacional para hacer más eficiente la distribución de los recursos del presupuesto del país debe transitar en forma gradual, decidida y ordenada, hacia un esquema de presupuestación por programas que exige integrar los sistemas de información de gestión presupuestal.
Aseguró que es necesario avanzar rápidamente hacia un sistema de clasificadores presupuestales moderno, ceñido a los estándares internacionales y otorgar mayor agilidad a los ejecutores para que puedan hacer reasignaciones de recursos al interior de sus presupuestos de gasto, con el fin de producir mayor transparencia, eficiencia y eficacia.
Al respecto, la entidad señaló que el nuevo sistema de clasificadores presupuestales debe quedar consignado en una ley.
“Colombia ha avanzado en varios aspectos del presupuesto basado en programas mediante el establecimiento de metas identificadas en el PND y monitoreadas por la Oficina de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación; la implementación de un sistema de información de gestión que rastrea los indicadores de desempeño de los proyectos de inversión; la realización de evaluaciones de impacto seleccionadas y la elaboración de revisiones de gasto sectoriales”, indicó la Comisión.
Entre tanto, señaló que todos los proyectos de inversión deben ser evaluados con criterios técnicos antes de su inclusión en el presupuesto. Y que en el caso de las partidas regionales del presupuesto, deben ser discutidas ampliamente con todos los miembros regionales de las bancadas y debe hacerse amplia publicidad y difusión de las mismas.
Empleo
En el análisis del empleo público en Colombia, la Comisión identificó 3 grandes tipos de limitaciones:
-Serias dificultades para medir el tamaño y las características del empleo público y su costo
-Debilidades institucionales y funcionales de los distintos sistemas de la carrera administrativa pública
-Problemas asociados con la gestión del recurso humano y la rigidez legal de las relaciones laborales en el sector público, en especial en lo relacionado con decisiones de retiro del servicio por parte del empleador.
De acuerdo con la comisión, las dificultades para identificar el tamaño del empleo público y su costo se asocian con las limitaciones de información e incoherencia en la misma que llevan a estimar la proporción del empleo público en el total de empleo entre 4% y 5,3%, porcentajes bajos en comparaciones internacionales.
Así mismo, la entidad aseveró que estas cifras podrían estar afectadas porque una parte importante de los trabajadores del sector público está vinculado a través de contratos de prestación de servicios y contratación directa en rubros que se clasifican como transferencias o inversión para eludir las restricciones al gasto de funcionamiento establecidas en la Ley 617 de 2000. Esto significa que la política pública de empleo no se hace sobre cifras actualizadas y validadas.
Es así como la Comisión recomendó implementar un sistema integrado de información del empleo público para funcionarios permanentes de las plantas, plantas temporales, supernumerarios y contratistas en el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp).
Pensiones
De acuerdo con lo presentado en el diagnóstico, la Comisión del Gasto señaló que el sistema pensional presenta una bajísima cobertura y el gasto público destinado al pago de las pensiones resulta fuertemente regresivo en términos de la distribución del ingreso entre los colombianos y alarmantemente costoso en términos fiscales.
Según el informe, más de una cuarta parte de los impuestos pagados por los colombianos al Gobierno Nacional se destina a pagar faltantes para el pago de las pensiones.
La entidad investigadora afirmó que es imperativo introducir una reforma importante al régimen pensional y al sistema general de protección económica para la vejez, conclusión que coincide con la de otros estudios recientes sobre el tema. La reforma que se adopte debe buscar dos objetivos centrales:
-Aumentar la cobertura del sistema de protección económica a la vejez, con énfasis particular en los segmentos de la población que no logran las condiciones para obtener una pensión en el sistema general de pensiones
-Moderar la magnitud del gasto público en pensiones y corregir su regresividad.
Educación
La Comisión indicó que para hacer más eficientes los presupuestos que se destinan a educación, se debe tener en cuenta que es necesario garantizar con cargo a los recursos del presupuesto la financiación del gasto para la educación inicial y atención integral a la primera infancia (Eiaipi) y desligar dicha financiación de la evolución de cualquier impuesto, de manera que se evite su volatilidad y se posibilite la mejora en la cobertura y la calidad.
Además, para profundizar la descentralización, conforme a la información de la Comisión, éste sería uno de los sectores idóneos para priorizar y establecer un mecanismo de financiación más explícito aprovechando los recursos de las entidades territoriales.
De hecho, las grandes ciudades del país ya contribuyen de manera significativa a la financiación de servicios a la primera infancia. Este es un sector en el que sería deseable incentivar a los municipios grandes a contribuir de manera más activa, de tal forma que los recursos nacionales gestionados por el Icbf se focalicen exclusivamente en zonas de menor capacidad institucional y financiera, zona rural y zona rural dispersa.
