La entidad multilateral sugirió que América Latina debe eliminar normas innecesarias, priorizar la lucha contra este fenómeno y crear una comisión, entre otras acciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que “el avance en papel (a través de un marco jurídico mejorado) es necesario, pero no se traduce en resultados “en el terreno” si no está acompañado de un cumplimiento más estricto”.
De acuerdo con el organismo multilateral, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad para una región que se ha mantenido “a la vanguardia internacional con la adopción de una convención contra la corrupción (a cargo de la OEA), que ha servido de modelo para otros”.
Sin embargo, todavía falta que se puedan medir los efectos de aplicar dicha convención y los cambios que esta representa en los marcos jurídicos y judiciales de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú, que ya los implementaron.
Pese a la falta de mediciones para estos cambios en la región, el FMI señaló que es necesario también tener en cuenta la experiencia de países como Brasil que con la “Operación Lava Jato” llegó incluso a destituir a la entonces presidente Dilma Rousseff; Guatemala con su Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha revelado casos de evasión de impuestos y lavado de dinero; así como Perú, República Dominicana y otros países que han revelado información y tomado acciones tras el escándalo de Odebrecht.
Con base en la experiencia de estos y otros países, el multilateral realizó una lista de las acciones que podrían tomar los gobiernos latinoamericanos para combatir y reducir la corrupción en cada uno de sus territorios.
En primer lugar, y para ayudarle al Gobierno a evitar los intereses creados que se oponen a las acciones anticorrupción, el FMI sugirió crear una comisión independiente contra la corrupción similar a los modelos que aplican Guatemala y Ecuador.
Además, se deben reforzar la transparencia y rendición de cuentas por ejemplo mediante las leyes sobre libertad de información, declaraciones de ingresos y bienes, auditorías aleatorias, fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el ámbito fiscal, en especial en países exportadores de recursos naturales, y la mejora de la gestión de gobierno en empresas del Estado.
En el mismo sentido, deben fortalecerse los procesos de contratación pública e inversión, con la ayuda de “marcos contractuales y de ejecución más sólidos, eliminar de las excepciones ad hoc, y posiblemente la exclusión de las renegociaciones contractuales en el corto plazo pueden contribuir a superar estas lagunas fiscales y establecer un marco de transparencia”.
El FMI sugirió en este campo que además se garanticen subastas competitivas, licitaciones obligatorias para gastos públicos adicionales e información íntegra sobre los contratos adjudicados y sus modificaciones.
En tercer lugar, el multilateral advirtió que deben eliminarse las normas innecesarias ya que el exceso de normas “genera oportunidades de corrupción al crear fuentes artificiales de ingresos”.
En este punto, el mismo Departamento Nacional de Planeación ha advertido en repetidas ocasiones que en el país se emiten 15 nuevas normas al día, que suman 94.748 actos administrativos entre el 2000 y el 2016.
Por último, el FMI sugirió a los gobiernos latinoamericanos asumir costos a corto plazo y diseñar programas que eviten una contracción del crédito en épocas de incertidumbre a nivel global.
