Así lo propone un proyecto de Ley que está en trámite en la Cámara de Representantes, el cual busca que en la cuota de manejo de algunos productos se incluya una canasta de servicios gratis.
El autor de la iniciativa parlamentaria es el Representante a la Cámara, David Barguil, del Partido Conservador. De acuerdo al contenido del proyecto (que fue radicado bajo el número 004/16C, 20/07/16), las entidades autorizadas para captar recursos del público que cobren cuotas de manejo deberán garantizar mensualmente de manera gratuita a sus usuarios, el acceso a los tres productos y servicios más representativos tanto de las cuentas de ahorro como de las tarjetas de crédito que conformen la canasta que para efectos del cálculo del Índice de Precios al Consumidor Financiero -IPCF- establezca la Superintendencia Financiera.
Si se llega a aprobar, en un futuro las entidades autorizadas para captar recursos del público deberán informar a sus usuarios de manera clara y oportuna a través de todos sus canales de comunicación la composición de la canasta de servicios gratuitos a la que tendrán acceso gratuito durante cada mes y/o período de facturación.
“Este proyecto de ley busca que los bancos tengan que entregar 3 productos o servicios gratuitos al mes a cambio de lo que les cobran mensualmente por la cuota de manejo de sus cuentas o tarjetas. Que a la gente no le cobren dinero adicional por los retiros, consignación nacional, entre otros servicios, sino que el pago de la cuota de manejo le represente algo tangible a la cuenta habiente”, explicó el representante David Barguil.
El documento busca aliviar el gasto de los colombianos en servicios financieros, de los cuales los que más pesan son el cobro por comisiones de avances con tarjetas, la expedición de talonarios, la reposición de tarjetas débito y crédito, la consignación a cuentas de otras entidades financieras, entre otros.
Además, de convertirse en realidad, promete un intenso debate con el sector bancario, el cual ha sido objeto de regulaciones, producto de fallos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, como también las iniciativas de origen parlamentario. El fallo más reciente le ordenó a los bancos la prohibición de negarse a otorgar un crédito cuando una persona se encuentra en situación vulnerable.
El país tiene una meta de alcanzar una bancarización de la población adulta de un 84% para el año 2018, objetivo que se puede cumplir si los servicios financieros llegan a un sector de la población con menores recursos económicos. La propia Asobancaria (agremiación que representa a los bancos) ha señalado que se necesita llegar a las familias de estrato 1, 2 y 3 para poder bancarizar a más colombianos.
El Banco Mundial, en un informe de 2015, indicó que 2.000 millones de personas, equivalentes al 38% de la población adulta del mundo, no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aún mayor de los pobres no tiene cuenta bancaria debido a los costos, las distancias de viaje y a los, a menudo, complejos requisitos que se deben cumplir para abrir una cuenta. Sus filas incluyen más de la mitad de los adultos en el 40% de los hogares más pobre en los países en desarrollo.
La falta de servicios bancarios está vinculada con el nivel de ingresos: el 20 % de los adultos más ricos de los países en desarrollo tiene el doble de probabilidades de poseer una cuenta formal que el 20 % más pobre. Sin embargo, si bien los pobres no tienen el mismo acceso a productos financieros que los individuos con niveles más altos de ingresos, su necesidad de contar con servicios financieros podría ser incluso mayor.
Las investigaciones indican que el acceso a productos de ahorro y, en particular, a ahorros “comprometidos”, donde los individuos limitan su derecho a girar fondos hasta que hayan alcanzado un objetivo específico impuesto por ellos mismos, puede tener beneficios importantes más allá del simple hecho de aumentar la cantidad de ahorros: puede empoderar a las mujeres; subir el consumo y las inversiones productivas; elevar los ingresos y la productividad, e incrementar los gastos en salud preventiva.
En las últimas décadas, distintos tipos de proveedores de servicios financieros han ofrecido nuevas oportunidades a las personas excluidas del sistema. Se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG); cooperativas; instituciones de desarrollo comunitario; bancos comerciales y estatales; empresas de seguros y tarjetas de crédito; servicios de telecomunicaciones y telegramas; oficinas de correo, y otras empresas que ofrecen acceso a puntos de venta (POS, por sus siglas en inglés). En muchos casos, los nuevos proveedores y modelos comerciales son viables gracias a los avances tecnológicos, como la expansión mundial de los teléfonos móviles.
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