Las mafias infiltradas y el contrabando desbordado tienen en problemas a una entidad que el año pasado recaudó un récord de 100 billones de pesos.
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente del Consejo Gremial, Rafael Mejía, firmaron un acuerdo para combatir las prácticas corruptas y denunciar los casos de contrabando, soborno o fraude.
La gigantesca torta de recursos que los contribuyentes colombianos le pagan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cada año – que llegó a 100 billones de pesos, tan solo en 2012 – tiene enquistadas unas mafias que están defraudando al Estado y facilitando el contrabando. Para sacarlas se está apelando a la justicia, pero también se quieren apretar los controles, mejorar el personal y hacer más eficientes los trámites.
La más peligrosa ha sido la batalla contra el crimen. El propio presidente Juan Manuel Santos reveló hace unos días que las autoridades capturaron a 19 miembros de una organización delictiva dedicada a quedarse con una tajada del fisco a través de operaciones ficticias en la Dian. Estos ladrones de cuello blanco devolvían el IVA por exportaciones ficticias. “Se cobraban esas devoluciones y se robaban la plata”, dijo y anunció que la barrida apenas empieza.
La Fiscalía ya les ha abierto procesos judiciales a 59 personas, entre las que están funcionarios de la entidad y particulares, según informó el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, quien dijo que vendrán más acusados porque falta desmantelar grupos delictivos en Pereira y Cartagena. El desfalco, según cálculos de la Fiscalía, va en 180.000 millones de pesos, pero según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, puede ser muy superior.
Estos hallazgos han sido fruto del trabajo de un equipo investigador especializado de la Fiscalía que lleva siguiéndole los hilos a la corrupción durante ocho meses. “Apenas estamos empezando. Ahora vamos a seguir por todas las regiones”, dice Perdomo.
Esta es la continuación de una pesquisa que comenzó hace cerca de dos años y descubrió un ‘cartel de devoluciones’ en la Dian, cuyo cerebro, Blahca Jazmín Becerra, exfuncionaria de la entidad, creó empresas de papel que falsificaban documentos de exportaciones y recibían devoluciones del IVA. Fuentes de los investigadores están seguras de que en este nuevo capítulo rodarán cabezas más altas.
El otro demonio con el que está luchando la Dian con su Policía Fiscal Aduanera (Polfa), al perseguir también a los cómplices infiltrados en la entidad, es el contrabando que alcanza los 6.000 millones de dólares anuales. Sumados los últimos tres años, la Polfa ha decomisado mercancías por 1,1 billones de pesos. Los licores, cigarrillos, textiles, confecciones y demás productos que entran de contrabando no solo son competencia desleal para los productores nacionales que pagan impuestos, sino instrumentos para lavar dinero.
Para nadie es un secreto que a plena luz del día entran al país camiones cargados de mercancías de contrabando por las zonas de frontera y que por los puertos y aeropuertos muchas veces pasan de agache cientos de contenedores ilegales.
Recuperar la credibilidad
En su batalla por sanear la Dian y atacar los problemas, que son de vieja data, el director Ortega y su equipo están convocando al sector privado a que se sume al esfuerzo para devolverle la credibilidad a la entidad. La semana pasada, junto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente del Consejo Gremial Nacional, Rafael Mejía, firmaron un acuerdo para combatir las prácticas ilegales en la tributación, en la exportación e importación de bienes y en el manejo de divisas. Además creó una línea anticorrupción para que ciudadanos y empresarios denuncien casos de contrabando, fraude o soborno.
Por ser la entidad que cobra los impuestos e intermedia el comercio internacional, la Dian debe ser transparente y legítima a los ojos de los contribuyentes. El año pasado recaudó un récord de 100 billones de pesos; manejó las declaraciones de renta de miles de empresas y de cerca de 2 millones de personas naturales; y tramitó exportaciones e importaciones por más de 110.000 millones de dólares.
No es fácil manejar estas sumas de dinero y hacer estas grandes tareas, en una entidad que tiene 8.600 empleados y en un país permeado por la corrupción. Menos lo es recaudar impuestos con eficiencia cuando la evasión es de cerca del 30 por ciento y en muchas regiones fronterizas el contrabando ni siquiera es visto como un delito sino como una fuente normal de ingresos.
Además, la excesiva legislación tributaria no les facilita la vida ni a los funcionarios ni a los contribuyentes, y es terreno fértil para la corrupción, dice el exdirector de Impuestos, Horacio Ayala. Y, más lo es el hecho de que la práctica común de los gobiernos ha sido entregarles los cargos de la Dian a los políticos. Ayala recuerda que un congresista reclamaba como suya la Aduana de Bogotá y la tuvo hasta que murió.
Ortega asegura que bajo su gestión no ha entrado nadie como cuota política a la Dian, y que este gobierno está dando la discusión sobre la necesidad de despolitizar del todo a la Dian (ver entrevista).
El otro punto vulnerable que ha facilitado la corrupción en esa entidad es la falta de sistemas de control adecuados que eviten que, por ejemplo, un funcionario, de manera discrecional, pueda borrar las deudas de los contribuyentes o no puedan inspeccionar las mercancías.
Se ha mejorado el manejo de la información de los contribuyentes con el desarrollo del sistema Muisca, pero aún hay muchos vacíos. En las aduanas, el atraso es incluso mayor. Solo para citar un tema, desde hace décadas se viene hablando de la instalación de escáneres en los puertos y aeropuertos para revisar las mercancías pero no se ha concretado.
Las batallas de Ortega
Además de las acciones contra la corrupción interna que han suscitado escándalo, el gobierno está haciendo otros esfuerzos por controlar el flujo ilegal de mercancías por la frontera. Así, ha firmado convenios con Panamá y otros países para intercambiar información aduanera; ha simplificado los trámites para las operaciones de comercio exterior; presentó al Congreso un proyecto de Estatuto Aduanero y otro de ley anticontrabando que castiga con cárcel a los que incurran en este delito.
La Fiscalía, por su parte, anunció la creación de un grupo especializado de 70 personas que perseguirá a las organizaciones criminales del contrabando en cuatro frentes: ganado, licores, cigarrillos y textiles.
Desde el sector privado hay respaldo a estas medidas pero también voces que están pidiendo avanzar más rápido. Para el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, hay que purificar a la entidad con sistemas informáticos robustos, que no sean improvisados, con el fin de evitar que se repitan sospechosas coincidencias, como las caídas en los sistemas cuando ingresan ciertos cargamentos de mercancías.
“Hay que meter más vaquitas al corral”, dijo a SEMANA el dirigente gremial quien sostiene que los empresarios formales viven llenos de requerimientos y agobiados con procesos de fiscalización mientras que a los que no declaran y evaden impuestos no les pasa nada.
Mejía, presidente además de la SAC (Sociedad Colombiana de Agricultores), reconoce que un paso en la dirección correcta es la Ley Anticontrabando. Sin embargo, observa que hay que tener cuidado de no terminar encarcelando a los conductores de las tractomulas que llevan la mercancía, mientras el dueño del negocio clandestino sigue suelto. “El contrabando se combate con más inteligencia para atacar a las estructuras criminales y no con el control de documentos de las empresas formales”, dijo, por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz.
Para la exdirectora de Impuestos, Fanny Kertzman, quien aplicó mano dura cuando llegó a la entidad, parte de la solución a estos problemas es que la Justicia llegue hasta los últimos responsables, que pueden ser del más alto nivel, mientras que Horacio Ayala insiste en que hay que simplificar la legislación. “El remedio más fácil y efectivo es que el país se vuelva serio en materia tributaria”, agrega.
Y no le faltan razones si se tiene en cuenta que en Colombia cada uno o dos años se tramita una reforma tributaria que ha hecho que la legislación sobre la materia se vuelva una colcha de retazos.
Por ahora, es un buen primer paso, que Justicia y gobierno estén dando juntos la batalla por poner al descubierto las mafias enquistadas en la entidad que están quedándose con el dinero de los contribuyentes y favoreciendo el contrabando. Como se sabe, el mejor desinfectante es la luz del sol.
“El gran desfalco es por el contrabando”
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, dice que detrás del contrabando están operaciones de lavado de activos y organizaciones criminales.
SEMANA: ¿A cuánto ascienden los desfalcos a la Dian?
JUAN RICARDO ORTEGA: Por lo menos 400.000 millones de pesos de recursos públicos se han perdido. Ese es el escenario que se conoce pero tenemos evidencias de que la Dian ha hecho devoluciones de IVA sin sustento jurídico que superan los 770.000 millones de pesos y el desfalco puede ser mayor.
SEMANA: ¿Cómo están defraudando a la entidad?
J.R.O.: La principal manera es a través de devoluciones de IVA que crecieron en los últimos años de una manera exponencial ya que pasaron de cerca de 300.000 millones de pesos hace menos de diez años a más de 2 billones actualmente.
SEMANA. ¿Por qué cree que estas mafias infiltraron la Dian?
J.R.O.: El crimen organizado en Colombia es muy poderoso y se logró meter aquí también. Son mafias que pasan de manejar el lavado de activos a través de billetes a hacerlo mediante el contrabando y las exportaciones ficticias. Estas comenzaron a incrementarse a partir de 2004, especialmente con Venezuela. Le doy un dato: las sociedades comercializadoras llegaron a 3.600. Solo en Cúcuta operaban 600. Hoy en todo el país no pasan de 300.
SEMANA: El otro gran problema es el contrabando…
J.R.O.: El gran desfalco es por el contrabando. Los sistemas de controles aduaneros se manipulan para permitir el ingreso de contenedores con mercancía de contrabando sin que los toque la aduana. Este es un problema que no solo le hace daño al país sino a la Dian misma. El contrabando no se ataca decomisando las mercancías sino combatiendo de manera frontal esas células criminales.
SEMANA. ¿Y cómo se combaten estas células?
J.R.O: Este es un reto nacional. El presidente Santos ha liderado este proceso y ha tomado varias acciones como la creación de un grupo interinstitucional del que hacen parte la Fiscalía, la Policía y la Dijin, entre otras entidades. Además, se creó la figura del inspector tributario.
SEMANA: ¿Hay una cacería de brujas en la Dian?
J.R.O: Los funcionarios buenos de la Dian, que son la gran mayoría, pueden estar tranquilos. Cuando una parte del cuerpo tiene una infección grave hay que hacerle un tratamiento fuerte. No hay nada más peligroso para un trabajador honesto que tener un criminal al lado. Estoy buscando el apoyo de la ciudadanía para los funcionarios honestos, que rechacen esa minoría que se corrompió porque ella es un riesgo para la seguridad de los trabajadores de la entidad, de los ciudadanos y de los contribuyentes.
SEMANA: ¿Cuál es la principal causa de la corrupción: falta de sistemas, injerencia política en la entidad, demasiados trámites?
J.R.O.: Es una mezcla de todo pero, especialmente, una muy mala selección de directores. Uno no puede seguir premiando con estos cargos públicos a personas que no son idóneas y que no han tenido los mejores antecedentes. Esta es una entidad que merece tener los mejores funcionarios dirigiendo sus políticas. En el tema tecnológico hemos sido muy miopes.
SEMANA: ¿Sigue tan politizada la Dian como en el pasado?
J.R.O.: En este gobierno se ha comenzado a dar el debate sobre la despolitización de la Dian. Aquí en los últimos tres años no ha entrado nadie con palanca política. Y se han hecho esfuerzos para que llegue a la entidad gente idónea. Hemos hecho por lo menos 500 polígrafos para seleccionar a los altos cargos. Pero se necesita hacer más.
SEMANA: ¿Por qué es tan difícil tener buenos sistemas tecnológicos en la entidad?
J.R.O.: Una de las razones es que no se cuenta con el tiempo suficiente y las cosas cambian como si fueran veletas y la otra razón para que Colombia no tenga un sistema de talla mundial es que a veces la contratación se otorga no al mejor sino al que vende más barato. Además, esta es una entidad muy compleja que necesitaría capacitación de los grandes administradores de impuestos de países como Noruega o Dinamarca. En este tema hemos sido muy miopes.
