Cámara aprobó reforma. Después del 20 de julio se abordará tema de 'gestores de servicios de salud'.
La reforma estructural que planea el Gobierno al sistema de salud, debido a
la aguda crisis que atraviesa, no termina con lo aprobado en la noche de este
miércoles por el Congreso y que este jueves debe ser ratificado en la
conciliación.
La reestructuración de fondo del modelo está planteada en el proyecto de ley
ordinaria que, después del 20 de julio, será abordado en segundo debate por la
plenaria del Senado.
Un punto clave es el plazo de dos años de transición que se les da a las EPS
para que si sus socios cumplen ciertos requisitos, y así lo deciden, puedan
transformarse en gestores del sector. Este es el cambio de fondo que se plantea
sobre estas empresas, duramente criticadas.
La figura que se crea es la de ‘gestores de servicios de salud’, que entre
otras tendrán la función de recaudar y administrar las contribuciones, facultad
que se le devuelve al Estado.
También se busca conformar un Fondo Único Recaudador y Afiliador, que
manejará el Estado y se encargará de administrar la prestación del servicio de
salud en todo el país.
Además se estructura un plan de beneficios para que los ciudadanos que
acceden al sistema sepan concretamente a qué tienen derecho y cuáles son los
deberes de los encargados de prestarles los servicios.
Uno de los temas más polémicos de esta iniciativa es el que les devuelve a
alcaldes y gobernadores la facultad para nombrar a los gerentes de los
hospitales públicos, que el Gobierno defiende con el argumento de que es una
apuesta por fortalecer la “descentralización”.
Cámara aprobó
reforma
En la noche de este miércoles se aprobó en último debate la reforma de la
salud en la plenaria de la Cámara, con lo cual solo le resta ser conciliada con
el Senado para que pase a control de la Corte Constitucional y, de ahí, a
sanción presidencial.
Uno de los puntos nuevos que se le incluyó al articulado es un inciso que le
ordena al Gobierno regular el precio de los medicamentos a nivel nacional.
Aunque el Ejecutivo en principio se opuso a esta medida por considerar que
tendría “consecuencias negativas”, los legisladores le dieron vía libre
con 115 votos a favor.
“El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Salud, estará a cargo
de regular los precios de los medicamentos a nivel nacional”, dice el inciso
que se le agregó al artículo 25 de este proyecto de ley estatutaria.
La intención de la propuesta, según el jefe de los liberales, Simón Gaviria,
es que “dichos precios solo se tasen con base en comparaciones
internacionales, que en todo caso no podrán superar el precio de otros
países”.
El ministro de salud, Alejandro Gaviria, respaldó el espíritu de este
artículo y aseguró que “los colombianos y el Estado también estamos cansados del
abuso de los precios de los medicamentos”.
Otro aspecto que fue incluido en el último debate en el Senado y que el
Ejecutivo logró incluir en el texto de la Cámara, es el relacionado con
supeditar la prestación de los servicios de salud a la sostenibilidad fiscal del
Estado.
Los críticos de este aspecto advirtieron que eso sería inconstitucional,
porque limitaría un derecho fundamental a un aspecto fiscal y de presupuesto.
Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, desmintió esos
señalamientos y aseguró que solo “es un criterio de interpretación a la hora de
determinar los beneficios, que tiene que ser complementario a las normas
constitucionales”.
Aunque en principio se habían presentado 150 proposiciones modificatorias, al
final solo se aceptó tramitar 35. Una de las que mayor debate generó fue la
relacionada con los alcances de la acción de nulidad en salud.
“Contra los actos administrativos de carácter general que contengan
decisiones de exclusión de un servicio o tecnología de salud se podrá interponer
la acción de nulidad ante el Consejo de Estado”, dice el artículo 17, lo que a
juicio de los detractores afecta la acción de tutela como mecanismo para
garantizar este derecho fundamental.
El representante del Polo Germán Navas Talero aseguró que “la tutela es
subsidiaria, lo que se traducen en que primero se debe agotar los otros recursos
que existan, como este que se está implementando, antes de poder acudir a
ella”.
Pero los defensores de la medida, respaldada por el Gobierno a pesar de que
en Senado se eliminó, coincidieron en que existe jurisprudencia de las altas
cortes que la blinda. El liberal Guillermo Rivera subrayó que “hay
jurisprudencia que indica que la tutela puede ser usada como mecanismos
transitorio cuando un derecho fundamental esté en riesgo”.
Entre los aspectos generales de esta iniciativa está la eliminación del POS,
la obligación del Estado a garantizar este derecho fundamental y, aunque fue
objeto de debate, no se tocó la estructura general de las EPS.
Las plenarias de Cámara y Senado fueron citadas para este jueves para
votar la conciliación.
Cabe recordar que en el Congreso está pendiente de surtir segundo debate un
proyecto de ley ordinaria que desarrolla la reforma estructural que el Gobierno
quiere hacer sobre el sistema de salud, en el que, entre otras cosas, cambia por
completo la finalidad de las EPS.