Rectores plantean que con el proyecto que está en trámite en Congreso se inyecten nuevos recursos.
Con el ánimo de buscar nuevas fuentes de recursos,
las universidades públicas le pidieron al Gobierno compensar sus necesidades
financieras con impuestos, exenciones y ajuste de presupuestos a través del
proyecto de reforma tributaria, dado que no se logró con los intentos fallidos
de reforma a la educación superior.
Debido a que el próximo año recibirán 100.000 millones de pesos adicionales, y no los 240.000 millones que pedían, solicitaron, particularmente, acoger la propuesta parlamentaria encaminada a girarles uno de los cuatro puntos que hoy van a las cajas de compensación por concepto de impuesto al valor de la nómina.
"Si de este 4 por ciento nos giran el 1 por ciento, nos significaría al año 950.000 millones de pesos para el sistema de educación superior público", dijo Luis Enrique Arango, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estos recursos llegarían a cerca de 80 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
También proponen que se les haga extensiva la fórmula del IPC más 2 puntos que aplicaría al Sena y al Icbf en caso de que se eliminaran los parafiscales (impuestos sobre la nómina de las empresas que se destinan a estas instituciones); que a la vez las universidades estatales sean incluidas dentro de las exentas de parafiscales, porque eso las liberaría de pagar el 3 por ciento sobre el valor de la nómina, con destino al Icbf, y hacer explícito el régimen de excepción que cobija al 50 por ciento de los ingresos de los rectores y docentes universitarios.
Arango justificó la propuesta con el argumento de que "estamos sometidas a un desfinanciamiento estructural desde 1993 que hace que seamos cada vez menos viables".
En cuanto al salario de los docentes universitarios, Iván Ramos, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) afirma que este beneficio existe desde 1989 y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en el 2004.
"El 50 por ciento del salario de los profesores universitarios es considerado como gastos de representación, luego son ingresos no gravables. En su momento esto se hizo como medida compensatoria por los bajos sueldos que devengaban y porque estábamos perdiendo recurso humano. Lo que solicitamos es que quede explícito en el proyecto de reforma tributaria este beneficio", dijo Ramos.
De no quedar esta excepción en el sistema de pago de impuestos de la iniciativa, agregó, los docentes podrían ver disminuidos sus salarios entre un 5 y un 20 por ciento.
"Si el gobierno acepta estas peticiones estaría reivindicándose con la sociedad, con los estudiantes, después de lo que pasó con la reforma a la ley 30", afirmó Johana Pacateque, representante de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu).
Algunos cálculos estiman que el Gobierno ha dejado de trasladarles cerca de 1 billón de pesos a las 32 universidades públicas en cumplimiento de decretos y sentencias, lo cual hace que hoy gasten más de lo que reciben.
La próxima semana, anunciaron los rectores, le presentarán al Gobierno su estudio de financiamiento para las universidades públicas.
Debido a que el próximo año recibirán 100.000 millones de pesos adicionales, y no los 240.000 millones que pedían, solicitaron, particularmente, acoger la propuesta parlamentaria encaminada a girarles uno de los cuatro puntos que hoy van a las cajas de compensación por concepto de impuesto al valor de la nómina.
"Si de este 4 por ciento nos giran el 1 por ciento, nos significaría al año 950.000 millones de pesos para el sistema de educación superior público", dijo Luis Enrique Arango, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estos recursos llegarían a cerca de 80 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
También proponen que se les haga extensiva la fórmula del IPC más 2 puntos que aplicaría al Sena y al Icbf en caso de que se eliminaran los parafiscales (impuestos sobre la nómina de las empresas que se destinan a estas instituciones); que a la vez las universidades estatales sean incluidas dentro de las exentas de parafiscales, porque eso las liberaría de pagar el 3 por ciento sobre el valor de la nómina, con destino al Icbf, y hacer explícito el régimen de excepción que cobija al 50 por ciento de los ingresos de los rectores y docentes universitarios.
Arango justificó la propuesta con el argumento de que "estamos sometidas a un desfinanciamiento estructural desde 1993 que hace que seamos cada vez menos viables".
En cuanto al salario de los docentes universitarios, Iván Ramos, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) afirma que este beneficio existe desde 1989 y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en el 2004.
"El 50 por ciento del salario de los profesores universitarios es considerado como gastos de representación, luego son ingresos no gravables. En su momento esto se hizo como medida compensatoria por los bajos sueldos que devengaban y porque estábamos perdiendo recurso humano. Lo que solicitamos es que quede explícito en el proyecto de reforma tributaria este beneficio", dijo Ramos.
De no quedar esta excepción en el sistema de pago de impuestos de la iniciativa, agregó, los docentes podrían ver disminuidos sus salarios entre un 5 y un 20 por ciento.
"Si el gobierno acepta estas peticiones estaría reivindicándose con la sociedad, con los estudiantes, después de lo que pasó con la reforma a la ley 30", afirmó Johana Pacateque, representante de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu).
Algunos cálculos estiman que el Gobierno ha dejado de trasladarles cerca de 1 billón de pesos a las 32 universidades públicas en cumplimiento de decretos y sentencias, lo cual hace que hoy gasten más de lo que reciben.
La próxima semana, anunciaron los rectores, le presentarán al Gobierno su estudio de financiamiento para las universidades públicas.
