Se pudo establecer que la Procuraduría General ordenó 16 pruebas técnicas y documentales, entre las que se destacan visitas e inspecciones al autor regulador del mercado de valores, a la Bolsa de Valores de Colombia, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la DIAN, así como al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de tener a primera mano balances contables y financieros de la liquidada comisionista Interbolsa.
Según los resultados obtenidos en la investigación, se determinará la apertura de investigación formal contra los presuntos responsables del millonario descalabro, así como establecer de dónde provienen los corresponsales, específicamente en Curazao, donde se realizaron las operaciones repo con lo cual se habría producido el fraude.
En el proceso el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado asumió la competencia total del caso. Con la investigación se determinarían las posibles responsabilidades de servidores públicos que estarían involucrados en el escándalo.
En el proceso penal, la Fiscalía programó distintos interrogatorios con el fin de establecer responsabilidades.
Igualmente se espera que en los próximos días la Fiscalía programe las fechas de entrevistas e interrogatorios de otras 31 personas, quienes también estarían relacionadas con la investigación.
Será la Fiscalía la que determine la supuesta responsabilidad de estas personas en los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de títulos en la bolsa, operaciones no autorizadas, estafa, abuso de confianza, corrupción privada agravada y administración desleal.
En el proceso el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado asumió la competencia total del caso. Con la investigación se determinarían las posibles responsabilidades de servidores públicos que estarían involucrados en el escándalo.
En el proceso penal, la Fiscalía programó distintos interrogatorios con el fin de establecer responsabilidades.
Igualmente se espera que en los próximos días la Fiscalía programe las fechas de entrevistas e interrogatorios de otras 31 personas, quienes también estarían relacionadas con la investigación.
Será la Fiscalía la que determine la supuesta responsabilidad de estas personas en los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de títulos en la bolsa, operaciones no autorizadas, estafa, abuso de confianza, corrupción privada agravada y administración desleal.