No facturar podría costarle mucho más a su empresa


¿Su empresa está preparada para responder por una venta que no fue facturada correctamente? Imagine que un negocio realiza cientos de operaciones durante el mes, pero una de ellas queda sin factura por un error del personal, una falla en el procedimiento o una decisión equivocada. Hasta ahora, muchos empresarios han asociado este incumplimiento principalmente con el riesgo de cierre temporal del establecimiento. Sin embargo, el panorama podría cambiar significativamente.

El Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, plantea modificaciones al régimen sancionatorio de facturación en Colombia. Entre ellas aparece la posibilidad de sustituir determinadas clausuras por sanciones económicas calculadas sobre los ingresos del contribuyente y no necesariamente sobre el valor de la operación omitida.

Esto plantea una preocupación que va más allá del cumplimiento formal: una falla aparentemente pequeña podría comprometer recursos importantes del negocio.

La pregunta no es solamente cuánto podría costar una sanción, sino qué tan confiables son los procedimientos de facturación de su empresa.

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Una obligación tributaria que no puede depender de la memoria

La facturación constituye uno de los principales mecanismos de documentación de las operaciones económicas en Colombia.

Para un empresario puede representar la constancia de una venta. Para el contador constituye una fuente de información que debe guardar coherencia con los registros contables, los impuestos y los soportes de las transacciones.

Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), además, permite ejercer funciones de control y fiscalización.

El problema aparece cuando las empresas consideran que la obligación termina con disponer de un programa de facturación electrónica.

Tener una herramienta tecnológica no garantiza que todas las operaciones sean facturadas oportunamente ni que los documentos cumplan las condiciones legales.

Pueden existir diferencias entre ventas registradas y facturas expedidas, operaciones pendientes de transmisión, errores en la identificación del adquirente o procedimientos de contingencia mal ejecutados.

Por eso, la facturación debe entenderse como un proceso tributario que requiere responsables definidos, procedimientos verificables y mecanismos de revisión.

¿Qué establece actualmente la normativa colombiana?

El Estatuto Tributario contiene disposiciones que regulan la obligación de facturar, los requisitos de los documentos y las consecuencias de su incumplimiento.

Entre las principales normas se encuentran:

  • Artículo 615: establece la obligación de expedir y entregar factura o documento equivalente para quienes estén legalmente obligados.

  • Artículo 616-1: regula el sistema de facturación.

  • Artículo 617: establece requisitos de la factura para efectos tributarios.

  • Artículo 652: contempla sanciones por expedir facturas sin determinados requisitos.

  • Artículo 652-1: contempla consecuencias por no expedir factura.

  • Artículo 657: regula la clausura del establecimiento en las situaciones previstas por la ley.

Actualmente, determinadas infracciones pueden dar lugar a sanciones económicas o al cierre temporal del establecimiento, según la conducta y el procedimiento correspondiente.

Es importante distinguir entre no expedir una factura y expedirla incumpliendo requisitos legales. Aunque ambas situaciones representan riesgos tributarios, no necesariamente reciben el mismo tratamiento.

La DIAN también debe observar las garantías del procedimiento administrativo sancionatorio. Una irregularidad detectada no significa que automáticamente exista una sanción definitiva.

DIAN+1

La propuesta de reforma: del cierre a una sanción económica

El Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado el 29 de octubre, propone modificar varias disposiciones del Estatuto Tributario relacionadas con facturación.

Una de las modificaciones más relevantes consiste en reemplazar la clausura por no expedir factura o documento equivalente por una sanción económica directa.

Según el texto propuesto, esta sanción se determinaría tomando el mayor valor entre dos referencias:

  1. El 5 % de los ingresos netos obtenidos por el contribuyente durante el mes anterior al hecho sancionable.

  2. El 5 % de la mediana de ingresos netos mensuales correspondiente a su actividad económica principal, identificada mediante el código CIIU.

En caso de reincidencia, el porcentaje propuesto aumentaría al 7 %, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.

Esta modificación merece especial atención porque la sanción dejaría de depender exclusivamente de las características de la operación omitida.

Una venta de valor reducido podría ocasionar una consecuencia económica considerable si el contribuyente registra ingresos mensuales importantes.

Además, la utilización de una referencia sectorial podría afectar a negocios cuyos ingresos individuales sean inferiores a los valores determinados para su actividad económica.

Advertencia normativa: al 5 de noviembre de 2026, estas disposiciones corresponden a una propuesta legislativa. No deben presentarse como sanciones vigentes ni aplicarse anticipadamente. Su contenido puede modificarse durante el trámite en el Congreso.

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¿Cómo podría afectar esta propuesta a una empresa?

Consideremos un ejemplo exclusivamente ilustrativo.

Una empresa registra ingresos netos mensuales por $120.000.000. Durante una revisión se identifica una operación que, estando sujeta a la obligación, no fue facturada.

Si llegara a aprobarse la fórmula propuesta, y suponiendo que la mediana sectorial fuera inferior a los ingresos de esta empresa, la sanción se calcularía así:

EJEMPLO HIPOTÉTICO — SANCIÓN PROPUESTA

Ingresos netos del mes anterior
Mediana sectorial hipotética

Resultado ilustrativo

$6.000.000

Base utilizada: $120.000.000 · Tarifa: 5 %

Simulación basada en la fórmula propuesta. No corresponde a una liquidación tributaria vigente ni a una sanción determinada por la DIAN.

Lo importante del ejemplo no es solamente la cifra.

Es comprender que el costo potencial de una omisión podría superar ampliamente el valor de la operación no facturada.

Por eso, el análisis de riesgos debe considerar tanto la frecuencia de los errores como las consecuencias que podrían producir.

Facturas con errores: otro riesgo que podría aumentar

La propuesta legislativa también contempla modificar la sanción por expedir facturas sin los requisitos exigidos.

Actualmente, el artículo 652 establece, para las infracciones que allí contempla, una sanción del 1 % del valor de las operaciones facturadas sin cumplir determinados requisitos, con un límite de 950 UVT.

El proyecto plantea elevar el porcentaje al 5 % y establecer un límite de 3.500 UVT, ampliando además el alcance de los requisitos cuyo incumplimiento podría generar la sanción.

Para situaciones de reincidencia, el texto propone condiciones más exigentes.

Esto significa que la revisión de las facturas no debería limitarse a verificar que exista un documento generado.

También resulta necesario evaluar la integridad de los datos, las condiciones de expedición, la validación cuando corresponda y la correspondencia con la operación real.

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Los errores que pueden comprometer el cumplimiento

En la práctica empresarial existen situaciones que merecen una revisión especial.

Una de ellas ocurre cuando el personal recibe un pago y considera que la operación puede facturarse posteriormente, sin verificar el momento en que nace la obligación de expedición.

Otra aparece cuando las ventas realizadas mediante diferentes canales —establecimiento físico, comercio electrónico, transferencias o plataformas digitales— no se integran correctamente al sistema de facturación.

También se presentan dificultades cuando el negocio utiliza documentos internos como si reemplazaran la factura electrónica, sin comprobar si tienen validez tributaria.

A estas situaciones se suman los errores en la numeración autorizada, las fallas de transmisión, la falta de seguimiento a documentos rechazados y la ausencia de procedimientos adecuados para contingencias tecnológicas.

No todos estos eventos constituyen automáticamente la misma infracción ni generan idénticas consecuencias.

Sin embargo, todos pueden revelar debilidades que conviene identificar antes de una actuación de fiscalización.

La pregunta que debería formularse la administración es sencilla:

¿Podemos demostrar que cada operación que debe facturarse cuenta con el documento correspondiente y que este cumple las condiciones exigibles?

Si la respuesta depende de revisar manualmente información dispersa, existe una oportunidad importante de mejorar el control.

La tecnología no reemplaza la responsabilidad tributaria

La facturación electrónica ha permitido automatizar numerosos procedimientos empresariales.

No obstante, automatizar una actividad no equivale a controlar integralmente sus resultados.

Una plataforma puede generar documentos, pero la empresa debe comprobar que las operaciones estén completas, que los datos sean correctos y que las excepciones reciban tratamiento oportuno.

Esto exige coordinación entre las áreas comercial, administrativa, tecnológica y contable.

Por ejemplo, cuando una factura presenta dificultades de validación, debe existir un procedimiento que permita identificar la causa, determinar la actuación correcta y conservar la evidencia correspondiente.

Cuando se realiza una devolución, anulación o ajuste, también debe verificarse que el tratamiento documental y tributario sea procedente.

Los responsables de la operación necesitan comprender que la factura no constituye un trámite aislado, sino parte de la información que respalda las obligaciones fiscales de la organización.

El proveedor tecnológico cumple funciones importantes, pero su participación no elimina las responsabilidades que corresponden al obligado a facturar.

¿Qué debería revisar una empresa desde ahora?

No es necesario esperar a que una reforma tributaria sea aprobada para mejorar los procedimientos de facturación.

La normativa vigente ya exige un cumplimiento adecuado.

Una revisión razonable debería comprender la identificación de las operaciones sujetas a facturación, los responsables de expedir los documentos, la correspondencia entre ventas y facturas, y el tratamiento de situaciones excepcionales.

También conviene verificar que la información del Registro Único Tributario (RUT), la habilitación y la numeración de facturación sean coherentes con la operación.

Especial atención merece la conciliación entre las ventas registradas, los medios de recaudo, las facturas expedidas y la información contable.

Estas verificaciones permiten detectar diferencias que, de permanecer sin explicación, podrían convertirse en riesgos tributarios.

Es igualmente importante conservar soportes suficientes de las revisiones efectuadas y de las correcciones procedentes.

Un control que no deja evidencia resulta más difícil de demostrar cuando la administración tributaria solicita explicaciones.

La intervención profesional debe responder al riesgo real

Conocer los artículos del Estatuto Tributario es importante, pero no basta para determinar las consecuencias de una situación particular.

Cada empresa presenta características diferentes: actividad económica, volumen de operaciones, obligaciones tributarias, canales de comercialización, procedimientos tecnológicos y antecedentes de cumplimiento.

Por esta razón, una evaluación profesional debe identificar primero los hechos y las normas aplicables.

Posteriormente, corresponde establecer si existe una obligación incumplida, qué consecuencias podrían derivarse y cuáles son las actuaciones procedentes.

No sería responsable afirmar que todas las irregularidades generan cierre del establecimiento, ni anticipar que cualquier error ocasionará una multa del 5 %.

Tampoco sería correcto utilizar las cifras de un proyecto de ley como si fueran obligaciones exigibles actualmente.

En Mi Contabilidad abordamos estas situaciones mediante la revisión de obligaciones tributarias, documentación de operaciones, procedimientos de facturación y riesgos de incumplimiento, de acuerdo con el alcance específico del servicio contratado.

Si su empresa necesita determinar cómo se encuentra frente a sus obligaciones de facturación y qué aspectos requieren corrección, puede consultar nuestros canales de atención:

https://t.mtrbio.com/MiContabilidadcom

Una reforma propuesta también exige seguimiento

El trámite del Proyecto de Ley 477 de 2026 deberá observarse con atención.

Su aprobación no puede darse por descontada. Durante el debate legislativo podrían modificarse las bases de cálculo, los porcentajes, las condiciones de reincidencia y los procedimientos sancionatorios.

También deberán examinarse los efectos temporales de cualquier modificación aprobada y las garantías aplicables a los contribuyentes.

Mientras tanto, las empresas deben cumplir la legislación vigente.

Una adecuada gestión tributaria exige distinguir claramente entre normas actuales, propuestas legislativas, interpretaciones administrativas y situaciones particulares.

Confundir estas categorías puede llevar a decisiones equivocadas, provisiones sin fundamento suficiente o preocupaciones innecesarias.

El seguimiento normativo debe acompañarse de una evaluación concreta de los procedimientos empresariales, no limitarse a la lectura de titulares.

El verdadero costo de no facturar puede ir más allá de la sanción

Una irregularidad en facturación puede representar más que una consecuencia económica impuesta por la administración tributaria.

También puede ocasionar diferencias contables, dificultades para justificar operaciones, inconsistencias en declaraciones y problemas en la relación documental con clientes y proveedores.

Cuando estos errores se repiten, pueden evidenciar fallas estructurales en la organización de la información.

Por eso, la facturación no debería evaluarse únicamente desde la posibilidad de recibir una sanción.

Debe analizarse como un componente fundamental del cumplimiento tributario y de la confiabilidad de los registros empresariales.

Una empresa que conoce sus obligaciones, documenta adecuadamente sus operaciones y revisa periódicamente sus procedimientos dispone de mejores condiciones para identificar y corregir riesgos.

La propuesta de reforma representa una razón adicional para examinar estos aspectos, pero no constituye la única.

Conclusión: prevenir comienza por conocer cómo se factura

El Proyecto de Ley de Rescate Económico plantea un escenario en el cual determinadas infracciones relacionadas con la facturación podrían generar consecuencias económicas más significativas.

Sin embargo, el principal aprendizaje para las empresas no depende de que la iniciativa sea aprobada en sus términos actuales.

La obligación de facturar correctamente ya existe.

Lo que corresponde es comprobar si los procedimientos internos permiten cumplirla, identificar posibles debilidades y adoptar las medidas que resulten necesarias.

El cumplimiento tributario no se construye únicamente cuando llega un requerimiento de la DIAN.

Se fortalece mediante información confiable, responsabilidades claras, documentación adecuada y revisiones oportunas.

La mejor decisión no es esperar a conocer cuánto podría costar una sanción, sino comprender qué debe corregirse para evitar el incumplimiento.

En Mi Contabilidad podemos evaluar los riesgos tributarios asociados con sus procedimientos de facturación y determinar las actuaciones profesionales que correspondan a su situación particular.

Contacto y atención profesional:

https://t.mtrbio.com/MiContabilidadcom

Diana Cristina Cardona
Contadora Pública – Mi Contabilidad

“El control y la claridad financiera son la base de las decisiones correctas.”

Arquitectura: Arquitectura Tributaria y de Cumplimiento Fiscal (AT)

Mi Contabilidadcom

Somos una firma colombiana con domicilio principal en Manizales, contamos con más de 15 años de experiencia profesional en el campo de la auditoria financiera, de gestión, y de sistemas, así como en el campo de revisoria fiscal. Contamos con un grupo de profesionales especializado en temas tributarios y de NIIF, temas que en la actualidad son imprescindibles en cualquier organización.

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