Comprar un vehículo híbrido o eléctrico y enterarse después de que existe la posibilidad de recuperar el IVA pagado puede parecer una excelente noticia. Pero entre tener derecho a un beneficio tributario y lograr que la devolución proceda correctamente existe una diferencia importante: documentación, certificaciones, oportunidad, coherencia de la información y cumplimiento del procedimiento. En 2026 el tema adquirió especial relevancia por el fuerte aumento de solicitudes presentadas ante la DIAN, hasta el punto de que la entidad tuvo que ampliar su capacidad operativa y modificar algunos mecanismos de atención. Para el contribuyente, la enseñanza es clara: no se trata simplemente de saber que existe un beneficio. Es necesario establecer si realmente se cumplen sus condiciones, cómo debe documentarse y cuál es el procedimiento aplicable al caso concreto.
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El beneficio existe, pero tiene condiciones
Durante mucho tiempo, cuando una persona natural compraba un vehículo eléctrico o híbrido para uso personal, podía resultar poco evidente que esa adquisición tuviera relación con los incentivos tributarios establecidos para la gestión eficiente de la energía.
La doctrina de la DIAN ha aclarado este escenario.
La entidad ha señalado que las personas naturales que adquieran vehículos eléctricos o determinados vehículos híbridos —PHEV y HEV— para uso personal pueden acceder a la exclusión del IVA contemplada en el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, siempre que cuenten con la certificación correspondiente expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética —UPME—.
Este punto es fundamental.
No significa que cualquier comprador de cualquier vehículo identificado comercialmente como “híbrido” pueda asumir automáticamente que tiene derecho a solicitar dinero a la DIAN.
El análisis comienza por determinar si el vehículo y la inversión cumplen las condiciones exigidas y si existe la certificación que permite acceder al incentivo.
En materia tributaria, conocer la existencia de un beneficio es apenas el comienzo.
¿Por qué puede existir IVA pagado si hay una exclusión?
Aquí aparece una situación que puede generar confusión.
Si existe una exclusión de IVA, ¿por qué el comprador habría pagado IVA al adquirir el vehículo?
La propia DIAN ha reconocido que puede suceder que el vehículo sea adquirido y facturado con el impuesto antes de que el interesado obtenga la certificación de la UPME que permite acceder al beneficio.
Cuando la certificación se obtiene posteriormente y se cumplen las condiciones correspondientes, entra en discusión la recuperación del IVA que fue pagado.
La DIAN aclaró en 2026 que, para estos casos, el procedimiento aplicable es el establecido en el parágrafo 3 del artículo 1.3.1.12.24 del Decreto 1625 de 2016.
Por eso conviene hacer una precisión conceptual: aunque comúnmente se hable de la “devolución del IVA del vehículo”, dependiendo de la situación estamos frente a un procedimiento tributario que exige identificar correctamente la naturaleza del valor pagado y la disposición que permite solicitar su recuperación.
No es simplemente presentar una factura y pedir que la DIAN devuelva una suma de dinero.
El aumento de solicitudes puso el tema en primer plano
El 1 de octubre de 2026 la DIAN informó que estaba enfrentando un crecimiento extraordinario de las solicitudes relacionadas con este beneficio.
Según la entidad, mientras en 2024 el universo de vehículos objeto del beneficio correspondía a 19 unidades, para octubre de 2026 se acercaba a 92.000 vehículos. La demanda obligó a introducir ajustes tecnológicos y operativos para atender las solicitudes.
Entre agosto y septiembre, la DIAN informó haber asignado más de 6.600 citas relacionadas con solicitudes de devolución y señaló que estaba destinando cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.
La situación deja una enseñanza que va mucho más allá de los vehículos.
Cuando un beneficio tributario comienza a ser utilizado masivamente, también aumenta la importancia de presentar solicitudes completas, consistentes y debidamente soportadas.
La congestión administrativa no elimina los requisitos tributarios.
Y la popularidad de un beneficio tampoco convierte su reconocimiento en automático.
¿Se pierde el derecho porque no hay citas disponibles?
Esta ha sido una de las preocupaciones de muchos contribuyentes.
La DIAN indicó expresamente que las dificultades para obtener una cita no implican la pérdida del derecho a presentar la solicitud y señaló que los contribuyentes cuentan con un plazo de hasta cinco años para hacerlo.
Esto es importante, pero no debería interpretarse como una invitación a dejar el trámite indefinidamente pendiente.
Una cosa es que exista un término para ejercer el derecho y otra muy distinta que resulte conveniente esperar hasta acercarse a su vencimiento.
Con el paso del tiempo pueden aparecer dificultades prácticas: documentos extraviados, cambios de información, problemas para reconstruir soportes, diferencias entre documentos o simplemente pérdida de claridad sobre cómo ocurrió la operación.
Por eso, cuando existe la posibilidad de acceder al beneficio, lo razonable es revisar oportunamente el caso y organizar los soportes.
La certificación de la UPME es determinante
Uno de los errores que debe evitarse es comenzar por la devolución sin haber establecido primero si existe el derecho sustancial al beneficio.
La certificación expedida por la UPME ocupa un lugar central.
La doctrina de la DIAN ha reiterado que el acceso a la exclusión del IVA está condicionado al cumplimiento de los requisitos correspondientes y a contar con dicha certificación.
Por eso, antes de pensar en formularios, citas o radicaciones, conviene responder preguntas básicas:
¿El vehículo cumple las condiciones para acceder al incentivo?
¿Existe la certificación correspondiente?
¿La certificación identifica adecuadamente la inversión?
¿La factura de adquisición coincide con la operación que se pretende acreditar?
¿Quién efectuó realmente el pago?
¿Quién aparece como adquirente?
¿El valor cuya devolución se pretende corresponde efectivamente al impuesto pagado?
Estas preguntas parecen sencillas, pero son precisamente las que permiten pasar de una expectativa a un expediente tributario coherente.
Una solicitud tributaria debe poder contar una sola historia
Este es probablemente el criterio más importante.
Los documentos de una solicitud no deberían verse como papeles independientes.
La factura dice algo.
El comprobante de pago dice algo.
La certificación de la UPME dice algo.
La identificación del vehículo dice algo.
La información del contribuyente ante la DIAN dice algo.
Los formularios y anexos dicen algo.
Todos deberían contar la misma historia económica y tributaria.
Cuando aparecen diferencias entre comprador, pagador, propietario, valores, fechas, identificación del vehículo o certificaciones, puede surgir la necesidad de aclarar, corregir o complementar información.
Por eso el verdadero trabajo no consiste únicamente en llenar un formato.
Consiste en revisar la trazabilidad de la operación.
Un formulario incorrecto también puede retrasar el proceso
La DIAN informó que desarrolló un mecanismo electrónico destinado a disminuir las inadmisiones relacionadas con errores en el diligenciamiento del Formato 010.
El contribuyente diligencia un formulario electrónico y el sistema genera automáticamente el formato correspondiente, buscando facilitar la radicación de la solicitud.
También anunció un piloto de inteligencia artificial en Bogotá para reducir el tiempo de validación inicial de los documentos aportados, con posterior prueba en Medellín y una posible implementación gradual en otras regiones.
Esto muestra cómo la administración tributaria también está utilizando tecnología para responder a trámites masivos.
Pero hay algo que la automatización no cambia:
la responsabilidad de que la información presentada sea correcta continúa siendo del contribuyente.
Un sistema puede facilitar el diligenciamiento.
No puede convertir una operación que no cumple los requisitos en una operación beneficiaria.
¿Qué sucede fuera de las principales ciudades?
También existe una diferencia operativa importante.
Para Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga la DIAN ha venido administrando un esquema de citas. Para el resto del país, la entidad informó que los contribuyentes no deben solicitar cita, sino remitir la documentación al correo electrónico de la dirección seccional correspondiente a su domicilio fiscal.
Este detalle demuestra por qué no conviene seguir instrucciones genéricas encontradas en redes sociales.
El procedimiento puede variar dependiendo del domicilio fiscal y de las instrucciones vigentes de la administración tributaria.
Antes de radicar debe verificarse cuál es el canal aplicable.
El error de pensar solamente en “cuánto me devuelven”
Cuando aparece un beneficio tributario, es natural que la primera pregunta sea económica:
¿Cuánto dinero puedo recuperar?
Pero profesionalmente esa no debería ser la primera pregunta.
Antes deben resolverse otras:
¿Existe realmente el derecho?
¿Está correctamente certificado?
¿El impuesto fue efectivamente pagado?
¿Quién está legitimado para solicitarlo?
¿Los documentos son consistentes?
¿Se encuentra vigente el término para hacerlo?
¿El procedimiento utilizado corresponde al caso?
Solo después tiene sentido cuantificar el valor.
Este cambio de orden evita que el contribuyente construya expectativas económicas antes de conocer la situación tributaria real.
Si adquiriste un vehículo eléctrico o híbrido y quieres determinar si tu caso cumple las condiciones para solicitar la recuperación del IVA pagado, en Mi Contabilidad podemos revisar la operación, sus soportes y el tratamiento tributario aplicable antes de presentar la solicitud.
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La devolución tampoco debe analizarse aisladamente
Existe otro aspecto que merece atención.
Los incentivos asociados a estas inversiones no se limitan necesariamente al IVA.
La Ley 1715 de 2014 también contempla beneficios relacionados con el impuesto sobre la renta, y la DIAN ha desarrollado doctrina sobre la posibilidad de que personas naturales accedan a ellos bajo determinadas condiciones.
Esto no significa que quien tenga derecho a uno automáticamente tenga derecho a todos ni que puedan aplicarse sin revisar sus requisitos particulares.
Precisamente por eso es conveniente analizar integralmente la operación.
Una decisión tributaria correcta no consiste en acumular beneficios encontrados en internet.
Consiste en determinar cuáles corresponden legalmente al contribuyente y cómo deben reflejarse correctamente en sus obligaciones fiscales.
Información pública no significa aplicación automática
Hoy es relativamente sencillo encontrar información sobre este beneficio.
La DIAN publica doctrina y comunicados.
Los medios especializados explican los cambios.
Las herramientas de inteligencia artificial pueden resumir normas y procedimientos.
Todo eso facilita el acceso a la información.
Pero existe una diferencia importante entre conocer la regla y determinar cómo aplica a una operación particular.
Una persona puede saber que existe una exclusión de IVA y aun así desconocer si su vehículo está cubierto, si su certificación es suficiente, si sus documentos presentan inconsistencias o si está utilizando el procedimiento adecuado.
Ese es el punto donde comienza el análisis tributario.
Antes de presentar la solicitud, revise
Conviene comprobar como mínimo la certificación de la UPME, la factura de adquisición, la identificación del comprador y del vehículo, los comprobantes del pago realizado, el IVA efectivamente pagado, la coherencia entre los diferentes documentos, el domicilio fiscal registrado y el canal habilitado por la DIAN para presentar el trámite.
También debe revisarse la vigencia de las instrucciones administrativas al momento de radicar.
La DIAN puede mejorar plataformas, modificar mecanismos de atención o implementar nuevas herramientas operativas sin que ello cambie necesariamente el fundamento legal del beneficio.
Por eso es necesario distinguir entre la norma que reconoce el derecho y el procedimiento operativo utilizado para ejercerlo.
Un beneficio tributario también exige control
El crecimiento de las solicitudes de devolución del IVA por vehículos híbridos y eléctricos demuestra algo interesante: un incentivo que durante un tiempo tuvo utilización limitada puede convertirse rápidamente en un asunto tributario masivo.
La respuesta no debería ser correr a presentar solicitudes.
Debería ser revisar primero.
Porque una devolución tributaria correctamente gestionada empieza mucho antes de la radicación: empieza verificando el derecho, organizando la evidencia y asegurando que toda la información sea consistente.
La posibilidad de recuperar un impuesto pagado puede representar un beneficio económico importante, pero debe estar sustentada en una operación que cumpla las condiciones legales.
En materia tributaria, el beneficio no está solamente en conocer una norma. Está en aplicarla correctamente al caso que realmente tenemos.
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“El control y la claridad financiera son la base de las decisiones correctas.”
Arquitectura: Arquitectura Tributaria y de Cumplimiento Fiscal
