La exoneración tiene un alcance específico
El anuncio realizado por Asofondos el 2 de septiembre de 2026 establece que Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia no cobrarán durante septiembre, octubre y noviembre la comisión señalada por el gremio para retiros de cesantías destinados a compra, reparación o mejoramiento de vivienda, cuando se trate de trabajadores damnificados en las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto.
Por eso es importante no convertir el titular en una regla general.
La medida no significa que desde septiembre todos los trabajadores colombianos puedan hacer cualquier retiro de cesantías sin costo ni que se hayan eliminado los requisitos legales para los retiros parciales. Se trata de un beneficio temporal anunciado por las administradoras privadas participantes y vinculado a una situación extraordinaria.
Antes de iniciar un trámite conviene verificar directamente con el fondo tres aspectos: que el afiliado esté dentro de la población cubierta, que la finalidad del retiro corresponda a las condiciones anunciadas y que pueda acreditar la afectación y los demás requisitos exigibles.
Esta precisión evita uno de los errores frecuentes frente a medidas excepcionales: asumir que una facilidad económica modifica automáticamente las reglas que controlan el uso de los recursos.
Las cesantías tienen una finalidad protegida
Las cesantías no son simplemente un saldo disponible para retirar cuando el trabajador lo considere conveniente. Durante la vigencia del contrato, su utilización está condicionada a los eventos autorizados legalmente.
La Superintendencia Financiera recuerda que estos recursos están orientados principalmente a situaciones de desempleo y a determinados usos relacionados con vivienda y educación. Entre los retiros parciales asociados con vivienda se encuentran, entre otros, la compra, reformas, ampliaciones o mejoras de vivienda propia, así como algunos pagos relacionados con créditos hipotecarios.
El Decreto 1072 de 2015 establece expresamente que las cesantías parciales pueden utilizarse para adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a vivienda. También identifica como destinaciones autorizadas la ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador o de su cónyuge.
Por tanto, el beneficio anunciado en septiembre no crea el derecho a utilizar cesantías para vivienda. Ese derecho ya existe dentro de las condiciones previstas por la normativa laboral.
Lo extraordinario es la exoneración temporal anunciada para determinados damnificados.
Esta diferencia es fundamental para interpretar correctamente la medida.
¿Dónde aparece el riesgo para trabajadores y empresas?
Cuando existe una emergencia, la prioridad natural es resolver el daño rápidamente. Sin embargo, precisamente en esos momentos pueden aparecer errores documentales.
Un trabajador podría solicitar un retiro para “reparación” sin tener todavía claridad sobre el inmueble, el presupuesto, la propiedad o los documentos que permiten demostrar el destino del dinero.
Del otro lado, un empleador podría considerar que su función consiste simplemente en firmar una autorización porque la persona efectivamente sufrió una afectación.
La regulación exige mayor cuidado.
El Decreto 1072 dispone que el empleador debe constatar el cumplimiento de las condiciones previstas para el retiro parcial antes de que el trabajador presente la solicitud ante su fondo de cesantías, sin perjuicio de la verificación que también pueda efectuar el propio fondo.
Esto convierte el proceso en algo más que un trámite administrativo.
La empresa debe dejar evidencia suficiente de por qué autorizó el retiro.
El trabajador, a su vez, necesita reunir documentos coherentes con la finalidad declarada.
Y el fondo conserva facultades de verificación.
Autorizar no significa asumir que todo documento es suficiente
Para el empleador existe una diferencia importante entre recibir papeles y verificar razonablemente que respaldan el retiro solicitado.
Si se trata de una reparación o mejora, por ejemplo, deberían existir elementos que permitan relacionar el inmueble con el trabajador o su cónyuge y justificar la destinación solicitada de acuerdo con los requisitos aplicables.
En el caso concreto de los damnificados por el terremoto, también será importante revisar las exigencias que cada administradora determine para demostrar que el afiliado pertenece a la población cubierta por el beneficio temporal.
Por eso no resulta conveniente trabajar con una lista genérica obtenida de redes sociales, mensajes reenviados o publicaciones que no distingan entre requisitos legales, requisitos operativos del fondo y documentos asociados con la condición de damnificado.
La información puede orientar.
La revisión particular permite determinar si los soportes son suficientes.
Y la ejecución correcta del trámite exige aplicar esos criterios al caso real.
Son niveles distintos.
El plazo de pago tampoco comienza con una solicitud incompleta
Otra expectativa que conviene manejar correctamente es el tiempo.
El Decreto 1072 de 2015 señala que el fondo de cesantías o el empleador, según corresponda, deberá realizar el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el trabajador haya presentado la solicitud cumpliendo todos los requisitos exigidos por las normas vigentes.
Esa última condición es decisiva.
Presentar un formulario no necesariamente equivale a haber completado el trámite.
Si faltan documentos necesarios para acreditar la finalidad, la propiedad del inmueble o alguna condición requerida para acceder al beneficio excepcional, el proceso puede requerir subsanaciones antes de encontrarse completo.
Por eso, cuando existe urgencia, preparar correctamente los soportes desde el comienzo suele ser más efectivo que presentar una solicitud incompleta y tratar de corregirla posteriormente.
¿Qué debería revisar el trabajador antes del retiro?
Antes de utilizar las cesantías para atender una emergencia de vivienda, resulta prudente revisar al menos cuatro elementos.
Primero, el saldo disponible. La exoneración de una comisión no aumenta el ahorro acumulado. El trabajador debería conocer cuánto tiene realmente disponible y cuánto necesita para la obra o adquisición prevista.
Segundo, la destinación. Debe existir correspondencia entre la solicitud y uno de los usos autorizados.
Tercero, los soportes. La documentación debe permitir acreditar tanto las condiciones legales del retiro como las exigencias específicas del fondo.
Cuarto, el impacto financiero. Utilizar cesantías para solucionar una emergencia puede ser plenamente razonable, pero también reduce el ahorro disponible para una eventual terminación laboral futura.
No se trata de evitar el retiro cuando es necesario. Se trata de comprender la decisión completa.
La cesantía puede cumplir precisamente su función de protección en momentos difíciles, pero debería utilizarse con claridad sobre su destino y sobre el saldo que permanecerá disponible después del desembolso.
¿Qué debería cuidar el empleador?
Para las empresas, este tipo de medidas también requiere control.
La autorización del retiro debería poder ser entendida meses después por una persona distinta de quien procesó el trámite.
Esto implica conservar la solicitud del trabajador, la documentación examinada, la evidencia relacionada con la propiedad o destinación cuando corresponda, la autorización emitida y cualquier comunicación relevante.
También es recomendable evitar autorizaciones estándar que no indiquen con claridad la finalidad del retiro.
Un control documental adecuado protege al trabajador, facilita la trazabilidad de la empresa y permite explicar posteriormente por qué se consideró procedente la solicitud.
Si su empresa está recibiendo solicitudes de trabajadores afectados y necesita revisar los controles y soportes aplicables antes de autorizar retiros, puede consultar nuestros servicios en:
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Una revisión profesional puede concentrarse en el alcance específico requerido: verificar documentación, identificar riesgos de control y establecer criterios consistentes para gestionar las solicitudes. Esto no significa asumir automáticamente la operación contable, la auditoría completa de la empresa ni otros servicios que no hayan sido contratados.
Cuidado con intermediarios y trámites informales
La Superintendencia Financiera recomienda realizar estos procedimientos directamente con el fondo de cesantías y advierte sobre falsos tramitadores que ofrecen mecanismos para retirar los recursos.
La advertencia adquiere todavía mayor importancia cuando existe una emergencia.
La combinación entre necesidad económica, desconocimiento del procedimiento y presión por recibir el dinero rápidamente puede facilitar fraudes, cobros injustificados o entrega de información personal a terceros.
El anuncio de exoneración tampoco significa que sea necesario pagarle a alguien para “conseguir” el beneficio.
El trabajador debería acudir a los canales oficiales de su administradora, comprobar cuáles documentos exige y evitar entregar claves, contraseñas o información sensible a intermediarios no autorizados.
La ausencia de comisión no elimina la necesidad de control
El valor económico de la medida es evidente para quienes realmente cumplen sus condiciones: permite que una mayor proporción de sus recursos pueda destinarse a atender la vivienda afectada.
Sin embargo, el aspecto administrativo sigue siendo igualmente importante.
Una buena gestión del retiro debería permitir responder con claridad:
¿Qué ocurrió con la vivienda?
¿Por qué procede utilizar cesantías?
¿Qué monto se requiere?
¿Qué documentos respaldan la solicitud?
¿Quién verificó la información?
¿Qué autorizó el empleador?
¿Qué desembolsó finalmente el fondo?
Cuando esas respuestas están respaldadas documentalmente, el trámite deja una trazabilidad adecuada.
Cuando no lo están, una solución urgente puede convertirse después en una dificultad para explicar la operación.
Una medida excepcional no reemplaza el análisis particular
La noticia sobre la eliminación temporal de la comisión puede ser útil para identificar una oportunidad concreta, pero no determina por sí sola que una persona tenga derecho al beneficio.
Cada afiliado debe verificar su situación.
Conocer que existe la medida es el primer nivel de información.
Comprender cuáles son sus condiciones es el segundo.
Determinar si una persona específica cumple los requisitos exige revisar su caso.
Y tramitar correctamente el retiro requiere ejecutar el procedimiento y reunir la documentación correspondiente.
Esta distinción evita dos extremos: complicar innecesariamente un beneficio previsto para ayudar a quienes lo necesitan o asumir que cualquier retiro puede hacerse sin controles.
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El siguiente paso debe ser revisar antes de autorizar
Las cesantías pueden convertirse en un recurso especialmente valioso para las familias que necesitan reparar una vivienda afectada por una emergencia. Que determinadas administradoras hayan anunciado una exoneración temporal de comisión para trabajadores damnificados representa un alivio adicional, pero su utilidad depende de aplicar correctamente las condiciones.
Para el trabajador, esto significa confirmar que está cubierto por la medida, documentar la destinación y evaluar el efecto del retiro sobre su ahorro.
Para el empleador, significa verificar antes de autorizar y conservar evidencia suficiente.
Para ambos, significa evitar improvisaciones.
Cuando existe urgencia, el control no debería verse como un obstáculo. Bien aplicado, permite que los recursos lleguen a quien corresponde, que sean utilizados dentro de las finalidades permitidas y que el trámite pueda demostrarse posteriormente con claridad.
Si necesita revisar un caso particular, los soportes de una solicitud o los controles que su empresa debería aplicar frente a retiros de cesantías, puede contactar a Mi Contabilidad:
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La intervención puede definirse de acuerdo con la necesidad concreta: diagnóstico documental, revisión de riesgos, orientación sobre el tratamiento aplicable o ejecución del servicio específico contratado.
El alivio económico de una medida temporal es importante. La confiabilidad del proceso también lo es. En asuntos laborales y financieros, resolver una necesidad inmediata sin perder la trazabilidad permite proteger tanto los recursos del trabajador como el control de la empresa.
“El control y la claridad financiera son la base de las decisiones correctas.”
