Una empresa puede seguir vendiendo, facturando y pagando algunas obligaciones, pero eso no significa necesariamente que tenga capacidad para continuar operando. Cuando las pérdidas se acumulan, la caja resulta insuficiente, las deudas vencidas aumentan y no existe un plan realista para corregir la situación, los administradores deben preguntarse si todavÃa se cumple la hipótesis de negocio en marcha. Ignorar estas señales o limitarse a preparar los estados financieros como si nada ocurriera puede tener una consecuencia societaria seria: la sociedad podrÃa encontrarse en causal de disolución. La Ley 2069 de 2020 sustituyó el análisis basado únicamente en un porcentaje de pérdidas patrimoniales por una evaluación más amplia sobre la continuidad empresarial. Esto exige revisar información financiera, operativa, jurÃdica y comercial, documentar las conclusiones y actuar oportunamente. No es suficiente esperar a que el contador cierre el año ni confiar en que las ventas futuras resolverán por sà solas el problema. La continuidad debe sustentarse con evidencia.
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La empresa puede estar activa y no ser un negocio en marcha
La hipótesis de negocio en marcha es el supuesto según el cual una entidad continuará funcionando en el futuro previsible, sin intención ni necesidad de liquidarse o reducir de manera significativa sus operaciones.
Este principio determina la forma en que se preparan los estados financieros. Cuando una empresa cumple la hipótesis, sus activos y pasivos se reconocen bajo la expectativa de que continuará operando y atenderá sus compromisos dentro del curso normal de sus actividades.
El problema aparece cuando esa continuidad deja de ser razonable.
Una sociedad puede conservar su matrÃcula mercantil, emitir facturas y mantener empleados, pero enfrentar simultáneamente dificultades que comprometen su supervivencia. Por ejemplo:
No dispone de efectivo para pagar nómina, seguridad social o proveedores.
Depende permanentemente de préstamos de los socios.
Ha perdido clientes que representaban una parte importante de sus ingresos.
Tiene obligaciones tributarias o laborales vencidas.
Registra pérdidas recurrentes sin un plan de recuperación viable.
Sus pasivos superan sus activos.
Tiene procesos judiciales o administrativos capaces de afectar seriamente su operación.
Sus lÃneas de crédito fueron canceladas o no pueden renovarse.
Perdió una licencia, contrato o autorización indispensable para desarrollar su actividad.
Ninguna de estas circunstancias debe evaluarse de manera aislada. Lo importante es establecer si, consideradas en conjunto, generan una incertidumbre material o demuestran que la empresa ya no puede continuar operando normalmente.
El cambio introducido por la Ley de Emprendimiento
Antes de la Ley 2069 de 2020, varias disposiciones comerciales relacionaban la causal de disolución con la pérdida de un porcentaje determinado del patrimonio. Esto llevaba a que muchas sociedades concentraran su análisis en una fórmula matemática: comparar las pérdidas acumuladas con el capital o el patrimonio.
El artÃculo 4 de la Ley 2069 cambió ese enfoque. Desde entonces, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio constituye causal de disolución de una sociedad comercial. La norma también estableció que las referencias legales anteriores a la causal de disolución por pérdidas deben entenderse referidas a esta nueva causal.
Este cambio es importante porque una empresa puede tener patrimonio positivo y, aun asÃ, no contar con capacidad real para continuar. También puede presentar pérdidas significativas, pero disponer de financiación, contratos, aportes comprometidos o medidas de recuperación suficientemente sustentadas para mantener su operación.
En otras palabras, el patrimonio sigue siendo relevante, pero ya no es el único elemento de análisis.
La fuente que dio origen a este artÃculo puede consultarse en:
No toda dificultad significa que la sociedad deba liquidarse
Uno de los errores más frecuentes es interpretar que una pérdida, una falta temporal de liquidez o un resultado negativo producen automáticamente la liquidación de la sociedad.
La norma exige una evaluación razonable. Esto significa analizar los hechos, las proyecciones, los riesgos y las medidas disponibles antes de concluir si la empresa puede continuar.
Supongamos que una compañÃa cerró el año con pérdidas y presenta retrasos en el pago a proveedores. Sin embargo, tiene contratos firmados para el periodo siguiente, acceso confirmado a financiación, acuerdos formales con sus acreedores y una reducción de costos ya implementada. En ese caso, podrÃa existir una incertidumbre que debe revelarse, pero no necesariamente habrÃa dejado de cumplirse la hipótesis de negocio en marcha.
La conclusión serÃa diferente si las proyecciones dependen exclusivamente de ventas que no tienen respaldo, aportes que los socios no han aprobado o créditos que las entidades financieras ya rechazaron.
Un presupuesto optimista no es evidencia suficiente.
La administración debe demostrar que las acciones propuestas son posibles, oportunas y capaces de atender las necesidades reales de la empresa.
La evaluación no es responsabilidad exclusiva del contador
Otro error común consiste en dejar esta revisión para el momento en que el contador prepara los estados financieros.
Los administradores son quienes conocen las decisiones comerciales, los vencimientos de las obligaciones, los litigios, la pérdida de clientes, las restricciones de crédito y las condiciones operativas de la empresa. Por eso, tienen un papel directo en la evaluación y en la entrega de información completa.
El contador analiza el reconocimiento, la medición, la presentación y las revelaciones correspondientes. El revisor fiscal, cuando exista, debe evaluar los asuntos relevantes dentro del alcance de sus funciones. Sin embargo, ninguno puede reemplazar las decisiones ni las obligaciones propias de los administradores y del máximo órgano social.
La revisión debe realizarse, como mÃnimo, al preparar los estados financieros de cierre, pero no deberÃa limitarse a una actividad anual. Una sociedad con problemas financieros necesita seguimiento periódico de su liquidez, endeudamiento, vencimientos, rentabilidad y capacidad operativa.
Esperar hasta marzo para analizar una crisis que era evidente desde agosto puede reducir las alternativas de recuperación y aumentar la responsabilidad de quienes conocÃan la situación.
Qué deben hacer los administradores ante la causal
Cuando se verifica razonablemente el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, los administradores deben abstenerse de iniciar operaciones nuevas distintas de las correspondientes al giro ordinario de los negocios y convocar inmediatamente al máximo órgano social.
La información presentada a los socios o accionistas debe ser completa y estar documentada. No basta con comunicar que “la empresa está pasando por un momento difÃcil”. Deben explicarse, entre otros aspectos:
El origen de la situación.
Las obligaciones vencidas y próximas a vencer.
La disponibilidad de efectivo.
Los resultados y pérdidas acumuladas.
Las proyecciones financieras.
Los riesgos laborales, tributarios, comerciales y jurÃdicos.
Las alternativas de recuperación.
Las consecuencias de continuar o liquidar la sociedad.
El máximo órgano social podrá tomar decisiones sobre la continuidad, las medidas de recuperación o la disolución y liquidación, según las circunstancias concretas.
La Ley 2069 advierte que el incumplimiento de estos deberes puede generar responsabilidad solidaria de los administradores por los perjuicios causados a asociados o terceros. Por ello, ocultar el deterioro, aplazar injustificadamente la reunión o iniciar operaciones que aumenten el riesgo no son decisiones menores.
Los indicadores financieros son alertas, no fórmulas automáticas
La reglamentación incorporada al Decreto 1074 de 2015 contempla razones financieras y criterios para identificar deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.
Entre las señales consideradas se encuentran la posición patrimonial negativa, las pérdidas consecutivas, el riesgo de incumplimiento en el corto plazo y otras condiciones que permitan advertir dificultades relevantes. El Decreto 1378 de 2021 precisó aspectos de estos indicadores y reconoció dos dimensiones de análisis: el deterioro patrimonial y el riesgo de insolvencia.
Estos criterios no deben utilizarse como una lista mecánica.
Una razón financiera desfavorable es una alerta que exige explicación. Del mismo modo, un indicador aparentemente positivo no elimina otros riesgos. Por ejemplo, la sociedad podrÃa mostrar patrimonio positivo, pero enfrentar una obligación judicial de alto valor o la terminación inminente del contrato del cual depende casi toda su facturación.
La evaluación debe combinar cifras y hechos.
Errores que aumentan el riesgo para la empresa
Una práctica peligrosa consiste en elaborar proyecciones para justificar la continuidad sin revisar si los supuestos son razonables. Aumentar las ventas proyectadas, reducir gastos sin un plan concreto o incluir créditos todavÃa no aprobados puede producir un documento formal, pero no una evaluación confiable.
También es un error compensar obligaciones vencidas con cuentas por cobrar de difÃcil recuperación. Una cartera registrada contablemente no equivale necesariamente a efectivo disponible. Deben revisarse su antigüedad, las condiciones del cliente, las garantÃas y la probabilidad real de recaudo.
Otro problema frecuente es no documentar las decisiones. Puede haberse discutido la situación en reuniones informales, llamadas o mensajes, pero si no existen actas, informes, proyecciones y soportes, será difÃcil demostrar que los administradores actuaron con diligencia.
Finalmente, algunas empresas continúan adquiriendo obligaciones cuando ya saben que difÃcilmente podrán atenderlas. Esta conducta puede aumentar el daño a trabajadores, proveedores, entidades financieras, socios y autoridades tributarias.
Cómo realizar una revisión responsable
La evaluación deberÃa comenzar con un diagnóstico financiero actualizado, no únicamente con los estados financieros del cierre anterior.
Es necesario preparar un flujo de caja proyectado que muestre los ingresos y pagos esperados, con supuestos verificables. Este análisis debe considerar escenarios diferentes, incluyendo uno conservador, para determinar qué ocurrirÃa si las ventas disminuyen, los clientes pagan tarde o la financiación no se obtiene.
También deben revisarse:
La cartera y su posibilidad real de recuperación.
Los inventarios obsoletos o de baja rotación.
Las obligaciones financieras y sus garantÃas.
Los impuestos y aportes pendientes.
Los compromisos laborales.
Los contratos fundamentales para la operación.
Los procesos judiciales o administrativos.
La dependencia de clientes, proveedores o socios.
La capacidad de realizar aportes o capitalizaciones.
Las opciones de reorganización o negociación con acreedores.
Las conclusiones deben quedar por escrito y actualizarse cuando cambien las circunstancias.
En Mi Contabilidad interpretamos la información financiera para identificar señales de deterioro, revisar la coherencia de las proyecciones y ayudar a que los administradores cuenten con elementos claros para tomar decisiones. El propósito no es limitarse a presentar cifras, sino comprender qué muestran sobre la continuidad y el control de la empresa.
Para revisar su situación contable y financiera puede comunicarse en:
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Las revelaciones también hacen parte del cumplimiento
Cuando existen incertidumbres materiales relacionadas con la continuidad, los estados financieros deben informarlas de manera adecuada. Los usuarios necesitan conocer los hechos, los riesgos y las medidas que la administración está adoptando.
Si la empresa ya no cumple la hipótesis de negocio en marcha, la preparación de los estados financieros puede requerir una base diferente. No resulta correcto mantener automáticamente los mismos criterios de medición y presentación utilizados para una entidad que continuará operando normalmente.
Esta decisión requiere análisis técnico y coordinación entre la administración y los profesionales responsables de la información financiera.
Ocultar el problema para evitar una reacción de bancos, proveedores o inversionistas puede generar consecuencias mayores. Una información incompleta afecta decisiones de terceros y puede comprometer la responsabilidad de quienes preparan, certifican o aprueban los estados financieros.
Actuar temprano protege más que ocultar las pérdidas
La causal de disolución no debe verse solamente como el final de una empresa. También funciona como una señal que obliga a sus responsables a examinar la realidad y tomar decisiones antes de que el deterioro sea irreversible.
Una evaluación oportuna puede llevar a capitalizar la sociedad, renegociar obligaciones, vender activos improductivos, ajustar costos, modificar lÃneas de negocio, recuperar cartera o acudir a mecanismos legales de reorganización cuando sean procedentes.
Pero ninguna medida será efectiva si parte de cifras desactualizadas o de expectativas que no tienen respaldo.
El verdadero riesgo no está únicamente en registrar pérdidas. Está en perder el control, desconocer la capacidad de pago y continuar comprometiendo recursos sin comprender la situación financiera.
En https://micontabilidadcom.blogspot.com se publican análisis orientados a comprender obligaciones contables, tributarias y empresariales desde una perspectiva práctica.
Una decisión que debe sustentarse
Determinar si una sociedad cumple la hipótesis de negocio en marcha exige criterio profesional, conocimiento de la operación y evidencia suficiente. No se resuelve observando una sola cuenta del balance ni aplicando automáticamente un porcentaje.
Los administradores deben mantener información confiable, reconocer oportunamente las alertas y comunicar la situación al máximo órgano social cuando corresponda. Los socios, por su parte, necesitan decidir sobre hechos reales y no sobre cifras construidas para aplazar el problema.
El control financiero permite actuar antes de que la falta de liquidez, el deterioro patrimonial o el incumplimiento de obligaciones eliminen las alternativas disponibles. Cumplir la norma no consiste únicamente en evitar una causal de disolución: significa proteger la empresa, a sus trabajadores, a sus acreedores y a quienes toman decisiones basados en su información.
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“El control y la claridad financiera son la base de las decisiones correctas.”
