Muchos hospitales, clínicas e instituciones prestadoras de salud han considerado durante años el internado médico como una etapa exclusivamente académica. Sin embargo, esa visión cambia con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025. A partir de esta reforma laboral, el internado médico deberá ser remunerado con al menos un salario mínimo mensual legal vigente, lo que representa un reto importante para las instituciones formadoras y prestadoras de servicios de salud. No se trata únicamente de asumir un nuevo costo económico; también implica revisar procesos administrativos, presupuestos, contratación y cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Ignorar este cambio puede generar riesgos legales, sanciones y conflictos tanto para las instituciones como para los estudiantes. Comprender el alcance de esta obligación permitirá tomar decisiones oportunas y fortalecer el control interno.
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La reforma laboral introducida mediante la Ley 2466 de 2025 incorpora una modificación que impacta directamente la formación de los futuros médicos en Colombia. El internado, que tradicionalmente ha sido entendido como una práctica académica intensiva, adquiere ahora un reconocimiento económico obligatorio.
Este cambio responde a una realidad que durante años fue objeto de discusión: los estudiantes de medicina, durante el internado, cumplen jornadas extensas, participan activamente en la atención de pacientes y asumen responsabilidades que aportan al funcionamiento de las instituciones de salud. En consecuencia, el legislador consideró necesario reconocer económicamente esa labor.
¿Qué cambia con la nueva norma?
La principal modificación consiste en que los estudiantes que desarrollen su internado médico deberán recibir una remuneración equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).
Aunque la medida representa un avance para quienes cursan esta etapa de formación, también genera importantes desafíos para hospitales, clínicas, universidades y demás entidades involucradas.
No basta con presupuestar el pago. Será necesario revisar la forma en que se administran los convenios docencia-servicio, la financiación de los programas y el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de esta nueva disposición.
Un error frecuente: pensar que solo aumenta el gasto
Es común que algunas organizaciones enfoquen este cambio únicamente desde el punto de vista financiero. Sin embargo, la verdadera preocupación debe estar en el cumplimiento integral de la norma.
Cuando una entidad incorpora una nueva obligación económica sin ajustar sus procesos administrativos, pueden aparecer problemas como:
Falta de apropiación presupuestal.
Errores en la contabilización del gasto.
Incumplimientos en los pagos.
Dificultades para soportar adecuadamente la información financiera.
Riesgos frente a entidades de inspección y control.
La planeación será determinante para evitar reprocesos y contingencias.
Impacto contable para las instituciones
Desde la perspectiva contable, la remuneración del internado no debe verse únicamente como un desembolso adicional.
Será necesario identificar correctamente:
La naturaleza del gasto.
Su reconocimiento contable.
La oportunidad del registro.
La documentación soporte.
La incidencia en los estados financieros.
Una clasificación inadecuada puede afectar la razonabilidad de la información financiera y generar observaciones en procesos de auditoría.
Además, las entidades deberán revisar sus presupuestos anuales para garantizar la disponibilidad de recursos suficientes.
Aspectos laborales que no pueden pasarse por alto
Aunque la remuneración es el aspecto más visible de la reforma, también surgen interrogantes importantes sobre la forma en que deberá administrarse esta relación.
Cada institución deberá analizar cuidadosamente:
El alcance de la Ley 2466 de 2025.
Los reglamentos que desarrollen su aplicación.
Los lineamientos que expidan las autoridades competentes.
Las obligaciones relacionadas con aportes y demás responsabilidades derivadas de la normativa.
Tomar decisiones sin revisar el marco normativo completo puede generar incumplimientos posteriores.
Riesgos de no prepararse
Las organizaciones que no ajusten oportunamente sus procesos podrían enfrentar diversas consecuencias:
Investigaciones administrativas.
Requerimientos por parte de organismos de control.
Reprocesos internos.
Incremento de costos por correcciones posteriores.
Conflictos con estudiantes o instituciones educativas.
En muchas ocasiones, el problema no radica en la obligación de pagar, sino en la ausencia de procedimientos claros para administrarla.
La importancia del control interno
Toda modificación normativa representa una oportunidad para fortalecer los procesos internos.
En este caso resulta recomendable revisar:
Presupuestos.
Políticas contables.
Procedimientos administrativos.
Controles de pago.
Soportes documentales.
Responsabilidades de cada área involucrada.
Cuando existe coordinación entre las áreas financiera, contable, jurídica y administrativa, la implementación suele ser mucho más eficiente.
¿Cómo puede ayudar Mi Contabilidad?
Las reformas legales suelen generar dudas sobre su aplicación práctica. Más allá de interpretar la norma, es importante evaluar cómo afecta la operación de cada entidad.
Desde Mi Contabilidad acompañamos a empresas e instituciones en la interpretación de cambios normativos, la revisión de procesos contables, el fortalecimiento del control interno y la adopción de buenas prácticas que permitan reducir riesgos y tomar decisiones con mayor seguridad.
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Una decisión que trasciende el pago
La remuneración del internado médico representa un reconocimiento importante al trabajo que realizan miles de estudiantes durante su formación profesional.
Sin embargo, para las instituciones el verdadero desafío consiste en implementar correctamente la norma, garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas y mantener información financiera confiable.
Las organizaciones que planifiquen con anticipación, ajusten sus procedimientos y fortalezcan sus controles estarán mejor preparadas para afrontar esta nueva realidad sin afectar su estabilidad administrativa ni financiera.
El cumplimiento normativo no debe entenderse únicamente como una obligación legal; constituye una herramienta para fortalecer la transparencia, reducir riesgos y respaldar decisiones responsables.
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