Uno de los retos es seguir impulsando la economía digital y el desarrollo de la tecnología como motor de inclusión.
Los bancos deben tomarse en serio el reto de adaptarse al cambio que traen las ‘fintech’.
Uno de los retos más relevantes para quienes llegan a ocupar la legislatura a partir de julio de 2022, así como para quienes van a conformar el nuevo gobierno a partir de agosto de este año, es seguir impulsando la economía digital y con ello el desarrollo de la tecnología financiera como un motor de inclusión; y como un gran eje del desarrollo de la política pública y de los habitantes normativos que necesita nuestra sociedad para encontrar el camino del crecimiento económico.
En este contexto, desde Colombia Fintech hemos venido analizando cuáles pueden llegar a ser los retos a proponer a quienes van a ocupar tan importantes roles tanto en el Congreso como en el Gobierno Nacional:
El país requiere ya, de manera urgente y antes de que nos deje la corriente, una regulación integral en materia de criptomonedas, y también de criptoactivos. No podemos seguir esperando que el mismo mercado se encargue de definir algunos asuntos tan importantes como lo son el reconocimiento o no de este tipo de activos como instrumentos financieros o la definición de lo que debe tener en cuenta una entidad financiera vigilada para no cerrar las cuentas de los colombianos, cuando estos quieren realizar operaciones con activos virtuales.
Existen importantes asimetrías y conflictos de interés ya detectados por diferentes estudios del Gobierno Nacional y la banca multilateral en materia de pagos digitales que encarecen los pagos a través de medios electrónicos y que hacen que los micro pagos todavía no sean una realidad de nuestro país. Se sigue privilegiando el uso del efectivo, o incluso gestando circuitos cerrados que impiden el desarrollo competitivo de los pagos en Colombia (dándole prerrogativas solo a pocos actores tradicionales).
También se requiere la creación de una categoría jurídica vinculada al crédito digital. En Colombia debe existir claridad sobre los cargos que se le están asignando al consumidor de créditos por medios electrónicos para que se propicien la confianza de todos los interesados en este tipo de instrumentos.
El openbanking necesita de una norma que no solamente habilite este tipo de proyectos que permiten compartir datos de los consumidores financieros contando con su autorización y con la guía protección de los mismos, sino que adicionalmente procure que estos desarrollos sean obligatorios graduales, progresivos y que involucren a todos los interesados. Este todo es un tema únicamente de instituciones financieras vigiladas, pero también deben estar presente la fintech y, por supuesto, también diferentes empresas del sector real.
Debemos hablar más de open finance. Solo así podremos manejar de forma adecuada los riesgos de los consumidores
Debemos hablar más de open finance. Solo así podremos manejar de una manera más adecuada e integral los riesgos propios de los diferentes consumidores financieros, y adicionalmente podremos crear mejores innovadores productos parametrizado a las necesidades particulares de los consumidores.
A través de openbanking se pueden trabajar temas como los riesgos de suplantación de identidad que tanto afectan hoy en día la prestación de todo tipo de servicios financieros.
La identidad digital, es un tema fundamental y ya ha tenido gran dispersión de esfuerzos normativos durante los últimos 10 años. Es importante que haya una armonización a nivel de política pública sobre los temas de identidad, autenticación electrónica y firmas a través de medios electrónicos.
Tenemos desde servicios digitales ciudadanos, impulsados en los dos últimos gobiernos, productos vinculados a servicios de certificación digital, que vienen desde hace 20 años, hasta el reconocimiento de que hoy en día lo importante es la verificación idónea de los atributos de una persona a través de medios electrónicos para lograr su vinculación a cualquier tipo de producto servicio por medios digitales (onboarding).
Incluso en el último periodo hemos visto la aparición de la cédula digital, donde todavía no tenemos certeza de cuál puede ser su alcance y cuál va a ser la función de la registraduría en la provisión de soluciones de identidad autenticación y firmas electrónicas (como lo pretende el comentado y discutido código electoral).
La industria financiera incluso tiene normas particulares sobre identidad digital, descritas en la circular 29 del año 2019. Necesitamos una política pública clara, uniforme, desapegada de intereses económicos de los diferentes proveedores de soluciones pero que permita el desarrollo competitivo de estos. Nuevamente competencia es una palabra clave en este esfuerzo normativo.
El país requiere ya, de manera urgente y antes de que nos deje la corriente, una regulación integral en materia de criptomonedasCOMPARTIR EN TWITTER
Necesitamos transferencias inmediatas inter-operables que permitan habilitar también los pagos electrónicos en el país. Esto es algo que también se encuentra identificado y donde los esfuerzos deberían ser orientados a trabajar junto al Banco Central en una solución que permita tener un sistema de pagos que genere confianza, menores costos y sobretodo cobertura para los diferentes usuarios bancarios, extra bancarios y que utilizan todo tipo de soluciones financieras de pago electrónico.
Tendremos que darle seguimiento a las iniciativas que se vayan a presentar dentro del denominado SandBox de regulación, que hasta ahora se estrenará en función de las normas que recientemente lo han habilitado en Colombia. Ahí es muy importante revisar la metodología que emplee el supervisor para habilitar la innovación financiera que permita transformar nuestra sociedad.
Finalmente, algo en lo que venimos insistiendo desde hace algunos años: fintech debe ser incluido como un tema importante dentro de los indicadores de inclusión financiera del país. Debe revisarse la metodología y los indicadores que labora el Gobierno Nacional año a año, teniendo en cuenta muchas veces solamente información provista por instituciones financieras tradicionales.
