Codirectores del Emisor, superintendentes y directores de entidades deben tener orígenes más académicos y técnicos que políticos, si de verdad se quiere hacer eficiente a Gobierno
Cuando el pasado Gobierno Nacional enfiló sus baterías para que el país ingresara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Ocde, o el bien llamado “club de las buenas prácticas”, pocos opositores le tiraron piedras a esa iniciativa. Ahora que el país es uno de los casi 40 países que la componen no se deben ir en reversa en sus recomendaciones. Una de ellas era el tácito mandato -no explícito- de ir rescatando oficinas, entidades, direcciones, agencias, superintendencias, aún no los ministerios, de la voracidad de los políticos.
Poco a poco se ha ido limpiando y quitando de las garras politiqueras a la más importante de todas las entidades, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, Dian, pero aún falta acelerar su modernización y diseñar la necesaria separación de la actividad de impuestos y aduanas. Los últimos dos gobiernos (bajo el filtro y vigilancia de la Ocde), han llevado a la Dian por buen camino, no obstante, persiste la corrupción en algunos pocos funcionarios y reina la lentitud en sus procesos que se niegan a tecnologizarse.
Ese camino que ha andado la Dian, ya lo recorrió la Superintendencia Bancaria que goza de gran prestigio, vela por los cuentahabientes y vigila de cerca al sistema financiero. La misma Ocde ha destacado ese avance en el país, lo propio han hecho los termómetros de la competitividad del Foro Económico Mundial, el IMD y el Banco Mundial, instituciones que ven avances en el control de un sector decisivo para el desarrollo económico.
No ocurre lo mismo con otras entidades u organismos vitales para la institucionalidad como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria que no logran el nivel de independencia académica, técnica o científica que el club de las buenas prácticas recomienda. Para nadie es un secreto que la SIC camina más rápido en ese sentido, pero le falta nivelarse o alcanzar a sus homólogos líderes en solucionar los problemas que afectan los mercados, la libre competencia y los consumidores.
En lo que respecta a la Superintendencia de Sociedades, las cosas van mucho más atrás. El Gobierno Nacional ha cambiado al directivo actual faltando un año que garantizaba la continuidad en esa oficina de vigilar todas las sociedades y que maneja las liquidaciones empresariales, en un año histórico en el número de empresas que se han acogido a la reorganización y otras tantas que han entrado en proceso de liquidación judicial.
El libre mercado, la economía liberal, la propiedad privada y la seguridad tributaria, solo se consolidan en estados que ponen en las oficinas de control y vigilancia a técnicos, académicos y científicos que no obedecen criterios políticos ni están sincronizados con el vaivén de ministros que entran y salen de las carteras por acuerdos políticos.
Lo mismo debe ocurrir con los codirectores del Banco de la República, la única entidad que preserva independencia constitucional, pero que sus miembros de junta, puestos por el Gobierno, deben tener el ADN profesional y académico para acceder a tan importante entidad.
El Estado colombiano es bastante robusto, maneja un presupuesto de $320 billones cada año, dinero público suficiente que brinda posibilidades de acertar con funcionarios políticos en oficinas políticas, pero con la responsabilidad de poner a técnicos en entidades técnicas.
