Analistas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dicen que se seguirán aprobando beneficios tributarios sin saber cuánto aumentaría el crecimiento económico o el empleo.
Se trata de aprobar y mantener vigentes los que contribuyan a los objetivos en materia de recaudo y progresividad.
El Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el nuevo proyecto de reforma tributaria, con el que espera incrementar los ingresos fiscales en 0,2 % del PIB en 2022 y en 1,2 % del PIB a partir de 2023, lo que equivale a 15 billones de pesos.
Esta nueva reforma cuenta con tres fuentes permanentes obtenidas: renta a las empresas (10,6 billones de pesos), control de la evasión (2,7 billones) y austeridad estatal (1,9 billones).
«El país necesita una reforma tributaria que siga nuestros principios constitucionales de equidad, progresividad y eficacia. Necesitamos una reforma que le cobre más impuestos a quienes tienen más ingresos, iguale las cargas tributarias a quienes ganen lo mismo o a las empresas que realicen una misma actividad, y que desincentive la evasión», afirman Alejandro Rodríguez, investigador de De Justicia y Juan David Oviedo, magister en Economía de la Universidad de los Andes y economista de la Universidad del Valle.
En el análisis Algunos temas pendientes para la nueva reforma tributaria, escrito por ellos y publicado en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dicen que el Estatuto Tributario es muy complejo y está lleno de regímenes especiales que son un gran obstáculo para que el sistema tributario cumpla con sus principios constitucionales.
Por lo que se necesita más que nunca diseñar un proceso sistematizado para la aprobación y evaluación de cada beneficio tributario que se contemple introducir en el Estatuto Tributario, al igual que para los beneficios que están vigentes.
Para ellos, pensando en la progresividad del sistema tributario en el contexto de la nueva reforma tributaria, el tema de los beneficios tributarios es de vital importancia.
Atención especial a los beneficios tributarios
En la primera propuesta de reforma tributaria, retirada en medio del paro nacional, se proponía eliminar la mayoría de las exenciones y en esta nueva propuesta solo se elimina el aumento del descuento del ICA del 100 % en la renta, quedando en 50 %, y se extienden algunos beneficios aprobados en la Ley de Turismo.
«La academia y diversas personas expertas en temas fiscales se han opuesto a estas medidas tributarias, pues no es claro que los supuestos utilizados en los modelos de expectativa de recaudo o crecimiento económico a partir de las exenciones que se introducen, se puedan materializar en la vida real», piensan.
“opacidad en el proceso de aprobación de beneficios por cuenta de la presión de grupos de interés ha hecho que en el país se aprueben exenciones sin sustento técnico”
Adicionalmente, la opacidad en el proceso de aprobación de beneficios por cuenta de la presión de grupos de interés ha hecho que en el país se aprueben exenciones sin sustento técnico.
«Es decir, que se aprueben beneficios sin estimaciones rigurosas acerca de cuánto aumentaría el crecimiento económico, la inversión o el empleo por cuenta de ello. Tampoco se han evaluado los beneficios aprobados para saber si están cumpliendo su objetivo. La exención de IVA para las cirugías plásticas es un ejemplo de esto», analizan.
«No se trata de bloquear la existencia de beneficios tributarios. Se trata, más bien, de aprobar y mantener vigentes los que realmente contribuyan a los objetivos del sistema tributario en materia de recaudo y progresividad, o a otros objetivos sociales legítimos», agregan.
Evaluar los beneficios tributarios
¿Quién llevaría a cabo estas evaluaciones? Esta tarea sería realizada por Oficina Técnica de Asistencia Presupuestal -OATP- del Congreso. Esta oficina, aunque fue creada mediante la Ley 1985 de 2019, todavía tiene pendiente su puesta en marcha, indica la publicación.
Curiosamente en el Estatuto Orgánico del Presupuesto se establece que esta oficina debe hacer parte del debate del Presupuesto General de la Nación el Congreso de la República. Sin embargo, la oficina no ha sido constituida por lo que en el presupuesto vigente no se tuvieron en cuenta sus consideraciones y parece ser que el próximo presupuesto también va a aprobarse sin seguir la directriz establecida en la Ley.
Garantizar el arranque de la OATP debe ser una de las prioridades de la nueva reforma tributaria. Que atraiga el mejor capital técnico y humano. Que sea lo que necesita el Congreso: una instancia técnica, independiente, con una dirección escogida por concurso. Que esté lejos de convertirse en un botín burocrático.
«Además, tener esta oficina puede equilibrar capacidades técnicas entre el ejecutivo y legislativo en temas fiscales, como se observa en Estados Unidos con la Congressional Budget Office», concluye el análisis.
