El trámite ante la junta de calificación de invalidez para establecer la pérdida de capacidad laboral es un requisito eludible para el reconocimiento de la pensión de invalidez. El interesado en la valoración médica puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral.
Recordemos que la pensión de invalidez es la erogación que se otorga a una persona que sufre una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %. Las situaciones que ocasionan dicha pérdida pueden estar asociadas a enfermedades o accidentes de origen laboral o común. También es importante tener presente que si se determina, por parte de la autoridad competente, que el estado de invalidez es de origen común, el reconocimiento de la pensión estará a cargo del fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el afectado; pero si se determina que es de origen laboral, el pago estará a cargo de la ARL.
Declaratoria de pérdida de capacidad laboral
Corresponde a las juntas regionales de invalidez, al igual que a la junta nacional, la tarea de determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de las personas que acudan para tal efecto. Es preciso anotar que corresponde a la regional conocer en primera instancia las controversias sobre las calificaciones del estado de invalidez y la pérdida de capacidad laboral, mientras que la nacional decidirá de manera definitiva la calificación en segunda instancia.
¿Cómo se reclama la pensión de invalidez?
Si el grado de invalidez que queda en firme es superior o igual al 50 %, el trabajador tendrá que:
Presentar la solicitud ante el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado, en la que dé cuenta de los hechos, en este caso, que obtuvo una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50 %, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se hace acreedor de dicho beneficio. Se deberá adjuntar copia del documento de identidad y copia del dictamen de invalidez ejecutoriado y en firme otorgado por la respectiva EPS, fondo de pensiones, junta regional o junta nacional de calificación de invalidez, según sea el caso.
Después, el interesado tendrá que radicar los formatos diligenciados propuestos por el fondo de pensiones y anexar los documentos requeridos en las oficinas o puntos de atención al usuario.
Por último, tendrá que notificarse el acto administrativo a través del cual se reconoce la pensión al solicitante.
Existe otra ruta
“el trabajador es libre de elegir si acude a las juntas o al juez laboral para resolver el reconocimiento de su pensión de invalidez”
La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL1044 del 20 de marzo de 2019, advirtió que la calificación del estado de invalidez, regulada en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 como requisito de procedibilidad, no limita el reconocimiento de dicha pensión, ni su solicitud ante la jurisdicción ordinaria laboral. Esto quiere decir que el trabajador es libre de elegir si acude a las juntas o al juez laboral para resolver el reconocimiento de su pensión de invalidez.
Además, para dicha Corte es claro que “los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces de trabajo”.
Así pues, es claro que los jueces laborales tienen competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, resolviendo así las controversias que los interesados formulen al respecto. Sin embargo, es preciso advertir que lo que ha dicho la citada Corte, no implica que se le reconozca potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es el origen de las causas de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.
Por otra parte, en la misma sentencia la Corte Suprema también reconoció que, una vez iniciado el trámite judicial, también se puede acudir a las juntas de calificación, si el demandante quiere para que dicho dictamen sea tenido en cuenta dentro del proceso como prueba. Por si fuera poco, esa corporación judicial también contempla la posibilidad de que dentro del proceso ante el juez laboral se pueda solicitar una nueva valoración “para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada”.
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