No es un secreto que Colombia lleva décadas luchando contra la informalidad y empleos de baja calidad. Para ello, el gobierno ha tratado de reducir los costos laborales, para incentivar a las empresas a vincular a sus empleados de manera directa, garantizando así acceso a la financiación del sistema de pensiones y salud, así como los beneficios de las cajas de compensación familiar, entre otras ventajas.
Sin embargo, para el ojo del empleado, estos incentivos pueden ser perversos. El salario mínimo es un ejemplo clásico. Los trabajadores critican ampliamente el nivel del salario mínimo y lo comparan con otros países para evidenciar lo ridículo que puede llegar a ser para lograr mantener un individuo, o en muchas ocasiones una familia entera. En efecto, la desigualdad sigue siendo un flagelo que golpea al país de manera muy profunda, y el salario mínimo no parece jugar un papel importante en su reducción. Estas mismas conclusiones se pueden extender a otro tipo de beneficios como vacaciones, primas, planes especiales de salud, etc.
En este tire y afloje, raras veces se tienen consensos, ya que la posiciones suelen ser diametralmente opuestas. Sin perjuicio de ello, su análisis no deja de ser interesante, ya que los costos de emplear a una persona tienen un rol fundamental en la inversión extranjera y doméstica para la creación o expansión de empresas, lo que es crucial para la productividad del país y la creación de círculos virtuosos alrededor de oportunidades de empleo decentes.
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