El Ministerio de Vivienda firmó una resolución que crea la delegatura para curadores urbanos de la Superintendencia de Notaría y Registro, para vigilar a dichas entidades.
Camilo Sánchez, ministro de Vivienda, le explicó a Dinero que con base en un estudio de tres meses, determinaron que las curadurías tendrán que aportar el 5% de sus expensas para financiar la Delegatura para Curadores Urbanos de la Superintendencia de Notariado y Registro, que se creó con una resolución del mismo Ministerio y está vigente desde el pasado 24 de enero.
“Necesitamos alguien que vigile las curadurías, entonces lo que hicimos fue una Superintendencia donde ellos de sus expensas, les quitamos el 5%, hicimos un estudio para saber cuál era el porcentaje que se podía aplicar y ese 5% se va a destinar para esa superintendencia delegada que los va a vigilar”, explicó Sánchez.
En el estudio, el Ministerio de Vivienda realizó un simulacro de recaudo con el aporte de 5% de las expensas de 44 curadurías urbanas, además del Índice de Precios al Consumidor.
De acuerdo con la resolución, las curadurías tendrán que consignar su aporte al Fondo Cuenta de Curadores Urbanos, cuya administración estará a cargo de la Superintendencia de Notariado.
Sin embargo, cuando se cumpla el primer año de recaudo para la sostenibilidad de esta nueva delegatura, el Ministerio de Vivienda podrá revisar nuevamente el porcentaje de aportes de las curadurías e incluso modificarlo para evitar que el Fondo Cuenta tenga déficit o superávit por cuenta de los aportes de las curadurías o una carga regresiva para aquellas de menores ingresos.
Para que el Minvivienda pueda llevar a cabo dicho estudio, la Supernotariado tendrá que entregar un informe con el recaudo que se obtuvo en ese primer año y los gastos y costos causados por cada concepto en la delegatura de Curadores.
La función de dicha delegatura, como lo indica su nombre, será vigilar y controlar la actividad de las curadurías. Sin embargo, advirtió el ministro que las alcaldías seguirán siendo responsables de evitar que existan edificaciones ilegales en sus ciudades o municipios.
Para ello, los nuevos alcaldes podrán acceder a asesoría del Gobierno que les apoyará en la revisión de documentos y permisos que le permitan determinar si un edificio se construye de acuerdo con la normatividad vigente y está fuera de riesgo de colapso.
