Incluir a las personas con discapacidad en el censo físico costaría unos $20.000 millones aproximadamente. El problema es que estos recursos no habrían sido desembolsados hasta ahora, simplemente porque no los hay. ¿Qué pasará con este tema?
“Lo que es importante entender en términos de la movilización judicial, es que en el día 1 de la tutela (para incluir a la población con discapacidad), el Dane se había negado a incluir las preguntas tanto en el censo virtual como presencial por un asunto técnico. Básicamente porque el formulario del censo electrónico tiene que ser exactamente igual al del presencial porque de otra manera no es comparable”.
Así lo explicó a Dinero el representante del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), Lucas Correa, quien es uno de los expertos que lidera la lucha de la población con discapacidad por ser incluida tanto en el censo virtual como en el físico del Dane.
Lucas Correa recuerda que el embrollo comenzó porque la población con discapacidad y sus líderes, representados en el Consejo Nacional de Discapacidad, estaban convencidos de que iban a estar incluidos en el Censo del 2016.
Según afirma, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) venía trabajando ya desde hace unos años en el tema. Incluso, Correa dice que ya habían sido elaboradas las preguntas en los censos experimentales que se hicieron en el 2016.
“Las preguntas sí estaban incluidas desde un principio, se construyeron a lo largo de cinco años, se justificaron técnicamente, se incluyeron en el censo experimental, pero a última hora, y por falta de recursos, fue que se excluyeron para ahorrar plata”, dijo Correa.
Añadió además que DescLAB tuvo conocimiento de una carta en la cual el director le pide apoyo económico al Ministerio de Salud porque de otra manera no iba a poder incluir estas preguntas en el censo.
Fue ahí cuando DescLAB, con el apoyo de algunos consejeros nacionales de incapacidad, decidieron abrir esta discusión y todo el proceso, cuyo primer ‘ring’ finalizó con un fallo en contra.
“Lo que el juez de primera instancia indica es que como el Dane ya había incluido las preguntas en el censo virtual, de alguna manera se considera que es un hecho superado”, dice Correa.
Afirma además que el juez de primera instancia supuestamente “no entendió que el censo se compone de dos momentos, un censo virtual y uno físico, y el grave riesgo de que las preguntas no estuvieran incluidas en el censo presencial”.
“Nosotros de alguna manera teníamos previsto perder en primera instancia porque el juez penal de primer nivel, que en este caso es el de ejecución de penas, es tímido en la protección de una causa tan compleja como esta. Esperamos que las instancias superiores nos den la razón”, explica.
Correa señaló que desde un principio DescLAB diseñó una estrategia de ‘litigio de alto impacto’ que incluía el activismo judicial, la interposición de recursos jurídicos y la movilización en redes sociales y medios de comunicación.
“Se logra posicionar el hashtag como ‘trending topic’, se logran tweets de personas importantes como el presidente Juan Manuel Santos, se logra la intervención del viceministro de Participación y la reseña en casi todos los medios de comunicación importantes”, señala.
A pesar del fallo en contra de los intereses de la campaña, los representados por DescLAB obtuvieron una victoria al conseguir que fueran incluidas las preguntas propuestas en el censo virtual tras presionar duramente al Dane y al Gobierno.
Sin embargo, el representante de DescLAB dice que el futuro del censo físico todavía es un misterio debido a la falta de recursos para tal fin.
En este sentido, explica que incluir más preguntas en el censo requiere disponer de más tiempo del personal en campo y también de los analistas que trabajan con toda la información.
“Se habla que unos $20.000 millones costaría incluir las preguntas (sobre discapacidad en el censo). Los costos cuando se miran en detalle, salen de distintos rubros”, asegura Lucas Correa.
El vocero de DescLAB dice que hasta el momento estos recursos no han sido desembolsados.
“Sabemos que el Gobierno se ha venido reuniendo y que le ha pedido a los ministerios que integran el Sistema Nacional de Incapacidad que aparte recursos y se los transfieran al Dane para completar lo que hace falta”, asegura.
Y añade que ese proceso tardará un buen tiempo ya que requerirá que “se firmen convenios interadministrativos entre el Dane y ‘X‘ cantidad de entidades nacionales para que se transfieran los recursos”.
DescLAB dice que va a realizar un monitoreo cercano al desembolso de esos recursos para que se incluya a la población discapacitada en el censo, un dilema en el que también se encuentran los campesinos.
“Nuestro objetivo es que el censo incluya a las personas con discapacidad de manera completa. En ese sentido, el proceso de seguimiento que hacemos está atento a las decisiones del Dane y Minhacienda, y participa de distintas reuniones y mesas técnicas. Estamos a jugada. Atentos a las acciones que haya que emprender si algo falla”, dice Lucas Correa.
Cuestionado con respecto a la calidad de las preguntas incluidas en el censo digital, el vocero manifestó que “no son perfectas para decirlo con completa honestidad”, pero matizó al decir que era el mejor acuerdo posible.
“A estas alturas y dada la urgencia del comienzo del censo, decidimos no atrasarlo y no dar una crítica en relación a las preguntas, si las atacábamos íbamos a lograr que se eliminaran y que no estuviéramos presentes en el censo y por lo tanto fuéramos invisible en los próximos 15 años”, concluyó.
