El programa de infraestructura del Gobierno sigue dando de qué hablar debido a varias movidas empresariales recientes que tienen al sector transporte con los nervios de punta. Empresas europeas venden o preparan maletas.
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval y Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI.
Hace algunos días medios de comunicación informaron sobre los líos judiciales de algunas personas vinculadas con el contrato Ruta del Sol 3 por supuestas irregularidades en la firma de una adición. Además de este asunto judicial, otro hecho puede complicar aún más el avance y futuro de este importante proyecto.
Desde finales de 2017 corre un fuerte rumor entre los constructores de obra del país y el Gobierno, según el cual la constructora italiana Impregilo, responsable de este mismo contrato, estaría preparando maletas para cesar sus operaciones en el país. El asunto no es de poca monta, teniendo en cuenta lo sucedido con Ruta del Sol 2 y el caso de Odebrecht y las dificultades técnicas y financieras para terminar el primer sector de la Ruta en Cundinamarca, donde faltan por construir alrededor 20 kilómetros.
Ante estos rumores, Dinero intentó hablar con los representantes de la firma italiana, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Contactamos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y ante la pregunta de si sabían algo de la partida de Impregilo nos respondió una fuente que “no hay nada definido pero vemos que se mueven hacia allá”. El Presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, prefirió no referirse frente al caso debido a que puede resultar recusado más adelante en un proceso legal que podría derivarse de todo este caso. La ANI también anunció la caducidad del contrato.
En caso de que Impregilo cese operaciones en el país, representantes de varias firmas nacionales y extranjeras afirmaron que no sorprenden este tipo de decisiones, teniendo en cuenta las dificultades que ha enfrentado este proyecto. No hay que perder de vista que dicho contrato ha tenido todo tipo de problemas que han complicado la ejecución del mismo. Demoras en las licencias ambientales, enfrentamientos legales con las comunidades indígenas de la zona, el descalabro financiero de uno de los socios de la concesión, Conalvías; los líos que enfrentó otro socio, Grodco, y costos elevados para conseguir los materiales de construcción, son solo algunos de los problemas del proyecto.
Algunos expertos en el caso también critican con vehemencia la arriesgada y casi suicida propuesta económica con que lograron este contrato en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. “Ellos (el concesionario donde está Impregilo) propusieron hacer más obra y con un presupuesto inferior a lo previsto por otras compañías, era imposible salir adelante con el proyecto en esas condiciones. Impregilo se dio cuenta más tarde que las firmas encargadas de la construcción habían dejado muchas deudas y que la viabilidad era nula”, dijo a este medio un constructor reconocido y que conoce el caso en profundidad.
La caducidad del acuerdo anunciada por la ANI resolvería el caso en el corto plazo, pero generaría más demoras y costos mientras se vuelven a contratar las obras. No hay que olvidar que este proyecto es vital para la conectividad terrestre entre el centro del país y la Región Caribe.
Tampoco hay que olvidar que Impregilo ya había salido del país hace unos años luego de problemas en la ejecución de otro importante proyecto.
Pero esta no es la única movida de las últimas semanas. Otro suceso que deja más dudas que certezas es la venta que hizo hace pocos días la multinacional española OHL de su unidad de concesiones a un fondo de origen australiano. Dicha operación que, según el diario Expansión, llegó a los 2.775 millones de euros, representaría un alivio para la creciente deuda de la compañía española, pero deja dudas frente a la ejecución de proyectos clave en el país, como la concesión 4G Autopista Río Magdalena 2, en donde OHL tiene 100% de participación. Allí las inversiones previstas ascienden a los $1,7 billones.
A estas movidas empresariales del programa 4G habría que sumar lo que está sucediendo con el constructor Carlos Alberto Solarte, inmerso en un proceso de investigación en la Fiscalía General de la Nación. El proceso se adelanta por la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas (2009), en donde también participaba la constructora Odebrecht.
Para algunos analistas el hecho de que Solarte haya sido citado para imputación de cargos puede representar un efecto cascada en los otros proyectos que tiene en 4G, y que según la página web de la ANI son 5. Otros analistas, por el contrario, sostienen que el proceso judicial es independiente y que no tendrá mayores afectaciones en esos contratos viales.
Lo que sí es claro es que el caso Solarte pone más ruido sobre el programa vial que intenta salir adelante luego del lío de Odebrecht. La buena señal y última movida se reportó a mediados de diciembre de 2017.
Se trata de la compra de participaciones que hizo Corficolombiana en dos proyectos 4G. Así las cosas, Corficolombiana S.A., a través de sus filiales Proyectos y Desarrollos Viales del Pacífico S.A.S. y Proyectos y Desarrollos Viales del Mar S.A.S., realizaron una inversión de $185.000 millones para adquirir la participación de Iridium Colombia Concesiones Viarias S.A.S. en las sociedades Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. y Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S., y del total de la participación de Dragados IBE Sucursal Colombia, en el Consorcio Constructor Pacífico 1 y Consorcio Constructor Mulaló – Loboguerrero.
Con esta operación, la filial del Grupo Aval no solo amplía su participación en estas concesiones, sino que logra mayor independencia para mejorar los ritmos de ejecución de los proyectos.
Según trascendió, Iridium y Corficolombiana registraron varios desacuerdos durante el último tiempo, por ello habrían partido cobijas en el mejor de los términos.
Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) el clima de inversión se mantiene positivo este año y se espera que el programa logre un nuevo impulso gracias al proyecto de ley aprobado en diciembre de 2017 y al desembolso hecho a los bancos en los primeros días de 2018 por las deudas derivadas de Ruta del Sol 2.
Sin embargo, habrá que esperar la respuesta del Gobierno a estas movidas empresariales de las últimas semanas para evitar que el programa 4G vuelva a verse comprometido este año.
Así las cosas, más que una desbandada de extranjeros de los proyectos de infraestructura, habría que hablar de un reacomodo del programa 4G y el sector.
El asunto es que algunas de estas movidas –a excepción de la de Corficolombiana– pueden representar mayores retrasos en los proyectos y un golpe a una economía que intenta acelerar el ritmo.
Ani caducará Ruta del Sol 3
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció a Dinero el proceso de caducidad del contrato de concesión de la Ruta del Sol 3, en el que participa la empresa Impregilo. Según la entidad, las obras están paralizadas hace un tiempo.
Hace más de 30 años el Estado colombiano ha intentado sin éxito mejorar y ampliar esta vía. A finales de la década del 90 el escándalo fue con el concesionario Commsa. La historia parece repetirse. Según el reporte de la ANI, las obras están paralizadas debido a la decisión de Yuma Concesionaria S.A., empresa que argumenta no poder seguir garantizando la financiación o aportes económicos para invertir en las obras y pagar a sus proveedores y contratistas.
El informe también indica que se han construido 156 kilómetros de segunda calzada y se han mejorado 134 kilómetros de vía existente. Según la interventoría del proyecto, al 30 de noviembre de 2017, el avance de las obras que deberían ser entregadas en diciembre de 2019 es de 31,9%. La sociedad Yuma Concesionaria S.A. está conformada por Salini Impregilo Spa (40%), Infracon S.A (28,70%), Fondo de Capital Privado Ruta del Sol (17%), Impregilo Internacional Infrastructures N.V. (8,83%) y Conalvías Construcciones S.A.S. (5,97%).
