Las perspectivas fiscales del país preocupan y la Comisión del Gasto plantea soluciones que tocan poderosos intereses. ¿Cómo desactivar la bomba fiscal? Se requieren acciones prontas y decididas.
La comisión, instalada en marzo del año pasado para examinar los temas del gasto y la inversión pública, acaba de entregar su informe de gobierno. Foto: Juan David Tena - SIG
Dicen que no hay trabajo fácil. Pero quizá uno de los más difíciles lo asumió la Comisión del Gasto, creada por el gobierno a comienzos del año pasado para revisar los temas relacionados con gasto y la inversión del sector público en el país y formular soluciones.
Las preocupantes conclusiones que sus integrantes acaban de presentar muestran la crítica situación fiscal de Colombia a mediano plazo, y confirman que las soluciones serán complejas. Los expertos plantean recomendaciones muy difíciles de aplicar e incluso varias de ellas requieren cambios constitucionales, reformas de ley y sobre todo la voluntad política de los próximos gobiernos.
El diagnóstico arranca por señalar que el panorama fiscal del país no está despejado. La comisión considera que las proyecciones del gobierno, consignadas en su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), muestran un exceso de confianza en los ingresos provenientes de la formalización de la economía y en los esfuerzos de la Dian para compensar la baja de la tarifa del impuesto de renta corporativa desde 2019.
Por esto prevén que para cumplir las exigencias de la regla fiscal tendrá que haber mayor tijera en los gastos proyectados por el gobierno, un tema muy complicado considerando la fuerte inflexibilidad del gasto público en Colombia.
El estudio resalta además que en muchos casos el gasto público es ineficiente, ineficaz y no contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Por eso cree necesario reformar gastos altamente regresivos como el de las pensiones.
El informe también evidencia la gran ineficiencia en sistemas de información en muchos frentes: litigios contra el Estado, contratación, empleo público y subsidios, entre otros, y por ello plantea cambios profundos, algunos bastante polémicos y que podrían tardar en lograrse.
Incluso, las conclusiones de la comisión sugieren muchas de las reformas no para este sino para los próximos gobiernos, por lo que habrá que preguntarles a los candidatos a cuáles darán prioridad.
Las siguientes son 12 de las recomendaciones más urgentes y polémicas de los expertos de la Comisión del Gasto luego de cerca de diez meses de estudio.
REFORMA PENSIONAL URGENTE. Alrededor del 28 por ciento de los impuestos que los colombianos pagan se destina a pagar pensiones. Por esto, la comisión considera urgente una reforma que elimine el arbitraje entre los dos regímenes pensionales existentes e incluso plantea marchitar el régimen de prima media para que las nuevas cotizaciones vayan solo a los fondos privados.
Para reducir la magnitud de los subsidios a las pensiones y la inequidad generada en el RPM, propone disminuir el tope existente para estas pensiones, que actualmente se ubica en 25 salarios mínimos, y calcular el ingreso base de liquidación con el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años en vez de los últimos 10 como en la actualidad.
También recomienda aumentar la edad para pensionarse y los porcentajes de cotización al 18 por ciento, así como gravar las pensiones altas.
RACIONALIZAR LOS BENEFICIOS DE MAESTROS. Dado que dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponden a los regímenes especiales que persisten –maestros, militares y policías–, la comisión plantea racionalizarlos.
Por ejemplo, considera eliminar la ventaja en la edad de jubilación que tienen los maestros frente al régimen general. Hoy un profesor se jubila a los 57 años, tanto hombre como mujer. Además, afirman que la administración de los pasivos pensionales de los maestros debería pasar del Fondo de Prestaciones del Magisterio a Colpensiones.
Y DE LOS MILITARES. Si bien reconocen la necesidad de otorgar algunas condiciones especiales a la fuerza pública acordes con su dignidad y labor, plantean simplificar y hacer más transparentes sus sistemas de remuneración, así como revisar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro en el espíritu del sistema general. Además, afirman que la pertinencia de un sistema de salud especial para los soldados y policías es clara, pero la cobertura a sus familiares debería hacerse a través del sistema general de seguridad social en salud.
CAMBIAR EL PROCESO PRESUPUESTAL. Una propuesta clave consiste en modificar la gran cantidad de rentas de destinación específica y gastos inflexibles determinados por ley. Adicionalmente, unificar el proceso presupuestal, tanto a nivel nacional como regional, y avanzar hacia un esquema de presupuesto por programas. Esto permitiría priorizar mejor los recursos y contar con sistemas de información integrados y transparentes, para una evaluación y control más estrictos. En este frente, piden una ley para reglamentar y ponerle límites al tema de las vigencias futuras.
REFORMA A LAS REGALÍAS. Según la comisión, la caída de los ingresos por regalías en los municipios productores explica la gran cantidad de consultas antimineras y el bajo apoyo a los proyectos petroleros. Ante esto, proponen una nueva reforma a las regalías que modifique además los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales. Asímismo, según la comisión se debe permitir que con estos recursos las entidades territoriales paguen sus deudas en salud, pensiones y fallos judiciales adversos, entre otros.
LEGISLAR CON SOSTENIBILIDAD. La Corte Constitucional debería contar con un equipo económico que analice el impacto de sus decisiones sobre las finanzas públicas.
FACILITAR EL DESPIDO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Sugieren flexibilizar los parámetros para la desvinculación del servicio público. Esto implica facilitar esquemas que contemplen despido con justa causa y eviten demandas contra el Estado. Dado que los concursos hoy son escasos y poco transparentes, la comisión propone revisar la institucionalidad existente y las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), así como el papel de la Esap en la capacitación de servidores públicos.
MAYOR CONTROL A LA CONTRATACIÓN EN LAS REGIONES. Ampliar el uso de mecanismos para la compra de bienes y servicios del Estado, como los acuerdos marco que promueve Colombia Compra Eficiente (CCE), hacia los entes territoriales, piden estos expertos. Y sin pretender socavar la autonomía fiscal de los gobiernos locales, la comisión propone hacerlos obligatorios cuando se ejecutan recursos del gobierno nacional y de regalías.
FRENO A JUECES Y ABOGADOS. En materia de litigios contra el Estado, una fuente creciente de desangre de las finanzas públicas, la comisión propone reglamentar la figura jurídica de la responsabilidad civil del Estado (artículo 90 de la Constitución Política). En particular, afirma que hay que limitar la discrecionalidad de los jueces y endurecer el castigo a las faltas de los abogados, así como reglamentar sus honorarios en los litigios contra el Estado.
MAYOR GASTO DE BOLSILLO EN SALUD. También proponen aumentar los copagos y cuotas moderadoras a cargo de los usuarios del sistema de salud para racionalizar la demanda por servicios médicos. Así mismo, aumentar la cotización para beneficiarios con capacidad de pago, como los rentistas de capital que hoy aparecen como dependientes. De hecho, proponen revisar el valor de la UPC.
Como se requieren nuevas fuentes de recursos para el sistema de salud, plantean recurrir a un punto porcentual de los cuatro puntos que hoy las empresas aportan a las cajas de compensación, además de impulsar nuevamente los impuestos a las bebidas azucaradas y a otros productos que generan efectos negativos en la salud.
MAYOR CONTRIBUCIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES. Incentivar a los municipios grandes a contribuir de manera más activa a financiar el gasto para la educación inicial y la atención integral a la primera infancia, así como al plan de alimentación escolar. Con esto, recursos nacionales como los del ICBF se podrían focalizar mejor en las zonas más vulnerables. En materia de educación, plantean revisar la ley de financiación de universidades públicas, trasladar el Sena al Ministerio de Educación y crear la Superintendencia de Educación para tener la capacidad de intervenir las Secretarías de Educación y las instituciones educativas.
OJO CON EL PROYECTO DE LEY DE SUBSIDIOS. Para la comisión, el proyecto de ley (186 de 2016) que cursa en el Congreso de la República para regular el gasto público en subsidios no cumple todos los propósitos que se planteó. Además, ante la multiplicidad de subsidios recomiendan marchitar aquellos programas que no pasen una evaluación de impacto rigurosa y concentrarse en los que resulten bien evaluados.
http://www.semana.com/economia/articulo/perspectivas-fiscales-comision-del-gasto-entrega-su-informe-de-gobierno/553401?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=semana&utm_campaign=2018_01_14
