Las instituciones y la infraestructura son dos de los pilares más débiles de la competitividad del país.
A pesar de logros en algunas áreas, la competitividad del país sigue estancada. El Consejo Privado explica las razones y saca lecciones para acelerarla.
Hace diez años Colombia se fijó la meta de ser el tercer país más competitivo de América Latina en 2032, con un ingreso por habitante medio alto y una economía innovadora, que incentive la inversión, exporte bienes y servicios con un alto valor agregado, genere de manera dinámica empleo formal, mejore la calidad de vida de la población y reduzca la pobreza y la desigualdad.
Está claro que durante la última década el ingreso por habitante se incrementó de manera apreciable, la pobreza y la indigencia se redujeron de un modo pronunciado, los mercados financieros se profundizaron y el acceso a ellos aumentó. En los últimos cuatro años también se logró dinamizar la generación de empleo formal, gracias a una tímida flexibilización del mercado laboral, que redujo los costos no salariales.
Sin embargo, estos logros parecen no ser suficientes para que Colombia avance en su competitividad. De acuerdo con el más reciente Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el país ocupa el puesto 61 entre 138 y el quinto entre los de América Latina. Hace una década estaba en la posición 63 entre 122 y era también el quinto más competitivo de la región. Lo que sucede quizá no sea que en el país las cosas no mejoren, sino que en otros mejoran lo mismo o más rápido, de manera que en términos relativos el progreso no se nota.
Por eso, Colombia sigue en el quinto puesto en competitividad en la región, con una economía cuya apertura no aumenta, que exporta sobre todo materias primas, sin un cambio apreciable en la composición de sus ventas al exterior. Además, los logros en disminución de la pobreza y en generación de empleo formal están amenazados por la pronunciada desaceleración de la actividad económica y el descenso de la tasa de crecimiento potencial.
Quizá lo más preocupante sea que los pilares débiles que no permiten mejorar la competitividad del país persisten, en ocasiones se agravan en términos relativos y fortalecerlos es una labor de largo plazo. De esta manera, la debilidad de las instituciones, la mala calidad de la educación, la ineficiencia de los mercados, la poca cobertura y deficiente calidad de la infraestructura siguen impidiendo el logro de una mayor productividad.
En esas condiciones es difícil aumentarla, porque la inversión privada sigue obstaculizada, debido a una alta carga tributaria y normas impositivas engorrosas sobre las empresas, una corrupción mayúscula, una infraestructura inadecuada, una burocracia ineficiente, una fuerza de trabajo poco calificada y una regulación laboral restrictiva. Por ello, las empresas que operan en el territorio nacional enfrentan una gran desventaja para integrarse en las cadenas globales de valor y para competir con éxito en los mercados internacionales, o, incluso, para hacerlo en el territorio nacional cuando la tasa de cambio no las favorece, no gozan de una excesiva protección o no disfrutan privilegios tributarios otorgados de forma discrecional, como quedó demostrado por la crisis industrial del último lustro.
A lo largo de sus diez años de vida, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha hecho unos diagnósticos detallados y formulado muchas recomendaciones específicas para fortalecer los pilares frágiles de la competitividad en el país. A pesar de ello, el progreso en la mayoría de ellos no se nota. Por ello, el CPC ha sacado algunas lecciones pertinentes de esta experiencia.
La primera es que la mejora de la competitividad debe ser un propósito nacional, cuyo logro requiere articular los esfuerzos del Gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil. La segunda es que el país ha demostrado tener la capacidad de hacer las transformaciones necesarias para mejorar su competitividad en algunas áreas. La tercera es que, para lograr la meta que se fijó para 2032, el esfuerzo en pro de la competitividad se debe acrecentar de un modo decidido, dado el estancamiento que tiene Colombia en términos relativos en la región, frente a los países que la superan en el escalafón –Chile, México, Panamá y Costa Rica–, cuyo progreso es más dinámico.
En la coyuntura actual resulta alarmante que la estabilidad macroeconómica, que ha sido tradicionalmente la mayor fortaleza del país en los pilares de la competitividad, se encuentre en riesgo por causa del fuerte choque externo que recibió con la disminución del precio internacional de los hidrocarburos y otras materia primas.
Como consecuencia de él, la caída de los términos de intercambio ralentizó el ingreso nacional, lo cual forzó una desaceleración de la demanda interna que frenó el crecimiento. Además, precipitó un descenso pronunciado de los ingresos públicos, que aumentó el déficit fiscal y amenaza la solvencia del Estado. También requirió una alta depreciación de la tasa de cambio, que contribuyó a que la inflación desbordara durante un periodo prolongado la meta fijada por el Banco de la República.
El marco de la política económica permite diseñar e implementar ajustes eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica, como el que se lleva a cabo en esta oportunidad. Para lograrlo, la estrategia adoptada combina un incremento de las tasas de interés para anclar las expectativas de inflación, evitar la indexación y disminuir el déficit externo, junto con un apretón fiscal que redujo el gasto y tiene pendiente la aprobación del proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso.
Entre otras cosas, el proyecto propone aumentar los ingresos públicos perdidos por la disminución de la renta petrolera, para cumplir las metas decrecientes de deuda pública y déficit fiscal establecidas por la regla fiscal. También busca aliviar la carga tributaria sobre las empresas para mejorar su competitividad y estimular la inversión, de modo que puedan incrementar su productividad.
Por estas razones, su aprobación en los términos en que lo presentó el Gobierno es vital para mantener la competitividad de la economía, porque ayuda a preservar su estabilidad macroeconómica y financiera, al tiempo que pretende incentivar el aumento de la productividad.
La competitividad del país también recibiría un gran impulso con el logro de un nuevo acuerdo de finalización del conflicto con las Farc y otro con el ELN, porque reforzarían su estabilidad institucional, uno de sus pilares más débiles.
En el mediano plazo, sin embargo, el fortalecimiento de los pilares de la competitividad depende, como propone el CPC, de que se convierta en un propósito nacional que comprometa de forma decidida a todos los estamentos del país.
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