Dineros del 2015 no se ejecutaron por nueva norma que impone una línea de la que no se pueden salir.
693 mil millones de pesos están presupuestados para el 2016, como partida que recibirán las universidades públicas, por cuenta del impuesto Cree.
Aunque los recursos recibidos por las instituciones de educación superior públicas, provenientes del impuesto de renta para la equidad Cree, no son de poca monta, las universidades no han podido hacer todo lo que quisieran con ellos.
Se trata, según cuentas del Ministerio de Hacienda, de 879.000 millones de pesos que hacen parte de tres vigencias, teniendo en cuenta que la reforma tributaria que creó este tributo se aprobó en 2012 y estableció que el 40 por ciento de un punto del Cree se debe distribuir entre las instituciones públicas de nivel superior.
En consecuencia, entró en vigencia en 2013 para beneficiar a 62 centros educativos, inicialmente por tres años, pero una nueva modificación de la ley tributaria, en el 2014, les dejó la asignación por 20 años.
En un principio, la disponibilidad de nuevos recursos para las universidades, sumidas en un déficit que hoy supera los 11 billones de pesos, las llenó de alborozo, pues vieron la posibilidad de mejorar en muchos frentes. No obstante, las cosas no se han dado como lo esperaban.
Según fuentes vinculadas a estas instituciones, los decretos reglamentarios de la ley, y en particular el más reciente –emitido para indicar el uso de estos recursos–, les plantean retos que a veces no se pueden conseguir en un plan cuatrienal, como lo pide la norma.
Desde el comienzo, la indicación para gastar la plata del Cree señaló que el camino de estos recursos debía ser la inversión.
Según cuentan voceros de algunas universidades, en ese primer año, “la ejecución se hizo en infraestructura, sin poder hacer un gasto que les generara gasto permanente”
Fue así como algunas instituciones invirtieron en reparar locaciones y construir aulas nuevas, lo que les permitió ampliar coberturas.
Pero una inversión siempre lleva a un gasto de funcionamiento, el cual termina siendo permanente. Por ejemplo, si se construye una biblioteca, se debe contratar un bibliotecólogo, que no es algo temporal.
La prohibición del gasto recurrente finalmente se quitó en el último decreto, pero las dificultades persisten. “La asignación de recursos del Cree para las universidades ha sido un gran aporte porque les permite disponer de recursos que antes no tenían, especialmente para inversión, pero sería mejor si el uso fuera más flexible, de forma que las instituciones puedan tener mayor autonomía para la toma de decisiones del gasto”, señala Óscar Domínguez, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).
Según el Ministerio de Educación, la distribución de los recursos del año pasado (con nuevo decreto) se hizo de la siguiente manera: “Un primer monto que corresponde al 50 por ciento de los recursos transferidos en la vigencia 2014; los recursos restantes se distribuyeron entre las instituciones que a 30 julio de 2015 presentaron sus respectivos planes de fomento a la calidad”.
Precisamente, dicho plan es una de las ataduras que ven las universidades, toda vez que señala siete categorías de gasto: cualificación docente, fortalecimiento de infraestructura física, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y bibliográfica, acciones de permanencia de estudiantes, proyectos de investigación, diseño de ecuación de nueva oferta académica y regionalización.
Para las universidades, la mayor parte de estas categorías las ponen como un caimán mordiéndose la cola, pues los planes son a cuatro años. Según cuenta un vocero, les piden doctores, algo que es bueno, pero el salario de enganche en una universidad pública es de 2'800.000 pesos, algo poco atractivo para un profesional doctorado. Formarlos en su misma planta sería la alternativa, pero en cuatro años no se logra porque se requiere bilingüismo, y además, por falta de recursos, el 80 por ciento de la planta docente es catedrática.
Según las universidades, tampoco les pueden pedir que sean autofinanciables porque 98 por ciento de los usuarios son de estratos 1, 2 o 3 y pagan valores que no representan ni el 30 por ciento del costo promedio de un estudiante ($ 4 millones).
La propuesta, para algunos representantes de instituciones públicas, es que les permitan más autonomía para usar los recursos del Cree, con base en las necesidades de las instituciones y no amarradas al Plan Nacional de Desarrollo, como está hoy la norma.
Para Domínguez, si bien el Plan de Fomento a la Calidad le permite al Ministerio tener un mejor control del uso de los recursos, también constituye un freno.
“Muchas universidades habían hecho inversiones que consideraban claves, según su realidad, pero, con el plan de fomento exigido, (estas) eran imposibles de hacer”, expresó.
Y no es esa la única dificultad que enfrentan las instituciones para usar los recursos del Cree.
Si un 50 por ciento de los recursos se reciben con base en el Plan de Fomento a la Calidad, el 50 por ciento restante se obtiene según la participación en la matrícula de cada institución pública respecto de la matrícula total de las instituciones de educación superior públicas del grupo correspondiente.
“Esto hace que se beneficien las de mayor tradición, robustez y con una condición de impacto mayor. En el 2014 fue evidente. Antioquia, Valle, Nacional, las de mejor rendimiento, fueron las que mayor cantidad de recursos recibieron en la vigencia”, anota Domínguez.
Otras ataduras
Aparte del escabroso camino mostrado por las universidades para hacer uso de los recursos provenientes del Cree, también hay demora en el flujo de los dineros. Es así como, según expresan voceros, los giros solo se liberan en el último trimestre, entre octubre y noviembre.
En el 2015 no se ejecutó el presupuesto asignado debido a la demora, por el cambio de norma, en los procesos de aprobación de los planes de fomento a la calidad en las instituciones, sin contar con que inicialmente se los pidieron cuatrienales y luego anuales.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, “el monto de recursos del Cree para distribuir en la vigencia 2015 entre las instituciones de educación superior públicas fue de 290.248 millones de pesos”.
Cabe destacar que, según las estadísticas de la Dian, el recaudo del Cree ascendió el año pasado a 14,5 billones de pesos, lo que implica que un punto de este tributo está en alrededor de 1,6 billones de pesos, de los cuales, por ley, a las universidades les correspondería el 40 por ciento. Según el Ministerio de Hacienda, para el 2016 está presupuestado que reciban 693.200 millones de pesos.
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impuesto-cree-para-las-universidades-publicas/16494799
