Jaime Amín, del Centro Democrático, presentó para discusión en la Comisión Primera del Senado un proyecto que modifica la Ley 1581, de hábeas data, que vela por la protección de la información personal y el derecho al buen nombre en las bases de datos físicas o digitales que poseen empresas o personas para su actividad comercial.
El proyecto busca extender el alcance de esa ley a internet. El objetivo es “ampliar los procedimientos y sanciones de la Ley 1581 para empresas que operan en el país, pero que no son domiciliarias locales y que, por tanto, no están cobijadas por la actual ley de protección de datos”, explicó el Senador.
Según el parlamentario, en Colombia el 62 por ciento de la población es usuaria de la red, unos 29 millones de personas, “quienes deben tener el derecho de solicitar la actualización, rectificación o eliminación de su información personal en servicios extranjeros como los de internet”.
Empresas como Facebook, Twitter, Google, Amazon, por mencionar algunas, estarían cobijadas por el régimen investigativo y sancionatorio que hoy cumplen las compañías colombianas en temas de captación y manejo de la información personal de los ciudadanos.
Amín señaló que el motivo de esta norma, que considera “de vital importancia para el país”, fue el caso de un ciudadano que solicitó a la red social Facebook la rectificación de una información que afectaba su buen nombre.
Pero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no pudo proteger a la persona, según el parlamentario, porque la compañía no estaba domiciliada en el país.
“Le queremos dar ‘dientes’ a la Superintendencia para que en estos casos pueda adelantar las investigaciones e imponer las mismas sanciones (hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales) a las que se acogen las empresas locales. No estar domiciliado en Colombia no puede ser una ventana a la impunidad en el tratamiento indebido o ilegal de los datos personales de los colombianos”, apuntó Amín.
Este proyecto de ley aún no tiene ponente asignado. Según el senador Amín, tendrá una audiencia pública, con la presencia de las partes interesadas y de expertos nacionales e internacionales “que nos brinden claridad en este importante tema”.