Con la aprobación de la Ley 1314 de 2009, Colombia ingresó en un proceso de convergencia hacia estándares internacionales en temas contables, de información financiera y aseguramiento de la información. En función de esta Ley, se ha reglamentado la introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) al marco normativo local.
Las entidades financieras consideran que la convergencia hacia las Niif producirá efectos positivos en términos de una mayor homogeneidad en la información, como paso indispensable hacia la internacionalización. No obstante, dicha convergencia genera impactos para casi todas las áreas de las organizaciones y requerirá esfuerzos importantes para su implementación.
Dentro de los temas que han generado mayor inquietud en la industria financiera, se encuentra el manejo de los activos y en especial la contabilización y registro de las inversiones, por su importancia para la gestión de tesorería de las entidades financieras como actividad complementaria a la intermediación financiera.
La implementación de las disposiciones en materia de inversiones, establecidas en la Niif 9 vigente, implicaría la desaparición de la categoría denominada “Inversiones disponibles para la venta”, debido a que bajo los estándares vigentes no existe una categoría con características similares. Esto implicaría necesariamente un proceso de reclasificación del portafolio de deuda que ascendía a $8 billones aproximadamente en diciembre de 2013 (6% del saldo emitido en deuda pública en pesos) en un lapso de tiempo inferior a un año, lo cual podría generar efectos negativos en la gestión de inversiones de las entidades y de manera agregada al mercado de deuda.
La aplicación de las disposiciones en la contabilización y gestión del portafolio de deuda, que aún no incluyen una categoría con características similares a la de Inversiones disponibles para la venta vigente en el marco local, podrían generar (i) asimetría en la contabilización de las inversiones que no permitiría hacer comparables los estados financieros de las entidades locales con sus pares en otros países (ii) volatilidad en los estados de resultados del periodo debido a las variaciones del precio de los activos del portafolio que podría generar una lectura errónea de inversionistas y calificadoras, y (iii) un impacto sobre la dinámica del mercado de deuda y el apetito de las entidades financieras por los títulos.
Por estos motivos, se considera relevante evaluar la posibilidad de adoptar el proyecto de modificación a la Niif 9 que actualmente está trabajando el International Accounting Standards Board, Iasb, el cual permite incluir los instrumentos de deuda dentro del Otro Resultado Integral, ORI, teniendo en cuenta que este proyecto está próximo a convertirse en norma y a ser incluido dentro de la Niif 9. El Iasb aspira a que la norma sea publicada oficialmente en el primer semestre de este año.
Sin duda, eliminar fuentes de incertidumbre que puedan generar nerviosismo en los agentes del mercado y ajustar la normatividad para generar menor impacto en el proceso de alineación a estándares internacionales se podría traducir en mayores niveles de profundidad y confianza en los mercados financieros.
Inversión en títulos de deuda son 20% de los activos
El portafolio de inversiones representa 20% del activo total del sector bancario, siendo el rubro más importante luego de la cartera de créditos. Dentro de este portafolio, los activos más representativos son los títulos de deuda pública. De allí que los establecimientos de crédito se constituyan como grandes tenedores de deuda del Gobierno con aproximadamente $42 billones a febrero de 2014.
La implementación de las disposiciones en materia de inversiones, establecidas en la Niif 9 vigente, implicaría la desaparición de la categoría denominada “Inversiones disponibles para la venta”, debido a que bajo los estándares vigentes no existe una categoría con características similares. Esto implicaría necesariamente un proceso de reclasificación del portafolio de deuda que ascendía a $8 billones aproximadamente en diciembre de 2013 (6% del saldo emitido en deuda pública en pesos) en un lapso de tiempo inferior a un año, lo cual podría generar efectos negativos en la gestión de inversiones de las entidades y de manera agregada al mercado de deuda.
La aplicación de las disposiciones en la contabilización y gestión del portafolio de deuda, que aún no incluyen una categoría con características similares a la de Inversiones disponibles para la venta vigente en el marco local, podrían generar (i) asimetría en la contabilización de las inversiones que no permitiría hacer comparables los estados financieros de las entidades locales con sus pares en otros países (ii) volatilidad en los estados de resultados del periodo debido a las variaciones del precio de los activos del portafolio que podría generar una lectura errónea de inversionistas y calificadoras, y (iii) un impacto sobre la dinámica del mercado de deuda y el apetito de las entidades financieras por los títulos.
Por estos motivos, se considera relevante evaluar la posibilidad de adoptar el proyecto de modificación a la Niif 9 que actualmente está trabajando el International Accounting Standards Board, Iasb, el cual permite incluir los instrumentos de deuda dentro del Otro Resultado Integral, ORI, teniendo en cuenta que este proyecto está próximo a convertirse en norma y a ser incluido dentro de la Niif 9. El Iasb aspira a que la norma sea publicada oficialmente en el primer semestre de este año.
Sin duda, eliminar fuentes de incertidumbre que puedan generar nerviosismo en los agentes del mercado y ajustar la normatividad para generar menor impacto en el proceso de alineación a estándares internacionales se podría traducir en mayores niveles de profundidad y confianza en los mercados financieros.
Inversión en títulos de deuda son 20% de los activos
El portafolio de inversiones representa 20% del activo total del sector bancario, siendo el rubro más importante luego de la cartera de créditos. Dentro de este portafolio, los activos más representativos son los títulos de deuda pública. De allí que los establecimientos de crédito se constituyan como grandes tenedores de deuda del Gobierno con aproximadamente $42 billones a febrero de 2014.
