Colombianos rajan la atención de las EPS
La propuesta del gobierno no está resolviendo el problema, está profundizando la segmentación, y generando el negocio en las distintas instancias.
La propuesta del gobierno en la Reforma a la Salud es: “para los ricos que haga su negocio la medicina prepagada; en los sectores medios, que también tengan su protección las gestoras; y para los pobres, le damos la plata a los entes territoriales y “que la gobiernen ellos”.
Esa es la conclusión del profesor de la Facultad de Medicina e investigador del CID, Mario Hernández, respecto a la iniciativa presentada por el gobierno nacional para reformar el sector salud.
“Para nadie es secreto que el Sistema de Salud en Colombia está en una crisis muy profunda. Una crisis que reconocemos, desde muchos sectores, es estructural. Frente a esta crisis, se tiene una serie de propuestas en este momento, supuestamente, para su superación”, expone el experto.
Pero advierte que vale la pena presentarle a la sociedad colombiana en qué consisten esas distintas propuestas, y por qué unas son mejores que otras, porque “aparentemente es un problema técnico que va a resolver un ministro, y resulta que no es así”.
Lo que se ha dicho es lo siguiente: el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud, en particular, Sobre el derecho fundamental a la atención en salud, ha generado la necesidad de hablar de una ley estatutaria que reglamente, defina y ofrezca las condiciones por las cuales el Estado colombiano garantizaría ese derecho.
Hernández afirma que en este momento hay cuatro proyectos de ley, con carácter de ley estatutaria en salud, que llegaron a la Comisión Primera del Senado de la República, y hay dos ponencias que precisamente son diferentes, porque son visiones muy distintas del derecho a la salud: una es construida por el gobierno y la Unidad Nacional, y la otra es construida por la sociedad civil, con fuerzas políticas muy diversas, que ofrece una alternativa a ese problema.
Afirma que el gobierno cree profundamente que es necesario limitar el derecho a la atención en salud, a través de un plan de beneficios costo efectivo, es decir que las cuentas de dinero que circulan en el sistema y las necesidades de la gente, se crucen con un plan de beneficios, y lo que quede por fuera que no vaya a la tutela, sino que sea resuelto por una instancia administrativa: una junta médica parecida a la que se propuso en la Ley 1438, pero que “sigue siendo un obstáculo muy importante para recibir servicios y bienes que se requieren con necesidad”.
“Nosotros, y digo nosotros porque ahí hemos estado varios sectores de la academia con organizaciones sociales y sectores políticos, hemos dicho que, por el contrario, es necesario pensar en el bloque de constitucionalidad, es decir, los compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano, para definir el derecho a la salud con 13 componentes que incluyen cosas tan obvias como la alimentación sana y suficiente, el agua potable, la vivienda digna, el ambiente saludable, y el trabajo saludable y digno”, agrega el académico de la Universidad Nacional.
Allí hay una discusión muy fuerte, porque en la opinión del investigador eso implica una serie de políticas transversales e intersectoriales, para garantizar condiciones de vida saludables además de los servicios de salud. “Y para estos servicios decimos que no es necesario tener un plan de beneficios”, dice.
En ese sentido, recuerda que no todos los países tiene un plan de beneficios, hay más bien unas exclusiones muy concretas: la primera es que los bienes y servicios en experimentación e investigación, no sean cubiertos por el sistema de salud, sino por el sistema de ciencia y tecnología; los que son estéticos o suntuarios exclusivamente, no los cubra el Sistema; y tampoco es razonable que el Estado asuma el costo de los tratamientos que se pueden prestar en el país, pero que son solicitados en el exterior.
Expone Hernández que esa es la gran discusión en el campo de la ley estatutaria que tiene que ver con el derecho. El gobierno decidió más bien eludir esa discusión, no quiere seguir avanzando en la ley estatutaria (y lo digo con conocimiento de causa), sino quiere entrar a las comisiones séptimas de Cámara y Senado, mucho más influidas por todos los agentes del negocio de la salud, para presentar un proyecto de ajuste de la Ley 100, que simplemente busca definir algunos elementos de funciones de los actuales actores del sistema sin corregir realmente, los problemas estructurales.
Básicamente, lo que dice el gobierno es: “vamos a constituir un fondo único con impuestos y con cotizaciones (algo que muchos hemos propuesto), pero conserva a unos intermediarios que ahora van a ser de distintos tipos: pueden ser los entes territoriales para el régimen subsidiado; unas gestoras para el régimen contributivo; y la medicina preparada o seguros privados para los ricos, es decir, para los seguros que se pagan del bolsillo de la gente”, dice el académico.
Deduce que eso mantiene dos cosas: la intermediación financiera que ha sido nefasta para el sistema, con otras palabras y con una serie de eufemismos, porque mantiene esa intermediación; y por otro lado la segmentación que es muy grave en este país. Tenemos salud para pobres, salud para medios y salud para ricos.
El CID ha comprobado en Bogotá, a través del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud, junto con la Secretaría de Salud, que hoy en día se siguen muriendo dos veces más mujeres en el régimen subsidiado cuando están embarazadas, que en el régimen contributivo, aunque tienen el mismo plan de beneficios. “A una se le trata como pobre y a la otra se le trata como un sector medio, y obviamente, si se le compara con las de medicina prepagada, las diferencias son todavía más grandes”, dice Hernández.
Explica que la propuesta del gobierno no está resolviendo el problema, está profundizando la segmentación, y generando el negocio en las distintas instancias: para los ricos que haga su negocio la medicina prepagada; en los sectores medios, que también tengan su protección las gestoras; y para los pobres, le damos la plata a los entes territoriales y “que la gobiernen ellos”, pero esa no es realmente una buena solución.
Por ello, ese sector de la sociedad civil que presentó ese proyecto de ley Estatutaria, va a presentar también simultáneamente con el gobierno, un proyecto de ley ordinaria, coherente con la idea de una garantía universal del derecho a la salud a través de un sistema único de seguridad social en salud que respete y conserve el carácter público de los recursos, y que supere el negocio tan terrible que hay en salud.
“Hablamos de un fondo integrado, pero asignado territorialmente; es decir, de territorios de salud que serían manejados por fondos públicos y articulando acciones individuales y colectivas, y acciones intersectoriales con un gran énfasis en atención primaria en salud, que en el mundo ha demostrado que cuando se hace bien, logra prevenir muchas cosas, y disminuir los gastos en salud; y con una serie de políticas simultáneas, importantes de estabilidad laboral, de calidad del trabajo en salud, de formación del recurso humano para las necesidades de salud del país, de ciencia, tecnología e innovación y de control de precios, y así evitar los abusos que hay alrededor de medicamentos, equipos médicos y en salud en general”, expone el investigador.
Concluye que “tenemos pues propuestas muy distintas para superar la crisis de la salud. El país debe entender que es un debate muy profundo, de carácter político, donde la sociedad es la que debe escoger si quiere salud universal, sin obstáculos, simplemente presentando la cédula, o quiere seguir teniendo salud para pobres, para medios y para ricos. Es una decisión política de toda la sociedad colombiana”.
