Una empresa ubicada en zona franca puede cerrar el año con utilidades y aun así calcular mal su impuesto de renta si asume que todos sus ingresos reciben la misma tarifa. Para el año gravable 2025, el resultado depende, entre otros factores, de la clase de usuario, de cuándo fue calificado, de las actividades que desarrolla y, para ciertos usuarios industriales, del origen de sus ingresos y del cumplimiento de un plan de internacionalización y anual de ventas. La diferencia puede incidir directamente en la provisión del impuesto, el flujo de caja y la declaración que se presentará en 2026. Por eso, antes de multiplicar la renta líquida por una tarifa, conviene confirmar qué régimen aplica y si los ingresos están clasificados con evidencia suficiente. Un cierre ordenado permite detectar inconsistencias a tiempo y sustentar el cálculo ante una revisión.
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Estar en zona franca no determina por sí solo la tarifa
La expresión “empresa de zona franca” reúne situaciones tributarias distintas. El artículo 240-1 del Estatuto Tributario establece reglas diferenciadas según el tipo de usuario y las condiciones que cumple.
Por ejemplo, el usuario comercial de zona franca aplica, como regla general, la tarifa prevista en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Para el año gravable 2025, esa tarifa general para sociedades es del 35 %, sin perjuicio de las reglas especiales que deban evaluarse en cada caso.
En cambio, ciertos usuarios industriales pueden tener una tarifa del 20 %, una combinación de tarifas del 20 % y 35 %, u otro tratamiento establecido expresamente en la norma. También existen disposiciones particulares para categorías específicas, como algunos usuarios operadores y actividades señaladas en el parágrafo 5 del artículo 240-1.
Por eso, el análisis no debe comenzar por la tarifa que la empresa espera pagar. Debe empezar por identificar la calificación vigente, la fecha en que se obtuvo y las condiciones legales aplicables durante el periodo gravable.
Dos regímenes pueden coexistir para usuarios industriales
La Sentencia C-384 de 2023 de la Corte Constitucional dispuso que el régimen tarifario anterior continúa para los contribuyentes que habían cumplido las condiciones para acceder a él antes del 13 de diciembre de 2022, fecha de entrada en vigor de la Ley 2277 de 2022. La Corte también examinó el régimen mixto introducido por esa ley.
En términos prácticos, para el cierre de 2025 es necesario comprobar si el usuario industrial pertenece al régimen anterior o al nuevo. La fecha de calificación ayuda a orientar el análisis, pero no es el único elemento: también cuentan los requisitos que debía cumplir el contribuyente para acceder al tratamiento correspondiente y las condiciones que haya mantenido.
La DIAN, en su Concepto 2531 de 2024, explicó que los usuarios industriales calificados antes del 13 de diciembre de 2022 pueden conservar la tarifa anterior si cumplen, entre otros requisitos, con el principio de exclusividad y desarrollan únicamente las actividades para las cuales fueron autorizados. Si no se cumplen las condiciones pertinentes, puede resultar aplicable la tarifa general.
Para los usuarios que deben aplicar el régimen introducido por la Ley 2277, la tarifa del 20 % se relaciona con una proporción de la renta líquida gravable asociada a los ingresos de exportación. A la proporción restante se le aplica la tarifa general. No basta con tener operaciones en el exterior: se requiere clasificar los ingresos fiscales, demostrar su origen y revisar los requisitos del régimen.
La fórmula necesita información fiscal depurada
En el régimen mixto del artículo 240-1, el cálculo parte de la renta líquida gravable y de la proporción que representan los ingresos provenientes de exportaciones frente a la totalidad de los ingresos fiscales, excluidas las ganancias ocasionales.
De manera simplificada:
- A la porción de la renta líquida gravable correspondiente a ingresos de exportación se le aplica el 20 %.
- A la porción correspondiente a los demás ingresos se le aplica la tarifa general del artículo 240.
- La suma de esos resultados conforma el impuesto de renta, sujeta a las demás reglas tributarias que apliquen.
Supongamos, solo para ilustrar la mecánica, que una sociedad tiene una renta líquida gravable de $400 millones y que el 60 % de sus ingresos fiscales corresponde a exportaciones. Si cumple los requisitos para aplicar el régimen mixto, se asignarían $240 millones a la proporción exportadora y $160 millones a la restante. El cálculo básico sería $48 millones al 20 % más $56 millones al 35 %, para un resultado de $104 millones antes de revisar otros componentes de la declaración.
Este ejemplo no reemplaza la depuración fiscal ni contempla descuentos, retenciones, anticipos, sobretasas u otras reglas que puedan afectar el impuesto final. Tampoco debe utilizarse como una conclusión para una sociedad concreta: la clasificación de ingresos y el régimen aplicable requieren validación documental.
Qué revisar antes de calcular el impuesto
Un cierre defendible requiere conectar la contabilidad, la operación aduanera y la información tributaria. Como punto de partida, conviene reunir y contrastar:
La calificación y el tipo de usuario. Verificar los actos, autorizaciones y modificaciones vigentes, además de la actividad para la que se autorizó o calificó al usuario.
La fecha de calificación y el régimen aplicable. Determinar si el contribuyente puede continuar en el régimen anterior o si debe revisar el régimen mixto y sus condiciones.
La exclusividad de las actividades. Comparar la operación real de 2025 con las actividades autorizadas. Ingresos por actividades distintas pueden afectar el acceso al tratamiento preferencial.
La composición de los ingresos fiscales. Conciliar los registros contables con facturas, contratos, declaraciones aduaneras, documentos de transporte, certificaciones y demás soportes. La cuenta contable, por sí sola, no prueba que un ingreso provenga de una exportación.
El plan de internacionalización y anual de ventas, cuando corresponda. Confirmar que fue acordado y aprobado para la vigencia exigida, revisar sus metas y conservar evidencia de su cumplimiento. El Decreto 047 de 2024 reglamenta este requisito para los usuarios a quienes aplica.
La depuración de la renta líquida. Revisar ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, compensaciones y diferencias entre las bases contables y fiscales. Una clasificación equivocada puede alterar tanto la renta como la proporción a la que se aplica cada tarifa.
Otros componentes del impuesto. Evaluar retenciones, anticipos, descuentos tributarios, pérdidas fiscales, tasa mínima de tributación cuando resulte aplicable y cualquier sobretasa o regla especial pertinente.
Como parte del cierre, es recomendable preparar una conciliación que muestre la fuente de cada ingreso, su clasificación para efectos del artículo 240-1 y la relación entre esa clasificación y los soportes. Esa trazabilidad ayuda a que el cálculo pueda ser revisado por la administración, el equipo contable y el asesor tributario con los mismos criterios.
Si la empresa tiene operaciones con vinculados económicos, debe evaluar además sus obligaciones de precios de transferencia, cuando se configuren los supuestos legales. El régimen de zona franca no elimina automáticamente esas responsabilidades.
El error de confiar solo en la tarifa del año anterior
Repetir la tarifa aplicada en la declaración pasada puede parecer eficiente, pero el tratamiento puede cambiar si se modificó la calificación, la operación, la composición de ingresos o el cumplimiento de las condiciones del régimen. También puede haber diferencias entre el tratamiento contable de una operación y su clasificación tributaria.
Otro riesgo es aplicar el 20 % sobre toda la renta líquida gravable sin comprobar que el contribuyente tiene derecho a hacerlo. Para algunos usuarios industriales sujetos al régimen mixto, la ley exige distribuir la renta gravable entre la proporción relacionada con exportaciones y la restante. Para usuarios comerciales, la tarifa general es la regla, salvo que exista una disposición especial aplicable.
La revisión no se limita a escoger entre 20 % y 35 %. Hay que verificar la base, el tipo de usuario, las condiciones legales y la documentación. Una conclusión correcta en tarifa puede producir un impuesto incorrecto si la depuración o la clasificación de ingresos está mal sustentada.
Cierre fiscal con criterio y soporte
El impuesto de renta de 2025 para una persona jurídica en zona franca requiere un análisis particular. La ley establece las reglas generales, pero su aplicación depende de hechos concretos: quién es el usuario, cuándo fue calificado, qué actividades realizó, de dónde provinieron sus ingresos y qué requisitos cumplió durante el año.
Mi Contabilidad puede realizar un diagnóstico tributario del cierre, revisar la clasificación de ingresos y la aplicación del régimen tarifario, o ejecutar la preparación de la declaración si ese alcance se acuerda. Cada servicio debe definirse por separado según las necesidades y la documentación de la empresa.
La consulta de una norma permite conocer la regla; comprender cómo afecta a una empresa exige contrastarla con sus operaciones y soportes. Un cálculo claro y bien documentado fortalece el cumplimiento y permite tomar decisiones financieras con información confiable.
“El control y la claridad financiera son la base de las decisiones correctas.”
Arquitectura: Arquitectura Tributaria y de Cumplimiento Fiscal
