Despido con justa causa: qué revisa el juez


Cuando una empresa termina un contrato alegando justa causa, la carta de despido no cierra necesariamente la discusión. Si el trabajador demanda, el juez puede revisar si los hechos señalados ocurrieron, si están respaldados por pruebas y si permiten terminar el contrato con justa causa. Esto no significa que el juez decida si la empresa debía conservar al trabajador por razones de conveniencia, pero tampoco que su revisión sea un trámite automático: debe analizar la legalidad de la terminación y las consecuencias que correspondan. Para el empleador, una decisión mal documentada puede traducirse en indemnizaciones, litigios y ajustes en sus registros laborales. Para el trabajador, conocer el alcance de esa revisión ayuda a entender qué debe discutir y qué pruebas pueden ser relevantes. La diferencia entre una causa alegada y una causa demostrada suele estar en la claridad de los hechos, la oportunidad de defensa y la consistencia de los soportes.
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El juez revisa hechos y pruebas

La facultad de terminar unilateralmente un contrato con justa causa está prevista en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, cuando existe una controversia, la empresa no puede convertir su propia calificación de los hechos en una verdad definitiva. En el proceso, el juez verifica los motivos concretos informados al trabajador y determina si se probaron y si encajan en las causales aplicables.

La Corte Suprema ha reiterado que el empleador debe comunicar los motivos concretos de la terminación y que luego no puede justificarla con hechos diferentes. También le corresponde al juez revisar si esos motivos se ajustan al ordenamiento. Así, una carta que menciona una conducta en términos vagos o que se apoya solo en afirmaciones de la empresa puede dejar sin soporte la justa causa invocada.

El punto no es si al juez le parece acertada la decisión empresarial en términos de gestión. Su tarea es establecer qué ocurrió y cuáles son sus efectos jurídicos. Si la empresa no acredita la causa, el juez puede concluir que el despido fue sin justa causa y reconocer las consecuencias previstas en la ley, según lo pedido y probado en el proceso.

La carta de terminación debe ser concreta

Una comunicación como “pérdida de confianza”, “incumplimiento de funciones” o “conducta inaceptable”, sin precisar hechos, fechas o circunstancias, puede dificultar que el trabajador conozca las razones de su salida y ejerza su defensa. La comunicación debe permitirle entender qué se le atribuye; la empresa, además, debe conservar soportes que permitan verificarlo.

Eso no significa que la carta deba resolver el litigio ni incluir una extensa argumentación jurídica. La jurisprudencia laboral ha señalado que lo esencial es exponer los hechos que sustentan la decisión y no introducir otros después. Un correo, una queja o un informe interno pueden hacer parte de los soportes, pero su existencia por sí sola no demuestra que la conducta ocurrió ni que constituya una justa causa.

También importa la oportunidad. Si entre los hechos y la decisión pasa un periodo significativo, la empresa debe poder explicar qué ocurrió durante ese tiempo y cómo evaluó la situación. La inmediatez es uno de los aspectos que pueden discutirse en un proceso laboral.

Escuchar al trabajador hace parte de la decisión

Terminar el contrato con justa causa no siempre equivale a imponer una sanción disciplinaria. Aun así, la Corte Constitucional ha indicado que el trabajador debe tener la posibilidad de exponer su versión antes de que el empleador adopte la decisión. La manera de hacerlo depende de las circunstancias: una citación formal a descargos no es la única forma posible, pero sí debe existir una oportunidad real de explicar los hechos. Si el contrato, el reglamento interno, una convención o un laudo establecen un procedimiento específico, ese procedimiento debe revisarse y cumplirse.

Hay que distinguir esa garantía del procedimiento previsto para sanciones disciplinarias. La Ley 2466 de 2025 modificó el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo y fijó garantías y pasos mínimos para las actuaciones dirigidas a imponer sanciones, entre ellos comunicar los hechos, trasladar las pruebas y otorgar al trabajador un término de respuesta no inferior a cinco días. La ley también contempla reglas particulares para trabajadores del hogar y micro y pequeñas empresas con menos de diez trabajadores. El tipo de actuación y la razón que sustenta la terminación son relevantes para determinar qué procedimiento aplica.

Por eso, una empresa no debería asumir que cualquier terminación con justa causa requiere exactamente el mismo proceso disciplinario, ni que puede prescindir de escuchar al trabajador. Conviene revisar la causal, los hechos, los documentos internos que rigen la relación y la forma en que se le permitirá presentar su versión.

Si la causa no se demuestra, hay consecuencias económicas

El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo regula la indemnización cuando el empleador termina unilateralmente el contrato sin justa causa comprobada. La liquidación depende, entre otros factores, del tipo y la duración del contrato y de los elementos salariales que correspondan. Por eso, no es prudente calcularla con una fórmula genérica sin verificar las condiciones del caso. El texto legal puede consultarse en el Código Sustantivo del Trabajo: https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html

Que un despido sea declarado sin justa causa no implica automáticamente que el trabajador vuelva al cargo. El reintegro u otras medidas pueden depender de circunstancias especiales, como la existencia de una protección constitucional o legal, y de las pretensiones que se formulen. Si hay indicios de discriminación, estabilidad laboral reforzada, fuero u otra protección, el análisis debe considerar esos elementos: la indemnización ordinaria no elimina por sí sola las demás garantías que puedan estar en juego.

Para la empresa, el desacuerdo también puede afectar la gestión de nómina y la información financiera. Es necesario verificar qué valores se pagaron al retiro, si quedaron conceptos pendientes y qué soportes respaldan la liquidación. Si hay una reclamación o un proceso, su posible efecto económico debe evaluarse con la información disponible y con el apoyo profesional que corresponda; no basta con registrar una cifra sin analizar el estado del caso.

Qué debería revisar el empleador

Antes de comunicar una terminación con justa causa, la empresa puede revisar estos puntos:

  • ¿Los hechos están descritos de manera clara, con fechas y circunstancias verificables?
  • ¿Hay documentos, registros, testimonios u otros soportes que permitan acreditarlos?
  • ¿Se escuchó al trabajador y quedó constancia de su versión?
  • ¿El contrato, el reglamento, una convención o un laudo establecen un trámite que deba cumplirse?
  • ¿La carta identifica los motivos concretos y evita agregar hechos nuevos más adelante?
  • ¿Se verificaron las protecciones laborales que podrían modificar el análisis?
  • ¿La liquidación final coincide con la información de nómina y tiene sus soportes?

La lista ayuda a ordenar la revisión, pero no reemplaza el análisis jurídico de los hechos ni determina por sí sola que exista justa causa. Conocer una norma permite identificar preguntas; establecer cómo aplica exige estudiar el contrato, la comunicación, las pruebas y las condiciones particulares del trabajador.

La trazabilidad también importa en nómina

La documentación de una terminación no sirve únicamente para responder una demanda. También facilita que la empresa explique cómo tomó la decisión, cómo calculó los valores de retiro y qué información utilizó. Para mantener consistencia, conviene conservar juntos los documentos sobre hechos, comunicaciones, respuesta del trabajador, decisión y liquidación, con fechas y responsables identificables.

Mi Contabilidad puede revisar, según el alcance contratado, la liquidación de nómina, sus soportes y los controles relacionados con la información laboral. Esa revisión contable no sustituye la evaluación jurídica de la justa causa ni equivale a asumir la operación completa de nómina.

Para revisar la calidad y trazabilidad de la información laboral y contable, consulta: https://t.mtrbio.com/MiContabilidadcom

Una decisión que requiere evidencia y criterio

El juez no suele reemplazar al empleador para decidir qué persona debe permanecer en la empresa por razones de conveniencia. Sí puede examinar si la causa alegada fue informada, si los hechos se demostraron y si la terminación respetó las garantías y reglas aplicables. Esa diferencia es esencial: la empresa puede tener facultad para terminar el vínculo, pero debe asumir las consecuencias legales si la justa causa no se acredita.

Antes de decidir, conviene revisar los hechos, escuchar al trabajador, verificar el procedimiento aplicable y conservar soportes coherentes con la carta y la liquidación. Para evaluar la confiabilidad de la información de nómina y los controles que la respaldan, visita https://t.mtrbio.com/MiContabilidadcom.

Diana Cristina Cardona
Contadora Pública – Mi Contabilidad

“El control y la claridad financiera son la base de las decisiones correctas.”

Arquitectura: Arquitectura de Control y Aseguramiento

Mi Contabilidadcom

Somos una firma colombiana con domicilio principal en Manizales, contamos con más de 15 años de experiencia profesional en el campo de la auditoria financiera, de gestión, y de sistemas, así como en el campo de revisoria fiscal. Contamos con un grupo de profesionales especializado en temas tributarios y de NIIF, temas que en la actualidad son imprescindibles en cualquier organización.

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