La fintech Unibo prevé que la nueva regulación de startups acelere el desarrollo del sector y la inyección de financiación en los emprendimientos financieros.
En el sector financiero de Europa, si 2022 estuvo marcado por los avances en el marco de Basilea III, con las primeras pruebas de estrés climático de la banca europea, este año se presenta como un ejercicio clave en materia de regulación para las fintech. El marco regulatorio de los criptoactivos y el euro digital serán dos de los grandes temas que marquen la agenda en los próximos meses, pero será el sector fintech el que seguramente acapare las miradas.
La entrada de empresas tecnológicas, denominadas fintech, al sector financiero ha disparado cambios en el marco de regulación y supervisión, como la entrada en vigor de nuevas normativas como la nueva Ley de Startups y la Ley de Mercados Digitales que se unen a la Ley Fintech, en vigor desde diciembre 2020.
“La creación y mejora de un marco regulatorio mucho más desarrollado en el sector fintech, lejos de suponer una amenaza para las startups que formamos parte de él, debe convertirse en un sello de garantía para aquellas empresas que estamos haciendo un buen trabajo para el conjunto de la sociedad”, explicó Pedro García, CEO y cofundador de Unibo, neobanco creado específicamente para los profesionales inmobiliarios. Por el contrario, “el aspecto que presentaría un mayor reto es que la creación de este nuevo marco regulatorio no suponga una desaceleración sobre la innovación y la mejora continua del producto y el servicio tecnológico, que es la esencia del sector”, señaló.
Este nuevo marco regulatorio, convierte a España en pionera en la aplicación de legislación específica para startups y empresas emergentes, y se resume en dos vías: la agilidad administrativa y los beneficios fiscales para los individuos que formen parte del sector, como fundadores de empresas, empleados e inversores particulares externos.
Respecto a mejorar la agilidad administrativa, la nueva Ley de Startups propone: La creación de una ventanilla única para la certificación de startups; la ampliación del visado inicial de residencia para emprendedores extranjeros de uno a tres años; el alta de la Seguridad Social únicamente con el pasaporte; la facilidad de expedición del NIE, tanto de forma telemática como presencial; y la creación de un nuevo visado para nómadas digitales.
En cuanto a la mejora en beneficios fiscales, la ley aplica un conjunto de medidas para: la mejora en el tratamiento fiscal de las stock options para empleados internos; la ampliación de tres a cinco años el tiempo en el que se considera que una empresa es de reciente creación; la tributación por el impuesto sobre la renta de no residentes o IRNR (en vez del impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF) durante los cinco primeros años para profesionales extranjeros; y la reducción de trámites burocráticos para inversores extranjeros, que únicamente deberán presentar el número de identificación fiscal (NIF) a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España.
Para Pedro García, todo el paquete de medidas de la nueva Ley de Startups, unido al marco regulatorio establecido por la Ley Fintech, puede suponer una importante aceleración en el desarrollo del sector fintech en España. “El sector fintech es el primero en el que coexistirán una ley general aplicable a las startups y una ley específicamente creada para el propio sector. Esta combinación aumenta la estabilidad y la seguridad de entrada para nuevas empresas e inversores externos y, como consecuencia de esta cadena, se producirá un desarrollo exponencial en el sector. Esto es un hito que el propio mercado necesitaba para crear un entorno seguro y confiable”, resaltó.
Más allá de la regulación financiera, el 2023 será clave para la implementación de la nueva regulación europea de Mercados Digitales, cuyo objetivo es asegurar condiciones de competencia más justas con las grandes plataformas digitales. “La aplicación de nuevas medidas legislativas en el entorno digital siempre se dirige hacia la protección del usuario y la estabilidad del mercado, y la Ley de Mercados Digitales (LMD) es un ejemplo de ello. Era necesaria la entrada de un organismo de la magnitud de la Unión Europea en un ámbito con tanta incertidumbre como lo es el entorno digital. En este sentido, la Ley de Mercados Digitales asegurará el cumplimiento de ‘buenas conductas’ de las grandes plataformas con los usuarios digitales”, subrayó el CEO y cofundador de Unibo.
