Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, 1,1 millones de ciudadanos serían responsables de cancelar el tributo.
Este año, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, unas 180.000 personas más pagarían renta.
Alguno de los cambios hechos en la ley de financiamiento, con respecto al pago del impuesto de renta de personas naturales, ya los están sintiendo cada vez más ciudadanos.
Más exactamente, esto se debe por el cambio hecho a la tabla de la retención en la fuente, que antes comenzaba en $3,2 millones y ahora lo hace en $2,9 millones, y también por la unificación de cédulas para la depuración del impuesto de renta.
Sobre el primer tema, si bien el rango cambia solo en $300.000, unos 180.000 colombianos entrarían al grupo de personas impactados en las retenciones en la fuente que se hacen cada mes, las cuales aplican para sus ingresos laborales.
Según Horacio Ayala, exdirector de la Dian, “la cifra de arranque de tabla es más baja, lo que quiere decir que más personas entrarán dentro de ese criterio, lo que hace que la base se reduzca y el recaudo aumente levemente”.
En esto coincidió Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien añadió que “sí aumenta el número de personas a quienes se les tiene que hacer la retención, pero es importante decir que esto no implica que más personas paguen impuestos. En principio, esos dineros que se les retienen son de los ciudadanos y se les debería devolver, pero no es común que suceda”.
Según cálculos hechos por Juan Manrique, asesor del Observatorio, los ajustes hechos aquí y allá en la reforma tributaria llevarían a que el número de contribuyentes que pagan impuesto de renta llegue a 1,1 millones.
En cuanto al recaudo esperado, el Ministerio de Hacienda proyectó, en su momento, que todos los ingresos por parte de personas naturales implicarían recoger $3,3 billones este año. Sin embargo, de allí se deben descontar unos $800.000 millones que llegarían por concepto de impuesto al patrimonio, con lo cual el impuesto de renta le dejaría al país $2,5 billones en el 2019.
Esto significaría que el recaudo por dicho tributo aumentaría en unos $200.000 millones frente al año anterior, según cálculos hechos por diferentes académicos.
En cualquier caso, el incremento se deberá, además, por otras dos razones relacionadas con la ley de financiamiento. Uno tiene que ver con la unificación de cédulas y la otra con las nuevas tarifas para quienes más ingresos tienen.
Lo primero tiene que ver con la eliminación del sistema cedular para depurar los ingresos que reciben los contribuyentes, de tal modo que en una sola ‘fórmula’, se liquiden los impuestos a pagar por las rentas de trabajo, de pensiones, de capital y las no laborales. En tanto, lo segundo responde a la imposición de tarifas levemente superiores a quienes reciben mayores recursos mes a mes, de tal modo que tributen más.
Según la exposición de motivos de la ley de financiamiento, “este conjunto de medidas facilitará los trámites a los contribuyentes y limitará a su vez el uso de prácticas de evasión y elusión que beneficiaban a las personas de mayores ingresos”.
De hecho, según una presentación de hace unas semanas del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ambas medidas le permitirían al país recibir $1,9 billones este año y, con lo cual, los demás contribuyentes aportarían los $600.000 millones restantes, para completar los $2,5 billones esperados.
REGLAMENTACIÓN
Anticipándose al inicio de las declaraciones y pagos de este gravamen, que todos los años comienzan hacia agosto, la cartera de Hacienda alista una reglamentación de todos los cambios incluidos en la ley de financiamiento, puntualmente relacionados con la renta de personas naturales.
En un borrador de decreto, el Gobierno señala que es necesario clarificar los cambios hechos en la ley de financiamiento y el Plan de Desarrollo, de tal modo que los ciudadanos impactados tengan seguridad jurídica a la hora de tributar.
Puntualmente, se reconfirma que los aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) no pagarán impuestos hasta por $85 millones, pero si estos son retirados antes de tiempo, serán sometidos a una retención en la fuente mayor (pasó del 15% al 35%).
Vale recordar que si bien en la reforma no quedaron incluidos estos cambios, el Gobierno prestó atención a las alertas hechas por los fondos privados de pensiones, quienes aseguraron que los recursos allí invertidos de forma voluntaria superaban los $20 billones, por lo cual su tributación haría que estos fueran retirados de masivamente.
Los ajustes necesarios fueron enmendados en la ley del PND, pero en la de financiamiento se incluyeron otros cambios. Uno de ellos tiene que ver con las exenciones que tenían los trabajadores independientes que tuvieran máximo dos personas a su cargo.
Según Ayala, “al contrario de lo que venía figurando antes, una persona independiente que tiene dos personas a cargo por más de 90 días tenía derecho a unas deducciones, y en la ley de financiamiento las limitaron. Se supone que la norma anterior estaba intentando estimular la contratación y el empleo, pero lo que aparece es todo lo contrario”.
Finalmente, el Minhacienda también busca darle claridad a quienes pidan préstamos, con el fin de comprar una casa o apartamento. Según el borrador de decreto, “se requiere precisar el valor a deducir mensual por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para la adquisición de vivienda”. En este sentido, el valor a deducir mensualmente de la base de Retefuente será del 100%.
Estos cambios seguirán aplicando en lo corrido del año, pero también en el 2020, ya que según la Dian, la mayor parte de la ley de financiamiento se verá reflejada en las declaraciones del próximo año.
DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES
En el borrador de decreto del Minhacienda también se detalla que el Gobierno busca darles claridad a los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos de la Cancillería. En este sentido, los recursos recibidos por concepto de primas especiales y de costo de vida que reciben estas personas no estarán sometidas a los límites de deducción que sí tienen las rentas de trabajo de todos los demás trabajadores en Colombia.
Esto es puntualmente el 40% o 5.040 unidades de valor tributario (UVT), que vienen siendo algo más de $172,7 millones. Lo anterior, debido a que una ley de 1992 establece normas claras para este tipo de trabajadores públicos y los beneficios que reciben por las primas ya mencionadas.
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